viernes, 17 de agosto de 2012
La tortura en el estado español 2011
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jueves, 20 de octubre de 2011
Los vigilantes

Condenados por torturas dos policías de Barcelona
Los agentes acusaron falsamente a un detenido de traficar con drogas como represalia por una bronca en una discoteca
JESÚS GARCÍA | Barcelona 19/10/2011
El guardia urbano Víctor Bayona trató de flirtear, sin éxito, con una joven rusa en la sala Bikini de Barcelona. Le dijo que era idéntica a la tenista Maria Sharapova. Pese a su ardid y su buena planta y condición atlética -el chico ha ganado la medalla de bronce en los últimos campeonatos para policías de Nueva York- la chica le dio calabazas. "No quiero hablar contigo, vete", le contestó. El agente lo tomó a mal, le tocó el culo y la llamó "puta". Un amigo de la joven, Yuri Sarran, acudió en su ayuda. Y se lió.
Ocurrió la medianoche del 6 de septiembre de 2006. Sarran golpeó con un vaso a Bayona, pero fue reducido por cinco amigos de este -también policías fuera de servicio- y trasladado a la comisaría. Allí, y como represalia por la bronca de la discoteca, fue apaleado, vejado y humillado por Bayona y por el agente Bakari Samyang. La Audiencia de Barcelona ha condenado ahora a ambos a dos años y tres meses de cárcel por un delito de torturas graves y a ocho años de inhabilitación absoluta.
Bayona le propinó "patadas y puñetazos" en la comisaría de la Zona Franca que, "desgraciadamente", señala la sentencia, "devino en un lugar de desprotección". Samyang, que practica elkick boxing, fue más allá: le golpeó con un objeto contundente en la cabeza, le apagó un cigarrillo en el hombro izquierdo, "le restregó la cara con un mocho de fregar" y amenazó con usar una pistola para "enseñarle un juego".
El joven, natural de Trinidad y Tobago e hijo de diplomático, no pudo identificar a los otros cuatro policías que también estaban acusados y que, por ese motivo, han sido absueltos. Los agentes no solo torturaron a Sarran; también le atribuyeron falsos delitos. El tribunal considera "increíble" la versión dada por los agentes: que la disputa se inició, no por una chica, sino porque el joven les ofreció hachís y les atacó cuando iba a ser detenido. Para la Audiencia no es creíble que un estudiante extranjero de Administración de Empresas, "que recibía constantes transferencias de dinero se dedique a vender hachís por 20 euros". Y que lo hiciera, además, "acudiendo a una discoteca con sus compañeros de clase". Los policías usaron una tableta de hachís de otro detenido y se la colocaron a Sarran ya en comisaría.
Además de "simular" el tráfico de drogas y "falsear el atestado", los policías le acusaron sin base de atentado a la autoridad, ya que en ningún momento se identificaron como tales. La sentencia, no obstante, no les condena por estos delitos porque las acusaciones no lo pidieron. Sarran -cuya versión de los hechos se considera "fiable"- ha sido absuelto de todos ellos, pero condenado por un delito de lesiones (arrojó un vaso) a ocho meses de cárcel.
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lunes, 20 de junio de 2011
Informe 2010: La tortura en el estado español
Presentado por la Coordinadora para la prevención de la tortura.
Informe completo en PDF
viernes, 18 de febrero de 2011
Los vigilantes
Euskadi reconocerá a las víctimas de la violencia policial
El Parlamento vasco aprobará una proposición no de ley para reconocer por primera vez a personas que han sufrido entre 1968 y 2010 la llamada "violencia de motivación política" por parte de policías, grupos parapoliciales o la extrema derecha. El texto saldrá adelante, ya que es iniciativa del PNV, del PSE, Aralar, EA y EB. PP y UPyD se han quedado al margen y en minoría.
Los grupos firmantes exponen en la proposición no de ley que "es preciso reconocer que los sufrimientos padecidos por las víctimas del terrorismo, las violaciones de derechos humanos que han sufrido y, desgraciadamente, siguen sufriendo, no han sido las únicas". PNV, PSE, Aralar, EA y EB apuntan además que el reconocimiento de estas otras víctimas llega "con retraso".
La propuesta se registró ayer en el Parlamento vasco después de un largo recorrido y mucha cocina entre los grupos. De hecho, el origen en esta legislatura se remonta al 22 de diciembre de 2009, cuando la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca instó a las direcciones de Víctimas del Terrorismo y de Derechos Humanos del Gobierno vasco a continuar la labor sobre la "violencia de motivación política". El Ejecutivo de Ibarretxe ya había presentado la anterior legislatura un informe que identificaba 109 muertos y 538 heridos [la mayoría de los años setenta] a manos de las Fuerzas de Seguridad, grupos parapoliciales y la extrema derecha. Aquel informe fue rechazado por PSE y PP.
