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jueves, 4 de octubre de 2012

Los vigilantes

Dos policías, sin empleo y sueldo por grabarse infringiendo normas de tráfico

Un vídeo en Itnernet muestra a los dos agentes bailando, realizando movimientos obscenos y cometiendo reiteradas infracciones de tránsito

PÚBLICO / EFE MADRID 03/10/2012 1


El Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès ha suspendido de empleo y sueldo a dos agentes de la Policía Local que han grabado un vídeo en el coche patrulla mientras estaban de servicio.
El vídeo, difundido través de YouTube, muestra a los dos agentes claramente reconocibles e identificables a cara descubierta, bailando, realizando movimientos obscenos y cometiendo reiteradas infracciones de tránsito.
"Tuvimos conocimiento la tarde noche del lunes e iniciamos todo lo necesario a nivel administrativo; hemos incoado un expediente sancionador para recopilar datos, pero al mismo tiempo aplicamos medidas cautelares", ha explicado en rueda de prensa la concejala de Recursos Humanos, Montserrat Montiel.
Paralelamente, el consistorio de Cerdanyola ha presentado una denuncia por las infracciones que se han detectado en el vídeo, como conducir sin cinturón, taparse los ojos, comer en el coche o sacar medio cuerpo por la ventanilla con el vehículo en marcha.
La investigación abierta deberá determinar si hay una tercera persona implicada en el vídeo, ya que antes de publicarse en Internet fue editado.
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lunes, 7 de mayo de 2012

Los vigilantes

Cae un policía local atracador de bancos

Parte del material intervenido al policía local detenido en Extremadura. | InteriorParte del material intervenido al policía local detenido en Extremadura. | Interior
  • Se le implica en un robo en un supermercado e investigan si en otros más
  • Iba vestido con un mono y pasamontañas y amenazaba con su pistola oficial
  • En un caso, luego se puso el uniforme para participar en las pesquisas
Parecía un buen plan: primero cometer un robo y luego participar en la investigación como un policía local más. Sin embargo, la Guardia Civil ha detenido a este agente-atracador de bancos en la localidad de Calamonte (Badajoz). Ya ha ingresado en prisión, informa el Instituto Armado en un comunicado.
El hombre arrestado es un vecino de Mérida (Badajoz), de 31 años de edad, y miembro de la Policía Local de Calamonte. Está acusado de robar con intimidación en una entidad bancaria de esta localidad y en un supermercado de Almendralejo.
Los hechos se remontan al pasado 15 de diciembre. Según relata la Guardia Civil, una persona entró en una entidad bancaria de Calamonte ocultando su rostro con un pasamontañas y, tras amenazar a la empleada con una pistola, se hizo con un botín de unos 700 euros. Después se dio a la fuga en un vehículo de alta gama.
Gracias a las investigaciones realizadas y las imágenes del atraco, la Guardia Civil implicó al policía local y el pasado jueves llevó a cabo su detención. En los registros de su domicilio, coche y puesto de trabajo, los agentes hallaron la pistola utilizada -la misma que tiene como dotación por su empleo-, un mono de trabajo, pasamontañas, guantes, munición, una careta y un uniforme de la Policía Municipal de Sevilla.
La Guardia Civil ha descubierto ahora que tras cometer el robo, se quitó la ropa y participó como un agente más en el operativo de búsqueda del atracador.
Además de este delito, se le implica en el robo de un supermercado DÍA de Almendralejo a las siete de la mañana el pasado 10 de marzo. El 'modus operandi' fue similar: disfrazado con pasamontañas y gafas de sol, amenazó a los empleados con la pistola. En esta ocasión, no logró llevarse nada de dinero. Las cajas registradoras estaban vacías.
La investigación sigue abierta por su posible relación con otros delitos parecidos cometidos en esta zona de Badajoz.
Tras ser puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Mérida, se ha ordenado el ingreso en prisión del detenido.
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martes, 6 de marzo de 2012

Los vigilantes

Un agente de la Policía Local de Almuñécar (Granada) ha aceptado este lunes una pena de 21 meses de cárcel y dos años de inhabilitación por apoderarse de la cartera que una mujer había dejado olvidada en las oficinas de Tráfico del municipio y extraer más de 2.000 euros de sus tarjetas de crédito.
El policía, que iba a ser enjuiciado por un jurado popular en la Audiencia de Granada, ha aceptado los hechos que se le imputaban y ha llegado a un acuerdo con el fiscal, que le pedía inicialmente 30 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación y que ha decidido rebajar su petición de condena al contemplar la circunstancia atenuante de confesión.
Así, el tribunal popular que tenía que constituirse estehttp://www.blogger.com/img/blank.gif lunes en la Sección Primera no ha llegado a ser necesario, puesto que el agente, de iniciales R.S.P. y 39 años, ha reconocido que fue culpable de un delito de fraude y exacciones ilegales.
Según la acusación de la Fiscalía, fue el pasado 25 de febrero de 2010, sobre las 13,00 horas, cuando una mujer olvidó su cartera en las oficinas de Tráfico de la Jefatura de la Policía Local de Almuñécar que contenía documentación personal y varias tarjetas de crédito.
El acusado, que el día de los hechos estaba de servicio, procedió a apoderarse de las tarjetas y de los códigos PIN, que se hallaban junto a las mismas, al observar la cartera que había sido llevada para su registro como objeto extraviado. Así, dos días después, el 27 de febrero, usó las tarjetas y sacó primero a las 6,31 horas la cantidad de 600 euros, otros 600 de otra sucursal a las 6,52, luego 300 a las 7,58 de otro cajero, después otros 350, a las 8,16, y finalmente 300 euros más de otra entidad.
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lunes, 20 de febrero de 2012

Los vigilantes



Policías locales de paisano atacan la sede del PSOE en Parla

El presidente del partido, Luis Navarro, de 70 años, acabó tendido en el suelo

Efe | Parla
viernes 10/02/2012
Unos treinta agentes de la Policía Local de Parla fuera de servicio, algunos de ellos encapuchados, han atacado la sede de la agrupación socialista, en la que se estaba celebrando una asamblea, han amenazado al alcalde y zarandeado a uno de sus miembros por el impago de sus nóminas, han indicado a Efe fuentes municipales.

El PSOE de Parla celebraba esta tarde una asamblea para decidir la lista de delegados que van a acudir al Congreso Regional del partido cuando, según fuentes del Consistorio, se han presentado en el local alrededor de 30 policías locales de paisano y han empezado a increpar a los miembros del partido.

Según las mismas fuentes, el alcalde, José María Fraile (PSOE), y algunos de sus compañeros han salido del local y se ha entablado una discusión con los agentes que ha terminado con el presidente del partido, Luis Navarro, de unos 70 años de edad, tendido en el suelo.

