«Todos los políticos reciben regalos», Rita Barberá, 2009 (AP-PP).
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
El franquismo fascista, impuso la corrupción, como forma de hacer en la actual "democratica españa".
La corrupción económica fue un rasgo básico de la dictadura franquista fascista, y estuvo muy extendida y la implicación política en la misma, hasta los máximos niveles, fue absoluta.
En algunos casos por la propia participación directa de altos cargos, en otros, por la protección que los estraperlistas recibieron desde el poder. Todo ello en medio de una total impunidad.
Las repercusiones de la corrupción fueron socialmente muy graves. Para los corruptos supuso un rápido enriquecimiento, mientras que para la mayor parte de la población implicó privaciones, carestía, hambre y miseria.
30 años despues, la corrupción politica, economica y social siguen mas activas que nunca.... "De aquellos polvos, estos lodos":
Caso del aceite de colza, Caso Flick, Caso KIO, Caso Wardbase, Caso de los fondos reservados, Caso Rumasa, Caso Filesa, Caso Ave, Caso Seat, Caso Osakidetza, Caso tragaperras, Caso Cesid, Operación Mengele, Caso Guerra, Caso Casinos, Caso Ibercorp, Caso Urbanor, Caso Sarasola, Caso Urralburu, Caso Bardellino, Caso Godó, Caso BFP, Caso Gran Tibidabo, Caso Estevill, Caso Turiben, Caso Salanueva, Caso Expo'92, Caso Roldán, Caso Paesa, Caso Banesto, Caso Palomino, GAL, Caso Naseiro, Caso PSV, Caso Hormaechea, Caso de la minería, Caso Soller, Caso Zamora, Caso Pallerols, Caso Villalonga, Caso Tabacalera-Alierta, Caso del Lino, Caso Forcem, Caso Gescartera, Caso Fabra, Caso Afinsa y Fórum Filatélico, Caso de las facturas falsas, Caso Montilla, Caso Planells, Caso Faycán, Operación Góndola, Caso Eólico, Operación Brisan, Caso González Arroyo, Corrupción urbanística (decenas de casos, esparcidos por todo el estado español), etc....
Partidos políticos y medios de comunicación españoles, ocupan el 2º puesto el ranking de sensación de corrupción en Europa.
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La Caverna. Apuntes desde la ciudad troglodita.
lunes, 27 de julio de 2009
domingo, 26 de julio de 2009
Los vigilantes
REPORTAJE
Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
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Resultado 140 votos
Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
230 agentes en prisión
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los asuntos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico
Crecen los casos de tráfico de influencias, según el Ministerio del Interior
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
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Guardias civiles y policías al otro lado de la ley
Dos investigaciones abiertas en Barcelona confirman e1 efecto corruptor del crimen organizado
LUIS GÓMEZ / JESÚS DUVA - Madrid - 26/07/2009
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Crece en España la capacidad del crimen organizado para influir sobre jueces, políticos y policías. Dos casos en Barcelona imputan a numerosos delincuentes, guardias civiles, policías, mandos policiales, un ex ertzaina, un mosso d'esquadra, políticos, un periodista, funcionarios de Justicia, abogados y empresarios. Hace unos días ha sido conocida la presunta relación del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara con un narcotraficante.
230 agentes en prisión
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Los asuntos investigados giran sobre la prostitución y el narcotráfico
Crecen los casos de tráfico de influencias, según el Ministerio del Interior
Los informes del Ministerio del Interior vienen advirtiendo en los últimos años de la capacidad de las bandas criminales para penetrar en las capas más sensibles de la sociedad española. En concreto, esos informes alertan de un progresivo incremento de casos de tráfico de influencias que afectan a jueces, políticos y policías. El riesgo se ha hecho realidad.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha destapado ahora un entramado corrupto que supuestamente afecta al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara, teniente coronel José Miguel Castañeda, acusado de presunta colaboración con el narcotráfico y blanqueo de capitales, denuncia falsa y cohecho.