Mejor suerte corrió el segundo informe elaborado por sendas direcciones ya con el Gobierno de Patxi López. Tras su presentación, el pasado 1 de diciembre, todos los grupos, incluidos el PP y UPyD, lo asumieron. Este segundo trabajo, que no recoge un censo de víctimas, abarca el periodo 1968-2010, pero diferencia las acciones registradas desde mediados de los años 80, "cuando la política antiterrorista empieza a ajustarse a cánones de protección de derechos humanos". En este último periodo, atribuye esas violaciones de derechos al "abuso de autoridad".
PNV, PSE, Aralar, EA y EB consideran "necesario" que las "recomendaciones" recogidas en dicho informe "se plasmen en un acuerdo parlamentario que constituya la hoja de ruta a seguir en el próximo futuro". Así, en su proposición no de ley, que se aprobará probablemente en marzo, el Parlamento vasco instará al Gobierno de Patxi López a activar una serie de medidas para el "reconocimiento de dichas víctimas" y el desarrollo normativo preciso para la concesión de "ayudas": "La primera normativa deberá aprobarse dentro del año 2011". Además, también se dará luz verde a la creación de una ponencia en la Cámara vasca para "el seguimiento de estas actuaciones".
Los grupos promotores de la iniciativa creen que es beneficiosa para la "reconciliación" de la sociedad vasca tras décadas de violencia.
El PP, que dijo estar de acuerdo con la mayor parte del texto, rechazó, sin embargo, la creación de una ponencia, porque, a su juicio, "se presta a paralelismos" con las víctimas de ETA.
lunes, 7 de febrero de 2011
Los vigilantes

Los policías locales de Badalona que torturaron a una pareja eluden la cárcel pero no podrán ejercer en ocho años
Confundieron a los jóvenes con dos sospechosos de propinarle una paliza a una agente
Barcelona (EP).- La Audiencia de Barcelona ha condenado a siete policías locales de Badalona y a un mosso d'Esquadra a un año de cárcel y a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por agredir a una pareja en la estación de Renfe de la localidad golpeando al joven e introduciéndole espray autodefensa en la boca a ella -que era menor-, tras confundirlos con dos sospechosos.
Según relata la sentencia, el 23 de octubre de 2005 los agentes buscaban a dos sospechosos de haber agredido a una policía local y creyeron que era la pareja, aunque poco después detuvieron a la verdadera agresora.
Al joven le golpearon en la cara, le agarraron de la camisa arrastrándole hasta la vía del tren y lo sostuvieron sobre la misma durante unos instantes, mientras que a ella le introdujeron el espray autodefensa profiriéndole expresiones como "te lo vas a tragar" y "que hables, es mejor para ti", mientras la arrastraban del pelo por el andén y le daban patadas.
Después, los llevaron a un centro médico ante un agente entubado, con signos de haber recibido una paliza, que indicó que no eran los responsables, por lo que los encerraron en un cuarto y les explicaron que esa noche habían agredido al "compañero" pero que ya habían detenido a la agresora.
"Me dijeron que les perdonara por el error y que entendiera que estaban nerviosos", expuso la entonces menor en el juicio. La Fiscalía pedía penas de hasta cuatro años por delitos de atentado contra la integridad moral en su modalidad de torturas, faltas de lesiones y delitos de lesiones para los acusados.
El juez ha condenado a los agentes de la policía local de Badalona Irene G.G., Alfonso O.B., Pascual P.L., David S.B., Francisco C.R., Daniel C.M., Jesús María G.M. y al mosso Josep Oriol F.B., a un año de prisión y ocho de inhabilitación absoluta, y les ha impuesto una indemnización de 2.000 euros para cada uno de los agredidos por las lesiones y las secuelas, y de 3.000 por los daños morales, por el delito contra la integridad moral en su modalidad de torturas; aunque no irán a la cárcel por no tener antecedentes.
Les absuelve de los delitos de lesiones, de las faltas de lesiones -porque fueron leves y quedan subsumidas en el delito contra la integridad moral- y del delito de detención ilegal porque fueron puestos en libertad cuando el agente hospitalizado dijo que no eran ellos.
jueves, 27 de enero de 2011
Torturas
En esa nueva fase, camino a Madrid, empezaron los golpes. «Estaban obsesionados con los testículos y con los tocamientos, pero también me pegaban en la cabeza. Poco a poco pierdes la noción hasta de quién eres. Se me hizo eterno. Cuando bajé del coche, no podía ni mantenerme en pie, no sé si por la tensión, por los golpes... Tuvieron que llevarme entre varios».