"Han empezado a insultar al alcalde, le han dicho que con la policía no se juega y que le iban a matar. Algunos de estos agentes iban con la cara descubierta y les han reconocido sus propios compañeros de la Policía Local que han tenido que intervenir", han explicado desde el Ayuntamiento.
Lanzamiento de huevos

Y es que, según han relatado, se han producido momentos de tensión que han provocado la intervención del Cuerpo Nacional de Policía, ya que "iban a por el alcalde". "El alcalde ha salido a intentar a hablar con ellos y le han tirado huevos. Han lanzado huevos contra miembros del partido y contra la fachada de la agrupación", han añadido.

Fraile ha censurado la actitud del concejal de UPyD, Juan Carlos Machuca, que estaba junto a los agentes de la Policía Local que protestaban cuando se han producido los hechos. "En el próximo pleno voy a pedir la dimisión de Machuca y la reprobación por alentar este altercado desde su condición de cargo público. No puede estar ahí mirando ante una escena como ésta", ha criticado.

Además, el alcalde ha informado de que pondrá en conocimiento de la Fiscalía la actuación de los agentes que han participado en el altercado para denunciarlos y que la Delegación de Gobierno tome las medidas pertinentes.
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viernes, 16 de diciembre de 2011

Los vigilantes

Detenido un policía local de Santa Pola por grabar a menores en un vestuario

Fue detenido en Palma tras hallarse una cámara en una rejilla del vestuario
En su casa se han localizado pruebas que demuestran sus tendencias pedófilas

Efe | Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un agente de la Policía Local de Santa Pola (Alicante) por un supuesto caso de pedofilia, tras descubrirse una cámara de vídeo en los vestuarios de un grupo de menores con los que participaba como monitor en una regata de vela.

Así lo ha confirmado este viernes, a pregunta de los periodistas, el subdelegado del Gobierno en Alicante, José Pérez Grau, después de haber asistido a la entrega de los premios del segundo concurso de postales de Navidad del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante.

Fueron los propios alumnos -el agente era monitor de vela- los que denunciaron los hechos ante la Policía Nacional de Mallorca, una vez que se localizó la cámara en una rejilla del vestuario.

Pérez Grau ha explicado que, tras el arresto, se ha practicado un registro en el domicilio del agente en Santa Pola, donde los investigadores han encontrado pruebas evidentes de que tenía, al parecer, tendencias pedófilas.

La investigación, tanto judicial como policial, se lleva a cabo en Palma de Mallorca.
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jueves, 1 de diciembre de 2011

Los vigilantes

Imputados 10 policías por cobrar tasas ilegales al escoltar transporte de mercancía

El Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla ha imputado a doce personas, diez de ellas agentes de la Policía Local, por realizar, presuntamente, cobros ilegales de tasas de grúa y por retirar multas. Todos ellos, que podrían ser acusados de un supuesto delito de cohecho, han sido citados a declarar ante la juez el próximo mes de febrero.

Más concretamente, los agentes imputados, que pertenecen a la unidad de Motoristas, podrían haber estado cobrando unas tasas de manera ilegal por realizar funciones de escolta para transporte de mercancías, unas labores por las que el Ayuntamiento cobra tasas, pero que ellos recibían ilegalmente porque efectuaban estos trabajos en sus días libres -aunque vestidos de uniforme- y presuntamente se las apropiaban.

Las cantidades que los agentes percibían oscilaban desde los 20 hasta los 80 euros, según qué clase de trabajo se realizaba, los agentes que participaran y los vehículos.

Fue en marzo cuando se conoció que una juez investigaba a varios agentes de la sección de Tráfico del Ayuntamiento hispalense por el presunto cobro ilegal de tasas de grúa y por retirar multas de manera irregular.

La titular de Instrucción abrió esta investigación a raíz de un caso de narcotráfico descubierto en septiembre de 2009 en el que hay doce personas imputadas, entre ellas un policía local sevillano, por un alijo de 1.500 kilos de hachís.

A raíz de las escuchas telefónicas a dicho agente, la juez ordenó investigar un presunto delito de cohecho por cobro ilegal de tasas de grúa y otros servicios de la Policía Local en el corte de calles y ordenación del tráfico, además de la presunta retirada de multas.

Las otras dos personas imputadas son ajenas al cuerpo de la Policía Local de Sevilla y, según ha podido saber ELMUNDO.es de Andalucía, una de ellas estaría relacionada con una de las empresas que colaboraba en el supuesto fraude.

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jueves, 20 de octubre de 2011

Los vigilantes




Condenados por torturas dos policías de Barcelona
Los agentes acusaron falsamente a un detenido de traficar con drogas como represalia por una bronca en una discoteca

JESÚS GARCÍA | Barcelona 19/10/2011



El guardia urbano Víctor Bayona trató de flirtear, sin éxito, con una joven rusa en la sala Bikini de Barcelona. Le dijo que era idéntica a la tenista Maria Sharapova. Pese a su ardid y su buena planta y condición atlética -el chico ha ganado la medalla de bronce en los últimos campeonatos para policías de Nueva York- la chica le dio calabazas. "No quiero hablar contigo, vete", le contestó. El agente lo tomó a mal, le tocó el culo y la llamó "puta". Un amigo de la joven, Yuri Sarran, acudió en su ayuda. Y se lió.


Ocurrió la medianoche del 6 de septiembre de 2006. Sarran golpeó con un vaso a Bayona, pero fue reducido por cinco amigos de este -también policías fuera de servicio- y trasladado a la comisaría. Allí, y como represalia por la bronca de la discoteca, fue apaleado, vejado y humillado por Bayona y por el agente Bakari Samyang. La Audiencia de Barcelona ha condenado ahora a ambos a dos años y tres meses de cárcel por un delito de torturas graves y a ocho años de inhabilitación absoluta.

Bayona le propinó "patadas y puñetazos" en la comisaría de la Zona Franca que, "desgraciadamente", señala la sentencia, "devino en un lugar de desprotección". Samyang, que practica elkick boxing, fue más allá: le golpeó con un objeto contundente en la cabeza, le apagó un cigarrillo en el hombro izquierdo, "le restregó la cara con un mocho de fregar" y amenazó con usar una pistola para "enseñarle un juego".

El joven, natural de Trinidad y Tobago e hijo de diplomático, no pudo identificar a los otros cuatro policías que también estaban acusados y que, por ese motivo, han sido absueltos. Los agentes no solo torturaron a Sarran; también le atribuyeron falsos delitos. El tribunal considera "increíble" la versión dada por los agentes: que la disputa se inició, no por una chica, sino porque el joven les ofreció hachís y les atacó cuando iba a ser detenido. Para la Audiencia no es creíble que un estudiante extranjero de Administración de Empresas, "que recibía constantes transferencias de dinero se dedique a vender hachís por 20 euros". Y que lo hiciera, además, "acudiendo a una discoteca con sus compañeros de clase". Los policías usaron una tableta de hachís de otro detenido y se la colocaron a Sarran ya en comisaría.

