La Caverna. Apuntes desde la ciudad troglodita.
jueves, 15 de octubre de 2009
martes, 13 de octubre de 2009
Los vigilantes
Tres guardias civiles, imputados por torturas a un menor en Vilamarxant
El adolescente y su hermana denunciaron a los integrantes de la Benemérita por golpear al joven, introducirlo a rastras en las dependencias policiales e intimidarle después para que no les denunciara. Por contra, los agentes subrayan el carácter conflictivo del adolescente y aseguran que les agredió e incluso intento quitarle la pistola a uno de ellos.
El peliagudo asunto está actualmente en manos del juzgado de instrucción número tres de Llíria. Su titular ya interrogó a finales de mayo a los tres miembros de la Benemérita, después de que así lo ordenara la Audiencia Provincial de Valencia. La sección cuarta admitió el recurso del abogado del menor contra la decisión del juzgado de dejar el caso en una simple falta de lesiones y ordenó seguir adelante con la instrucción «a fin de deslindar hasta qué punto existió trato vejatorio y la agresión denunciada», tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
Los hechos investigados acontecieron el 29 de mayo, después de que el adolescente fuera denunciado por un grupo de ingleses a los que supuestamente amenazó con un arma blanca. Los agentes llamaron entonces al menor para que acudiera a prestar declaración.
Según los guardias civiles, se presentó él sólo pese a que los imputados le indicaron que fuera con su hermana. Sin embargo, la denuncia del abogado que representa al joven sostiene que se intentó «arrancarle una declaración sin las garantías ni derechos que establece la ley».
Después de llegar a las instalaciones de la Benemérita, el menor se negó a declarar. Tampoco en este punto existe acuerdo. Uno de los agentes imputados en el caso sostiene que el adolescente se encaminó hacia un bar en el que trabaja uno de los extranjeros denunciantes con ánimo no precisamente pacífico.
Agresión o forcejeo
Muy distinta es la versión que aparece en la denuncia. Esta asegura que el adolescente se negó a declarar alegando que ya se había disculpado «ante los ingleses» y que estos le habían dicho que retirarían la denuncia. Entonces, «uno de los agentes le agarró de la capucha, le propinó un puñetazo en un ojo y (entre los tres imputados) lo metieron a rastras en el puesto».
Una vez en el cuartel, los guardias le propinaron supuestamente otro puñetazo, como mantienen los denunciantes. Los agentes niegan toda agresión. En su declaración como imputados ante el juez sostuvieron que fue el joven quien agredió y amenazó a los guardias, que incluso intentó arrebatarle la pistola a uno de ellos y que las lesiones que presentaba (constatadas por un médico del municipio y en la propia Fiscalía) se las hizo durante el forcejeo.
Otro punto resulta especialmente polémico. El sargento pidió a un médico que acudió al cuartel que examinara también a uno de los agentes por unos arañazos en el cuello que el guardia atribuía al menor. Algo tremendamente contradictorio con el informe forense que, horas después de ese mismo día, emitió la Fiscalía de Menores de Valencia al examinar al adolescente. «Examinadas las uñas de sus dedos, están muy cortadas y carecen de aristas susceptibles de causar lesión», relata el parte.
El interrogatorio a los tres guardias civiles no ha sido la única diligencia practicada por el juzgado. Una abogada de oficio que asistió al joven de 16 años prestó también declaración como testigo en su día.
La letrada nada pudo aclarar en torno a la supuesta agresión que relata el menor, pues llegó después. Pero la jurista sí refiere que el sargento supuestamente intimidó al joven. «¿Estás seguro de que quieres que llame al médico?» y «tú si quieres pon denuncia, pero ya te advierto que esto se complicará más para ti» son las dos expresiones que la testigo atribuye al máximo responsable del cuartel.
Los imputados ponen de manifiesto en su declaración el carácter conflictivo del menor de Vilamarxant, con denuncias previas por agresiones y amenazas. Aseguran que incluso ingresó en un centro de menores.
Torturas: Los denunciantes acusan a los agentes de un delito tipificado en el artículo 174 del Código Penal. «Comete tortura la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho, la someta a condiciones que le supongan sufrimiento o de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral».
Pena: La ley establece penas de entre dos o seis años de cárcel, si es un atentado grave, o entre uno o tres años si no lo es.
La Audiencia ordenó al juez que siguiera investigando si hubo trato vejatorio y agresión
«Si denuncias, esto se complicará para ti», dijo un imputado al menor, según una letrada
Un sargento de la Guardia Civil, comandante del cuartel de Vilamarxant, y dos agentes del destacamento han prestado declaración como imputados por un presunto delito de torturas cometido sobre un menor de 16 años.
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miércoles, 7 de octubre de 2009
sábado, 3 de octubre de 2009
Los vigilantes
Se arrestó a dos agentes de Almuñécar, dos de Nerja y al menos a seis personas más
Asuntos internos del cuerpo sorprendió el desembarco en una playa malagueña
mvcobo@ideal.es
En la operación se han realizado numerosos registros domiciliarios en Málaga y Granada
Dos agentes de la Guardia Civil de Almuñécar han sido detenidos en el marco de una operación contra el narcotráfico, en la que se arrestó a otros dos agentes de la localidad malagueña de Nerja y a un mínimo de seis personas más. La investigación la han llevado a cabo desde asuntos internos de la Benemérita, que venía siguiendo los pasos de los cuatro miembros del cuerpo desde hace tiempo.
Agentes desplazados desde Madrid a principios de semana lograron sorprender un desembarco de droga en una playa de Torrox, en Málaga, donde comenzaron las detenciones. Sin embargo, los cuatro agentes no fueron detenidos en ese momento, sino posteriormente.
En el marco de esta operación policial, que sigue abierta, se han producido también numerosos registros domiciliarios en puntos del litoral de las provincias de Málaga y Granada. Fuentes de la investigación señalaron que se esperan nuevas detenciones en las próximas horas.
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lunes, 21 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Trece años de prisión a un policía municipal por agresión sexual
Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 18/09/2009 19:03 horas
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta a un policía municipal del Ayuntamiento de Madrid a 13 años y medio de prisión por agredir sexualmente, cuando estaba de servicio, a una joven de 22 años en julio de 2004.
En un auto, al que tuvo acceso la prensa, la Sala de lo Penal acuerda la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la defensa del agente y el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de enero de 2008.
La Sección Sexta de la Audiencia madrileña consideró a Sergio M. P. responsable en concepto de autor de un delito de violación y le impuso la obligación de indemnizar a la víctima con 20.000 euros por los daños sufridos, siendo responsable civil subsidiario el Consistorio madrileño.
En el auto, el Supremo da validez al testimonio de la víctima, el cual "se refuerza con la ausencia de verosimilitud que le ofrece al tribunal de instancia la declaración del acusado" que mantuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas. Además, añade que ello está corroborado por elementos objetivos derivados de la prueba pericial.
En el juicio, el acusado sostuvo que la mujer se le insinuó tras cometer una infracción de tráfico y le llevó a un portal, donde mantuvieron, según dijo, una "relación consentida". "Entramos en un portal. Me tocó los genitales. Era una situación morbosa y excitante. Bajamos al rellano y me bajó la cremallera. Luego me sentí fatal y me fui", contó el agente, que está casado y tiene dos hijas.