De ahí «al `agujero', a los calabozos». Beortegi remarcó sobre todo el silencio total y la oscuridad absoluta. Permaneció con un antifaz en la cabeza en todo momento. De vez en cuando lo sacaban para los interrogatorios. En ese punto de la narración hizo un alto para tragar saliva, y siguió: «Eran golpes continuos en la cabeza. Y me ha- cían estar en cuclillas hasta la extenuación; entonces, cuando no podía ya ni respirar, me ponían una bolsa en la cabeza. Todo esto era continuo», subrayó.
A partir de ahí, el joven de Iruñea captó cómo funciona el mecanismo de las autoinculpaciones: «Te van sacando nombres, los nombres que ellos quieren que salgan: entorno familiar, amigos, gente que trabaja contigo en el barrio... Te hacen hacer un organigrama». Todo ello entre golpes y humillaciones.
Llegó un momento, explicó Beortegi, en que «les dije `vale, colaboro, hago lo que queráis, digo que he matado a Manolete... Entonces aparecieron con las preguntas y las respuestas, escritas. Estuve una tarde para aprendérmelas. Metes `marrones' a los demás, te `enmarronas' tú mismo, lo que sea... Entonces te meten otra vez al `agujero' y la cosa se tranquiliza un poco. Luego vinieron y me dijeron `vale, pero esto es lo fácil, ahora ratifícalo ante el juez y saldrás en libertad'».
En ese momento, según admitió Beortegi, «yo asumía ya que eso era así. Pero en el último momento decidí que no, que iba a decirle al juez la verdad». Quedó libre en la tarde del viernes. Atrás quedaban más de 85 horas en manos de la Guardia Civil.
viernes, 31 de diciembre de 2010
Condenados cuatro guardias civiles por torturar a los etarras de la T-4
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa considera que Portu y Sarasola sufrieron "insultos y golpes" tras su detención
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha condenado a cuatro de los 15 guardias civiles juzgados por un delito de torturas a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, tras su arresto en 2008.
El juicio, celebrado en octubre, fue ya excepcional, ya que la mayor parte de este tipo de denuncias es archivada. En casi una década, esta es la primera condena, contra la que cabe recurso de casación. En la sentencia, hecha pública el jueves, la magistrada ponente, María José Barbarin, señala que la resolución "contiene un mensaje inequívoco de desaprobación", así como de ratificación de la ley penal que "prohíbe torturar" como "pauta rectora de la policía" en un Estado de derecho.Fuentes de la Guardia Civil señalaron que esta sentencia no cuestiona la lucha antiterrorista, ya que determina que los cuatro agentes condenados actuaron con ánimo de "venganza" y no con el fin de obtener información sobre ETA: "El fallo dice que se produjo una violencia excesiva tras la detención por parte de los agentes que intervinieron en ella, pero no en el periodo de incomunicación ni por parte de los agentes que participaron en la investigación".
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa determina, en esta causa, que la "conclusión lógica" es la "validación" de la acusación del ministerio fiscal, que solicitó penas de dos a tres años de cárcel para cuatro de los quince encausados. La acusación particular que ejercen Portu y Sarasola -condenados por el atentado de la T-4, en el que fallecieron dos personas y que significó la ruptura de la anterior tregua de ETA-, pedía de 6 a 17 años de prisión para todos los agentes.
Los cuatro condenados
En la resolución final, el tribunal condena por delitos de torturas y lesiones al sargento de la Guardia Civil Juan Jesús Casas García a cuatro años y seis meses de prisión; al agente José Manuel Escamilla Martín, a dos años y seis meses; y a los guardias Sergio García Andrade y Sergio Martínez Tomé, a dos años de cárcel. El fallo inhabilita además al sargento por un periodo de 16 años y a sus tres compañeros, por ocho. Los condenados pertenecen al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR).La Audiencia Provincial considera probada su participación en los malos tratos a los miembros de ETA tras su detención en Arrasate, el 6 de enero de 2008, y antes de su traslado al cuartel de Intxaurrondo. Según el tribunal, los cuatro guardias civiles amenazaron a los miembros de ETA y los trasladaron por separado a un río, del municipio de Aramaio, para buscar un lugar que, "facilitando su impunidad, les permitiera humillar, castigar y vengarse de los detenidos, física y moralmente, por su pertenencia a ETA. A Sarasola le colocaron una
pistola en la sien con la que hicieron el ademán o gesto de dispararle, y le tiraron explanada abajo, momento en que aprovecharon para golpearle". Según el tribunal, los agentes le subieron después hasta donde estaban los patrol, cuyas puertas utilizaron para golpearle en el hemitórax: "El castigo físico gratuito a quien ya estaba detenido".