Además de "simular" el tráfico de drogas y "falsear el atestado", los policías le acusaron sin base de atentado a la autoridad, ya que en ningún momento se identificaron como tales. La sentencia, no obstante, no les condena por estos delitos porque las acusaciones no lo pidieron. Sarran -cuya versión de los hechos se considera "fiable"- ha sido absuelto de todos ellos, pero condenado por un delito de lesiones (arrojó un vaso) a ocho meses de cárcel.
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miércoles, 19 de octubre de 2011

Los vigilantes

Dos policías municipales que fueron la pieza clave del caso 4F son condenados por torturas graves.

Con el cruzamiento de los números de placa que aparecen a los expedientes judiciales del caso 4F y de la sentencia condenatoria por torturas graves a un ciudadano de Trinidad y Tobago hemos podido saber que los mismos agentes de la policía municipal de Barcelona son los protagonistas en ambos casos
Patricia Hera se quitó la vida tras seis meses de prisión en base a las falsas declaraciones de los policías criminales.] Patricia Heras. Se quitó la vida tras seis meses de prisión en base a las falsas declaraciones de los policías criminales.

Semanario Directa.- Con el cruzamiento de los números de placa que aparecen a los expedientes judiciales del caso 4F y de la sentencia condenatoria por torturas graves a un ciudadano de Trinidad y Tobago hemos podido saber que los mismos agentes de la policía municipal de Barcelona son los protagonistas en ambos casos.

En el caso 4F estos dos policías, con número de placa 24.751 y 24.738, fueron la pieza clave testimonial que llevó a la prisión a Rodrigo Lanza, Patricia Heras y otros dos jóvenes, así como la condena sin ingreso a prisión para otras 6 personas. Aquel proceso no contaba con ninguna otra prueba documental que no fuese el testimonio de esos policías.

Ahora, seis años después, los mismos agentes han sido condenados por torturas graves a un joven estudiante residente en Barcelona. En la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona a la que hemos tenido acceso se detalla que los agentes además de protagonizar gravísimos maltratos duhttp://www.blogger.com/img/blank.gifrante el traslado y sobre todo en el interior de la comisaría de la Zona franca, falsificaron documentos, inventaron falsas acusaciones y generaron una falsa coartada para explicar las heridas del joven torturado.

Hay que recordar que los procesados por el caso 4F también habían denunciado torturas durante la detención, pero en aquel caso el tribunal creyó la versión de los policías y archivó las denuncias. Todos los documentos y las pruebas del caso los encontraréis con detalle a la edición en papel del semanario Directa.

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/dos-policies-municipals-que-van-ser-la-peca-clau-del-cas-4f-son-condemnats-tortures-greus

martes, 10 de mayo de 2011

Los vigilantes

Condenado a 20 días de multa el agente que mató a un perro de un tiro en la cabeza

A las 4 de la tarde del 12 de mayo de 2009, el Policía Local Jacinto M. M., cuando se encontraba de servicio en el vehículo policial, avistó "a un perro pequinés, de unos cuatro kilos de peso sin pureza de raza ni pedigrí", tumbado en el suelo y durmiendo cerca de la puerta de entrada a la vivienda de un vecino, en la localidad de la Puebla de Don Fadrique (Granada). Desde el mismo vehículo, con un "arma de fuego no determinada", el agente disparó a la cabeza del perro , "causándole la muerte" y después tiró al animal en un contenedor de basura. Son los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Granada, que condena al policía como autor de una falta de daños a la pena de 20 días de multa, con una cuota diaria de 10 euros, así como a indemnizar con 225 euros al propietario del can y a pagar la mitad de las costas procesales, pero lo absuelve del delito de maltrato animal del que se le acusaba.

El perro en cuestión se llamaba Coke. Tenía nueve meses y la costumbre de escaparse del cortijo en el que vivía para corretear por el pueblo y tumbarse a dormir en cualquier rincón. La sentencia considera plenamente probado que el policía mató al pequinés de un disparo certero, pero no se ha podido probar que el agente dijera "voy a por ti" cuando vio al perro durmiendo. En la resolución, el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Granada, Antonio Aguilera Morales, considera que la actuación del agente "es contraria a toda sensibilidad y respeto por los animales", pero no ha quedado acreditado que el perro sufriera ni que se hubiera empleado ensañamiento".

El agente ha sido absuelto del delito de maltrato animal doméstico, dado que la "muerte del can fue consecuencia inmediata de haber recibido el disparo en la cabeza", sin que "hubiera aumentado deliberadamente el sufrimiento del animal". La sentencia, sin embargo, considera que "el acusado dio muerte al animal de manera injustificada ya que pudo haber empleado un medio menos violento para la captura del animal y no recurrir a darle muerte o, en caso de imposibilidad" pudo "hacer las gestiones oportunas para dar aviso a la perrera".

Es la primera vez en España que un agente local es condenado como autor de una falta por matar a un perro. En el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado mes de febrero, el acusado confesó que disparó al perro en la cabeza y aseguró que el animal "era un peligro".

Durante la vista oral, el fiscal modificó sus conclusiones provisionales y calificó los hechos como una falta de daños, en lugar del delito de maltrato animal que había considerado inicialmente. La acusación particular, ejercida por la asociación protectora de animales ‘El Refugio', había solicitado una pena de un año de prisión por un delito de maltrato animal y otro por un delito de amenazas.
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lunes, 9 de mayo de 2011

Los vigilantes



Una cámara pudo grabar al policía que desnudó a un candidato de IU, según la organización

Los denunciantes acusan la policía local madrileña de "hostigar" al joven candidato cuando pegaba carteles la noche del 1 de mayo.

Un juez de Madrid ha ordenado a la sucursal bancaria de Barclays Bank situada en la calle Alcalá, 369 conservar la cinta de vídeo donde podrían haber quedado registrados los hechos denunciados por candidatos de IU que acusan a una patrulla de policía de someterles a vejaciones, hasta el punto de obligar a uno de ellos a desnudarse en plena vía pública, cuando pegaban carteles el pasado 1 de mayo. Según la denuncia, presentada ante el juzgado de guardia, uno de los policías insultó además a los militantes comunistas llamándoles “guarros”, uno de los apelativos utilizados habitualmente por neonazis para referirse a los jóvenes de izquierdas.