Unos meses antes, una compleja investigación de la Fiscalía Anticorrupción en Cataluña permitió diseccionar dos casos enlazados entre sí que describen un panorama de corrupción generalizada que afecta a una variedad de funcionarios públicos y profesionales: además de los delincuentes profesionales, están imputados funcionarios de la Seguridad del Estado, funcionarios de juzgados, concejales, un reportero y, por supuesto, abogados y empresarios. Teniendo en cuenta que algunos de estos personajes están también presentes en otros sumarios, la sombra de la sospecha alcanza a algún diputado y algún político relacionado con mafiosos rusos.
Los analistas policiales coinciden en que se alcanza el último escalón (y el más peligroso) en el asentamiento de bandas criminales cuando éstas se encuentran en condiciones de penetrar las capas altas de la Administración: la judicatura, la policía y los partidos políticos, tres de los bastiones del Estado de derecho. Un repaso de las causas pendientes y sumarios bajo secreto revela que el número de incidencias que afectan a funcionarios de estos cuerpos ha crecido en los últimos tiempos. Y si algún caso puede servir de ejemplo, éste se ha dado en Barcelona.
Barcelona es el escenario de dos investigaciones que parecían llevar vidas separadas, pero cuya investigación ha ido determinando que tienen puntos en común. Uno de los casos tiene como eje central el tráfico de drogas; el otro, gira en torno a la prostitución en locales de lujo.
Caso número 1. Es un asunto complejo cuya investigación data de la madrugada del lunes 24 de enero del 2005 y que durmió el sueño de los justos en un juzgado durante más de dos años. Aquella noche de hace más de cuatro años, dos coches y una furgoneta entraron en el recinto cerrado del puerto de Barcelona. Sus 12 ocupantes se dirigieron a un bloque de dos contenedores. Tras forzar las cerraduras, encontraron lo que estaban buscando: un cargamento de gambas congeladas y... casi 1.200 kilos de cocaína como acompañamiento. La investigación de los pormenores de este robo se prolongó un año y medio. ¿Por qué? Por dos motivos: primero porque no se trataba de un asalto cualquiera: ese contenedor estaba vigilado por la Guardia Civil desde que la DEA (Agencia antidroga de EE UU) alertó de que había salido de Venezuela rumbo a Barcelona, donde llegó el 16 de diciembre de 2004. Las gambas y la cocaína llevaban en Barcelona 39 días a la espera de que alguien reclamara su traslado a Valencia, su destino final. Se trataba de averiguar así quién era su destinatario. El asalto frustró la investigación. Había un segundo motivo: en el robo de la cocaína estaban implicados cinco guardias civiles, un inspector jefe de policía y un mando de Policía Local, además de una banda de delincuentes.
El 6 de julio de 2006, la Guardia Civil llevó el caso al juzgado de Martorell. Durante un año, el sumario estuvo parado a pesar de que el material investigado era sorprendentemente bueno. Por ejemplo, existía una grabación en la que un interlocutor le exigía explicaciones a otro sobre un segundo robo en el contenedor del puerto (parece ser que algunos de los delincuentes volvieron una segunda vez) y, a la vista de que éste negaba cualquier implicación, el interlocutor le pegó un tiro en la pierna a uno de sus colaboradores. Los disparos, los gritos de dolor y la confesión de la víctima se escucharon en vivo y en directo a través del teléfono pinchado.
La Guardia Civil de la Zona de Cataluña decidió entrar en el asunto, a la vez que la Fiscalía Anticorrupción tomaba las riendas de la investigación. A partir de ese momento, las pesquisas adquirieron un nuevo impulso y desvelaron una compleja trama de amistad y complicidades entre una banda de delincuentes encabezada por Javier S. R, alias Trapero, y un grupo de guardias civiles dirigido por el agente Antonio S. M, apodado El Tete.
Los cacos, radicados en Barcelona desde 1990, se habían iniciado en el tráfico de coches robados. Más tarde ampliaron su negocio al narcotráfico. En un determinado momento, los guardias civiles con los que se relacionaban "pasaron a orientar a los delincuentes en su ilícito quehacer", conformándose así "una fructífera empresa criminal", según informes aportados al sumario.