Según la sentencia, Portu también fue conducido "a empujones, fuera del vehículo, hasta llegar a la altura del río, donde, en dos ocasiones al menos, le sumergieron la cabeza en el agua (...) Este episodio tuvo una duración prolongada de media hora más o menos, sólo destinada a agredirle, física y psicológicamente, en clara venganza o castigo por su pertenencia a ETA".
Las versiones en el juicio
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa cree que la versión ofrecida por los miembros de ETA sobre tales hechos coincide con las pruebas recogidas y también con la declaración de diversos testigos. El tribunal dice ser consciente de que la "sistemática denuncia de torturas" forma parte de la "estrategia" de la banda armada, pero matiza que una cosa es eso "y otra realidad bien distinta es negar la posibilidad, al menos hipotética, e indeseable en un Estado de derecho, de que tales torturas a los miembros de la banda puedan existir".En este caso, según recoge el fallo, por parte de la defensa de los guardias civiles "nada se ha acreditado" para demostrar una kantada (denuncia falsa preparada antes de la detención) de Portu y Sarasola.La Audiencia Provincial de Guipúzcoa estima, por el contrario, que la versión de los hechos sostenida en el juicio por los guardias civiles, que atribuían las lesiones de Portu y Sarasola a un supuesto intento de huida, "no ha sido avalada por las pruebas practicadas". "El intento de huida que se nos ha representado por los cuatros agentes señalados se antoja inviable", señala el fallo.
Respecto a los informes periciales sobre las lesiones, la Sala acoge como válidas las consideraciones del estudio de los dos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal, los doctores Valle y Goenaga, que concluyeron que las heridas sufridas por Portu y Sarasola eran compatibles con su relato de los hechos.La Audiencia Provincial de Guipúzcoa también acoge las consideraciones del informe pericial emitido por los Médicos Forenses Doctores del Valle y Goenaga, que concluyeron que las lesiones de Portu y Sarasola eran compatibles con su relato de los hechos sobre cómo se produjeron las torturas.
Por el contrario, el tribunal se muestra muy crítico con los informes presentados por los peritos de la defensa de los agentes, los doctores Villanueva y Resines. Les reprocha por ejemplo que no tuvieran en consideración las características del lugar donde se produjo la detención y, en cambio, ofrecieran un "estudio teórico o conceptual sobre la compatibilidad de las lesiones" con otras producidas en algunos deportes para explicar los golpes de Portu y Sarasola. "En el caso específico del doctor Villanueva", agrega, "con una ligereza metodológica censurable pues, sin ambages y ayuno de una mínima comprobación, afirma en su dictamen que las fotografías del cuero cabelludo de Portu habían sido alteradas, extremo que quedó totalmente refutado en el juicio". La Audiencia Provincial limita la veracidad de los malos tratos al tiempo posterior a la detención, pero considera que no pueden probarse las supuestas torturas que, según Portu y Sarasola, sufrieron en los calabozos de Intxaurrondo o en los traslados en coche desde Lesaka hasta San Sebastián y Madrid.
jueves, 2 de diciembre de 2010
Los vigilantes
Los agentes niegan las imputaciones, mientras que la víctima declara que se sintió "humillado"
"Me sentí humillado. Tuve miedo y pánico. Pensé que podían hacer conmigo lo que quisieran". Así de contundente se ha expresado Luis T. en el juicio que celebrado en la Audiencia de Barcelona contra dos mossos d¿esquadra que presuntamente le maltrataron en la calle y le agredieron en la comisaría de Nou de la Rambla, en el barrio barcelonés del Raval.
Los agentes lo han negado todo y han declarado que fue el muchacho quien les insulto, se resistió a su detención y les amenazó. Sus explicaciones no han convencido a la fiscalía que ha mantenido la petición de tres años de cárcel, multa e inhabilitación para estos policías. Un tercer agente se ha sentado en el banquillo por una falta de lesiones por apretar en exceso las esposas a la víctima.
