«Todos los políticos reciben regalos», Rita Barberá, 2009 (AP-PP).
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
El franquismo fascista, impuso la corrupción, como forma de hacer en la actual "democratica españa".
La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista fascista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta.
En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad.
Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.
30 años despues, la corrupción politica, economica y social siguen mas activas que nunca.... "De aquellos polvos, estos lodos":
Caso del aceite de colza, Caso Flick, Caso KIO, Caso Wardbase, Caso de los fondos reservados, Caso Rumasa, Caso Filesa, Caso Ave, Caso Seat, Caso Osakidetza, Caso tragaperras, Caso Cesid, Operación Mengele, Caso Guerra, Caso Casinos, Caso Ibercorp, Caso Urbanor, Caso Sarasola, Caso Urralburu, Caso Bardellino, Caso Godó, Caso BFP, Caso Gran Tibidabo, Caso Estevill, Caso Turiben, Caso Salanueva, Caso Expo'92, Caso Roldán, Caso Paesa, Caso Banesto, Caso Palomino, GAL, Caso Naseiro, Caso PSV, Caso Hormaechea, Caso de la minería, Caso Soller, Caso Zamora, Caso Pallerols, Caso Villalonga, Caso Tabacalera-Alierta, Caso del Lino, Caso Forcem, Caso Gescartera, Caso Fabra, Caso Afinsa y Fórum Filatélico, Caso de las facturas falsas, Caso Montilla, Caso Planells, Caso Faycán, Operación Góndola, Caso Eólico, Operación Brisan, Caso González Arroyo, Corrupción urbanística (decenas de casos, esparcidos por todo el estado español), etc....
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
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La Caverna. Apuntes desde la ciudad troglodita.
lunes, 27 de julio de 2009
domingo, 26 de julio de 2009
Los vigilantes
REPORTAJE
Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
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Resultado 140 votos
Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
230 agentes en prisión
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los asuntos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico
Crecen los casos de tráfico de influencias, según el Ministerio del Interior
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
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Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
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Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
230 agentes en prisión
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los asuntos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico
Crecen los casos de tráfico de influencias, según el Ministerio del Interior
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
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martes, 21 de julio de 2009
viernes, 17 de julio de 2009
Los vigilantes
por su presunta implicación en la operación para alijar 3,5 toneladas de hachís
El Juez decreta prisión para los dos guardias civiles implicados en una red de narcotráfico por cohecho
10.07.09 - 20:49 -
EUROPA PRESS |
ALMERIA
El juez que instruye las diligencias contra los dos guardias civiles detenidos por su presunta implicación en una red de narcotráfico de hachís desde el Magreb ha ordenado a primera hora de la tarde de hoy su ingreso en prisión tras tomarles declaración durante más de tres horas en dependencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Roquetas de Mar (Almería).
El auto que dicta la prisión provisional para ambos agentes, adscritos al Servicio Marítimo y con una dilatada trayectoria en el Instituto Armado, considera que podrían haber incurrido con su actuación en presuntos delitos de cohecho, omisión de deber de perseguir delitos y contra la salud pública, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El arresto de los dos guardias civiles, sobre los que se había abierto investigación hacia meses que llevó al registro por orden judicial de sus domicilios, se produjo el pasado miércoles después de una operación contra el narcotráfico de hachís desarrollada el día 4 y que se saldó con la detención de seis individuos, así como la aprehensión de 3,5 toneladas de hachís.
Las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera y las abiertas por el juez encargado de la causa contra ambos efectivos del Servicio Marítimo permitió hallar indicios que apuntaban a su posible participación en la trama que también ha derivado en prisión provisional para Antonio F.D. y Francisco R.L., vecinos de Adra y Berja, respectivamente, así como a Abdelkarim Sbihi M., Karim Arim B. Rachid B. y Ousmane D.
Los dos guardias civiles, cuya identidad no ha trascendido, han pasado dos días en los calabozos de la Comandancia de Almería hasta que, a mediodía de hoy, eran trasladados a las dependencias judiciales de Roquetas de Mar donde han comenzado a prestar declaración pasadas las 13,30 horas y hasta poco antes de las 17,00 horas.
La operación que permitió abortar el alijo de 3.500 kilos de hachís en la desembocadura del Río Almanzora, en la comarca del Levante almeriense se activó en la madrugada del pasado día 4 al detectar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) la presencia de una lancha neumática que navegaba rumbo al litoral de levante provincial.
Una vez la embarcación, de 14 metros de eslora y dotada de tres motores de 250 caballos de vapor, tocó tierra en la desembocadura del Río Almanzora, los agentes observaron como varios individuos desembarcaban y comenzaban a trasladar los 107 fardos de arpillera desde la orilla a dos furgonetas estacionadas en las inmediaciones de la playa.
Las patrullas de tierra implicadas durante el dispositivo lograban minutos después de abortar el alijo y arrestaban a los participantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia.
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Los vigilantes
LA ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES SE PRESENTA COMO ACUSACION.
Denuncian a guardias civiles por repartirse ropa intervenida
Está implicado en el caso un alto mando del puesto de Talarrubias.Las prendas fueron retiradas hace cuatro meses en el mercadillo.
04/06/2009 EUROPA PRESS
Prendas intervenidas en un mercadillo, en una imagen de archivo.
Foto:EL PERIODICO
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una denuncia disciplinaria contra agentes del puesto de Talarrubias porque en vez de acatar una orden judicial que ordenaba la destrucción de prendas de ropa intervenidas en una operación, se la repartieron entre los agentes, sus familiares y vecinos.
La ropa fue intervenida en 2005 en el mercadillo semanal de Talarrubias. En total se retiraron 25 cajas de ropa con marca falsificada, que sumaban en total unas 750 prendas de vestir y se detuvo a su propietario por un delito contra la propiedad industrial. A finales de 2008 un juzgado de Herrera del Duque ordenó su destrucción. Sin embargo "en lugar de acatar la orden judicial, la ropa ha sido repartida", según indica la asociación, que destaca que la Guardia Civil está investigando este asunto mediante la apertura de una investigación interna.
La AUGC se teme que el asunto quede "minimizado y que todo quede en algo anecdótico", señala debido a que sus miembros tienen sospechas de que "la cadena de mando estaría bastante implicada". Se trata de una sospecha que fundamentada en que "no toman declaración a testigos directos y a otros testigos le toman la declaración por teléfono". Esta situación ha provocado, según señala AUGC, que en el puesto de Talarrubias "se está viviendo con una gran tensión", ya que de 11 componentes cuatro se encuentran de baja psicológica, así como la esposa de uno de ellos, "que junto a su marido han sufrido amenazas e insultos tras prestar declaración", asegura la asociación.
Ahora se esta a la espera de que se abra expediente por la denuncia disciplinaria interpuesta en la que imputaban cuatro faltas muy graves al comandante del Puesto de Talarrubias, en las que AUGC se ha personado como acusación popular.
El citado mando habría reconocido haber utilizado un remolque recuperado de un robo, que se encontraba en depósito, y que lo matriculó con placas oficiales PGC por su cuenta y sin autorización de la Comandancia. La AUGC no entiende que después de cuatro meses desde que se denunciaron estos hechos, aún no se hayan tomado medidas disciplinarias y se esté permitiendo que el puesto de Talarrubias se convierta en "una bomba de relojería a punto de estallar" y no se priorice en atajar este tipo de comportamientos en la Guardia Civil.
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Los vigilantes
Imputan al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara por blanqueo de dinero
Juan Miguel Castañeda, jefe de la Guardia Civil en Guadalajara. | Guadalajara Dos Mil
Raúl Conde | Agencias | Madrid
Actualizado viernes 17/07/2009 12:53 horas
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de varios delitos relacionados con una red de blanqueo de dinero y narcotráfico.
El jefe de la comandancia fue citado a declarar el pasado miércoles ante el juez en relación con la 'operación Dorado', en la que está implicado el histórico contrabandista gallego Marcial Dorado, confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional.
El juez Grande-Marlaska imputa al teniente coronel por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de la comandancia de Guadalajara quedó en libertad. Tanto ayer como hoy ha acudido a su puesto de trabajo con normalidad.
Según informó La Voz de Galicia el pasado miércoles, Castañeda estaría implicado en una supuesta campaña contra el juez José Antonio Vázquez Taín, vinculada a la lucha de este magistrado contra las organizaciones de narcos gallegos.
Además de Juan Miguel Castañeda han quedado imputados un conocido narcotraficante de Arosa llamado Marcial Dorado; José Manuel Sánchez Zabala, ex guardia civil; y Eugenio Fontenla, funcionario del Servicio de vigilancia Aduanera destinado en Vigo.