Pero no sólo había una comunidad de intereses entre unos y otros, sino que cada vez parecía más claro que los jefes de esa organización eran los guardias civiles. Coches y drogas en el escenario. No era casual: algunos de estos guardias habían pasado desde la unidad de Tráfico hasta la encargada de la vigilancia en el puerto de Barcelona como consecuencia del despliegue de los Mossos d'Esquadra, cambiando así de negocio. Otros tenían su sede en el cuartel de Mollet del Vallés, donde se habían producido algunos hechos sospechosos. Estos guardias civiles se quedaban con la droga oculta en coches, que la cambiaban por harina, o bien sacaban partido del puerto de Barcelona, por donde circulan cada año más de cuatro millones de contenedores repletos de mercancías. Algunos miembros del grupo eran propietarios de una discoteca, usaban coches de alta gama o planeaban realizar inversiones en una urbanización de Vigo (Pontevedra). Otros podían enviar a sus hijos a estudiar a Inglaterra con la tranquilidad de que la factura la pagaba un tercero.
Entre medias, operaciones sospechosas, confidentes igualmente sospechosos y situaciones nunca aclaradas como la muerte del magistrado barcelonés Guillermo Castelló Guilabert, el 26 de octubre de 2005, en un extraño accidente de tráfico ocurrido en El Perelló (Tarragona). O las actividades de un periodista de El Mundo, Nando García, que presuntamente recibió dinero por difundir informaciones con el supuesto propósito de desacreditar al jefe de las investigaciones, el coronel Miguel Gómez Alarcón.
La práctica de nuevas investigaciones sirvió para imputar el pasado febrero al teniente coronel de la Guardia Civil Alfonso López Rubio y para dibujar un escenario tenebroso de amistades, negocios sucios y actividades no menos sucias: en su intento por eludir la investigación, algunos de los implicados llegaron a verter acusaciones sobre los jefes de la Guardia Civil que les investigaban, implicando en ello incluso a un general. El colofón de la historia es igualmente llamativo: la fianza de 12.000 euros impuesta al citado teniente coronel para eludir su ingreso en prisión fue pagada por el dueño de un club de alterne de Tarragona.
Caso número 2. Afecta sobre todo al Cuerpo Nacional de Policía. Este caso sería más sencillo si no fuera porque algunos personajes del caso número 1 aparecen en el caso número 2, señal de que la corrupción era más grave de lo que se supuso inicialmente. El caso, que estalló en octubre de 2007, tiene su epicentro en dos conocidos locales de prostitución de Castelldefels (Barcelona): el Riviera y el Saratoga. El primero, con un promedio de 200 mujeres, disfrutaba de protección policial: alguien avisaba con antelación de la llegada de una inspección a fin de que fueran retiradas las chicas menores de edad o que trabajaban sin papeles. El Saratoga (promedio de 100 chicas) también gozaba de amparo policial, pero su protector era un policía retirado.
En esas circunstancias, un tercer policía, José Javier M. P., conocido como Jordi, decide ocupar el puesto de su ex compañero, se ofrece a los dueños del local y pide su comisión (3.000 euros al mes). Como quiera que ese ofrecimiento lo hace bajo amenazas (o me contratas o te hago la vida imposible) y que el protector en ejercicio se entera y estaba muy lejos de dejar vacante su puesto, le tienden una trampa: le citan en un hotel de Barcelona con idea de grabar la entrevista y la entrega de un dinero. Y, además, lo denuncian a la Guardia Civil.
La cita se produce, pero algo sale mal cuando los guardias civiles se disponen a detenerle. Entonces se desata una persecución por las calles de Barcelona, que el denunciado aprovecha para arrojar a la vía pública los 4.000 euros que le acaban de dar, ante el estupor de los viandantes. A Jordi le tenían preparada alguna sorpresa más en forma de denuncias por ocultar pasaportes y objetos sospechosos, entre ellos un ordenador, en su taquilla. Ni qué decir tiene que Jordi estaba adscrito a la Brigada de Extranjería, la encargada del control de las mujeres que trabajaban en los clubes.
Pero había algo más que un mero conjunto de denuncias con Jordi como protagonista. Ese algo más es la existencia de una red de policías que protegían ambos locales, organización en la que tenían un papel dominante un comisario y un inspector jefe, además de un ex ertzaina. Ese algo más es la existencia de un despacho de abogados, en cuyo local social tenía su sede una asociación catalana de empresarios de clubes de alterne que hacía las veces de tapadera y que obligaba a los dueños de estos clubes a inscribirse como socios y a pagar su correspondiente cuota para asegurarles no sólo la protección jurídica, sino también la protección policial.