Señalados
Luis T. los ha señalado con el dedo. Ha apuntado hacia los dos acusados y los ha identificado como los agentes que le detuvieron, sin razón alguna, en su opinión, en la madrugada del 25 de febrero del 2006, cuando caminaba por la calle . Según la acusación, la víctima y los testigos, el joven recibió en su móvil una llamada perdida, exclamando en voz alta "me ha llamado Bea" (la que era su novia). En ese momento, pasaba por su lado un coche patrulla de los Mossos, donde iban los dos acusados, que detuvieron el vehículo, se acercaron a él y procedieron a su identificación.
Los agentes han explicado en el juicio que Luis T. les insultó y golpeó el coche policial. Por eso, según su versión, se pararon, salieron del vehículo y le pidieron la documentación. A pesar de que el joven denunció que un agente le empujó y que la actuación policial fue violenta, lo mossos solo han admitido que uno de ellos le "desplazó" con el brazo y que Luis T. tenía una actitud "despectiva". "Vinieron a por mi", ha insistido el afectado.
Falta de respeto
Después de la identificación, los policías comunicaron al joven que iban a denunciarle por "falta de respeto". Sin embargo, Luis T. consideró inadmisible la actuación de los mossos y decidió dirigirse a la comisaría de Nou de la Rambla para presentar él una denuncia. Pero no llegó. Se topó de nuevo con los policías acusados, que lo detuvieron, al entender de la víctima, de "forma violenta". Los agentes, en cambio, han relatado que fue el joven quien se resistió.
La víctima ha detallado también ante el tribunal que en comisaría dos mossos le cogieron por los brazos, mientras que uno de los agentes imputados le abofeteaba, le golpeaba y le daba puñetazos en el estómago. "Había hasta cinco mossos", ha dicho. Los agentes lo desmintieron. Eso sí, el joven abandonó la comisaría ese 25 de febrero del 2006 con policontusiones en todo el cuerpo.
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Manual del torturador español

"El manual del torturador español", de Xabier Makazaga. Ed. Txalaparta 2009
Libro que ha sido censurado.
libro en PDF
viernes, 29 de octubre de 2010
Torturas en Andalucía

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha identificado 45 casos de “tortura” en Andalucía por parte de policías (locales o nacionales), guardias civiles y funcionarios de prisiones.
Estos 45 casos han acarreado 81 denuncias -la mayoría de ellas por parte de las víctimas-, según se extrae del ‘Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2009′, y que ha sido elaborado por las tres asociaciones que integran CPDT en la comunidad (la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Enlace y el Grupo 17 de Marzo).El documento se ha elaborado a partir de entrevistas personales con los denunciantes o de información facilitada por sus abogados, así como de resoluciones judiciales, informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos o noticias “contrastadas” publicadas en medios de comunicación.
El Cuerpo Nacional de Policía es el que más denuncias registradas por la CPDT tuvo en 2009 en Andalucía, seguido de la Guardia Civil, Policías Municipales y funcionarios de prisiones.
Por provincias, Sevilla fue la que más denuncias por tortura han identificado las organizaciones citadas (18 casos y 44 denunciantes), seguida de Cádiz (16 y 24); Córdoba (5 y 5); Málaga (3 y 4); Huelva (2 y 2) y Almería (1 y 2).
La CPDT carece de datos sobre las denuncias producidas por estos motivos en las provincias de Jaén y Granada debido a que las asociaciones andaluzas responsables del informe carecen de recursos en estas zonas, según ha explicado la portavoz de la Federación Enlace, Carmen Martínez.A pesar de estas cifras, de los 45 casos apuntados en el informe sólo en uno de ellos se concreta que los agentes denunciados fueron imputados (por lesiones y detención ilegal del denunciado), mientras que en el resto o se indica que está siendo investigado por algún Juzgado de la comunidad andaluza (en cinco casos) o no se especifica a qué altura del proceso se encuentra la denuncia (en 31).
A este respecto, Martínez ha asegurado que en estos 31 casos la investigación -que según ella tarda entre tres y cinco años-, continúa en curso, y ha asegurado que la coordinadora estudia la posibilidad de realizar en un futuro un nuevo informe de seguimiento de los casos presentados.
Asimismo, en dos de los 45 episodios de supuesta tortura los agentes implicados quedaron absueltos, y otros cinco aluden a suicidios, sobredosis o muertes por enfermedad de presos en el interior de las distintas cárceles andaluzas.
La portavoz de Enlace ha explicado que estos casos se documentan como “torturas” por representar “una situación de maltrato”, ya que al encontrarse en prisión “estas personas depende al cien por cien de la institución penitenciaria, que no ha cumplido lo suficiente con su deber de custodia”, ha apostillado.