El juez ha ordenado a la sucursal del Barclays Bank conservar la cinta del sistema de video vigilancia que pudo grabar los hechos denunciados por los candidatos de IU, según aseguraron a nuevatribuna.es en fuentes de la coalición. La denuncia asegura que la policía municipal de Madrid “retuvo, insultó y requisó el material político a tres militantes y candidatos, obligando a uno de ellos a desnudarse en la vía pública” la noche del 1 de mayo, tal y como publicó el miércoles este periódico.

Los militantes afectados, afiliados a las Juventudes Comunistas (UJCE) y al PCE, y también candidatos en dos municipios de Madrid, Santos de la Humosa y Navalafuente, denunciaron los hechos antes las instancias judiciales la noche del 2 de mayo. La próxima semana, los afectados tendrán previsiblemente que declarar ante el juez.

Los hechos, según IU, ocurrieron mientras los militantes pegaban carteles de las candidaturas de Izquierda Unida (IU) al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en el distrito de Ciudad Lineal. En ese momento, una patrulla de la policía municipal les abordó, les retuvo y les pidió que se identificaran, asegura. “En todo momento destacó la conducta extremadamente agresiva e insultante de uno de los agentes, que amenazo con detenerles, sin especificar el motivo”, asegura.

Insultos neonazis

IU asegura que uno de los agentes insultó a los militantes utilizando el apelativo de “guarros”, un término que es utilizado habitualmente por los grupos neonazis para referirse a los militantes de izquierda. Además aseguró que él estaba trabajando y no “haciendo el gilipollas” como los militantes, añade.

Según IU, el agente “se cebó” especialmente con uno de los militantes, al que cacheó y desnudó en la vía pública, bajándole los pantalones y los calzoncillos, sin explicar el motivo y sin intención de buscar nada en concreto, añade el comunicado, que atribuye al agente “el único objeto de humillar e intimidar al joven candidato”.

Posteriormente, continúa la denuncia, el agente inspeccionó la documentación del militante, incluidos los carnets de filiación política y sindical y documentos personales, continúa. También los documentos de IU, PCE y UJCE, “mientras los iba tirando con desprecio al suelo”, añade. Tampoco especificó en este caso qué estaba buscando, asegura.

IU atribuye motivaciones políticas a la actitud del agente, quien pidió al joven candidato que recogiera “su basura”, asegura, en referencia a la documentación política que había quedado tirada en el suelo.

Según IU, la agresiva actitud del agente sorprendió incluso a su compañero que, aunque consintió la conducta de su compañero, explicó a los militantes que el otro agente “había pasado un mal día”.

Finalmente los agentes requisaron el material político sin explicar el motivo, concluye el comunicado. Los militantes no obtuvieron respuesta cuando, en virtud de sus derechos, preguntaron que dónde podían recoger el material.

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sábado, 9 de abril de 2011

Los vigilantes



El Ayuntamiento de Madrid ha expedientado y sancionado a un agente de la Policía Municipal por sancionar a un mismo ciudadano hasta en tres ocasiones en un lugar distinto de su servicio habitual y cuando se encontraba fuera de servicio, como recoge en su informe anual el Defensor del Pueblo.

La Institución que en funciones dirige María Luisa Cava de Llano argumenta que las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad "no gozan de la presunción de veracidad cuando no están ejerciendo funciones de vigilancia y control de la circulación".

El Defensor formuló al Ayuntamiento una sugerencia para que revocase de oficio las tres sanciones impuestas a un ciudadano por un agente fuera de servicio en un lugar distinto al que tenía encomendado su servicio habitual, lo que fue aceptado por el Consistorio.

El agente ha sido expedientado y sancionado con la pérdida de diez días de remuneración y suspensión de funciones por la comisión de una falta disciplinaria de carácter grave prevista y tipificada en el Reglamento para el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid consistente en "la actuación con abuso de atribuciones en perjuicio de los ciudadanos si no constituye una falta muy grave".

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lunes, 7 de marzo de 2011

Los vigilantes



Denuncian brutal agresión de la Policía Municipal a un ciudadano.Madrid.

Pasadas las once de la noche del sábado 26 de febrero en la calle San Vicente Ferrer, esquina con Acuerdo (en el barrio madrileño de Malasaña) mi hermano regresaba a su casa después de pasar la tarde en un local de conciertos, acompañado de tres amigos. Se detuvieron a esperar a dos de ellas, que andaban rezagadas (una tiene una discapacidad y no puede andar deprisa) y mi hermano consultó la hora en un parquímetro. Un coche de la Policía Municipal se detiene frente a ellos. Reproduzco a partir de aquí el texto de la denuncia presentada:

“Una patrulla de policía municipal en vehículo, cuya matrícula pudiera ser 0090-FBN o 0099-FBN, se detiene a nuestra altura para comunicarnos que los parquímetros no funcionan por la noche. Nosotros les respondemos que no estamos haciendo uso del parquímetro, que carecemos de vehículo, y que solamente esperamos a unas amigas. Acto seguido los agentes salen del vehículo y nos exigen identificarnos, primero a nosotros e inmediatamente después a nuestras amigas que llegan en ese momento a nuestro encuentro. Los cuatro actuamos con naturalidad y exhibimos nuestros DNI´s. El policía municipal que esta enfrente de Adolfo es un varón de complexión fuerte, estatura media-alta, tez blanca, cabello corto de color castaño oscuro. El que está enfrente de José es otro varón de complexión fuerte, estatura media, tez morena, cabello corto de color moreno, ambos con edad aproximada de 30 años. El agente que está enfrente de José le quita a éste su DNI con un gesto rápido y le dice “no serás tú uno de esos gilipollas que piensan que tienen derecho a no entregar el DNI” e inmediatamente después le empuja con vehemencia y José cae al suelo. Al levantarse del suelo le expone al agente que esas no son maneras de tratarle. El policía increpa a José “Te vas a poner chulo encima” y le vuelve a tirar al suelo, esta vez con mucha más violencia, ante lo cual Adolfo indica al otro agente que tiene delante que la actitud de su compañero no es lógica y que es denunciable, y pide el número de placa a ambos para realizar una posterior denuncia por las maneras utilizadas en la identificación. Mientras tanto el agente agresor se abalanza encima de José, que aún esta tirado en el suelo, golpeándole de manera reiterada y ante lo cual el agredido intenta zafarse de los golpes. El otro agente al escuchar varias veces la petición del número de placa por parte de Adolfo le dice “Yo a ti lo que te voy a dar es una ostia que te voy a arrancar la cabeza, jipi de mierda, que os tenían que matar a todos” propinándole un violento empujón a Adolfo que le hace desplazarse varios metros y caer al suelo. Acto seguido se abalanza sobre él y le inmoviliza en el suelo pisándole la cabeza con su bota y pateándole varias veces la espalda, ante lo cual Adolfo se cubre como puede recibiendo los golpes. Paralelamente Carmen y Pilar piden a los agentes que dejen de golpearles reiterando una y otra vez que no había habido motivo alguno que propiciara tan excesivo maltrato. Intentando mediar en la situación, Carmen y Pilar reciben empujones dando como resultado la caída al suelo de Pilar que presenta una discapacidad en uno de sus miembros inferiores. Esta caída provoca lesiones que se adjuntan como informe medico. Después acuden varias patrullas al lugar y son detenidos José y Adolfo, siendo trasladados a las dependencias forenses para practicarles un chequeo médico. A continuación son llevados a la comisaría de la C/ Leganitos donde se les practicaron las diligencias propias de una detención”.