La sentencia de la Audiencia daba mayor credibilidad al relato de la víctima. "La declaración de la mujer resulta verosímil, dada su contundencia y claridad. Aparece corroborada por el dato objetivo de que el semen que la testigo tenía en la cara y ropas pertenecía al procesado", explica la resolución.
Hechos probados
Durante su declaración, Ana J. dijo a la Sala que el agente le pidió los papeles y luego le pidió que se fuera con él. "Me metió en un portal y me apuntó con su arma reglamentaria", explicó entre sollozos. "Me puso la pistola a un metro de la cabeza. Con la otra mano me agarró de los pelos. Me dio un rodillazo y me obligó a hacerle una felación", contó.
La sentencia consideró probado que alrededor de las dos de la tarde del 14 de julio de 2004, el procesado se encontraba de servicio, uniformado y conduciendo una motocicleta oficial por la calle Bravo Murillo, cuando se percató de que delante de él circulaba una moto. Al detenerse ambos en un semáforo, el acusado indicó a Ana Jeanneth que se detuviera en una calle próxima.
Tras unos minutos de conversación entre los dos, el procesado, valiéndose de su condición de funcionario policial, la llevó por el brazo hacia un portal de la calle doctor Santero.
La joven se negó a ir hacia donde el acusado le solicitaba, momento en el que el procesado sacó su arma reglamentaria, con la que apuntó a la víctima "a la vez que la conminaba a bajar al sótano". La mujer volvió a negarse y el procesado le pegó un fuerte rodillazo en las piernas. Entonces, mientras mantenía el revolver en su mano, el agente le agredió sexualmente.
Los vigilantes
Detenido un policía local por colaborar con una banda de narcotraficantes
La Policía Nacional arresta al agente en el curso de una operación que se salda con 11 detenidos y 1.500 kilos de hachís intervenidos · El funcionario, instructor de tiro, pertenece a la unidad de motoristas
Fernando Pérez Ávila
Sede de la Policía Local en la Isla de la Cartuja.
Un policía local de Sevilla permanece detenido en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, en la avenida de Blas Infante, por su presunta colaboración con una banda de narcotraficantes. Este agente municipal fue arrestado a las seis de la tarde del pasado miércoles en el curso de una operación antidroga que se ha saldado por el momento con la intervención de 1.500 kilos de hachís y con las detenciones de al menos 11 personas. A la hora de cierre de esta edición, los miembros de la la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que han realizado la operación, continuaba practicando registros en algunas viviendas y no se descarta que la cifra de detenidos se eleve en las próximas horas.
Los agentes antidroga de la Policía Nacional encontraron el hachís intervenido en un almacén de La Rinconada, donde el cabecilla reside y tiene un negocio dedicado a la venta de pollos. Los responsables de esta investigación llevan aproximadamente un año investigando a este presunto traficante y a su círculo de amistades y sus contactos, hasta que el miércoles decidieron realizar las detenciones y los registros.
Entre estas pruebas está la inspección de la taquilla personal del policía local en la Jefatura de este cuerpo en la Isla de la Cartuja. La Policía Nacional solicitó al Ayuntamiento de Sevilla permiso para poder acceder a la taquilla del agente. En el registro de estas dependencias se han encontrado varios boletines de denuncia, con los que la Policía sospecha que este agente podría haber prestado algún tipo de cobertura a los narcotraficantes. También apareció un arma no reglamentaria, que este agente municipal puede manejar legalmente por su condición de instructor de tiro. Además, la Udyco ha registrado la vivienda del policía, ubicada en el distrito Macarena.
En principio, según se desprende de los primeros avances de la investigación, la participación del policía local es secundaria y se podría haber limitado a colaborar con los traficantes facilitándoles cierta información y proporcionándoles cobertura con algunos documentos. Los primeros datos apuntan a que el policía no estuvo en contacto con la droga ni se dedicó a traficar con ella. El nombre del agente municipal habría aparecido en las escuchas telefónicas practicadas a los responsables de la organización y con otros detenidos, con los que sí podría haber mantenido un contacto frecuente.
Por el momento no ha trascendido mucho más debido a que la juez encargada del caso ha decretado el secreto sobre las actuaciones. Sí se sabe que la operación no tiene relación alguna con el caso de los 150 kilos de droga desaparecidos de la Jefatura Superior de Sevilla, que esta semana se ha esclarecido con el arresto del policía nacional en excedencia Lars Sepúlveda y otras tres personas más.
El policía local detenido pertenece a la unidad de Motoristas, especializado en la regulación del tráfico. Es, además, miembro de la sección de Armamento de este cuerpo y profesor de tiro en la Academia de la Policía. En su haber tiene numerosas condecoraciones y se trata de un agente muy conocido entre sus compañeros porque pertenece a una saga de policías locales encabezada por su padre. La mayoría de los agentes de este cuerpo consultados por este periódico expresaron ayer su sorpresa por la detención de un compañero al que definen como un policía intachable con una extensa hoja de servicios.
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lunes, 14 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Tres detenidos por el robo de droga en la Jefatura de Sevilla
Uno de los arrestados es un ex agente de la Udyco de Sevilla actualmente en excedencia. Los otros dos individuos, vecinos de Coria del Río, fueron apresados en Islantilla.
efe, sevilla | Actualizado 12.09.2009 - 17:24
La policía ha detenido a tres personas, entre ellas un ex policía de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, por su presunta participación en el robo de más de cien kilos de cocaína y heroína del depósito de la Jefatura de Policía de Sevilla, descubierto el 5 de junio de 2008.
Según ha informado en un comunicado la dirección general de la Policía y la Guardia Civil, el ex policía L.S.M., de la escala básica, que estuvo destinado en la Udyco de Sevilla, está en excedencia tras haber abandonado el Cuerpo para dedicarse a la compraventa de barcos de recreo, y actualmente regenta, junto con un socio, un negocio de compraventa de motos y embarcaciones de recreo en Sevilla.
Los otros detenidos son M.A.N. y su compañera sentimental M.V.S.G., y lo han sido en su residencia de verano en Islantilla (Lepe -Huelva-), que fue adquirida por ambos en junio de 2008 por 240.000 euros, aunque su residencia habitual está en la localidad sevillana de Coria del Río. La pareja carece de actividad regular y el hombre se dedica a labores de intermediación en la compraventa de coches fuera del circuito oficial, según la nota.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, ha efectuado las tres detenciones de los dos hombres y la mujer, a los que se les acusa de haber participado activamente en el citado robo de droga y su posterior distribución y comercialización.
El juzgado de instrucción número 19 de Sevilla investiga desde junio de 2008 el robo de más de cien kilos de heroína y cocaína de los depósitos de la Jefatura Superior, en la avenida Blas Infante de Sevilla, a los que sólo tenían acceso los agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado.
Los ladrones sustituyeron la heroína y cocaína por polvo de similares características, en un robo que hasta el pasado mes de julio había motivado la puesta en libertad por orden judicial de siete presuntos traficantes que fueron detenidos con varios kilos de droga cada uno, pero los análisis posteriores mostraron que se trataba de harina y yeso.
El robo de la droga se descubrió por causalidad en junio de 2008 cuando un juzgado ordenó realizar el contra-análisis de un alijo, a petición de un abogado defensor, y la Policía descubrió que la droga había desaparecido o había sido sustituida.