En concreto, Marlaska decretó el pasado 2 de abril el ingreso en prisión de Dorado, su hija y un tercer cabecilla de la red llamado Eduardo M. Tras tomarles declaración, el juez les acusó de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y contra la hacienda pública.
La operación se inició el pasado 30 de marzo y finalizó hoy con la detención de un total de diez personas, entre ellas el citado 'narco'. Según el auto dictado en esa fecha por el magistrado, las empresas controladas por el narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúlde construyeron diversas embarcaciones "de forma clandestina" para su utilización en operaciones de tráfico de droga.
El juez cree que desde la década de los 90 Marcial Dorado constituyó "una importante red de sociedades", algunas de ellas en paraísos fiscales, y todas ellas con cuentas abiertas en Suiza. En España destaca la empresa considerada "buque insignia" del narcotraficante arousano, Programallo S.A., a través de la cual, "con el fin de aflorar las ganancias ilícitas, "se adquieren diversos bienes inmuebles". En concreto, entre junio de 1998 y el mismo mes de 2003, se constatan ocho préstamos a favor de Programallo por una cantidad aproximada de 21 millones de euros.
El origen del "complot" contra el juez Vázquez Taín sería la intervención de 6.000 kilos de cocaína en el "South Sea". La trama incluiría el uso de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Benemérita), utilizada presuntamente para presentar denuncias hacia la Fiscalía Anticorrupción amañadas. El auto judicial mantiene que Castañeda y el resto de altos cargos habría cobrado por facilitar documentos oficiales originales utilizados para estos fines.
El jefe de la guardia Civil en Guadalajara era entonces agregado en la embajada de españa en Rabat, la capital de Marruecos, país en el que estuvo ocho años, hasta su incorporación en 2006 a su destino en Guadalajara; a lo largo de su carrera profesional también estuvo adscrito al servicio de seguridad de la Casa del Rey.
Hasta el momento, el teniente Castañeda no ha presentado la renuncia a su puesto. Tampoco ha sido cesado ni inhabilitado cautelarmente. Castañeda, a través de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil, ha rechazado hacer declaraciones.
La AUGC pide su cese
Sin embargo, ya hay voces que se han levantado contra la posición en la que ha quedado el jefe de la Comandancia de Guadalajara. El secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Guadalajara, José Moreno, ha pedido la destitución "fulminante" de Castañeda. Moreno ha denunciado públicamente que siga al frente de la Comandancia de Guadalajara, pero, si se tratara de guardias civiles de la escala básica se les suspendería casi de manera inmediata.
En este sentido ha criticado la distinta vara de medir que se aplica con los altos cargos y con los guardias civiles rasos. "Aquí no se toma ningún tipo de medidas cuando quienes cometen los supuestos delitos son altos cargos y cuando son guardias civiles de la escala básica se aplican medidas rápidas y drásticas" ha dicho. Para Moreno, es evidente que "la dirección general de la Guardia Civil se está llenando de gloria, pues a pesar de que Castañeda está imputado por cinco delitos, increíblemente, al día de hoy sigue en el cargo cuando ya tenía que estar cesado".
En este sentido, el secretario de Organización de la junta directiva Nacional de la AUGC, el guadalajareño José Antonio Agudo, considera también "increíble" que no se le haya cesado todavía. "Cuando un juez imputa cinco delitos a alguien lo hace porque ve fuertes y serios indicios" de ello, ha agregado.
Además, ha lamentado que desde la Comandancia se haya dado orden de que de colocar "una cortina de silencio" ante un hecho tan grave cuando lo que tienen que hacer es "destituirle de forma fulminante". Castañeda ya tenía que haber sido cesado el pasado año cuando Agudo y otros veintitrés guardias civiles le denunciaron "al sentirnos ofendidos y perjudicados" por "insultos" y "ya entonces pedimos que le cesaran", ha dicho.
Agudo se refiere a la denuncia que formularon en 2008 ya varios agentes de la Guardia Civil de Guadalajara, pertenecientes al subsector de Tráfico de la provincia, por "insultos y trato vejatorio" al sentirse "insultados" por este mando. La denuncia fue archivada por la juez.
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jueves, 16 de julio de 2009
miércoles, 15 de julio de 2009
lunes, 6 de julio de 2009
Los vigilantes
Detenidos dos mandos de la Guardia Civil por un alijo de 815 'kilos' de cocaína
La droga llegó al puerto pontevedrés de Marín, cuya vigilancia estaba encomendada a uno de los agentes
JESÚS DUVA - Madrid - 06/07/2009
La policía ha detenido a un abogado de Vigo y a tres guardias civiles por su presunta implicación en una red de narcotraficantes a los que les ha sido decomisado un alijo de más de 800 kilos de cocaína llegados a Galicia ocultos en un cargamentos de gambas congeladas, según han informado hoy fuentes policiales. Uno de los agentes arrestados es un subteniente en la reserva y otro es el jefe del destacamento del puerto de Marín (Pontevedra).
Las investigaciones se iniciaron a mediados de junio del año pasado, cuando el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) y compañeros de la Jefatura Superior de Policía de Galicia tuvieron noticias de que se preparaba la introducción de una carga de cocaína procedente de Ecuador a través de los puertos de Vigo y Marín. La red encargada del desembarco estaba dirigida supuestamente por el abogado César P., que aseguraba a los narcos que él tenía capacidad para meter droga por estos puntos sin ningún contratiempo.
A principios del presente año, el letrado contactó con un narcotraficante que marchó a Ecuador en abril pasado para preparar el envío de la mercancía. Ésta finalmente arribó al puerto de Marín hace una semana en un barco procedente de Cartagena (Colombia). El contenedor fue trasladado posteriormente desde el puerto hasta el polígono industrial Pocomaco de A Coruña, donde fue inspeccionado por la policía. Al hacerlo, esta descubrió 815 paquetes de un kilo de cocaína cada uno, ocultos entre un cargamento de gambas congeladas. Al mismo tiempo, han sido detenidas ocho personas, entre ellas el sargento primero responsable del puerto de Marín, a la vez que se ha iniciado una investigación patrimonial de los sospechosos.
La Comisaría General de Políicia Judicial española ha contado con la colaboración de las unidades de la DEA norteamericana (agencia antinarcóticos) con base en Madrid, Chile y Panamá.
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jueves, 18 de junio de 2009
Los vigilantes
Brutalidad policial contra un senegalés en Barajas
Un vídeo muestra cómo los agentes atan y amordazan al inmigrante y lo suben en una furgoneta
PATRICIA R. BLANCO / F. JAVIER BARROSO - Madrid - 18/06/2009
Maniatado en el suelo, con la boca tapada y "las manos y los pies encintados a la altura de los tobillos y las piernas a media altura", un senegalés permanece tendido sobre el asfalto "en una postura humillante y dolorosa durante largo tiempo" en el aeropuerto de Madrid Barajas. Un vídeo muestra cómo dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, sin uniforme, han inmovilizado al inmigrante y lo introducen en el maletero de un vehículo policial, según ha denunciado hoy ante la Fiscalía el capellán del Centro Pastoral San Carlos Borromeo, Javier Baeza.
En las imágenes, proporcionadas por la ONG Documentación contra la Tortura, se puede apreciar cómo "esta persona trata de moverse, por lo que al estar atado rueda dos o tres vueltas por la pista", relata Baeza. El capellán critica duramente la actuación de los agentes quienes, "lejos de auxiliarle, le empujan de vuelta para que vuelva a su posición inicial también rodando, como si de un fardo o un objeto inanimado se tratara".
Javier Baeza, que ha tildado de "escandaloso y repugnante" el trato policial al ciudadano senegalés, ha considerado "inadmisible que la ejecución de una sanción administrativa, como pudiera ser la expulsión del territorio nacional, pueda conllevar el trato degradante" que se observa en el vídeo.
Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid rechazaron hacer declaraciones, de momento, sobre el tema, a la espera de que los mandos responsables vean el vídeo y analicen quién intervino en la detención del ciudadano senegalés.
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lunes, 15 de junio de 2009
Los vigilantes
Condenados a multas tres de los Mossos acusados de maltrato en una comisaría
La Fiscalía pedía cinco años de cárcel
EFE - Barcelona - 15/06/2009
La Audiencia de Barcelona ha condenado sólo a penas de multa por faltas de lesiones a tres mossos d'esquadra acusados de haber maltratado a un hombre en la sala de cacheos de la comisaría barcelonesa de Les Corts. La Audiencia ha absuelto de todos los cargos a un cuarto procesado, el cabo José David L..