Los condujeron en primer lugar a recibir atención médica. El médico forense se negó a atender a mi hermano porque, según el, “estaba actuando con chulería”, es decir, alegó falta de colaboración. El motivo, él preguntó si “le habían pegado” y mi hermano respondió “creo que salta a la vista”. Eso es una falta de colaboración. Parece ser.

De allí, los trasladaron a la comisaría de la calle Leganitos, y pasaron la noche en los calabozos. Tuvieron que soportar nuevas rondas de insultos y amenazas, en el mismo tono, y con las mismas fobias que se alegan en las denuncias. No obstante, el agente agresor, en determinado momento, quiso hablar con mi hermano, a lo que él se negó, dadas las circunstancias. Tal vez había recapacitado, tal vez quería continuar divirtiéndose. Eso, no podemos saberlo.

En definitiva, hay una denuncia puesta en los Juzgados de Plaza de Castilla, por abuso de autoridad, amenazas, ensañamiento, falta de respeto, extralimitación en el cumplimiento de sus deberes, vejaciones, violación de derechos constitucionales, corporativismo, xenofobia, maltrato y lesiones. Debemos añadir que mi hermano es un trabajador por cuenta propia, que tiene escayoladas las dos manos y que no va a poder trabajar, es decir, facturar, hasta dentro de como mínimo, quince días, si tiene suerte.

Las dos chicas intentaron poner una denuncia en la misma comisaría en la que estaban detenidos, pero se negaron a cursarla. El siguiente lunes, los agredidos intentaron hacer una nueva denuncia en una comisaría de la Policía Nacional de la calle Rey Francisco, en el distrito de Moncloa/Aravaca y tampoco fueron atendidos. No se les negó la posibilidad, pero se les hizo esperar y fueron ignorados por los agentes.

A la vista de todos estos hechos, la pregunta es evidente: ¿Qué Cuerpos de Seguridad tenemos? ¿Qué sucede en la policía? ¿Por qué los ciudadanos están indefensos frente a la actitud de algunos agentes? ¿Cómo podemos solucionarlo?

En fotos adjuntas pueden ver escaneado el parte médico que acompaña a la denuncia, así como unas fotos del estado en qué quedó el cuerpo del ciudadano atacado tras la paliza de los cuerpos policiales.

jueves, 3 de marzo de 2011

Los vigilantes

Investigan a policías locales de Sevilla por cobrar tasas ilegales y retirar multas irregularmente

  • Investigan el cobro ilegal de tasas de la grúa y otros servicios de tráfico
  • Un instructor nombrado por la juez ha tomado declaración decenas de agentes
  • El Ayuntamiento dice que "tomará medidas" si los hechos son veraces

Una juez de Sevilla mantiene abierta una investigación contra policías locales de la sección de Tráfico del Ayuntamiento hispalense por el presunto cobro ilegal de tasas de grúa y por retirar multas de manera irregular.

Fuentes del caso han informado de que la juez de instrucción 8 de Sevilla abrió esta investigación a raíz de un caso de narcotráfico descubierto en septiembre de 2009 en el que hay doce personas imputadas, entre ellas un policía local sevillano, por un alijo de 1.500 kilos de hachís.

A raíz de las escuchas telefónicas a dicho agente, la juez ordenó investigar un presunto delito de cohecho por cobro ilegal de tasas de grúa y otros servicios de la Policía Local en el corte de calles y ordenación del tráfico, además de la presunta retirada de multas.

Investigación de la propia Policía Local

La juez nombró un instructor de la propia Policía Local que tomó declaración a varias decenas de agentes y requisó algunos ordenadores, según las fuentes.

Las citadas fuentes han precisado que una de las personas a quien se imputa el cobro por servicios que son prestados de oficio falleció hace unos meses a consecuencia de un cáncer.

La portavoz del Gobierno Municipal de Sevilla, Nieves Hernández, ha dicho que, si afloran irregularidades, el Ayuntamiento "tomará medidas y si hay responsabilidades seremos los primeros en reclamarlas".

Ha destacado que en Sevilla patrullan más de mil policías, por lo que siempre "puede haber un garbanzo negro", aunque ha añadido que el Consistorio no está informado de la marcha de la investigación, que se encuentra bajo secreto sumarial y en la que el instructor informa directamente a la juez.

En la causa original, los doce detenidos por el alijo de 1.500 kilos de hachís se encuentran ya en libertad bajo fianza de hasta 6.000 euros.

Quitar multar e identificar matrículas

El policía local S.O.C. no está imputado de participar en el narcotráfico sino de quitar multas a petición de los restantes imputados y de facilitar informes sobre la titularidad de ciertas matrículas de automóviles, con objeto de detectar posibles seguimientos policiales.

Entre los efectos intervenidos a la red se encuentran tres armas de fuego -una de ellas con silenciador y numeración borrada-, diversa documentación, equipos informáticos y electrónicos así como numerosos chalecos reflectantes con distintivos de Policía Local.

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Los vigilantes

PAMPLONA | LA POLICÍA LOCAL DIRIGIDA POR UN EX MILITAR ACUMULA DENUNCIAS

El control político de la Policía Local

Bajo el Gobierno de UPN, la Policía de Iruñea ha asumido cada vez más tareas de control político. Al tiempo, su máximo responsable ha impuesto un régimen interno basado en el miedo.

Alberto Arce y Alberto Pradilla / Iruñea

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DIFERENCIAS CON OTRAS LOCALES. Especializados en labores de información e inteligencia contra los movimientos sociales.

La operación desarrollada por la Policía Municipal de Iruñea el 3 de febrero contra 16 jóvenes por unos incidentes de hace siete meses, se ha convertido en un ejemplo más del uso político de este cuerpo por parte del Gobierno de UPN. Doce jóvenes –tres de ellos menores de edad– fueron detenidos en la calle por policías municipales. Tras prestar declaración en el juzgado, quedaron en libertad con cargos. Además otras cuatro personas fueron imputadas por la Policía Local por haber participado en unos incidentes el 6 de julio de 2010.