El departamento de Asuntos Internos de la Policía se hizo cargo de la investigación del robo y las pesquisas se centraron en los propios agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), que son los encargados de custodiar los alijos en la Jefatura de Policía de Sevilla. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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viernes, 11 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Detienen a un inspector descubierto con una prostituta en el coche policial
* La prostituta le ha denunciado por coacciones y amenazas.
* El policía estaba estaba de servicio y se hallaba uniformado.
EFE. 10.09.2009
Un inspector de la Policía Nacional de Ceuta ha sido arrestado por sus propios compañeros cuando fue sorprendido estando de servicio en el interior de un vehículo policial con una prostituta, quien ha denunciado además a este policía por un presunto delito de coacciones y amenazas. El inspector de policía ejercía en esos instantes como coordinador del servicio
Según han informado fuentes policiales, los hechos se produjeron ayer, cuando el inspector fue descubierto por funcionarios de la Jefatura Superior de la Policía en Ceuta haciendo uso de los servicios de una prostituta, de nacionalidad marroquí, en las inmediaciones del Monte Hacho, en el extrarradio de la ciudad.
El inspector de policía, que ejercía en esos instantes como coordinador del servicio, estaba en el interior del vehículo policial y se hallaba uniformado.
Abiertas diligencias
El inspector, que lleva pocos meses destinado en Ceuta, ha sido denunciado por la prostituta por presuntas coacciones y amenazas para mantener relaciones con él.
El caso ha sido puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ceuta, según las fuentes. Por el momento, la Jefatura Superior de la Policía de Ceuta ha abierto unas diligencias internas para esclarecer los hechos.
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miércoles, 9 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Suspendido durante tres años de empleo y sueldo en sus funciones como agente de la Policía Local por pegar dos puñetazos en la cara a una conductora. La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha acordado aplicar una «fuerte sanción» a un efectivo de las fuerzas municipales de seguridad que fue declarado culpable de agresión por el juzgado de lo Penal número 1. Los hechos, que en la sentencia se consideran probados, tuvieron lugar el 2 de agosto de 2007 en la avenida de Castilla.
La mujer circulaba en su vehículo procedente del Hospital de Cabueñes, donde le acababan de notificar que padecía un cáncer. En la calle del Pintor Antonio Suárez, la mujer debió realizar un giro para esquivar un vehículo que estaba inmovilizado en su carril. En ese momento, un motorista comenzó a increparla y a seguirla a gran velocidad.
Al llegar a la avenida de Castilla, la mujer detuvo su coche en un semáforo. Tenía la ventanilla abierta. El motorista, un agente en ese momento vestido de calle, metió el brazo por el habitáculo y le propinó dos fuertes puñetazos, rompiéndole la nariz y ocasionándole importantes lesiones.
El agresor se dio a la fuga rápidamente, si bien la herida pudo retener la matrícula. La sorpresa fue mayúscula cuando acudió a la Comisaría para interponer la denuncia y se enteró de que el individuo que le había golpeado violentamente era agente de la Policía Local.
El juicio se celebró el juzgado de lo Penal número de 1. Fue condenado a un año de prisión. El recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) evitó que el gobierno municipal interpusiese antes la sanción disciplinaria.
El hombre alegó en su declaración, primero ante el Cuerpo Nacional de Policía y más tarde ante el juez instructor, que había pegado a la mujer porque se vio obligado a apoyar los pies en el suelo para evitar caerse desde su motocicleta a consecuencia de una maniobra que la mujer no señalizó de forma correcta. Dijo además que la mujer le había insultado y faltado al respeto.
martes, 8 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Un guardia civil mata a tiros a su mujer en Valencia
El agente, de 39 años y sin denuncias por maltrato, residía en Utiel y empleó su arma reglamentaria.- Está detenido y pasará a disposición judicial en Requena
AGENCIAS - Valencia - 08/09/2009
Una mujer de 30 años murió la pasada noche tras recibir varios disparos presuntamente efectuados por su marido, un agente de la Guardia Civil que reside en la localidad valenciana de Utiel, según han confirmado fuentes del Instituto Armado. Los hechos se produjeron sobre las 22.00 horas de anoche en el domicilio de la pareja, durante un altercado en el que el agresor empleó su arma reglamentaria. El detenido, de 39 años y sobre el que no constan denuncias anteriores por violencia machista, pasará en las próximas horas a disposición de los juzgados de Requena.
El agresor estaba en activo en el cuerpo de la Benemérita aunque había estado una temporada de baja médica, según ha manifestado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, tras la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Almoradí (Alicante). Aun así, Peralta no ha especificado el motivo por el que el guardia civil precisó de baja médica durante un tiempo, aunque ha aclarado que no se tenían indicios que apuntaran la posibilidad de que ocurriera el crimen, según informa EFE.
Debido a que se encuentra en activo, este agente disponía de su arma reglamentaria, según el delegado del Gobierno, quien acompañaba en la inauguración al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Peralta ha condenado este último episodio de violencia machista y ha comentado que actos tan "repudiables" únicamente "servirán para reforzar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad" contra esta lacra.
"Una pareja feliz"
Los vecinos de Utiel que conocían a la pareja han mostrado hoy su estupor y desconcierto ante la noticia, ya que han asegurado que formaban "una pareja feliz". Personas que residen cerca del domicilio familiar donde ocurrieron anoche los hechos han declarado hoy a EFE-Televisión que se enteraron de lo ocurrido cuando estaban en la feria o en un festejo que se celebraba en la plaza de toros, ya que la población está en plena celebración de las fiestas patronales.
Tras conocerse lo ocurrido, comenzaron a llegar al lugar de los hechos numerosos vecinos que no daban crédito a lo ocurrido ya que, según han manifestado, ambos eran dos personas muy educadas y normales. Las familias de ambos son "muy conocidas", ha dicho una vecina, ya que el padre del agresor fue también Guardia Civil en Utiel y vive allí jubilado.
La víctima, de 30 años y de nombre Inma, era natural de esa localidad valenciana, y trabajaba de dependienta en dos fruterías, en el centro de la ciudad, ambas del mismo propietario. La fallecida, cuyo cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Valencia, vivía junto a su marido en la planta baja de una casa propiedad de los padres de ella, según han relatado los vecinos.
La fallecida en Utiel es la víctima mortal número 40 de violencia machista en España en lo que va de año y la tercera del presente mes de septiembre, tras las muertes de dos mujeres en Vélez-Rubio (Almería) y Ondara (Alicante).
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lunes, 7 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Detenido un policía por darle una paliza a otro y huir del lugar
La víctima regresaba a su casa tras una noche de servicio y resultó herido por los golpes que le propinó un agente de La Zubia que volvía de marcha
P. M. Una broma que degenera en altercado y al final acaba con una agresión grave. Una secuencia de tres pasos que suele repetirse con cierta frecuencia después de una noche de marcha. Ayer se repitió por la mañana en las inmediaciones de la calle Sancho Panza (barrio de Cervantes), pero con varios matices que lo convirtieron en un incidente muy peligroso. Un policía local de La Zubia –A.J.G.G.– ha sido detenido como presunto autor de la agresión que llevó al hospital a otro policía, en este caso nacional, con varias heridas en la cabeza, cuello y mandíbula. Junto al agente municipal hay detenido otro joven, J.J.S.M., que también participó en la trifulca, aunque al parecer no intervino en la agresión directa. Ambos huyeron del lugar del incidente dejando al policía nacional herido, según han confirmado fuentes relacionadas con ambas partes.