Los investigadores tienen conocimiento de pagos a los implicados, de invitaciones a viajes con sus mujeres e incluso del abono de una operación de cirugía estética para la hija de uno de los policías (6.000 euros). Aparecen en escena ex concejales del PP, trámites de licencias municipales a cambio de dinero, policías que se quedan con joyas tras un registro... Y para remate, algunos actores del caso número 1 figuran también en el caso número 2.
Las tácticas de la mafia italiana y sus grupos afines pasan por la compra de jueces, que a la postre son quienes tienen el poder de decisión sobre la libertad o el encarcelamiento de los delincuentes. Y, sin embargo, en España apenas aparecen jueces corrompidos. ¿Por qué? "Quizás porque el sistema funciona tal mal que no es necesario comprar jueces", según opina un destacado fiscal.
230 agentes en prisión
Algunas características de los casos investigados en Barcelona son similares a otros aún sin aclarar sucedidos en otras localidades de España. La diferencia está en que estos últimos están lejos de resolución. El secreto de sumario protege estas investigaciones, pero también puede ser la excusa para evitar explicar que se ha avanzado poco en su esclarecimiento.
Hay 100 kilos de cocaína y heroína que fueron sustraídos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Quienes se llevaron la droga la sustituyeron por talco. El robo se produjo el 5 de junio de 2008 y a pesar de algunas manifestaciones, entre ellas las del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciando el final de las investigaciones, sigue sin aparecer la luz al final del túnel.
También cabe recordar otro caso similar ocurrido en 2006: el hurto de 20 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Valencia por parte de dos agentes.
El número de agentes del orden que están en prisión -la mayoría por corrupción- se eleva a 230. Es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que hay 170.000 funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aumenta año tras año con episodios tan llamativos como la reciente sentencia contra el inspector José Gómez, condenado a nueve años de cárcel por cobrar 600.000 euros de la mayor narcotraficante de Baleares, Francisca Cortés, La Paca.
Impotencia ante la delincuencia de corte mafioso
La Costa del Sol es escenario de una serie de episodios, todavía en proceso de investigación, donde se describen peligrosas relaciones entre delincuentes internacionales, mandos de las fuerzas de seguridad e incluso jueces, sin entrar a considerar la gran cantidad de políticos y concejales implicados en procesos donde, además de la simple corrupción urbanística, se desprenden otras derivaciones.
Este fenómeno con base en la delincuencia organizada ha motivado algunos movimientos institucionales. La Fiscalía Anticorrupción modificó su denominación en 2007 ampliando sus competencias al crimen organizado y a delitos tales como el blanqueo de capitales. Desde entonces, a petición del actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esta institución pasó a denominarse Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En la memoria correspondiente al año 2008, la fiscalía advertía de su escasez de medios a la vista de un incremento del cien por cien en el número de casos investigados, producto de nuevas pesquisas relacionadas con la delincuencia organizada: dicha fiscalía tramitaba a finales de año 246 casos, cinco veces más que cuando fue creada en 1997.
De la citada memoria se desprendía un comentario preocupante: “El crimen organizado está especialmente presente en la contratación de obras públicas, donde, además de obtener beneficios patrimoniales, las redes de corrupción amplían sus contactos políticos”. No es una reflexión aislada. El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, lanzó un enigmático aviso durante su reciente toma de posesión: “Asistimos con impotencia a la aparición de un fenómeno criminal de primera magnitud: la delincuencia organizada trasnacional, con un poder extraordinario de corrupción y adaptabilidad a los distintos contextos sociales y políticos”.
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martes, 21 de julio de 2009
viernes, 17 de julio de 2009
Los vigilantes
por su presunta implicación en la operación para alijar 3,5 toneladas de hachís
El Juez decreta prisión para los dos guardias civiles implicados en una red de narcotráfico por cohecho
10.07.09 - 20:49 -
EUROPA PRESS |
ALMERIA
El juez que instruye las diligencias contra los dos guardias civiles detenidos por su presunta implicación en una red de narcotráfico de hachís desde el Magreb ha ordenado a primera hora de la tarde de hoy su ingreso en prisión tras tomarles declaración durante más de tres horas en dependencias del Juzgado de Instrucción número 4 de Roquetas de Mar (Almería).