Entonces agentes municipales cargaron en una plaza llena de gente contra un grupo de jóvenes, minutos antes del txupinazo de inicio de San Fermín. Durante los incidentes, en la plaza del Ayuntamiento, el impacto de una botella provocó heridas graves a un madrileño de 31 años. Pocos días después, la Policía Municipal imputó a un joven estos hechos. Una acusación retirada, después de que la investigación evidenciase que el jefe del operativo había construido la imputación con una declaración falsa. Tampoco se puede olvidar que los incidentes comenzaron cuando los policías asaltaron a varios jóvenes que pretendían exhibir una ikurriña de grandes dimensiones en el txupinazo. Una bandera que, de momento, no ha sido prohibida en Nafarroa (salvo en los balcones municipales).

Acoso a movimientos sociales

Hay una pregunta que numerosos vecinos de la ciudad se hacen: ¿era necesario detener a esas 12 personas por hechos ya investigados hace meses, o se las podía haber citado? ¿O se trata de la aportación de UPN a la oleada represiva de las últimas semanas en Nafarroa tras la doble operación policial dirigida por la Audiencia Nacional que detuvo a 13 militantes independentistas? En cualquier caso, la redada se suma a una larga lista de actuaciones de la Policía Municipal que tienen un común denominador: el acoso contra los movimientos políticos y sociales que no comparten el modelo de la alcaldesa Yolanda Barcina (UPN).

Existen importantes diferencias entre lo que se suele entender como tareas de la Policía Municipal y la actividad del cuerpo en la capital Navarra. En Iruñea, su Policía, dirigida por el comandante Simón Santamaría, se ha especializado en labores de información e inteligencia contra los movimientos sociales y políticos (especialmente contra la izquierda abertzale): investigación, seguimientos, intervenciones antidisturbios, desalojo de gaztetxes o entrega de citaciones judiciales mediante detención previa.

Se acumulan las denuncias

Otro ejemplo: el 30 de enero, agentes municipales participaron, junto a la Policía Nacional, en el desalojo de un gaztetxe ocupado por el colectivo Kapitalismotik at! (Fuera del capitalismo) en el barrio de Rotxapea. Los policías irrumpieron en el interior del recinto durante la celebración de una asamblea, identificaron y fotografiaron a todos los presentes pero no mostraron ningún tipo de orden judicial. Este no es un fenómeno novedoso.

De hecho, la evolución de este cuerpo hacia posiciones cada vez más represoras se inició con la llegada de Yolanda Barcina a la alcaldía de Iruñea, en 1999. La burgalesa, que lidera el Consistorio desde entonces, se trajo consigo a Simón Santamaría, un ex militar nacido en Larache (Marruecos) que hasta el momento había ejercido como jefe de seguridad en la fábrica que Volkswagen tiene en la capital navarra.

Desde entonces, el antiguo miembro del ejército se ha convertido en la pieza clave de un cuerpo cuya imagen no ha hecho más que deteriorarse. Acumula denuncias por sus actividades represivas e, incluso, los propios agentes que no comparten la línea ideológica impuesta por Santamaría han alertado sobre el régimen del miedo impuesto por el ex militar.

Los constantes abusos y la utilización política de la Policía Municipal en Iruñea llegaron a ser tan generalizados que en 2007 la mayoría del pleno de Iruñea (NaBai, PSN y los dos concejales independentistas) instó a la alcaldesa a destituir a Santamaría. Cuatro años más tarde, el ex militar sigue en su puesto.

UN ESTILO CUARTELERO E INTIMIDATORIO

El desalojo del gaztetxe Euskal Jai, en verano de 2004, fue uno de los puntos de inflexión para una Policía Municipal que, hasta el momento, ni siquiera acostumbraba a utilizar material antidisturbios.

La imagen de su máximo responsable, Simón Santamaría, atándose los cordones sobre un bidón en el que permanecía un joven encadenado (y que corría el peligro de romperse el brazo) ha quedado grabada en el imaginario y simboliza su estilo.

Hay que reconocer una cosa: el ex militar es un tipo al que le gusta la acción. Es habitual verle supervisar personalmente los operativos y ha transmitido a sus agentes ese estilo cuartelero e intimidatorio que caracteriza ahora a la Policía Municipal.

Para ello, se ha servido de su personal de confianza, agrupado en torno a ‘La Fundición’, una especie de unidad interna con la que Santamaría controla a sus agentes, tal y como denunció un policía anónimo en una entrevista en el diario Gara.

Diagonal

miércoles, 16 de febrero de 2011

Los vigilantes

Piden cárcel para un policía por matar a un perro.

El Juzgado de lo Penal 3 de Granada acogerá este jueves el juicio contra un policía local de la localidad de La Puebla de Don Fadrique acusado de matar de un disparo a un perro en mayo de 2009, hechos por los que la Fiscalía le pide cuatro meses de prisión por un delito de maltrato a los animales.
En la vista oral, fijada para este jueves a las 11:30 horas, también está prevista la comparecencia como testigo del alcalde de la localidad, según consta en el escrito de acusación y el auto judicial.
El Ministerio Público explica que los hechos tuvieron lugar sobre las 16 horas del 12 de mayo de 2009, cuando el procesado, que se encontraba de servicio, circulaba en un vehículo oficial por una calle en la que se encontraba durmiendo un perro de raza pequinés.
"De forma absolutamente injustificada", precisa el fiscal, y desde el interior del vehículo, el agente efectuó un disparo con una carabina que llevaba y posteriormente, "con desprecio al estado del perro" que agonizaba, lo cogió y arrojó a un contenedor, lo que le ocasionó la muerte.
La Fiscalía considera que estos hechos suponen un delito de maltrato a animales, por el que le pide cuatro meses de prisión e inhabilitación especial durante un año para ejercer como policía, y una falta de daños, por la que le solicita 300 euros de multa.
Además, el procesado debería indemnizar al dueño del perro en 225 euros, valor tasado del animal, y con 500 por los daños morales derivados de la pérdida del can.
La asociación contra el maltrato animal El Refugio tiene previsto personarse mañana en este juicio e informar de los hechos a los medios de comunicación.
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lunes, 7 de febrero de 2011

Los vigilantes



Los policías locales de Badalona que torturaron a una pareja eluden la cárcel pero no podrán ejercer en ocho años

Confundieron a los jóvenes con dos sospechosos de propinarle una paliza a una agente


Barcelona (EP).- La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete policías locales de Badalona y a un mosso d'Esquadra a un año de cárcel y a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por agredir a una pareja en la estación de Renfe de la localidad golpeando al joven e introduciéndole espray autodefensa en la boca a ella -que era menor-, tras confundirlos con dos sospechosos.