Ayer, al cierre de esta edición, los detenidos permanecían en los calabozos de la Policía Nacional, a la espera de pasar a disposición judicial.
Las versiones que han ofrecido los detenidos y la víctima varían en detalles importantes pero concuerdan en la forma en que sucedieron los hechos. El incidente ocurrió a primera hora de la mañana, al lado de la calle Sancho Panza. El policía local de La Zubia –fuera de servicio– y su amigo regresaban de una noche de marcha que culminaron en una discoteca de la capital. A esa hora también regresaba a casa un policía nacional que había estado toda la noche de patrulla por la capital.
Los dos coches se encontraron en el barrio de Cervantes. El agente nacional fue elegido por A.J.G.G. y J.J.S.M. para gastarle una broma. Desconocían que era policía porque iba vestido de paisano. La intención de mofarse del conductor era evidente, y ha sido reconocida por los detenidos, según ha confirmado este periódico de fuentes de su entorno. La víctima, por su parte, relata que los dos jóvenes lo abordaron de esta forma:
– "¿La calle Primavera?", preguntaron los ahora arrestados.
– "Seguid recto", contestó el policía nacional.
– "Recto no podemos porque hay una rotonda".
– "Haced la rotonda hasta que os encontréis el Instituto Andaluz de Astrofísica", precisó.
– "¿Y eso qué es?", insistieron.
Así intercambiaron varios comentarios hasta que el policía nacional, cansado de la burla, les dijo que llevaba "toda la noche trabajando" como para aguantar ahora esas tonterías. La versión de la víctima es que, acto seguido, los jóvenes siguieron con la broma añadiendo un comentario sexual que desencadenó en el enfrentamiento personal. Se bajaron del coche y uno de ellos abrió el maletero del coche para sacar "una barra de hierro" con la que se dirigió directamente al policía nacional con la intención de agredirlo en varias ocasiones.
La reacción antes de recibir los golpes fue "sacar la placa y el carné de policía y la pistola" reglamentaria que guardaba en una riñonera, "identificándose" como agente y pidiendo a los jóvenes –uno de ellos funcionario de policía– que dejaran la barra y se alejaran. No solo no le hicieron caso, sino que le agredieron en la cabeza. En las diligencias policiales que se enviarán al juez así consta. "Cuatro estacazos, tres de los cuales requirieron de puntos de sutura, y el cuello y la mandíbula inflamados por el hematoma", relata un policía nacional que conoce el caso.
Las fuentes relacionadas con la víctima no han podido precisar quién de los dos detenidos fue el que atacó con la barra –que no ha aparecido– al funcionario, pero uno de los implicados reconoció a un familiar que el presunto autor de los golpes en la cabeza fue el policía local de La Zubia A.J.G.G. Otras fuentes policiales recalcaron ayer el malestar y la indignación que se respira en la Jefatura Superior de Policía Nacional por el hecho de que el presunto agresor haya sido un agente de la autoridad que, además, huyó del lugar junto a su amigo una vez concluyeron la paliza.
La otra versión. La explicación de los detenidos es distinta. Reconocen el enfrentamiento pero niegan el uso de una barra de hierro y reprochan que nada más encararse con el agente, éste "sacara una pistola" para decirles que se alejaran de él. De ahí –según indican– que se pusieran nerviosos al desconocer si era un agente de verdad o un hombre que los pretendía intimidar. Además, el policía local dijo, según las fuentes, que el arma "era simulada", convicción que fue aprovechada, junto a un despiste del policía nacional, para que J.J.S.M. se abalanzara sobre el arma "con la intención de inmovilizarla". Después llegaron los golpes en la cabeza.
Dos versiones de la agresión distintas pero que coinciden en varios extremos: que un policía local de La Zubia intervino en una presunta agresión que ha dejado malherido a un policía nacional del que previamente se había burlado junto a un amigo. Y después abandonaron el lugar con dirección a su casa.
La víctima y una vigilante lograron reconocer la matrícula del vehículo en el que huyeron los jóvenes. En menos de una hora fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. El herido fue atendido de las lesiones en el hospital y se recupera de las heridas en su domicilio.
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jueves, 3 de septiembre de 2009
Los vigilantes
Arrestado un policía en A Coruña por agredir a agentes locales en un control y enfrentarse a sus compañeros
Autor:
La Voz
Un agente perteneciente al Grupo de Intervención Rápida de la Policía Nacional con sede en A Coruña pasó ayer a disposición judicial después de haber protagonizado un grave incidente en la madrugada del sábado. El hombre terminó detenido después de agredir a varios agentes de la Policía Local coruñesa, enfrentarse con dos compañeros que acudieron a socorrer a los municipales y, cuando fue trasladado a un centro médico para ser atendido de algunas heridas, causar un grave altercado. El detenido acudió ayer al juzgado de guardia, donde reconoció los hechos ante el juez, que lo puso en libertad.
Según fuentes judiciales, el arrestado conducía su automóvil cuando fue detenido en un control de la Policía Local en las calles coruñesas. Tras un intercambio de palabras con los agentes, el detenido se identificó como policía nacional y comenzaron las agresiones. Ante estos hechos, los municipales decidieron pedir refuerzos al 091, que envió una patrulla para comprobar la identidad del supuesto agresor.
También con estos últimos tuvo sus más y sus menos el arrestado, enfrentándose a sus compañeros, que lograron tranquilizarlo y llevarlo, en calidad de detenido, al centro médico de la Casa del Mar, donde el agente detenido también volvió a protagonizar un grave incidente.
Fuentes policiales afirman que el asunto se tratará de forma interna por parte del Cuerpo Nacional de Policía. Judicialmente, la causa seguirá las vías habituales.
El detenido resultó herido en la pelea mantenida con los municipales. Los agentes, al reducirlo, le causaron leves lesiones en el rostro y, sobre todo, en una pierna.
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Los vigilantes
Un joven afirma que agentes de la Guardia Civil le agredieron por hablar en catalán
EV Diario de Mayorca
La oficina de derechos lingüísticos de la Obra Cultural Balear (OCB), respaldó ayer la denuncia de un joven, Iván Cortés, quien sostiene que el pasado 7 de agosto fue agredido físicamente por agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Son Sant Joan por dirigirse a ellos en catalán.
El propio Cortés, acompañado por el coordinador de la OCB, Tomeu Martí, relató en rueda de prensa que el pasado 7 de agosto, al pasar junto a su novia por el control de pasajeros del aeropuerto para viajar a Londres, dos guardias civiles les pararon y les solicitaron la documentación. Según Cortés se la entregaron y se dirigieron en catalán a los miembros de la Benemérita, hasta que uno de ellos le dijo que le hablara "en español". El joven, según su denuncia, contestó en castellano y el guardia civil se dirigió a él amenazándole "de manera explícita".
Cortés afirma que, al no entender lo que le decía el guardia civil, le preguntó "cómo dice?" para que se lo repitiera. Entonces, "entre tres agentes" le condujeron a "un cuartito" y, antes de cerrar la puerta, le "pegaron en la cabeza, después en la boca, que me hizo sangrar, y por último me dieron otro golpe en el estómago".