* El fiscal reprocha a cuatro 'mossos' acusados que se creyeran intocables
Fiscalía pide casi seis años de cárcel para los cuatro mossos que dieron una paliza a un detenido
Fiscalía pide cinco años y 9 meses de cárcel, además de siete años de inhabilitación y una multa de 9.600 euros para cuatro Mossos de Escuadra acusados de agredir a un detenido mientras le cacheaban en la comisaría de Les Corts, Barcelona. -
En su sentencia, la sección séptima de la Audiencia absuelve a los agentes de los delitos contra la integridad moral y falsedad documental de los que les acusaba la Fiscalía, que pedía para ellos más de cinco años de cárcel. Ésta es la primera sentencia sobre uno de los casos captados por las cámaras ocultas que el Departamento de Interior instaló en marzo de 2007 en la comisaría de Les Corts para detectar posibles abusos policiales, y que la propia conselleria denunció a la Fiscalía.
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miércoles, 10 de junio de 2009
Los vigilantes
"Me aplicaron la presunción de culpabilidad"
Estrasburgo condena a España a indemnizar con 22.500 euros a un inocente que pasó 22 meses en prisión por un atraco a un banco de Madrid en 1985
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 10/06/2009
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España en dos casos por violación del artículo 6.1 del Convenio Europeo Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio justo en un plazo razonable. En el primer caso, deberá indemnizar con 22.500 euros (20.000 por daños morales y 2.500 por gastos y costas) a Agustín Moreno Carmona, de 61 años. Carmona pasó 22 meses en prisión como presunto autor del que entonces se conoció como el mayor robo de la historia en Madrid, el asalto a una sucursal de Banesto con un botín de 1.200 millones de pesetas y por el que no fue condenado. Su juicio se celebró casi 13 años y seis meses después. El tribunal europeo acordó ayer por unanimidad la condena a España.
El Tribunal alega que no se celebró un juicio justo en un plazo razonable
"Para mí fue un secuestro de 22 meses", relató ayer a EL PAÍS Agustín Moreno. "En lugar de la presunción de inocencia, aplicaron la presunción de culpabilidad. Estoy muy contento porque me hayan dado la razón, pero me parece que han sido un poco tacaños. ¿1.000 euros por cada mes de prisión, incomunicado, como si fuera peligrosísimo? Se nota que los jueces no han estado en la cárcel. La cárcel te destruye".
Moreno fue detenido el 1 de febrero de 1985 por el atraco a Banesto ocurrido 24 horas antes. Los asaltantes se llevaron entonces unos 1.200 millones de pesetas en joyas, oro y dinero en metálico. Tras presentar varios recursos, Moreno fue puesto en libertad bajo fianza el 22 de diciembre de 1986, y, 12 años después, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el sobreseimiento del caso porque el delito había prescrito. Moreno reclamó sin éxito al Ministerio de Justicia 120.000 euros por los 694 días que había estado preso, sin éxito. La Audiencia Nacional y el Constitucional rechazaron su recurso.
Hoy sigue atribuyendo su detención a una conspiración policial. De hecho, un joyero de Santander declaró ante el juez que dos inspectores de policía, Victoriano Gutiérrez y Adelardo Martínez, habían intentado venderle joyas sustraídas en el atraco. Cuatro participantes en el robo declararon que los inspectores y el aristócrata Jaime Mesía habían organizado el robo para quedarse con el botín. Ambos inspectores pasaron más de un mes en prisión.
Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó su procesamiento, en contra del criterio del juez instructor. "Era la época de la mafia policial, de la desaparición de El Nani... y en este caso, la brigada antiatracos tiró de fichero policial para apuntarse la detención de los atracadores y quedarse con el botín", opina Pepe Galán, abogado de Agustín Moreno, que había cumplido varias condenas en prisión por delitos de robos antes de que le atribuyeran el atraco de Banesto. Por un error burocrático, Agustín Moreno tuvo durante tres años una orden de busca y captura, pese a estar en la cárcel.
En el segundo caso, el tribunal Estrasburgo condena a España a indemnizar con 8.000 euros por daños morales a Gimol Violeta Bendayan Azcantot y Samuel Benalal Bendayan por los siete años y 10 meses que tuvieron que esperar a que la Audiencia Provincial ejecutara una sentencia condenatoria por estafa a su favor. El autor de la estafa nunca pagó la indemnización establecida en la sentencia.
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jueves, 4 de junio de 2009
Los vigilantes
Detenido un guardia civil en Melilla embarcando con 128 kilos de hachís
Europa Press | Melilla
Un agente en activo de la Guardia Civil con destino en Melilla ha sido detenido cuando intentaba embarcar en el ferry de Almería con un coche en el que llevaba ocultos 128 kilos de polen de hachís, según informó hoy un portavoz de la 2006 Comandancia.
Sus propios compañeros de la Benemérita, en concreto miembros de la Sección Fiscal del Muelle y del Servicio Cinológico, descubrieron al efectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el puerto de la ciudad, con ocasión de los registros que se realizan a los vehículos y su carga, previos a los embarques de los buques correos que enlazan Melilla con la Península.
Los agentes detectaron cierta irregularidad en la zona de los asientos delanteros, lo que motivó un registro minucioso, que dio como resultado la localización de un doble fondo bajo los mismos, "hermético y muy bien construido". Por tanto, procedieron a su rotura y en el interior hallaron multitud de paquetes con droga tras los paneles de las puertas traseras.
Una vez efectuado su cotejo y pesaje, la sustancia estupefaciente arrojó la cantidad aproximada de 128 kilogramos de 'polen hachís', muy apreciado por contener alta concentración del principio activo de la droga al obtenerse de su primera tamización, distribuidos en 584 pastillas de diferentes formas y tamaño.
El único ocupante del vehículo y propietario de la furgoneta era el guardia civil perteneciente a la Comandancia de Melilla en situación de activo, si bien, como precisó el portavoz de la 2006 Comandancia, "desde hace algún tiempo no presta servicios".,
El detenido pasará hoy a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública en unión de la droga intervenida y el vehículo donde se transportaba oculta.
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Un policía se enfrenta a seis meses por un disparo fortuito a un ladrón
La persecución se produjo el 4 de septiembre de 2005 en el Parque Cruz Conde
Á. R. | Actualizado 04.06.2009 - 01:00
La Fiscalía solicita una condena de ocho meses de prisión para un hombre que se resistió a la Policía Local de Córdoba cuando fue sorprendido intentando robar un vehículo, mientras que uno de los agentes que intervino en el operativo se enfrenta a seis meses por dispararle en un pie de forma fortuita durante el forcejeo.
En su escrito de conclusiones, el fiscal afirma que sobre las 11:00 del 4 de septiembre de 2005 los acusados R. A. B. y J. F. G. rompieron con un destornillador la puerta de un coche estacionado en la calle Historiador Manuel Salcines, en el Parque Cruz Conde.
En ese momento, ambos fueron sorprendidos por dos agentes de la Policía Local, que les dieron el alto, sacaron sus armas reglamentarias y las cargaron, de tal forma que uno de los policías realizó un disparo intimidatorio al aire y detuvo a J. F. G., mientras que el otro policía persiguió al otro acusado con su pistola en la mano.
Cuando el agente lo alcanzó, se inició un forcejeo entre ambos, momento en el que el arma del agente se disparó "involuntariamente". La bala alcanzó el pie de R.A.B. Por estos hechos, el fiscal solicita sendas multas para los acusados del robo y ocho meses para uno de ellos por resistencia, mientras que el uniformado se enfrenta a seis meses de cárcel.
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Los vigilantes
Juicio a un inspector de policía por golpear a un detenido en Ibiza
mallorcadiario.com
domingo, 31 de mayo de 2009
La Audiencia Provincial de Palma juzga el próximo día dos de junio a un inspector de policía por golpear a un detenido, que también se sienta en el banquillo –piden un año y medio de cárcel- por atentado contra agentes de la autoridad. Al policía el fiscal le acusa de un delito uno contra la integridad moral y solicita un año y tres meses de cárcel.
Los hechos sucedieron en Ibiza en febrero de 2007 cuando Mohamed E.H. acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de su hija, que al parecer se había ido con un hombre. Tras explicarle los agentes que al ser mayor de edad e irse voluntariamente no pueden hacer nada, el hombre comienza a gritar: “racistas, no me queréis coger la denuncia porque soy moro” y a empujar a los policías. Es en ese momento cuando interviene el inspector Fernando G.C., sobre el que también se abalanza.