Según relata la sentencia, el 23 de octubre de 2005 los agentes buscaban a dos sospechosos de haber agredido a una policía local y creyeron que era la pareja, aunque poco después detuvieron a la verdadera agresora.

Al joven le golpearon en la cara, le agarraron de la camisa arrastrándole hasta la vía del tren y lo sostuvieron sobre la misma durante unos instantes, mientras que a ella le introdujeron el espray autodefensa profiriéndole expresiones como "te lo vas a tragar" y "que hables, es mejor para ti", mientras la arrastraban del pelo por el andén y le daban patadas.

Después, los llevaron a un centro médico ante un agente entubado, con signos de haber recibido una paliza, que indicó que no eran los responsables, por lo que los encerraron en un cuarto y les explicaron que esa noche habían agredido al "compañero" pero que ya habían detenido a la agresora.

"Me dijeron que les perdonara por el error y que entendiera que estaban nerviosos", expuso la entonces menor en el juicio. La Fiscalía pedía penas de hasta cuatro años por delitos de atentado contra la integridad moral en su modalidad de torturas, faltas de lesiones y delitos de lesiones para los acusados.

El juez ha condenado a los agentes de la policía local de Badalona Irene G.G., Alfonso O.B., Pascual P.L., David S.B., Francisco C.R., Daniel C.M., Jesús María G.M. y al mosso Josep Oriol F.B., a un año de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, y les ha impuesto una indemnización de 2.000 euros para cada uno de los agredidos por las lesiones y las secuelas, y de 3.000 por los daños morales, por el delito contra la integridad moral en su modalidad de torturas; aunque no irán a la cárcel por no tener antecedentes.

Les absuelve de los delitos de lesiones, de las faltas de lesiones -porque fueron leves y quedan subsumidas en el delito contra la integridad moral- y del delito de detención ilegal porque fueron puestos en libertad cuando el agente hospitalizado dijo que no eran ellos.

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lunes, 25 de octubre de 2010

Los vigilantes

El Ayuntamiento de Madrid suspende a cinco policías por posible corrupción


  • Anulaban multas en locales y avisaban previamente de las inspecciones.
  • 15 empresarios del ocio nocturno han sido acusados de cohecho.
  • Los agentes han quedado en libertad con cargos, acusados de revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias.

AGENCIAS. 25.10.2010

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido de sus funciones esta semana a cinco policías municipales después de conocer que agentes de la Comisaría General de Policía Judicial les habían detenido acusados de formar parte de una trama de corrupción en locales de ocio, según fuentes del Consistorio. La operación se ha saldado con cinco agentes detenidos, uno de ellos ya jubilado, de las comisarías de Tetuán y Usera.

Además de la Policía Nacional, miembros de Asuntos Internos de la Policía Municipal tomaron declaración a los acusados, que fueron suspendidos "inmediatamente", y que se encuentran en libertad con cargos, han explicado.

Según recoge este domingo el diario El Mundo, los cinco agentes han quedado en libertad con cargos acusados de revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias, ya que se dedicaban a anular multas y avisar de las horas de las posibles inspecciones en los locales.

Diversos dueños de locales denunciaron ser víctimas de esta presunta red ilegalLa operación policial, en la que también se detuvieron otras quince personas, entre ellos empresarios de la noche madrileña, se inició después de que diversos dueños de locales denunciaran que habían sido víctimas de esta presunta red ilegal.

Las fuentes municipales han destacado que el juez ha decretado el secreto de las actuaciones y que el Ayuntamiento está actuando "con cautela" al ser parte del caso, pero que no hay que olvidar la gran labor de 7.000 agentes municipales por las presuntas irregularidades de cinco personas.

"El Ayuntamiento y la Policía Municipal son los primeros interesados en que todo este asunto se esclarezca", han añadido.

Los empresarios piden "precaución"

El portavoz de la Asociación de Empresarios de Locales de Ocio de la Comunidad de Madrid (Noche-Madrid), Vicente Pizcueta, ha señalado que "la manera de actuar de la Policía, tanto nacional como local, es el caldo de cultivo de tramas de extorsión como la desarticulada por la Comisaría General de Policía Judicial".

La red, que según estas informaciones, se dedicaba supuestamente a extorsionar a locales y discotecas, mayoritariamente latinas, recibía de los empresarios dinero o regalos a cambio de información acerca de cuándo iban a realizarse las inspecciones o el borrado de multas impuestas a esos locales.

Pizcueta ha resaltado que "en primer lugar, hay que tener precaución para abordar estas investigaciones" y ha mostrado "todo el apoyo de la asociación y de los empresarios para colaborar a dilucidar estos casos de extorsión, que no deben existir".

Los sindicatos reivindican la presunción de inocencia

La Sección de Madrid del Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal ha reivindicado el principio constitucional de presunción de inocencia ante la detención de los cinco agentes municipales.

Ante esta trama, el citado sindicato ha recalcado que no se debe "olvidar en ningún momento que el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid está formado por 7.000 componentes, todos ellos con una gran preparación y entrega a su ciudadanía".

Por su parte, UGT pide "respeto" a la presunción de inocencia de los policías detenidos "hasta sentencia judicial en firme". Asimismo, el sindicato ha mostrado su "apoyo sin fisuras" a las actuaciones judiciales tendentes al conocimiento y resolución de lo sucedido, algo que ha pedido que ocurra "en el menor tiempo posible".

jueves, 14 de octubre de 2010

Los vigilantes



La Guardia Civil detiene a dos policías locales de Altea acusados de torturas y detención ilegal

Los agentes permanecen en los cuarteles de Calpe y Villajoyosa







. A. F./D. C. ­La Guardia Civil detuvo ayer a dos policías locales de Altea acusados de un presunto delito de torturas, amenazas, detención ilegal y coacciones. Tras el arresto, una comisión judicial registró y precinto las taquillas y el armero de ambos agentes y solicitó que hoy mismo se presenten al juez los partes de trabajo de los últimos cinco años emitidos por los dos policías que al cierre de esta edición permanecían detenidos en los cuarteles de la Vila Joiosa y Calpe.
El arresto de los agentes se produjo sobre las 14.00 horas en el mismo retén de la Policía Local una vez que los agentes habían concluido su jornada laboral y en presencia de responsables municipales a los que se informó previamente de lo que iba a suceder, según ha podido saber este diario de fuentes policiales.
Asimismo explicaron que los guardias civiles que realizaron la detención –pertenecientes a la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO)– esperaron a que los policías se cambiaran el uniforme reglamentario y vistieran ropa de paisano «para no generar alarma social».
Tras la detención ordenada por el juez, en la que también estuvo presente la teniente del cuartel de la Guardia Civil de Altea, los agentes fueron conducidos uno, al cuartel de la Benemérita de la Vila Joiosa, y otro al cuartel del municipio próximo de Calpe –previsiblemente para mantenerlos incomunicados– donde al cierre de esta edición permanecían detenidos.