El informe también señala dos casos de fallecimiento en circunstancias extrañas, como el de un marroquí preso en el Centro Penitenciario Puerto II -en El Puerto de Santa María (Cádiz)-, que tras denunciar su mujer y él mismo que había sido agredido por funcionarios de la prisión, en octubre del año pasado, acabó muerto aplastado por la puerta mecánica de su celda, controlada a distancia.
Martínez ha expresado la “preocupación” de las asociaciones de Derechos Humanos que investigan este tipo de casos respecto a la “criminalización” que en su opinión se está produciendo sobre estos colectivos.
“Cada vez que un abogado se mete en estos berenjenales y lucha contra un posible caso de tortura o abuso sale mal parado, contradenunciado o coartado”,
jueves, 14 de octubre de 2010
Los vigilantes

La Guardia Civil detiene a dos policías locales de Altea acusados de torturas y detención ilegal
Los agentes permanecen en los cuarteles de Calpe y Villajoyosa
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. A. F./D. C. La Guardia Civil detuvo ayer a dos policías locales de Altea acusados de un presunto delito de torturas, amenazas, detención ilegal y coacciones. Tras el arresto, una comisión judicial registró y precinto las taquillas y el armero de ambos agentes y solicitó que hoy mismo se presenten al juez los partes de trabajo de los últimos cinco años emitidos por los dos policías que al cierre de esta edición permanecían detenidos en los cuarteles de la Vila Joiosa y Calpe.
El arresto de los agentes se produjo sobre las 14.00 horas en el mismo retén de la Policía Local una vez que los agentes habían concluido su jornada laboral y en presencia de responsables municipales a los que se informó previamente de lo que iba a suceder, según ha podido saber este diario de fuentes policiales.
Asimismo explicaron que los guardias civiles que realizaron la detención –pertenecientes a la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO)– esperaron a que los policías se cambiaran el uniforme reglamentario y vistieran ropa de paisano «para no generar alarma social».
Tras la detención ordenada por el juez, en la que también estuvo presente la teniente del cuartel de la Guardia Civil de Altea, los agentes fueron conducidos uno, al cuartel de la Benemérita de la Vila Joiosa, y otro al cuartel del municipio próximo de Calpe –previsiblemente para mantenerlos incomunicados– donde al cierre de esta edición permanecían detenidos.
Registros
Durante la tarde de ayer, sobre las 20.00 horas, una comisión judicial se personó en el retén de la Policía Local de Altea y registró las taquillas de ambos agentes que responden a las iniciales J. M. C. y R. C. y cuyas edades oscilan entre los 35 y 40 años, tal y como confirmaron fuentes policiales.
Tras el registro, las taquillas de los dos policías locales fueron precintadas y también el depósito en el que los agentes depositan sus armas reglamentarias cuando finalizan su jornada laboral, según explicaron a este diario fuentes de la investigación.
Asimismo, estaba previsto que se produjeran registros en los domicilios de los dos detenidos. Pasadas las 22 horas de ayer, se pudo ver a varios agentes de la Guardia Civil que se encontraban apostados en la entrada del domicilio, en Altea, de uno de los agentes, según explicaron las fuentes consultadas por este periódico.
El juez también ha ordenado que los responsables del retén de la Policía Local de Altea entreguen hoy mismo los partes de trabajo y las denuncias interpuestas por los dos agentes policiales durante los últimos cinco años.
Esta documentación se adjuntará a la investigación sobre la que pesa el secreto de sumario.
Denuncias previas
Este periódico ha podido saber que pese a que la concejala de Seguridad reiteró ayer que no había motivos que justificaran la detención de los agentes ni denuncias por un comportamiento indebido sí las hay. Según han explicado a este diario, los dos agentes acumulan varias denuncias por supuestas «actitudes prepotentes y malos modos» en el ejercicio de su trabajo.
Las quejas se habrían presentado tanto en el retén de la Policía Local del municipio como en el cuartel de la Guardia Civil de Altea donde podría haberse iniciado la investigación.
«El arresto se produce para tapar asuntos de la Guardia Civil»
La concejal de Seguridad Ciudadana de Altea, Patricia Mora, negó que hubiese denuncias previas contra los agentes detenidos quienes, en su opinión, han sido objeto de una «detención irregular e injustificada». La edil, en su afán de defender a los agentes, fue más lejos y aseguró que «no existe motivo alguno» para el arresto, que se produce «para tapar otros asuntos relacionados con la Guardia Civil», en alusión al brote de tuberculosis detectado en el cuartel de Altea esta misma semana.