El auto que dicta la prisión provisional para ambos agentes, adscritos al Servicio Marítimo y con una dilatada trayectoria en el Instituto Armado, considera que podrían haber incurrido con su actuación en presuntos delitos de cohecho, omisión de deber de perseguir delitos y contra la salud pública, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
El arresto de los dos guardias civiles, sobre los que se había abierto investigación hacia meses que llevó al registro por orden judicial de sus domicilios, se produjo el pasado miércoles después de una operación contra el narcotráfico de hachís desarrollada el día 4 y que se saldó con la detención de seis individuos, así como la aprehensión de 3,5 toneladas de hachís.
Las diligencias previas incoadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera y las abiertas por el juez encargado de la causa contra ambos efectivos del Servicio Marítimo permitió hallar indicios que apuntaban a su posible participación en la trama que también ha derivado en prisión provisional para Antonio F.D. y Francisco R.L., vecinos de Adra y Berja, respectivamente, así como a Abdelkarim Sbihi M., Karim Arim B. Rachid B. y Ousmane D.
Los dos guardias civiles, cuya identidad no ha trascendido, han pasado dos días en los calabozos de la Comandancia de Almería hasta que, a mediodía de hoy, eran trasladados a las dependencias judiciales de Roquetas de Mar donde han comenzado a prestar declaración pasadas las 13,30 horas y hasta poco antes de las 17,00 horas.
La operación que permitió abortar el alijo de 3.500 kilos de hachís en la desembocadura del Río Almanzora, en la comarca del Levante almeriense se activó en la madrugada del pasado día 4 al detectar el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) la presencia de una lancha neumática que navegaba rumbo al litoral de levante provincial.
Una vez la embarcación, de 14 metros de eslora y dotada de tres motores de 250 caballos de vapor, tocó tierra en la desembocadura del Río Almanzora, los agentes observaron como varios individuos desembarcaban y comenzaban a trasladar los 107 fardos de arpillera desde la orilla a dos furgonetas estacionadas en las inmediaciones de la playa.
Las patrullas de tierra implicadas durante el dispositivo lograban minutos después de abortar el alijo y arrestaban a los participantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia.
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Los vigilantes
LA ASOCIACION UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES SE PRESENTA COMO ACUSACION.
Denuncian a guardias civiles por repartirse ropa intervenida
Está implicado en el caso un alto mando del puesto de Talarrubias.Las prendas fueron retiradas hace cuatro meses en el mercadillo.
04/06/2009 EUROPA PRESS
Prendas intervenidas en un mercadillo, en una imagen de archivo.
Foto:EL PERIODICO
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado una denuncia disciplinaria contra agentes del puesto de Talarrubias porque en vez de acatar una orden judicial que ordenaba la destrucción de prendas de ropa intervenidas en una operación, se la repartieron entre los agentes, sus familiares y vecinos.
La ropa fue intervenida en 2005 en el mercadillo semanal de Talarrubias. En total se retiraron 25 cajas de ropa con marca falsificada, que sumaban en total unas 750 prendas de vestir y se detuvo a su propietario por un delito contra la propiedad industrial. A finales de 2008 un juzgado de Herrera del Duque ordenó su destrucción. Sin embargo "en lugar de acatar la orden judicial, la ropa ha sido repartida", según indica la asociación, que destaca que la Guardia Civil está investigando este asunto mediante la apertura de una investigación interna.
La AUGC se teme que el asunto quede "minimizado y que todo quede en algo anecdótico", señala debido a que sus miembros tienen sospechas de que "la cadena de mando estaría bastante implicada". Se trata de una sospecha que fundamentada en que "no toman declaración a testigos directos y a otros testigos le toman la declaración por teléfono". Esta situación ha provocado, según señala AUGC, que en el puesto de Talarrubias "se está viviendo con una gran tensión", ya que de 11 componentes cuatro se encuentran de baja psicológica, así como la esposa de uno de ellos, "que junto a su marido han sufrido amenazas e insultos tras prestar declaración", asegura la asociación.