"Tras la agresión, me explicaron que había sido una falta de respeto hablarles en catalán, que ellos estaban allá para protegernos", relató Cortés. Añadió que tras los golpes entraron otros dos guardias civiles más y preguntaron qué había pasado. "Uno de ellos respondió que el chaval le ha hablado en catalán y al cabo se le ha ido la mano", aseguró Cortés.
Precisó que, tras interrogarle, un guardia civil le notificó que le había denunciado "por alteración de orden público", si bien no le dieron copia de la denuncia. Cortés y su acompañante lograron coger el avión y, una vez en Londres, fueron a un hospital, donde se le efectuó un informe médico de las lesiones. A su regreso de Londres, acudió a la Policía Nacional y al juzgado de instrucción numero 4 para interponer una demanda por lo ocurrido.
El coordinador de la OCB calificó de "terriblemente graves estos hechos" que, según sostuvo, "la OCB ha comprobado en la medida de lo posible". Agregó que, dado que en el aeropuerto hay cámaras de vigilancia, "se podrán comprobar".
Para Martí, "el responsable político de estos hechos es el delegado del Gobierno, Ramón Socías, ya que es la persona que ha sido incapaz de evitar que se llegara a este punto". En este sentido, consideró que "la falta de respuesta" de Socías a "otros actos discriminatorios contra el catalán" ha provocado que "se llegaran a producir estos hechos injustificables".
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lunes, 31 de agosto de 2009
Los vigilantes
Cuatro años de cárcel para un mosso que estafó a decenas chinos prometiéndoles papeles
Les prometía conseguirles el permiso de residencia a cambio de 3.000 euros por persona
EFE - Berlín - 31/08/2009 13:31
La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años de prisión a Gaietà Martínez, un agente de los Mossos d'Esquadra que estafó a decenas de inmigrantes chinos, a los que prometió conseguirles el permiso de residencia a cambio de 3.000 euros por persona cuando estaba de excedencia del cuerpo, en 2007.
En la sentencia, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona condena al mosso d'esquadra por un delito continuado de estafa, por el que también le impone una multa de 1.800 euros y el pago de 103.500 euros a las víctimas de la estafa.
El tribunal considera probado que el acusado, que cuando ocurrieron los hechos estaba en excedencia, aprovechó los contactos que había hecho con los inmigrantes chinos gracias a su labor como sargento en la comisaría de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para engatusar a sus víctimas prometiéndoles que les conseguiría los papeles.
De esta manera, el agente consiguió que una intermediaria de los inmigrantes sin papeles le entregara 103.500 euros como un anticipo para obtener la documentación, que los estafados nunca recibieron.
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jueves, 27 de agosto de 2009
Los vigilantes
Detenido un policía de Orihuela por calumniar a 11 compañeros en un blog
* Decía que el cuerpo era "sectario y corrupto".
* También había opiniones calumniosas e injuriosas.
* CONSULTA MÁS NOTICIAS DE ALICANTE.
EUROPA PRESS. 26.08.2009
Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han detenido a un policía local de Orihuela como presunto autor de un delito de injurias y calumnias graves cometido contra 11 compañeros de este cuerpo, a través de internet, según ha informado la Policía en un comunicado.
Las autoridades bloquearon el acceso al blog y borraron todos sus contenidos
Los agentes se encargaron de la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por 11 miembros de la Policía Local de Orihuela en el juzgado de instrucción número tres, en la que manifestaban haber sido víctimas de un presunto delito de injurias y calumnias graves, por escrito y con publicidad, contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus respectivos cargos y realizadas en un blog por una persona o personas desconocidas.
Según la denuncia, las opiniones calumniosas e injuriosas se referían unas de forma personal a los denunciantes y otras de forma genérica al Cuerpo de Policía Local de Orihuela, al que tachaban de funcionamiento "sectario y corrupto".
Las expresiones, según explica el comunicado, fueron vertidas por un usuario y divulgadas a través de un mismo servidor, por lo que, las investigaciones se centraron en localizar la dirección IP del autor de los hechos, el bloqueo o cierre inmediato del blog, el borrado de todos sus contenidos y su localización.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo y concluyeron ayer con la detención de J.R.C., acusado de un delito contra el honor y la intimidad y que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
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martes, 18 de agosto de 2009
lunes, 17 de agosto de 2009
Los vigilantes
Una familia uruguaya, arrestada por error, denuncia que los Mossos los maltrataron
* Les confundieron con los atracadores de una entidad bancaria.
* Cuando bajaron del coche los esposaron y les apuntaron con pistolas.
* El hijo cuenta que los agentes les dijeron que si no querían que este "error" se hubiese producido, "deberían haberse quedado en su país".
EFE / VÍDEO: ATLAS. 17.08.2009
Una familia uruguaya residente en Canet de Mar (Barcelona) ha denunciado a los Mossos d'Esquadra por lesiones y maltratos después de que el pasado 14 de agosto agentes de este cuerpo detuvieran al padre, a la madre y al hijo de la familia por error, al confundirles con los atracadores de una entidad bancaria.
Actuaron de una forma muy agresiva
Los tres miembros de la familia Echeveste se dirigían al hospital en coche cuando varias dotaciones de los Mossos les detuvieron en la carretera y les trasladaron a comisaría, donde comprobaron que la familia no tenía ninguna implicación en el robo a mano armada del que se les acusaba.
Según consta en la denuncia, que han hecho llegar al juzgado número 2 de Mataró, los agentes interceptaron el coche y obligaron a bajar del vehículo a sus tres ocupantes para, seguidamente, esposarlos y apuntarles con pistolas.
"Basura"
"Actuaron de una forma muy agresiva", ha denunciado la madre de la familia Echeveste, Mariela, quien ha subrayado el trato vejatorio que recibieron de los Mossos.
Su hijo de 20 años, Michael, ha explicado que los agentes reaccionaron de forma xenófoba hacia su familia, al llamarles "basura" y decirles que si no querían que este "error" se hubiese producido, "deberían haberse quedado en su país".
Según los Mossos, el trato "duro" que recibieron fue "proporcional" al delito que se les imputaba
Los Mossos d'Esquadra retuvieron a los tres miembros de esta familia en una comisaría de Mataró durante algunas horas hasta que, tras las comprobaciones pertinentes, les dejaron en libertad al corroborar que no tenían ninguna relación con el suceso.
Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado que el trato "duro" que recibieron los detenidos fue "proporcional" al delito que inicialmente se les imputaba.
El padre de familia, Eduardo, ha lamentado que los agentes no se disculparan tras constatar su error, mientras que los Mossos aseguran que pidieron disculpas en el mismo momento en el que se constató la equivocación.
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Los vigilantes
Cárcel para un guardia civil por matar a un hombre al confundirlo con un atracador
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I. R. T. | VALENCIA
Aquella noche de Febrero de 2003 Lorenzo Alberola estaba fumando una papelina con un amigo en un descampado a las afueras de Cullera. Los destellos de su coche en la oscuridad atrajeron la atención de una patrulla de la Guardia Civil, en alerta tras haber recibido el aviso de que minutos antes dos hombres armados habían atracado una gasolinera cercana.