Una vez en el calabozo, el inspector con intención de atentar contra la dignidad de Mohamed, siempre según el escrito de acusación, le golpea en repetidas ocasiones causándole diversas heridas.
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mallorcadiario.com
domingo, 31 de mayo de 2009
La Audiencia Provincial de Palma juzga el próximo día dos de junio a un inspector de policía por golpear a un detenido, que también se sienta en el banquillo –piden un año y medio de cárcel- por atentado contra agentes de la autoridad. Al policía el fiscal le acusa de un delito uno contra la integridad moral y solicita un año y tres meses de cárcel.
Los hechos sucedieron en Ibiza en febrero de 2007 cuando Mohamed E.H. acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de su hija, que al parecer se había ido con un hombre. Tras explicarle los agentes que al ser mayor de edad e irse voluntariamente no pueden hacer nada, el hombre comienza a gritar: “racistas, no me queréis coger la denuncia porque soy moro” y a empujar a los policías. Es en ese momento cuando interviene el inspector Fernando G.C., sobre el que también se abalanza.
Una vez en el calabozo, el inspector con intención de atentar contra la dignidad de Mohamed, siempre según el escrito de acusación, le golpea en repetidas ocasiones causándole diversas heridas.
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viernes, 29 de mayo de 2009
Los vigilantes
Un marroquí, muy grave tras ser tiroteado y atropellado por la policía en Barcelona
* La Guàrdia Urbana le disparó hasta ocho veces.
* Fue embestido por un coche patrulla.
* Los agentes aseguran que llevaba un cuchillo grande.
20MINUTOS.ES. 29.05.2009
Un ciudadano de nacionalidad marroqui se encuentra muy grave tras ser tiroteado y atropellado por agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, según ha informado RNE .
El hombre iba indocumentado y llevaba un "cuchillo de grandes dimensiones"
El suceso se produjo el pasado miércoles en la plaza de Espanya de la capital catalana. Los agentes dispararon hasta ocho veces al hombre, que iba indocumentado y llevaba un "cuchillo de grandes dimensiones", según la Guárdia Urbana. Seis de los tiros lo alcanzaron, tres de ellos en el abdomen. También fue embestido por el coche patrulla.
Debido a las graves heridas, el ciudadano marroquí ha sido operado y permanece ingresado en la UCI del Hospital Clínic de Barcelona. La Guàrdia Urbana ya ha abierto un expediente por los hechos.
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miércoles, 27 de mayo de 2009
Los vigilantes
Un policía con una crisis de ansiedad exhibe su pistola en el Metro de Madrid
Varios vagones del Metro han sido desalojados en la estación de Núñez de Balboa.
EUROPA PRESS - Madrid - 27/05/2009 17:46
Varios vagones del Metro han sido desalojado esta tarde en la estación de Núñez de Balboa ante la presencia de un policía nacional vestido de paisano, con problemas psicológicos, que portaba el arma del fuego en el pecho, según informó hoy 0un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía.
El extraño suceso tuvo lugar minutos antes de las 14.45 horas.
Ante la atónita mirada de los usuarios, un hombre descubrió una pistola, supuestamente su arma reglamentaria, y la apoyó en su pecho, aunque sin llegar a intimidar a ningún viajero. Casualmente, en el mismo vagón se encontraba una agente de la Policía Nacional, que avisó inmediatamente al conductor del vagón y al 091.
La Policía ha explicado a Público.es que un agente ha identificado al hombre como un "compañero" de la Policía Nacional
El conductor paró el tren en la estación de Núñez de Balboa y los empleados de seguridad del suburbano desalojaron los convoyes y los andenes por motivos de seguridad, indicaron fuentes del Metro de Madrid. Al lugar acudieron rápidamente agentes del distrito de Salamanca, que redujeron y desarmaron al hombre.
La Policía ha explicado a Público.es que, una vez fuera del vagón un agente ha identificado al hombre como un "compañero" de la Policía Nacional. Los agenets han señalado que debía padecer algún tipo de trastorno psicológico y una crisis nerviosa, ya que el hombre no alcanzó ni a identificarse. Por ello, fue trasladado al hospital de La Princesa de Madrid, donde está siendo tratado.
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martes, 26 de mayo de 2009
Los vigilantes
Pasa su cumpleaños en el calabozo detenido por un grave error policial en Valencia
Andrés S. V. y M. S. G. han pasado 38 horas en el calabozo. (Imagen: 20MINUTOS.ES)
* El joven y un amigo fueron arrestados al ser confundidos con ladrones.
* Cumplió los 24 años entre rejas y rodeado de presuntos delincuentes.
* Les acusaban del robo de un móvil, pero la juez no vio ningún indicio.
PABLO SEGARRA. 26.05.2009
Dos jóvenes valencianos y sus familiares han sufrido un fin de semana de pesadilla por un "grave error de dos agentes de la Policía Local", que los detuvieron al atribuirles equivocadamente el robo de un móvil de un vehículo.
Fuentes jurídicas y de la Policía Nacional coincidieron en admitir que se trata de un grave error de los agentes de la Policía Local
En concreto, Andrés S. V. y M. S. G. han pasado 38 horas en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía debido al error de los agentes de la Policía Local, quienes los detuvieron sobre las 3.30 horas de la madrugada del sábado al creer que eran los autores del robo de un móvil en un vehículo rojo.
Ambos pasaron ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número 16, que ha sobreseído el caso "al no existir indicios para imputar el presunto delito de robo". De hecho, tanto fuentes jurídicas como de la Policía Nacional consideran "un grave error" la detención de los jóvenes por parte de los agentes de la Local.
La madre de uno de los detenidos mostró ayer su "confianza en la Policía", pero lamentó que "algunas manzanas podridas dañen la imagen del Cuerpo, ya que los presionaron para que confesaran un supuesto delito que no habían cometido y los retuvieron dos noches incomunicados como si fueran delincuentes".
"Estaba alucinado"
Andrés pasó su 24º cumpleaños en el calabozo por error: "Estaba alucinado, nos esposaron, encerraron y acusaron de un delito falso. Sufría por mis padres". Además, denunció a 20minutos.es que los acusaban de "robar un móvil y lo que han hecho es quedarse los nuestros". Curiosamente, el padre del otro joven trabaja en una empresa de telefonía móvil y "puede disponer del aparato que quiera".
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Los vigilantes
Redada en Móstoles: "Fue una masacre, la Policía pegaba golpes sin mediar palabra"
* Una acción policial en busca de drogas en un bar acabó el viernes, según los clientes, en "abusos y humillaciones".
S. GOZALO. 26.05.2009
María (el nombre es supuesto por miedo a represalias) nunca sospechó que el concierto de un amigo en la sala Chilloutteteria de Móstoles se convertiría en la peor experiencia de su vida debido a la intervención de la Policía Nacional.
Algunos clientes fueron detenidos por "atentado a la autoridad"
Una redada "desproporcionada y brutal" en busca de drogas terminó el pasado viernes con algunos clientes (había casi cien personas) agredidos, lesionados, humillados y detenidos por "atentado a la autoridad", según confirmó este lunes la Jefatura Superior.
La pesadilla de María y sus amigos comenzó al filo de las dos de la mañana, cuando un grupo de "antidisturbios, Policía de incógnito y Policía Local" (hasta 30 agentes) irrumpió en el local "solicitando a gritos y con empujones la documentación", explican los afectados en una carta remitida a 20 minutos.
Sobre lo que pasó después no dudan en calificarlo de "masacre" y dicen que los agentes los trataron como a "delincuentes".
Puñetazo en la nariz
"Yo ya tenía el DNI preparado para enseñárselo cuando sin mediar palabra me pegaron un puñetazo en la nariz", relata Silvio, quien a pesar del miedo ha querido poner cara a esta denuncia para"que no les pase a otros".
Seis agentes se me tiraron encima y me redujeron en el suelo entre golpes, e insultos racistas
Según dice, cuando reaccionó e intentó hacer frente a la agresión "seis agentes se me tiraron encima y me redujeron en el suelo entre golpes, e insultos racistas" (parte de los clientes del local, de hip-hop, son de raza negra).
Pero sus problemas no terminaron ahí. El joven fue también cacheado y detenido, acusado de atentar contra la autoridad. Antes pasó por el hospital donde su parte de lesiones acredita "fractura dental y nasal" como consecuencia de la actuación de los policías. Tras varias horas en la Comisaría, donde tuvo que prestar declaración, quedó en libertad a la espera de que se celebre el juicio.
A los golpes que sufrió Silvio se suman los de otro cliente (a quien la Policía también detuvo) y que ha tenido que ser intervenido en el hospital por una fractura de mandíbula.