Ahora se esta a la espera de que se abra expediente por la denuncia disciplinaria interpuesta en la que imputaban cuatro faltas muy graves al comandante del Puesto de Talarrubias, en las que AUGC se ha personado como acusación popular.
El citado mando habría reconocido haber utilizado un remolque recuperado de un robo, que se encontraba en depósito, y que lo matriculó con placas oficiales PGC por su cuenta y sin autorización de la Comandancia. La AUGC no entiende que después de cuatro meses desde que se denunciaron estos hechos, aún no se hayan tomado medidas disciplinarias y se esté permitiendo que el puesto de Talarrubias se convierta en "una bomba de relojería a punto de estallar" y no se priorice en atajar este tipo de comportamientos en la Guardia Civil.
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Los vigilantes
Imputan al jefe de la Guardia Civil de Guadalajara por blanqueo de dinero
Juan Miguel Castañeda, jefe de la Guardia Civil en Guadalajara. | Guadalajara Dos Mil
Raúl Conde | Agencias | Madrid
Actualizado viernes 17/07/2009 12:53 horas
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de varios delitos relacionados con una red de blanqueo de dinero y narcotráfico.
El jefe de la comandancia fue citado a declarar el pasado miércoles ante el juez en relación con la 'operación Dorado', en la que está implicado el histórico contrabandista gallego Marcial Dorado, confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional.
El juez Grande-Marlaska imputa al teniente coronel por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, denuncia falsa, infidelidad en la custodia de documentos y cohecho. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, el jefe de la comandancia de Guadalajara quedó en libertad. Tanto ayer como hoy ha acudido a su puesto de trabajo con normalidad.
Según informó La Voz de Galicia el pasado miércoles, Castañeda estaría implicado en una supuesta campaña contra el juez José Antonio Vázquez Taín, vinculada a la lucha de este magistrado contra las organizaciones de narcos gallegos.
Además de Juan Miguel Castañeda han quedado imputados un conocido narcotraficante de Arosa llamado Marcial Dorado; José Manuel Sánchez Zabala, ex guardia civil; y Eugenio Fontenla, funcionario del Servicio de vigilancia Aduanera destinado en Vigo.
En concreto, Marlaska decretó el pasado 2 de abril el ingreso en prisión de Dorado, su hija y un tercer cabecilla de la red llamado Eduardo M. Tras tomarles declaración, el juez les acusó de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y contra la hacienda pública.
La operación se inició el pasado 30 de marzo y finalizó hoy con la detención de un total de diez personas, entre ellas el citado 'narco'. Según el auto dictado en esa fecha por el magistrado, las empresas controladas por el narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúlde construyeron diversas embarcaciones "de forma clandestina" para su utilización en operaciones de tráfico de droga.
El juez cree que desde la década de los 90 Marcial Dorado constituyó "una importante red de sociedades", algunas de ellas en paraísos fiscales, y todas ellas con cuentas abiertas en Suiza. En España destaca la empresa considerada "buque insignia" del narcotraficante arousano, Programallo S.A., a través de la cual, "con el fin de aflorar las ganancias ilícitas, "se adquieren diversos bienes inmuebles". En concreto, entre junio de 1998 y el mismo mes de 2003, se constatan ocho préstamos a favor de Programallo por una cantidad aproximada de 21 millones de euros.
El origen del "complot" contra el juez Vázquez Taín sería la intervención de 6.000 kilos de cocaína en el "South Sea". La trama incluiría el uso de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Benemérita), utilizada presuntamente para presentar denuncias hacia la Fiscalía Anticorrupción amañadas. El auto judicial mantiene que Castañeda y el resto de altos cargos habría cobrado por facilitar documentos oficiales originales utilizados para estos fines.
El jefe de la guardia Civil en Guadalajara era entonces agregado en la embajada de españa en Rabat, la capital de Marruecos, país en el que estuvo ocho años, hasta su incorporación en 2006 a su destino en Guadalajara; a lo largo de su carrera profesional también estuvo adscrito al servicio de seguridad de la Casa del Rey.
Hasta el momento, el teniente Castañeda no ha presentado la renuncia a su puesto. Tampoco ha sido cesado ni inhabilitado cautelarmente. Castañeda, a través de la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil, ha rechazado hacer declaraciones.