Los agentes pensaron que eran los atracadores. Las sospechas se dispararon cuando al acercarse, vieron cómo los dos hombres se montaron en el coche e iniciaron la marcha. Fue entonces cuando uno de los agentes, Guillermo Quirós, descendió a toda prisa del coche patrulla, alcanzó el vehículo, golpeó la ventanilla y ordenó descender a los ocupantes. Llevaba la pistola lista para disparar. Sin seguro. Minutos después, Lorenzo Alberola caía al suelo fulminado por una bala que le atravesó la cabeza cuando se resistía a obedecer al agente que, tras cachearle, le ordenó que se tumbara en el suelo. No era atracador. Murió cuatro días después. Vivía en Gandía. Tenía 42 años. Estaba casado y era padre de una niña de cuatro años.
Desatención grave
El guardia civil que le mató fue juzgado en 2008 por la Audiencia de Valencia, que no apreció delito y le condenó a pagar una multa de 900 euros por una falta de imprudencia leve. Entendió que el agente infravaloró el peligro del que era portador, pero apreció sólo falta y no delito porque consideró que la víctima con su «reacción resistente y forcejante coadyuvó a su propia muerte».
«Resistirse a tumbarse en el suelo no crea riesgo alguno para la propia vida ni intensifica el que resulta del imprudente proceder del agente», replica ahora el Tribunal Supremo (TS), que corrige esa resolución. Mantiene que el guardia civil es culpable de un delito de imprudencia grave y profesional con resultado de muerte y le condena a un año de prisión. Para el TS hay un elemento decisivo en la secuencia de hechos: y es que cuando el agente forcejea con el sospechoso para lograr que se tumbe en el suelo ya sabe que no va armado porque segundos, antes, también forcejeando, le ha cacheado.
Dice el Supremo que el agente actuó correctamente cuando se acercó a los dos sospechosos con su arma preparada para disparar; pero añade que el guardia civil incurrió en una «grave desatención de los deberes objetivos de cuidado hasta ese momento púlcramente observados» y que cuando sujetó al sospechoso por los hombros con las dos manos debió «guardar la pistola o ponerle de nuevo el seguro».
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jueves, 13 de agosto de 2009
sábado, 1 de agosto de 2009
Los vigilantes
Detenidos cinco vigilantes de seguridad por cuatro asaltos con fuerza e intimidación
Actualizado viernes 31/07/2009 10:20 horas
Agentes de la Policía Nacional de Sevilla adscritos al Grupo de Atracos, conjuntamente con efectivos de la Comisaría de Dos Hermanas, han detenido a cinco vigilantes de seguridad, integrantes de una banda organizada que se dedicaba a cometer asaltos en las empresas donde trabajaban.
Según ha explicado hoy el Ayuntamiento, las pesquisas se iniciaron a raíz de la comisión de dos robos con intimidación con arma de fuego; uno en un aparcamiento de un centro comercial de Sevilla y otro en un supermercado en Dos Hermanas.
Los dos hechos, según el Consistorio, cumplían con un idéntico patrón delictivo, por lo que los agentes comenzaron a sospechar de que la información necesaria para ejecutar los robos podría haber partido de algún empleado.
Tras varios meses de investigaciones, los agentes han determinado la participación de los detenidos en cuatro asaltos cometidos en los últimos meses; dos robos con intimidación con arma de fuego, un robo con fuerza, además de hurto.
Los cinco detenidos son Luis C. C, de 38 años y con una detención anterior por un delito contra la salud pública; José María G. V, de 41 años, sin antecedentes; Manuel M. J, de 36 años y once detenciones anteriores por delitos violentos, contra el patrimonio y tenencia ilícita de armas; Manuel G. N, de 47 años, sin antecedentes e Israel E.R.C, de 35 años y sin antecedentes.
Según la Policía, los detenidos se valían de sus conocimientos y condición de vigilantes de seguridad en los lugares asaltados para favorecer sus robos ya que conocían de primera mano dónde se hallaban las cajas fuertes y los sistemas de seguridad de que estaban dotadas, así como otra información vital y medios necesarios para tratar de cometer impunemente los delitos.
Los presuntos autores se desplazaban en un ciclomotor y actuaban ocultando sus rostros bajo cascos integrales de motoristas y pasamontañas.
En los dos primeros asaltos emplearon armas de fuego como medio intimidatorio y utilizaron los grilletes de los vigilantes que se encontraban en el lugar para maniatarles aprovechando en ocasiones que alguno de los encartados se encontraba de servicio en el momento del robo.
Los vigilantes están acusados del atraco con arma de fuego cometido en un supermercado de Dos Hermanas en diciembre de 2008 y de otro asalto cometido en enero de 2009 en un aparcamiento de un centro comercial de Sevilla capital.
Además, están acusados de robar 450 metros de cable de cobre y 100 litros de gasoil de una subestación eléctrica ubicada en la provincia de Sevilla y sustraer en junio de este año un ciclomotor de un aparcamiento de un centro comercial de Sevilla.
En el curso de la investigación se han practicado dos registros domiciliarios que han permitido la intervención de un revólver, una pistola, una carabina de aire comprimido, 400 cartuchos de diferentes calibres y varios pasamontañas y cascos integrales de motorista.
Tramitadas las diligencias policiales los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quién ha decretado el ingreso en prisión para Luis C.C, José María G.V y Manuel M.J. EFE
lunes, 27 de julio de 2009
Corrupción !!!
«Todos los políticos reciben regalos», Rita Barberá, 2009 (AP-PP).
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
El franquismo fascista, impuso la corrupción, como forma de hacer en la actual "democratica españa".
La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista fascista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta.
En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad.
Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.
30 años despues, la corrupción politica, economica y social siguen mas activas que nunca.... "De aquellos polvos, estos lodos":
Caso del aceite de colza, Caso Flick, Caso KIO, Caso Wardbase, Caso de los fondos reservados, Caso Rumasa, Caso Filesa, Caso Ave, Caso Seat, Caso Osakidetza, Caso tragaperras, Caso Cesid, Operación Mengele, Caso Guerra, Caso Casinos, Caso Ibercorp, Caso Urbanor, Caso Sarasola, Caso Urralburu, Caso Bardellino, Caso Godó, Caso BFP, Caso Gran Tibidabo, Caso Estevill, Caso Turiben, Caso Salanueva, Caso Expo'92, Caso Roldán, Caso Paesa, Caso Banesto, Caso Palomino, GAL, Caso Naseiro, Caso PSV, Caso Hormaechea, Caso de la minería, Caso Soller, Caso Zamora, Caso Pallerols, Caso Villalonga, Caso Tabacalera-Alierta, Caso del Lino, Caso Forcem, Caso Gescartera, Caso Fabra, Caso Afinsa y Fórum Filatélico, Caso de las facturas falsas, Caso Montilla, Caso Planells, Caso Faycán, Operación Góndola, Caso Eólico, Operación Brisan, Caso González Arroyo, Corrupción urbanística (decenas de casos, esparcidos por todo el estado español), etc....
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
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Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
El franquismo fascista, impuso la corrupción, como forma de hacer en la actual "democratica españa".
La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista fascista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta.
En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad.
Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.