Cacheo "humillante"
No fueron los únicos. Las chicas que había en el local, entre ellas María, fueron conducidas a los baños donde se las sometió a un cacheo "humillante" entre "sangre, cristales rotos, orines y con los pantalones y la ropa interior bajada".
Jefatura asegura no haber recibido aún ninguna denuncia
Desde la Jefatura Superior de Policía aclaran que fue una "operación policial planificada" al tratarse de un "punto negro" de consumo de drogas. No en vano, esa noche se detuvo también al propietario del local y a un camarero "por tráfico" y hubo 18 actas por consumo de estupefacientes.
Sobre las acusaciones de "abuso de autoridad", Jefatura asegura no haber recibido aún ninguna denuncia. Y es cierto, ya que los agredidos afirman también "las trabas" que la comisaría de Móstoles está poniendo para cursarla, por lo que barajan acudir "al juzgado".
Por su parte, el Ayuntamiento de Móstoles asegura que sus agentes locales eran de apoyo, "estaban fuera" y sólo levantaron varias "actas por ruido".
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sábado, 23 de mayo de 2009
los vigilantes
Un policía ante un ordenador con pornografía infantil. (ARCHIVO) (Imagen: 20MINUTOS.ES)
El agente ha sido detenido en Fuengirola.
Ha sido apresada una segunda persona en Las Palmas.
Ambas en la operación denominada 'Metal
AGENCIAS. 23.05.2009
Un hombre de 52 años, miembro de la Policía Local de Fuengirola (Málaga) ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet , según confirmó a Europa Press este cuerpo de seguridad.
La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Metal', que ha tenido como consecuencia la detención de otro individuo, de 39 años, en Las Palmas, según precisaron estas mismas fuentes. La operación en cuestión ha sido dirigida por el grupo de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Valencia, con la colaboración de agentes de Las Palmas y Málaga.
En el caso del detenido en Fuengirola, durante la intervención policial se intervinieron dos discos duros y unos 200 CDs con material pornográfico. Por su parte, la Policía Local de Fuengirola ha abierto un expediente disciplinario contra el procesado y se le ha suspendido de sus funciones a la espera de una resolución judicial.
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El agente ha sido detenido en Fuengirola.
Ha sido apresada una segunda persona en Las Palmas.
Ambas en la operación denominada 'Metal
AGENCIAS. 23.05.2009
Un hombre de 52 años, miembro de la Policía Local de Fuengirola (Málaga) ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil a través de Internet , según confirmó a Europa Press este cuerpo de seguridad.
La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Metal', que ha tenido como consecuencia la detención de otro individuo, de 39 años, en Las Palmas, según precisaron estas mismas fuentes. La operación en cuestión ha sido dirigida por el grupo de delitos tecnológicos de la Jefatura Superior de Valencia, con la colaboración de agentes de Las Palmas y Málaga.
En el caso del detenido en Fuengirola, durante la intervención policial se intervinieron dos discos duros y unos 200 CDs con material pornográfico. Por su parte, la Policía Local de Fuengirola ha abierto un expediente disciplinario contra el procesado y se le ha suspendido de sus funciones a la espera de una resolución judicial.
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miércoles, 20 de mayo de 2009
Los vigilantes
Juzgan a cuatro mossos acusados de agredir a un detenido en Les Corts de Barcelona
El joven agredido por los agentes. (Imagen: ALBERT SALAMÈ / ACN)
* Golpearon con las manos, los pies y las rodillas a la víctima.
* La agresión fue grabada por una videocámara oculta.
* La Fiscalía pide cinco años y nueve meses de prisión.
* Además de 9.600 euros de multa y siete años de inhabilitación.
AGENCIAS. 20.05.2009
La Audiencia de Barcelona juzgará esta semana a los cuatro mossos d'Esquadra acusados de maltratar a un detenido en la comisaría de Les Corts de Barcelona en marzo de 2007, agresión que grabó una videocámara oculta colocada después de que se recibieran varias denuncias por hechos similares.
Golpearon repetidamente a la víctima con las manos, los pies y las rodillas a la víctima
La Fiscalía pide cinco años y nueve meses de prisión, 9.600 euros de multa y siete años de inhabilitación para empleo público para cada uno por un delito contra la integridad moral, falsedad documental y una falta de lesiones. Además, deberán indemnizar a la víctima, Rubén P.M., con 10.610 euros.
El juicio contra el cabo J.D.L.P. y los agentes C.B.F., A.L.P. y V.A.B. tendrá lugar el miércoles y el jueves en la Sección Séptima de la Audiencia. Se les acusa de golpear repetidamente con las manos, los pies y las rodillas a la víctima, acción que quedó grabada por la cámara oculta.
El detenido sufrió un traumatismo craneoencefálico, pérdida de conciencia, contusión nasal, relajación de esfínter anal y hematomas en los ojos y por todo el cuerpo, por lo que tuvo que estar más de dos semanas de baja.
El detenido sufrió un traumatismo craneoencefálico, pérdida de conciencia, contusión nasal, relajación de esfínter anal y hematomas
Los agentes, según la Fiscalía, "en un intento de encubrir su delictiva actuación", redactaron un nuevo atestado en el que hicieron constar que el detenido mantuvo en la sala de registros una actitud "agresiva, provocadora y amenazadora", por lo que le imputaron otro delito de atentado diferente del inicial, "todas ellas imputaciones falsas", según la Fiscalía.
El caso fue difundido públicamente después de que la unidad de asuntos internos de la policía catalana recibiera varias denuncias por agresiones en la sala de cacheos de Les Corts. La unidad decidió colocar una cámara oculta, gracias a la que se descubrieron éste y otros casos de maltratos.
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martes, 19 de mayo de 2009
Los vigilantes
"A mi hermano lo mató la policía de Franco"
La familia de Ángel Almazán, fallecido tras una protesta en 1976, reclama una indemnización por la Ley de Memoria
NATALIA JUNQUERA / JOSÉ YOLDI - Madrid - 19/05/2009
"Se ha golpeado la cabeza con una farola", justificaron los agentes en su atestado policial la entrega de Ángel Almazán, de 18 años, ya herido de muerte, a los médicos el 15 de diciembre de 1976, horas después de haberle detenido en una manifestación en Madrid. La había convocado el Partido del Trabajo de España, entonces ilegal, para pedir la abstención en el referéndum sobre la Ley de Reforma Política, que se celebraba aquel día. Ángel había salido a la calle para pedir "ruptura" con el régimen franquista. Murió cinco días más tarde. Más de 32 años después, su familia se ha acogido a la oportunidad que le brinda la Ley de Memoria Histórica para solicitar al Estado que reconozca lo que les negó entonces.
La madre del joven declaró que su hijo estaba deformado por los golpes
La ley reconoce a los familiares de las personas que fallecieron "en defensa de la democracia" entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 el derecho a una indemnización de 135.000 euros. Una comisión de evaluación compuesta por representantes de varios ministerios tendrá que decidir si el caso de Ángel Almazán cumple los requisitos. Uno de ellos es que los padres, beneficiarios al no estar casado Ángel, dependieran económicamente de su hijo cuando ocurrieron los hechos. En su solicitud, el abogado de la familia, Teodoro Mota, considera que esta condición es contraria al espíritu de la ley, aunque en su caso se cumpla parcialmente, porque el padre de Ángel estaba enfermo y el joven compaginaba entonces sus estudios con un empleo en una inmobiliaria para llevar dinero a casa.
Hoy, ni Ángel ni Tomasa, los padres de Ángel Almazán, enfermos de alzheimer, recuerdan qué le ocurrió a su hijo mayor. Ella pregunta continuamente dónde está. Pero Javier, que tenía entonces 13 años, asegura no haber olvidado el grito desgarrado de su madre -"¡Me lo han matado!"- cuando volvió del hospital. "Nos dijo que estaba deformado por los golpes, que parecía un monstruo", relata. Acompañado por el mejor amigo de su hermano, Saturnino Peña, Javier se hizo hace poco con el expediente de la causa que se abrió en un juzgado militar por la muerte de su hermano, "al parecer ocasionada por los miembros de la policía armada", según dice el primer folio. Y en él sólo ha encontrado, asegura, motivos para seguir intentando poner las cosas en su sitio.
Los policías que detuvieron a Ángel aquel día declararon ante un juzgado de guardia de la policía armada, cuyos integrantes, juez y secretario, eran teniente y sargento en esa institución policial. Los propios investigados se investigaron a sí mismos, denuncia el abogado de la familia. Manifestaron entonces que Ángel se había "caído" y que "estaba bebido". Otro se limitó a "recitar monosílabos", según el propio magistrado.