Asimismo, la concejala Patricia Mora anunció que el Ayuntamiento prestará asistencia jurídica a los dos agentes que habitualmente trabajaban juntos en el desarrollo de sus tareas policiales. D. C.
martes, 14 de septiembre de 2010
Los vigilantes

Agresión en comisaría
Un policía de Alcorcón golpea a un detenido | El consistorio suspende a la gente de empleo y sueldo 18 meses después de los hechos
- Alejandro López
Tres tortazos con ambas manos. El sonido contra la cara del detenido es sordo. Está esposado y contra la pared. "Hala, ya está, ¿quieres más?", dice el agente de la Policía Municipal de Alcorcón. Se oyen otros dos golpes pero el teléfono móvil no llega recoger más que el sonido. La presunta agresión ocurrió el 21 de febrero del 2009. Los informativos de Telemadrid la sacaron ayer a la luz, tras lo que el Ayuntamiento abrió una investigación y suspendió al agente de empleo y sueldo.
La secuencia -grabada en las dependencias del cuerpo en la calle de la Jabonería de Alcorcón- recoge al detenido, arrestado por conducir ebrio, con sus manos esposadas en la espalda. Se le ve alterado y se queja al policía que parece estar al mando de que otros agentes le han golpeado. "¿Y si te pego yo?", le contesta. El detenido le desafía. "Pégame, pégame". El agente cae en la provocación y le golpea con las palmas de las manos abiertas cinco veces la cara del detenido, de tez morena. La fuerza de los golpes le lleva contra la pared. "¿Quieres más? ¿Pero con quién te crees que estás hablando? ¡Pintamonas!", remata el presunto agresor. En las imágenes se ve como al menos otros cuatro agentes siguen la escena sin intervenir ante los golpes al hombre esposado. El detenido fue puesto en libertad poco después. El agente, que era cabo en el momento de los hechos, ha ascendido a sargento del cuerpo, según confirmaron ayer fuentes policiales.
El consistorio de Alcorcón condenó ayer el maltrato, suspendió cautelarmente al agente y trasladó las imágenes a la fiscalía para depurar responsabilidades.
EL APUNTE
El detenido no denunció los golpes
Había sido una actuación difícil. Fueron necesarias varias patrullas para reducir al esposado de las imágenes, que opuso una gran resistencia y arremetió contra varios agentes antes de ser trasladado a las dependencias policiales, según pudo saber ayer ADN. Cuando fue puesto en libertad tras la detención no interpuso denuncia alguna por las bofetadas. La Policía Municipal supo de las imágenes hace dos o tres días. Desde el seno del cuerpo señalan que es un hecho aislado y defienden la profesionalidad de los 270 agentes de la plantilla.
LAS REACCIONES
«La resolución ya está tomada. Es un hecho muy grave y condenable y vamos a personarnos como acusación particular»
Enrique Cascallana
Alcalde de Alcorcón
«Un policía debe dar ejemplo. Que se aplique la ley, ya vaya de uniforme o vestido de payaso»
José Fco. Cano de la Vega
Unión de Jefes de Policía Local
lunes, 9 de agosto de 2010
Los vigilantes

TORREVIEJA
Una juez acusa al jefe de la Policía Local y a otros seis agentes de torturas
La Guardia Civil les detuvo además por omisión del deber de perseguir delitos y falsedad de documentos y la magistrada les dejó en libertad con cargos.
P. C./D. P.
Una juez de Torrevieja ordenó ayer a la Guardia Civil la detención de siete policías locales, entre ellos el jefe y otros cinco mandos, por su presunta implicación en torturas a un detenido, falsedad de documento público y omisión del deber de persecución de delitos, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Los siete detenidos fueron puestos en libertad con cargos por la juez tras negarse a declarar ante la Guardia Civil, aunque tienen previsto comparecer a partir de hoy como imputados ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, cuya titular es la juez decana Juana López Hoyos. La macrooperación contra la cúpula de la Policía Local se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que las pesquisas realizadas por la Guardia Civil durante varias semanas han puesto al descubierto supuestas irregularidades. La juez autorizó varias intervenciones telefónicas que han ayudado a recopilar datos esclarecedores de los presuntos delitos que han sido investigados.
Los agentes de la Guardia Civil fueron quienes se personaron ayer en la jefatura de la Policía Local en busca de los mandos de este cuerpo, formado por unos 170 agentes. Uno de los inspectores investigados tuvo que dar el relevo a un compañero para ausentarse y acudir a declarar. Además del jefe de la Policía Local fueron arrestados un inspector que ejerce de segundo jefe, cuatro oficiales y un agente. Cuatro detenciones se realizaron por la mañana, y tres por la tarde, aunque el último se entregó.