La AUGC pide su cese
Sin embargo, ya hay voces que se han levantado contra la posición en la que ha quedado el jefe de la Comandancia de Guadalajara. El secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Guadalajara, José Moreno, ha pedido la destitución "fulminante" de Castañeda. Moreno ha denunciado públicamente que siga al frente de la Comandancia de Guadalajara, pero, si se tratara de guardias civiles de la escala básica se les suspendería casi de manera inmediata.
En este sentido ha criticado la distinta vara de medir que se aplica con los altos cargos y con los guardias civiles rasos. "Aquí no se toma ningún tipo de medidas cuando quienes cometen los supuestos delitos son altos cargos y cuando son guardias civiles de la escala básica se aplican medidas rápidas y drásticas" ha dicho. Para Moreno, es evidente que "la dirección general de la Guardia Civil se está llenando de gloria, pues a pesar de que Castañeda está imputado por cinco delitos, increíblemente, al día de hoy sigue en el cargo cuando ya tenía que estar cesado".
En este sentido, el secretario de Organización de la junta directiva Nacional de la AUGC, el guadalajareño José Antonio Agudo, considera también "increíble" que no se le haya cesado todavía. "Cuando un juez imputa cinco delitos a alguien lo hace porque ve fuertes y serios indicios" de ello, ha agregado.
Además, ha lamentado que desde la Comandancia se haya dado orden de que de colocar "una cortina de silencio" ante un hecho tan grave cuando lo que tienen que hacer es "destituirle de forma fulminante". Castañeda ya tenía que haber sido cesado el pasado año cuando Agudo y otros veintitrés guardias civiles le denunciaron "al sentirnos ofendidos y perjudicados" por "insultos" y "ya entonces pedimos que le cesaran", ha dicho.
Agudo se refiere a la denuncia que formularon en 2008 ya varios agentes de la Guardia Civil de Guadalajara, pertenecientes al subsector de Tráfico de la provincia, por "insultos y trato vejatorio" al sentirse "insultados" por este mando. La denuncia fue archivada por la juez.
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jueves, 16 de julio de 2009
miércoles, 15 de julio de 2009
lunes, 6 de julio de 2009
Los vigilantes
Detenidos dos mandos de la Guardia Civil por un alijo de 815 'kilos' de cocaína
La droga llegó al puerto pontevedrés de Marín, cuya vigilancia estaba encomendada a uno de los agentes
JESÚS DUVA - Madrid - 06/07/2009
La policía ha detenido a un abogado de Vigo y a tres guardias civiles por su presunta implicación en una red de narcotraficantes a los que les ha sido decomisado un alijo de más de 800 kilos de cocaína llegados a Galicia ocultos en un cargamentos de gambas congeladas, según han informado hoy fuentes policiales. Uno de los agentes arrestados es un subteniente en la reserva y otro es el jefe del destacamento del puerto de Marín (Pontevedra).
Las investigaciones se iniciaron a mediados de junio del año pasado, cuando el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) y compañeros de la Jefatura Superior de Policía de Galicia tuvieron noticias de que se preparaba la introducción de una carga de cocaína procedente de Ecuador a través de los puertos de Vigo y Marín. La red encargada del desembarco estaba dirigida supuestamente por el abogado César P., que aseguraba a los narcos que él tenía capacidad para meter droga por estos puntos sin ningún contratiempo.
A principios del presente año, el letrado contactó con un narcotraficante que marchó a Ecuador en abril pasado para preparar el envío de la mercancía. Ésta finalmente arribó al puerto de Marín hace una semana en un barco procedente de Cartagena (Colombia). El contenedor fue trasladado posteriormente desde el puerto hasta el polígono industrial Pocomaco de A Coruña, donde fue inspeccionado por la policía. Al hacerlo, esta descubrió 815 paquetes de un kilo de cocaína cada uno, ocultos entre un cargamento de gambas congeladas. Al mismo tiempo, han sido detenidas ocho personas, entre ellas el sargento primero responsable del puerto de Marín, a la vez que se ha iniciado una investigación patrimonial de los sospechosos.
La Comisaría General de Políicia Judicial española ha contado con la colaboración de las unidades de la DEA norteamericana (agencia antinarcóticos) con base en Madrid, Chile y Panamá.
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