Una de las testigos declaró que había visto a la policía disparar con pelotas de goma "muy de cerca". Que comprobó que "un joven alto, fuerte, moreno" (Ángel) caminaba "dando tumbos e incluso cayéndose y volviéndose a levantar varias veces, al tiempo que se agarraba la cabeza"; que vio cómo un policía, apoyando su fusil contra él "por debajo de la barbilla y apretándole contra el suelo, le daba patadas en distintas partes del cuerpo". Que se acercó otro policía que también le dio patadas y que "tirándole de los pelos y sujetándole, pues no se tenía en pie, le levantaron y se lo llevaron medio a rastras".
"Para cualquiera que recuerde aquella época está claro lo que pasó", concluye Javier Almazán. "Franco había muerto, pero la policía seguía siendo franquista. La Transición tuvo esa trastienda de muerte, que llenaron personas como mi hermano que luchaban por derechos que hoy están fuera de toda duda. Eran unos niños, unos niños valientes...".
Meses antes del fallecimiento de Almazán, también había muerto, abatido a tiros, un joven de 19 años que estaba haciendo una pintada en la pared. Se llamaba Javier Verdejo Lucas y sólo le dio tiempo a escribir "par" (probablemente, Partido del Trabajo de España). El guardia civil que le disparó aseguró que se había caído y se le había disparado el arma. Una farola, una caída... Ésas eran las versiones oficiales, que en 30 años no han sido corregidas por ninguna otra. Las víctimas de aquella violencia fueron enterradas sin investigación ni juicio. La Ley de Memoria ofrece ahora a sus padres y hermanos la oportunidad de pedir una versión nueva, auténtica, sobre aquellas muertes.
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lunes, 18 de mayo de 2009
Los vigilantes
Denuncian a un policía por dar un puñetazo en la boca a un menor
* Un joven de 17 años fue agredido en el parque Juan Carlos I por un agente que pensó que se estaba burlando de él.
* "A mí no me vaciles", le dijo el policía tras golpearle.
* CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE MADRID.
O. F.. 18.05.2009
Derrick, días después del golpe que le propinó un policía.Un solo dedo es la diferencia que hay entre una burla y una negativa. Resulta sencillo: si se quiere expresar lo primero, basta con levantar el dedo corazón, si es lo segundo, sólo hay que menear el índice. La intención de ambos gestos es bien distinta, el resultado, sin embargo, idéntico: un puñetazo en toda la boca (al menos en el caso de Derrick).
Derrick es un chaval de 17 años del distrito de Barajas que el pasado 2 de abril se encontraba haciendo botellón con unos amigos en el parque Juan Carlos I cuando unos policías municipales les mandaron recoger los residuos. Una vez terminada la tarea, un amigo de Derrick le preguntó de lejos si tenía tabaco, y éste le hizo un gesto negativo con el dedo. El agente que se encontraba detrás de él confundió en ese instante el índice con el corazón y le propinó el golpe, rompiéndole el labio y dejándole un diente flojo (tuvo que ser atendido unos días más tarde por el dentista). Después le dijo: "A mí no me vaciles".
El resto de la historia la cuenta Isabel Lapaz, la madre del joven, en una carta a 20 minutos: "Los policías trajeron luego a mi hijo ensangrentado, y el que le había agredido me dijo que pensaba que le había hecho burla. ¿Piensa que le han hecho burla (y aunque se la hubiera hecho) y agrede a un menor? Luego le pedí que se identificara para denunciarle, pero el agente no quiso darme su nombre y me dijo que no llevaba placa en ese momento, mientras se reía de mí".
Le pedí que se identificara, pero el agente no quiso darme su nombre y me dijo que no llevaba placa en ese momento, mientras se reía de mí
Denuncia de la madre
Aun así, Isabel ya ha denunciado el caso en Asuntos Internos de la Policía Municipal de Madrid y ante los juzgados. La denuncia también va contra el compañero del policía agresor, "que se quedó quieto y sin hacer nada".
Asuntos Internos de la Policía Municipal de Madrid no ha querido hacer declaraciones a este periódico.
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lunes, 11 de mayo de 2009
Los vigilantes
Testimonios de las agresiones policiales el 1º de Mayo en Zaragoza
x Plataforma Zaragoza Antifascista :: Testimonios de las jóvenes agredidas y detenidas en Zaragoza, tras el acto de repulsa a la presencia del partido neonazi Alianza Nacional.
Carta de una de las detenidas (de 16 años):
Detenida, amenazada y agredida junto con su hermana de17 años, también agredida y su novio de 22 años, detenido, amenazado y agredido, en la Plaza del Portillo por la Policía Nacional el 1º de Mayo.
Hola tengo 16 años, el pasado 1º de Mayo tras haber acabado la manifestación del mismo, con mi hermana de 17 años y mi novio de 22, mientras esperábamos el autobús en plaza del Portillo para volver a casa, fui agredida por varios policías, concretamente con varios puñetazos, uno en la mandíbula cuya consecuencia fue la caída al suelo abriéndome pequeñas heridas en la parte izquierda de la cabeza. Uno de los policías que nos agredió me retorció ambos brazos tirándome al suelo y me esposó. En ese momento sufrí un ataque de ansiedad mientras otros policías presionaban con sus botas pisándome la espalda contra el suelo dañándome las cervicales, impidiendo relajarme para poder calmar el ataque de ansiedad. El mismo policía que me dio el puñetazo en la mandíbula, tras ponerme en pié, me amenazó diciéndome en voz baja: "Acuérdate de mi cara, niñata, porque cuando nos volvamos a ver te voy a reventar". Asustada grite tres veces "me está diciendo que cuando me vea me a reventar" por lo cual mis compañeros y los demás policías son testigos de las amenazas, a lo que el mismo policía contestó gritándome: "Si no callas esa bocaza me encargaré yo mismo de hacerlo, pero para siempre". Tras oír esto me callé y me quedé mirándole con la cabeza apoyada en la pared tratando de relajarme, a lo que el agente me preguntó: “¿qué pasa qué te gusto? ¡Puta!" y otro policía me apartó bruscamente la cara diciendo: "mira hacia oto lado anda". El ataque de ansiedad aumentaba y los policías no paraban de gritarme.
Me llevaron a comisaría esposada, y tras leerme mis derechos les pedí recibir asistencia médica. Media hora más tarde me llevaron al Hospital Provincial y al llegar allí, se encontraban varios de los agentes que me habían agredido, con lo cual deduzco que antes de reconocerme el médico, los policías ya le habían dicho lo que debía figurar en el parte de daños para que ellos fueran exculpados. Deduzco esto ya que al recogerme mi madre en comisaría y trasladarme al otro centro médico, se me realizó, en este último, un parte de daños en condiciones, casualmente en el primero que se me realizó, en el Hospital Provincial, no reflejaba ningún daño causado por la policía y en el segundo que se me realizó si que reflejaba varios daños visibles. Por otro lado mi hermana también fue agredida por otro de los agentes, en consecuencia tubo que acudir al hospital con una fuerte contusión en la cabeza, aunque ella no fue detenida.
Carta del padre de una de las detenidas:
Cuando ayer finalizó la manifestación convocada legalmente por uno de los sindicatos de trabajadores, un grupo de jóvenes, entre ellos mis hijas de 16 y 17 años, que participaron en la misma, se encontraban en la parada del autobús urbano para volver a casa a comer cuando fueron agredidos brutalmente por policías antidisturbios que estaban vigilando algunas calles de Zaragoza. Alguno de estos policías les solicitó el DNI, y los jóvenes, con el documento en la mano les contaron lo que tenían previsto hacer, pero cuando este policía les decía que muy bien, que subieran al autobús que se aproximaba, un compañero antidisturbios se abalanzó sobre ellos y empezó a pegarles a todos: primero a una de mis hijas con la porra en la cabeza y después a la otra con un puñetazo en la mandíbula que la lanzó contra la pared y la dejó aturdida; posteriormente le apretó el cuello impidiéndole respirar para, finalmente tirarla al suelo pisando en la espalda a la niña de 16 años con su bota antidisturbios y toda la rabia del mundo; le retorció los brazos y la esposó sin parar de insultarla, amenazarla y darle puntapiés. Mi hija, dentro de su aturdimiento y dificultad para respirar no sabía cuántos le pegaban aunque creyó entender que algunos policías intentaban apartar de ella al violento agresor. Detuvieron a mi hija durante varias horas y está pendiente de juicio. No sabe por qué, yo tampoco. En un estado de derecho donde la violencia y el abuso de autoridad no tienen cabida, ni excusa, ni justificación, ¿de qué pueden acusar a unos jóvenes que están aprendiendo a vivir en democracia? ¿qué hacemos con el agresor?, ¿qué contesto a una hija educada con valores democráticos cuando me cuenta el miedo que tiene a que le vuelvan a pegar los funcionarios que deben velar por el cumplimiento de las leyes de forma serena, pacífica y sobre todo, democrática?.