Registros
Durante la tarde de ayer, sobre las 20.00 horas, una comisión judicial se personó en el retén de la Policía Local de Altea y registró las taquillas de ambos agentes que responden a las iniciales J. M. C. y R. C. y cuyas edades oscilan entre los 35 y 40 años, tal y como confirmaron fuentes policiales.
Tras el registro, las taquillas de los dos policías locales fueron precintadas y también el depósito en el que los agentes depositan sus armas reglamentarias cuando finalizan su jornada laboral, según explicaron a este diario fuentes de la investigación.
Asimismo, estaba previsto que se produjeran registros en los domicilios de los dos detenidos. Pasadas las 22 horas de ayer, se pudo ver a varios agentes de la Guardia Civil que se encontraban apostados en la entrada del domicilio, en Altea, de uno de los agentes, según explicaron las fuentes consultadas por este periódico.
El juez también ha ordenado que los responsables del retén de la Policía Local de Altea entreguen hoy mismo los partes de trabajo y las denuncias interpuestas por los dos agentes policiales durante los últimos cinco años.
Esta documentación se adjuntará a la investigación sobre la que pesa el secreto de sumario.

Denuncias previas
Este periódico ha podido saber que pese a que la concejala de Seguridad reiteró ayer que no había motivos que justificaran la detención de los agentes ni denuncias por un comportamiento indebido sí las hay. Según han explicado a este diario, los dos agentes acumulan varias denuncias por supuestas «actitudes prepotentes y malos modos» en el ejercicio de su trabajo.
Las quejas se habrían presentado tanto en el retén de la Policía Local del municipio como en el cuartel de la Guardia Civil de Altea donde podría haberse iniciado la investigación.

«El arresto se produce para tapar asuntos de la Guardia Civil»
La concejal de Seguridad Ciudadana de Altea, Patricia Mora, negó que hubiese denuncias previas contra los agentes detenidos quienes, en su opinión, han sido objeto de una «detención irregular e injustificada». La edil, en su afán de defender a los agentes, fue más lejos y aseguró que «no existe motivo alguno» para el arresto, que se produce «para tapar otros asuntos relacionados con la Guardia Civil», en alusión al brote de tuberculosis detectado en el cuartel de Altea esta misma semana.
Asimismo, la concejala Patricia Mora anunció que el Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a los dos agentes que habitualmente trabajaban juntos en el desarrollo de sus tareas policiales. D. C.

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jueves, 7 de octubre de 2010

Los vigilantes



A más de una semana de la Huelga General del 29S todavía queda gente detenida por los incidentes provocados por los piquetes de la patronal.
En todo el estado policia nacional, guardia civil , municipal, mossos etc provocaron multitud de incidentes atacando con saña (que para eso les pagan) todo lo que se movia.Hay multitud de videos que lo demuestran, atacando a la gente a base de porrazos y pelotazos, incluso tiros pegaron: Getafe, Madrid, Valencia, Sevilla,Malaga, Vigo, Barcelona donde se puede ver las violentas actuaciones de estos perros del poder.
Además los mossos aprovecharon el día para desalojar el banco okupado en Barcelona al mentir al juez diciendo que habia delito flagrante.
Esta es su paz social.
Para quien quiera vomitar leyendo lo que dicen los distintos maderos sobre el 29S aqui esta el foro de los ciervos

sábado, 25 de septiembre de 2010

Los vigilantes




Imputados cuatro policías y cinco sanitarios por la muerte de un joven
Jonathan Carrillo, de 26 años, murió tras ser golpeado por un agente local de Terrassa - La juez cuestiona la asistencia médica prestada al fallecido

JESÚS GARCÍA - Barcelona - 25/09/2010

La muerte de Jonathan Carrillo Cantudo, de 26 años, está a punto de sentar en el banquillo de los acusados a cuatro policías locales, tres médicos y dos enfermeros. El joven falleció hace un año en Terrassa tras recibir, presuntamente, un bofetón de un agente de policía que le hizo caer de espaldas al suelo y golpearse la nuca contra un parterre. La juez que lleva el caso ha dado por concluida la investigación y sostiene que hay indicios para acusar al agente que propinó el golpe -identificado con su número profesional- de un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones.

La resolución judicial que cierra la instrucción es el paso previo a la apertura de juicio oral y prevé la imputación de otros tres policías locales de Terrassa. Estos vieron la supuesta agresión de su compañero y no hicieron nada por evitarla, lo que supone un delito de omisión del deber de perseguir delitos. La juez les acusa también de homicidio por imprudencia, lo mismo que a tres médicos y dos enfermeros que atendieron a la víctima.

Los profesionales sanitarios -que, a diferencia de los policías, figuran con nombre y apellidos en el auto- han sido imputados a última hora, tras declarar ante la juez. La instrucción concluye que el joven "no fue atendido de forma adecuada, entrando en situación de crisis, siendo ingresado en la UCI hacia las 11 de la mañana del día siguiente". Ingresó en la Mútua de Terrassa por "intoxicación etílica" porque, según los equipos de emergencias, los policías no alertaron de que, además de tomarse unas cuantas cervezas, se había dado un fuerte golpe en la cabeza. Los agentes contradicen esta versión y aseguran que sí avisaron a los sanitarios. La hemorragia cerebral creció y el chico murió 12 horas después.

El episodio ocurrió la noche del 15 de septiembre de 2009. Carrillo, apasionado del Barça, acababa de presenciar una derrota del Madrid y regresaba a casa tras tomar cervezas con los amigos. Unos agentes identificaban a un menor en una motocicleta y Carrillo se interesó por el asunto. La versión de los agentes es que este les insultó y agitó los brazos, por lo que le sujetaron las manos. Después, "se desplomó" por sí solo porque iba borracho, con la desgracia de que se golpeó la cabeza contra el suelo.

La aparición de dos testigos, dos vecinas que vieron el incidente desde el balcón, dio un vuelco al caso. Las mujeres declararon que el joven cayó por el golpe de un agente al que el Ayuntamiento suspendió de empleo y sueldo. La juez da crédito, al menos de forma provisional, a las mujeres, y sostiene en su auto que el agente "propinó un golpe" a Carrillo, que estaba rodeado por los otros tres policías imputados.

La fiscalía y el abogado de la familia, Marc Pérez, están elaborando ahora su escrito de acusación. Los imputados podrían enfrentarse, por homicidio imprudente, a una pena de uno a cuatro años de prisión. Los profesionales sanitarios, además, podrían sufrir una inhabilitación de tres a seis años.
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