30 años despues, la corrupción politica, economica y social siguen mas activas que nunca.... "De aquellos polvos, estos lodos":
Caso del aceite de colza, Caso Flick, Caso KIO, Caso Wardbase, Caso de los fondos reservados, Caso Rumasa, Caso Filesa, Caso Ave, Caso Seat, Caso Osakidetza, Caso tragaperras, Caso Cesid, Operación Mengele, Caso Guerra, Caso Casinos, Caso Ibercorp, Caso Urbanor, Caso Sarasola, Caso Urralburu, Caso Bardellino, Caso Godó, Caso BFP, Caso Gran Tibidabo, Caso Estevill, Caso Turiben, Caso Salanueva, Caso Expo'92, Caso Roldán, Caso Paesa, Caso Banesto, Caso Palomino, GAL, Caso Naseiro, Caso PSV, Caso Hormaechea, Caso de la minería, Caso Soller, Caso Zamora, Caso Pallerols, Caso Villalonga, Caso Tabacalera-Alierta, Caso del Lino, Caso Forcem, Caso Gescartera, Caso Fabra, Caso Afinsa y Fórum Filatélico, Caso de las facturas falsas, Caso Montilla, Caso Planells, Caso Faycán, Operación Góndola, Caso Eólico, Operación Brisan, Caso González Arroyo, Corrupción urbanística (decenas de casos, esparcidos por todo el estado español), etc....
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
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domingo, 26 de julio de 2009
Los vigilantes
REPORTAJE
Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
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Resultado 140 votos
Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
230 agentes en prisión
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los asuntos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico
Crecen los casos de tráfico de influencias, según el Ministerio del Interior
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
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Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
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Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
230 agentes en prisión
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
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Los asuntos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico
Crecen los casos de tráfico de influencias, según el Ministerio del Interior
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
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martes, 21 de julio de 2009
viernes, 17 de julio de 2009
Los vigilantes
por su presunta implicación en la operación para alijar 3,5 toneladas de hachís
El Juez decreta prisión para los dos guardias civiles implicados en una red de narcotráfico por cohecho
10.07.09 - 20:49 -
EUROPA PRESS |
ALMERIA
El juez que instruye las diligencias contra los dos guardias civiles detenidos por su presunta implicación en una red de narcotráfico de hachís desde el Magreb ha ordenado a primera hora de la tarde de hoy su ingreso en prisión tras tomarles declaración durante más de tres horas en dependencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Roquetas de Mar (Almería).
El auto que dicta la prisión provisional para ambos agentes, adscritos al Servicio Marítimo y con una dilatada trayectoria en el Instituto Armado, considera que podrían haber incurrido con su actuación en presuntos delitos de cohecho, omisión de deber de perseguir delitos y contra la salud pública, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El arresto de los dos guardias civiles, sobre los que se había abierto investigación hacia meses que llevó al registro por orden judicial de sus domicilios, se produjo el pasado miércoles después de una operación contra el narcotráfico de hachís desarrollada el día 4 y que se saldó con la detención de seis individuos, así como la aprehensión de 3,5 toneladas de hachís.
Las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera y las abiertas por el juez encargado de la causa contra ambos efectivos del Servicio Marítimo permitió hallar indicios que apuntaban a su posible participación en la trama que también ha derivado en prisión provisional para Antonio F.D. y Francisco R.L., vecinos de Adra y Berja, respectivamente, así como a Abdelkarim Sbihi M., Karim Arim B. Rachid B. y Ousmane D.
Los dos guardias civiles, cuya identidad no ha trascendido, han pasado dos días en los calabozos de la Comandancia de Almería hasta que, a mediodía de hoy, eran trasladados a las dependencias judiciales de Roquetas de Mar donde han comenzado a prestar declaración pasadas las 13,30 horas y hasta poco antes de las 17,00 horas.
La operación que permitió abortar el alijo de 3.500 kilos de hachís en la desembocadura del Río Almanzora, en la comarca del Levante almeriense se activó en la madrugada del pasado día 4 al detectar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) la presencia de una lancha neumática que navegaba rumbo al litoral de levante provincial.
Una vez la embarcación, de 14 metros de eslora y dotada de tres motores de 250 caballos de vapor, tocó tierra en la desembocadura del Río Almanzora, los agentes observaron como varios individuos desembarcaban y comenzaban a trasladar los 107 fardos de arpillera desde la orilla a dos furgonetas estacionadas en las inmediaciones de la playa.
Las patrullas de tierra implicadas durante el dispositivo lograban minutos después de abortar el alijo y arrestaban a los participantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia.
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Los vigilantes
LA ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES SE PRESENTA COMO ACUSACION.
Denuncian a guardias civiles por repartirse ropa intervenida
Está implicado en el caso un alto mando del puesto de Talarrubias.Las prendas fueron retiradas hace cuatro meses en el mercadillo.
04/06/2009 EUROPA PRESS
Prendas intervenidas en un mercadillo, en una imagen de archivo.
Foto:EL PERIODICO
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una denuncia disciplinaria contra agentes del puesto de Talarrubias porque en vez de acatar una orden judicial que ordenaba la destrucción de prendas de ropa intervenidas en una operación, se la repartieron entre los agentes, sus familiares y vecinos.
La ropa fue intervenida en 2005 en el mercadillo semanal de Talarrubias. En total se retiraron 25 cajas de ropa con marca falsificada, que sumaban en total unas 750 prendas de vestir y se detuvo a su propietario por un delito contra la propiedad industrial. A finales de 2008 un juzgado de Herrera del Duque ordenó su destrucción. Sin embargo "en lugar de acatar la orden judicial, la ropa ha sido repartida", según indica la asociación, que destaca que la Guardia Civil está investigando este asunto mediante la apertura de una investigación interna.
La AUGC se teme que el asunto quede "minimizado y que todo quede en algo anecdótico", señala debido a que sus miembros tienen sospechas de que "la cadena de mando estaría bastante implicada". Se trata de una sospecha que fundamentada en que "no toman declaración a testigos directos y a otros testigos le toman la declaración por teléfono". Esta situación ha provocado, según señala AUGC, que en el puesto de Talarrubias "se está viviendo con una gran tensión", ya que de 11 componentes cuatro se encuentran de baja psicológica, así como la esposa de uno de ellos, "que junto a su marido han sufrido amenazas e insultos tras prestar declaración", asegura la asociación.
Ahora se esta a la espera de que se abra expediente por la denuncia disciplinaria interpuesta en la que imputaban cuatro faltas muy graves al comandante del Puesto de Talarrubias, en las que AUGC se ha personado como acusación popular.
El citado mando habría reconocido haber utilizado un remolque recuperado de un robo, que se encontraba en depósito, y que lo matriculó con placas oficiales PGC por su cuenta y sin autorización de la Comandancia. La AUGC no entiende que después de cuatro meses desde que se denunciaron estos hechos, aún no se hayan tomado medidas disciplinarias y se esté permitiendo que el puesto de Talarrubias se convierta en "una bomba de relojería a punto de estallar" y no se priorice en atajar este tipo de comportamientos en la Guardia Civil.
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Los vigilantes
Imputan al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara por blanqueo de dinero
Juan Miguel Castañeda, jefe de la Guardia Civil en Guadalajara. | Guadalajara Dos Mil
Raúl Conde | Agencias | Madrid
Actualizado viernes 17/07/2009 12:53 horas
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de varios delitos relacionados con una red de blanqueo de dinero y narcotráfico.