Carta de Nuria Mata García y Estefanía García Soriano. Detenidas, amenazadas y agredidas el 1º de Mayo por la Policía Nacional:
Serían las 10:30h de la mañana y nos dirigíamos hacia Conde Aranda. Salíamos de la plaza Salamero y en la esquina de Cesar Augusto estaban los antidisturbios. Al pasar por delante de ellos nos pidieron la documentación, se la entregamos los cuatro que íbamos y uno de los policías empezó a provocarnos. A Víctor, uno de mis compañeros, le quitó el cigarro de liar que llevaba en la boca, diciéndole que no fumase delante de él. Este policía la tomó con Víctor diciéndole que si tenía intención de seguir andando hacia Conde Aranda lo detendría, empujándole continuamente. Al final sacando la porra, el mismo policía, nos dijo que o nos íbamos o nos iba a desalojar violentamente en un acto fascista de esos que hablamos nosotros (literamente). Víctor pedía su DNI para marcharse, entonces el policía lo agarró y lo empujó desplazándolo unos dos metros. Fue entonces cuando nosotras, Nuria y yo (Fani), le dijimos al policía que su comportamiento no era normal y que no hacía falta tanta agresividad. En ese momento se volvió hacia nosotras y se encaró con Nuria, yo (Fani) le dije que se calmase y también me empujó. Los otros dos compañeros también le dijeron que se tranquilizara y el policía nos dijo que nos fuésemos pero sin darnos los DNI. Yo (Fani) me acerqué a por mi DNI y el policía me dio un bofetón y me tiró al suelo, cuando trataba de levantarme me dio un rodillazo en la cara y me volví a caer al suelo. Nuria se puso nerviosa y grito que pararan, ella se quería acercar a mi para ayudarme pero otro policía no le dejaba y la agarró, fue cuando el policía que me había pegado a mi (Fani) se acercó a Nuria y le pegó con la porra. Nuria se encogió para defender su cuerpo mientras se caía hacia atrás. Antes de esposarme el policiía me agarró del cuello y yo le decía que me estaba apretando mucho y que me estaba ahogando. Después fuimos las dos esposadas y reducidas en el suelo. Una vez esposadas, el policía que le había agredido, se acercó a Nuria y le susurró al oído: “Espérate que en comisaría te voy a matar”. A mi (Fani) me empezó a llamar “puta”. En ningún momento nos dejaban estar juntas, nos separaban constantemente. Posteriormente nos trasladaron a comisaría y pasamos la noche en los calabozos. Fuimos puestas en libertad a las 15h del día siguiente, sábado 2 de Mayo, después de haber declarado ante el juez.
Carta Anónima. Amenazado e intimidado por la Policía el 1º de Mayo:
Yo me encontraba con mi compañero, los dos en bici por las calles de El Gancho, cuando nos paramos para hablar con un grupete que acababa de ser identificado por la policía. Según nos dijeron era la quinta vez de la mañana que lo hacían, en ese momento apareció un furgón de antidisturbios bastante rápido hacia nosotros del que se bajaron numerosos policías con porra en mano corriendo hacia donde nos encontrábamos. A mi compañero lo tiraron de la bici entre dos, al ver esto yo salí de allí y escuche perfectamente en varias ocasiones "HIJO DE PUTA, GUARRO NO CORRAS NO QUE TE VAMOS A DAR IGUAL".
Los dos policías que me habían gritado, con la rabia de no haberme cogido, fueron a donde estaba mi compañero, le hicieron levantar los brazos y le pegaron una patada por la espalda, a continuación le desincharon las dos ruedas de la bici y le dijeron que a mi ya me cogerían que tenían toda la mañana para hacerlo y que me iban a reventar.
Una hora y pico más tarde me encontraba en la manifestación de la CGT, cuando a su paso por el Coso dos policías me cogieron por la espalda se rieron diciendo “mira el de la bici”, me pisaron, según ellos para que no me escapase, y me identificaron. Una compañera se intentó acercar pero le dijeron que no podía estar ahí, la empujaron y la invitaron a marcharse. Después me dijeron que ya me llegaría la sanción. Cuando les pregunte que de que me iban a acusar y les dije que quería una copia, me dijeron (entre risas) que lo mejor que podía hacer era irme de ahí ya y callarme.
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viernes, 8 de mayo de 2009
Los vigilantes
Detienen a dos guardias civiles en una operación contra el tráfico de drogas
* Una operación contra el narcotráfico se salda con once detenidos.
* Dos de ellos son guardias civiles del puesto de Barbate (Cádiz).
* Hay arrestados en Cádiz, Málaga, Sevilla y Ceuta.
EUROPA PRESS. 08.05.2009 - 11:32h
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a un total de once personas, dos de ellas agentes del Instituto Armado, en una operación contra el narcotráfico que afecta a las provincias de Cádiz, Ceuta, Sevilla y Málaga y que aún continúa abierta.
Los dos guardias civiles han sido detenidos en Barbate
En un comunicado, el Instituto Armado explica que hasta el momento se han practicado once detenciones y otros tantos registros domiciliarios. Según señala, la fase de explotación de la investigación tuvo lugar en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Ceuta, siendo la ciudad autónoma y la pedanía barbateña de Los Caños de Meca donde mayor incidencia tuvo el servicio policial.
En cuanto a los guardias civiles detenidos, indica que estaban destinados en el Puesto Principal de Barbate (Cádiz). Concretamente, hay dos detenidos en Ceuta, uno en Marbella (Málaga), uno en Utrera (Sevilla), otro en Tarifa (Cádiz) y seis en Barbate y su pedanía de Los Caños de Meca.
Finalmente, el Instituto Armado señala que la operación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones y actuaciones en las próximas horas.
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sábado, 25 de abril de 2009
Los vigilantes
TARRAGONA. Los Mossos d´Esquadra han desarticulado en Tarragona una banda de delincuentes integrada por siete personas que se dedicaban a asaltar a narcotraficantes para quedarse con la droga, haciéndose pasar en ocasiones por policías. Uno de los arrestados es un agente de la Guardia Civil que tuvo problemas en enero pasado durante un control de tráfico de la Policía de la Generalitat.
El agente es Antonio M., de 38 años y vecino de Ulldecona, cabo primero de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Tortosa, y ya ha ingresado en prisión provisional.
La banda, que operaba sobre todo en las comarcas del Ebro y en Castellón, está acusada de extorsión, tráfico de armas, tráfico de sustancias estupefacientes, blanqueo de capitales y falsificación de documentos y de moneda. Según los Mossos d´Esquadra, para sustraer dinero o droga a los narcotraficantes, «no dudaban en utilizar la violencia y la intimidación», y usaban crenciales policiales para hacerse pasar por agentes ante sus víctimas. Según los Mossos, «ha quedado acreditada la extorsión a diversas personas, con la que obtuvieron grandes beneficios económicos y vehículos de lujo».
El resto de detenidos son Roberto A., de 35 años, considerado el líder de la banda y vecino de la zona del Ebro; Juan Manuel C., de 30 y vecino de Masdenverge; Laura V., de 25 años y de la misma localidad; Adilson P., de 26 y vecino de Alcanar; David O., de 33 y residente en Miami Platja, y Lorenzo N., de 40 años y vecino de Castellón.
El agente, el cabecilla de la red, Juan Manuel C. y Lorenzo N. estan en prisión y los otros tres, en libertad con cargos. En los registros practicados en las casas de los detenidos, en las poblaciones tarraconenses de Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Ulldecona, Masdenverge y Amposta, los Mossos se incautaron de siete armas de fuego y munición, 1.200 euros falsos, 400.000 euros de curso legal, 100 gramos de hachís y seis coches.
El agente de la Guardia Civil ahora encarcelado tuvo problemas con los Mossos d´Esquadra el 20 de enero, cuando se enfrentó a una patrulla en un control de tráfico en el que le sometieron a la prueba de alcoholemia, que dio negativo. Antonio M. les dijo a los agentes que era guardia civil y que estaba investigando un doble homicidio en Alcanar. Posteriormente se quejó de la actitud de los policías, a los que acusó de abuso de autoridad por insultarle y registrarle el vehículo, a su juicio sin motivo.