El jefe de la comandancia fue citado a declarar el pasado miércoles ante el juez en relación con la 'operación Dorado', en la que está implicado el histórico contrabandista gallego Marcial Dorado, confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional.
El juez Grande-Marlaska imputa al teniente coronel por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de la comandancia de Guadalajara quedó en libertad. Tanto ayer como hoy ha acudido a su puesto de trabajo con normalidad.
Según informó La Voz de Galicia el pasado miércoles, Castañeda estaría implicado en una supuesta campaña contra el juez José Antonio Vázquez Taín, vinculada a la lucha de este magistrado contra las organizaciones de narcos gallegos.
Además de Juan Miguel Castañeda han quedado imputados un conocido narcotraficante de Arosa llamado Marcial Dorado; José Manuel Sánchez Zabala, ex guardia civil; y Eugenio Fontenla, funcionario del Servicio de vigilancia Aduanera destinado en Vigo.
En concreto, Marlaska decretó el pasado 2 de abril el ingreso en prisión de Dorado, su hija y un tercer cabecilla de la red llamado Eduardo M. Tras tomarles declaración, el juez les acusó de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y contra la hacienda pública.
La operación se inició el pasado 30 de marzo y finalizó hoy con la detención de un total de diez personas, entre ellas el citado 'narco'. Según el auto dictado en esa fecha por el magistrado, las empresas controladas por el narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúlde construyeron diversas embarcaciones "de forma clandestina" para su utilización en operaciones de tráfico de droga.
El juez cree que desde la década de los 90 Marcial Dorado constituyó "una importante red de sociedades", algunas de ellas en paraísos fiscales, y todas ellas con cuentas abiertas en Suiza. En España destaca la empresa considerada "buque insignia" del narcotraficante arousano, Programallo S.A., a través de la cual, "con el fin de aflorar las ganancias ilícitas, "se adquieren diversos bienes inmuebles". En concreto, entre junio de 1998 y el mismo mes de 2003, se constatan ocho préstamos a favor de Programallo por una cantidad aproximada de 21 millones de euros.
El origen del "complot" contra el juez Vázquez Taín sería la intervención de 6.000 kilos de cocaína en el "South Sea". La trama incluiría el uso de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Benemérita), utilizada presuntamente para presentar denuncias hacia la Fiscalía Anticorrupción amañadas. El auto judicial mantiene que Castañeda y el resto de altos cargos habría cobrado por facilitar documentos oficiales originales utilizados para estos fines.
El jefe de la guardia Civil en Guadalajara era entonces agregado en la embajada de españa en Rabat, la capital de Marruecos, país en el que estuvo ocho años, hasta su incorporación en 2006 a su destino en Guadalajara; a lo largo de su carrera profesional también estuvo adscrito al servicio de seguridad de la Casa del Rey.
Hasta el momento, el teniente Castañeda no ha presentado la renuncia a su puesto. Tampoco ha sido cesado ni inhabilitado cautelarmente. Castañeda, a través de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil, ha rechazado hacer declaraciones.
La AUGC pide su cese
Sin embargo, ya hay voces que se han levantado contra la posición en la que ha quedado el jefe de la Comandancia de Guadalajara. El secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Guadalajara, José Moreno, ha pedido la destitución "fulminante" de Castañeda. Moreno ha denunciado públicamente que siga al frente de la Comandancia de Guadalajara, pero, si se tratara de guardias civiles de la escala básica se les suspendería casi de manera inmediata.
En este sentido ha criticado la distinta vara de medir que se aplica con los altos cargos y con los guardias civiles rasos. "Aquí no se toma ningún tipo de medidas cuando quienes cometen los supuestos delitos son altos cargos y cuando son guardias civiles de la escala básica se aplican medidas rápidas y drásticas" ha dicho. Para Moreno, es evidente que "la dirección general de la Guardia Civil se está llenando de gloria, pues a pesar de que Castañeda está imputado por cinco delitos, increíblemente, al día de hoy sigue en el cargo cuando ya tenía que estar cesado".
En este sentido, el secretario de Organización de la junta directiva Nacional de la AUGC, el guadalajareño José Antonio Agudo, considera también "increíble" que no se le haya cesado todavía. "Cuando un juez imputa cinco delitos a alguien lo hace porque ve fuertes y serios indicios" de ello, ha agregado.
Además, ha lamentado que desde la Comandancia se haya dado orden de que de colocar "una cortina de silencio" ante un hecho tan grave cuando lo que tienen que hacer es "destituirle de forma fulminante". Castañeda ya tenía que haber sido cesado el pasado año cuando Agudo y otros veintitrés guardias civiles le denunciaron "al sentirnos ofendidos y perjudicados" por "insultos" y "ya entonces pedimos que le cesaran", ha dicho.
Agudo se refiere a la denuncia que formularon en 2008 ya varios agentes de la Guardia Civil de Guadalajara, pertenecientes al subsector de Tráfico de la provincia, por "insultos y trato vejatorio" al sentirse "insultados" por este mando. La denuncia fue archivada por la juez.
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jueves, 16 de julio de 2009
miércoles, 15 de julio de 2009
lunes, 6 de julio de 2009
Los vigilantes
Detenidos dos mandos de la Guardia Civil por un alijo de 815 'kilos' de cocaína
La droga llegó al puerto pontevedrés de Marín, cuya vigilancia estaba encomendada a uno de los agentes
JESÚS DUVA - Madrid - 06/07/2009
La policía ha detenido a un abogado de Vigo y a tres guardias civiles por su presunta implicación en una red de narcotraficantes a los que les ha sido decomisado un alijo de más de 800 kilos de cocaína llegados a Galicia ocultos en un cargamentos de gambas congeladas, según han informado hoy fuentes policiales. Uno de los agentes arrestados es un subteniente en la reserva y otro es el jefe del destacamento del puerto de Marín (Pontevedra).
Las investigaciones se iniciaron a mediados de junio del año pasado, cuando el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) y compañeros de la Jefatura Superior de Policía de Galicia tuvieron noticias de que se preparaba la introducción de una carga de cocaína procedente de Ecuador a través de los puertos de Vigo y Marín. La red encargada del desembarco estaba dirigida supuestamente por el abogado César P., que aseguraba a los narcos que él tenía capacidad para meter droga por estos puntos sin ningún contratiempo.
A principios del presente año, el letrado contactó con un narcotraficante que marchó a Ecuador en abril pasado para preparar el envío de la mercancía. Ésta finalmente arribó al puerto de Marín hace una semana en un barco procedente de Cartagena (Colombia). El contenedor fue trasladado posteriormente desde el puerto hasta el polígono industrial Pocomaco de A Coruña, donde fue inspeccionado por la policía. Al hacerlo, esta descubrió 815 paquetes de un kilo de cocaína cada uno, ocultos entre un cargamento de gambas congeladas. Al mismo tiempo, han sido detenidas ocho personas, entre ellas el sargento primero responsable del puerto de Marín, a la vez que se ha iniciado una investigación patrimonial de los sospechosos.
La Comisaría General de Políicia Judicial española ha contado con la colaboración de las unidades de la DEA norteamericana (agencia antinarcóticos) con base en Madrid, Chile y Panamá.
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