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jueves, 23 de abril de 2009
Los vigilantes
Condenan a un guardia civil por abusar sexualmente de su hija durante 13 años
* Le exhibió películas pornográficas para que aprendiera "de las mismas los actos y sonidos que se veían".
* A los 11, la enseñó a masturbarle, normalmente en el cuarto de baño.
* La chica intentó suicidarse en varias ocasiones.
EUROPA PRESS. 23.04.2009
Un guardia civil ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a catorce años y tres meses de prisión por abusar sexualmente de su hija durante trece años, tiempo en el que incluso le exhibió películas pornográficas "con el fin de que ella aprendiese de las mismas los actos y sonidos que se veían" . Además, en alguna ocasión, la esposó para conseguir sus propósitos.
La joven inició un tratamiento como víctima de delitos sexuales y violación
En la sentencia se prohíbe al guardia civil acercarse a la víctima a una distancia inferior de 500 metros o comunicar con ella durante quince años así como a indemnizarla con 45.000 euros.
Durante el juicio el fiscal calificó el sufrimiento de la niña como "calvario" y la Sala considera probado que las agresiones comenzaron cuando la niña tenía 8 años y los padecía dos o tres veces por semana. En el relato de hechos se destaca que el progenitor, para conseguir sus propósitos, decía a su hija "que si no los hacía no saldría de casa, mostrándose agresivo y atemorizándola".
Para el ministerio público el agresor "abusaba" de su autoridad y del "respeto que a su hija le inspiraba la figura paternal" y, para conseguir sus propósitos generó "un terrible miedo en la misma". Debido a ello, la chica intentó suicidarse varias veces sufriendo cuatro intentos de autolesiones y estando ingresada por ello, hasta que a los 21 años se marchó de casa e inició un tratamiento como víctima de delitos sexuales y violación.
La familia de la chica asegura quee ella tenía una tendencia a mentir
A los 11, la enseñó a masturbarle
Las agresiones comenzaron con tocamientos en la zona genital mientras dormía cuando tenía 8 años y cuando cumplió los 9 años, el padre comenzó a introducirle los dedos en la vagina, conducta que repetía varias veces a la semana. A los 11, la enseñó a masturbarle, normalmente en el cuarto de baño, dos o tres veces por semana; en ocasiones, la amenazaba con no dejarla salir de casa y le llegó incluso a poner las esposas en alguna ocasión.
En una de las agresiones, una noche de Reyes, la penetró analmente. Una vez cumplidos los 21 años, su padre comenzó a intentar penetrarla vaginalmente, pero no lo consiguió nunca debido a la oposición de su hija, que finamente abandonó el domicilio.
En una de las agresiones, una noche de Reyes, la penetró analmente
Durante el juicio, el procesado negó los hechos y atribuyó la denuncia a un posible trastorno mental extremo que no ha sido ratificado por los peritos. Además el guardia civil, su esposa y su hijo aseguraron que la víctima tenía una tendencia compulsiva e irrefrenable a mentir desde la infancia, versión que tampoco le dan fiabilidad los médicos, que sólo reconocen un trastorno ansioso depresivo "que podría haber sido provocado por los hechos que la joven denunció".
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sábado, 18 de abril de 2009
Los vigilantes
OPERACIÓN CONTRA EL PROXENETISMO // JOSÉ JAVIER MARTÍN PUJAL INGRESÓ EN PRISIÓN EL 30 DE MARZO
Encarcelado por corrupción un inspector denunciado por torturas
David Fernández, Barcelona
El ex jefe del Grupo 6 de la Brigada de Información, implicado directamente en la represión contra los movimientos sociales, ha sido encarcelado por asociación ilícita.
‘JORDI’. Ha sido encarcelado por obstrucción a la justicia, soborno y asociación ilícita.
La desarticulación, a finales de marzo, de una compleja trama de proxenetismo y corrupción en Barcelona, que ha salpicado a policías, abogados y funcionarios municipales, ha acabado teniendo impacto en los movimientos sociales catalanes. El inspector José Javier Martín Pujal, ex jefe del Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información de la Policía española que encabezó diez años de represión y autoritarismo en Catalunya, duerme entre rejas desde el pasado 30 de marzo. La jueza Elisabeth Castelló decretó su ingreso en prisión por los delitos de obstrucción a la justicia, soborno y asociación ilícita.
La investigación acredita que José Javier Martín Pujal, alias ‘Jordi’, ya fue detenido en julio de 2007, tras ser denunciado por extorsión por el propietario del prostíbulo Saratoga, que le entregó un sobre con 3.000 euros, bajo control vigilancia de la Guardia Civil, para evitar operaciones posteriores. Tras el despliegue de los Mossos d’Esquadra en 2005, ‘Jordi’ había sido destinado a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF). De aquella detención arranca una larga investigación que ha acabado implicando a cinco altos mandos policiales –entre ellos, el comisario Luis Gómez, coordinador de las comisarías locales del cuerpo en Catalunya, para quien la jueza fijó una fianza de 5.000 euros–, tres abogados (uno de ellos militante del PP) y cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona. La operación también se ha saldado con el encarcelamiento de los propietarios de los históricos Saratoga y Riviera.
‘Jordi’ ya fue detenido a mediados de marzo, pero las gestiones de su mujer –que trabaja en la Delegación del Gobierno– forzaron su puesta en libertad. El viernes 28 de mayo fue apresado de nuevo y permaneció detenido hasta su traslado ante la jueza Elisabeth Castelló, del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, que decretó su ingreso en prisión sin fianza por un triple delito de obstrucción a la justicia, soborno y asociación ilícita. De la investigación también ha trascendido que en el registro de su taquilla personal fueron decomisadas cocaína, 45 pasaportes y joyas robadas que habían sido sustraídas a una trabajadora sexual del Raval en el transcurso de una operación anterior. Según la investigación, la cocaína acabó desapareciendo, a pesar de constar en una minuta redactada contra ‘Jordi’ por otro inspector de la UCRIF.
La investigación sobre su participación en la trama continúa abierta y refiere una densa trama triangular de corrupción policial y municipal en el ámbito de la explotación sexual de mujeres. Está acusado de conspirar con tres abogados para cobrar elevadas minutas a los amos de los prostíbulos a modo de protección y garantía para evitar operaciones policiales.
Destaca, entre los abogados implicados, el letrado Fernando Martínez, en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Martínez era un alto dirigente del PP catalán, donde todavía milita, sin que se haya producido por ahora ninguna medida cautelar de suspensión de militancia. Fernando Martínez fue secretario de Organización con Alberto Fernández Díaz como secretario general, vicepresidente del partido en Barcelona, consejero municipal en el barrio de Les Corts y responsable de la Comisión de Garantías hasta el pasado otoño. Era, asimismo, secretario general de la FECALON, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno, de la que dimitió el pasado 2 de abril.
Implicado en la represión
Martín Pujal, ‘Jordi’, acumula un amplio historial en la crónica reciente de la represión a los movimientos sociales catalanes. Jefe visible del Grupo 6 que lideró los grandes operativos represivos y que está tras las más de 2.000 detenciones de activistas producidas entre 1996 y 2006, fue denunciado en cuatro ocasiones por torturas y malos tratos. En el caso de ‘los tres de Gràcia’ acusados falsamente de terrorismo –para lo que ‘Jordi’ se llegó a inventar un grupo armado, el EBAN–, en el caso de Torà, en el caso de una fotoperiodista de Terrassa y en el caso de cuatro jóvenes detenidos en Sants en octubre de 2004. Dos de ellos, menores, fueron encarcelados durante 51 días, siendo posteriormente absueltos en un juicio donde ‘Jordi’ reconoció haber realizado interrogatorios ilegales sin la presencia de abogados. En aquel juicio, que acreditó la perforación de tímpanos sufrida por un detenido, ‘Jordi’ constaba como Ignacio Moreno Meribia. Hecho que ha confirmado que disponía de doble identidad oficial: en su tarjeta personal de presentación se leía Jordi Martín. La confirmación de esta doble identidad ha revelado hasta qué extremos de protección e impunidad llegó la ‘guerra de baja intensidad’ contra los movimientos sociales, que arrancó tras el desalojo del cine Princesa en 1996.
Fuentes del CNP se han negado insistentemente a confirmar el historial de ‘Jordi’ aduciendo que el “pasado no es lo importante”. Esa actitud se corresponde con algo ya sabido: ‘Jordi’ gozaba y goza de especial protección entre sus mandos superiores. Fuentes judiciales consultadas por DIAGONAL han ratificado que el inspector, de 48 años, tuvo un papel clave en la Brigada de Información, en la lucha antiterrorista y en la represión a los movimientos sociales.
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