Dos de los imputados son hermanos mellizos del jefe de la Policía Local y uno de ellos se vio inmerso en otro caso de presunto maltrato a un detenido que acabó siendo archivado por el juez. También estuvo implicado en un fuerte enfrentamiento con un hermano de la ex edil del PP, María Eugenia Chazarra, propietaria de un pub en Torrevieja. Además algunos de ellos son los impulsores del proceso judicial contra la secretaria del Ayuntamiento de Torrevieja y el concejal Antonio Hódar y otros técnicos municipales por presuntas irregularidades en un tribunal de oposición que debía decidir una plaza de rango en la Policía Local.
jueves, 8 de julio de 2010
Los vigilantes

Piden 2 años de cárcel para dos mosses que agredieron a una detenida
* La Fiscalía pide dos años de cárcel y una multa de 720 euros para las agentes
* Desnudaron a la detenida, la empujaron contra la pared y la tiraron al suelo
Europa Press | Barcelona
07/07/2010
La Fiscalía pide dos años de cárcel y una multa de 720 euros para las dos agentes de los Mossos d'Esquadra que agredieron a una detenida en la comisaría de Les Corts en 2007, por un delito de trato degradante y una falta de lesiones. También pide un año de cárcel para la víctima, Elena P, de nacionalidad rusa, por un delito de atentado en concurso con una falta de lesiones.
Según el escrito de acusación, la madrugada del 5 de abril de 2007, Elena P. olvidó las llaves de su casa y, al no poder entrar en su domicilio, empezó a gritar y a hacer ruido, llegando a romper el cristal de una puerta, por lo que los vecinos llamaron a la policía.
Cuando llegó la dotación de mossos, Elena P. les insultó, enfrentándose a uno de ellos, al que dio patadas, un manotazo e incluso mordió en el torso de la mano. El fiscal considera que no ha quedado acreditado que, durante la detención y el traslado, estos dos primeros agentes agredieran a la joven, por lo que pide el sobreseimiento parcial de la causa contra ellos.
Una vez en la comisaría de Les Corts, otras dos agentes, las ahora acusadas, cachearon y registraron a la joven. Según el fiscal, las dos mossas, "abusando de su cargo y de la autoridad que representaban, en ejercicio de sus funciones, con ánimo de menoscabar la dignidad ajena", desnudaron a la detenida, la empujaron fuertemente contra la pared y la tiraron al suelo.
Le ataron los tobillos con una cuerda y le manifestaron expresiones como "te vas a acordar de tu cumpleaños" o "todas las rusas sois unas prostitutas" y golpearon a Elena P, sin que ésta pudiera defenderse, ya que estaba esposada y atada. Todas las agresiones fueron recogidas por una cámara instalada en la dependencia.
La joven sufrió múltiples hematomas y varias secuelas psicológicas como reacciones ansiosas, temores fóbicos, desconfianza hacia terceros e hipersensibilidad. La Fiscalía pide que las agentes indemnicen a la víctima con 20.210 euros.
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jueves, 10 de junio de 2010
jueves, 18 de marzo de 2010
Informe 2008

Recopilación de las denuncias por torturas, violencia institucional y malos tratos inhumanos, crueles o degradantes recogidas durante 2008 en el estado español.
Ver informe
sábado, 6 de febrero de 2010
Los vigilantes

El fiscal pide cárcel para cuatro guardias por torturas a dos etarras
Los terroristas están implicados en el ataque a la T-4 - Portu fue hospitalizado
JOSÉ YOLDI - Madrid - 06/02/2010
El fiscal de la Audiencia de Guipúzcoa ha solicitado penas entre dos y tres años de prisión para cuatro guardias civiles que presuntamente torturaron y causaron lesiones a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola en el momento de su detención el 6 de enero de 2008, en Mondragón (Guipúzcoa), y cuando eran trasladados al acuartelamiento de Intxaurrondo. El fiscal acusa también, aunque a penas menores, a otros seis guardias que presenciaron las supuestas sevicias a los terroristas y no hicieron nada por impedirlas. Los dos etarras están implicados en el atentado contra la T-4, del aeropuerto de Barajas, que supuso la ruptura de la tregua de ETA y en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.
La Fiscalía relata que Portu y Sarasola fueron interceptados por una dotación de la Guardia Civil, que, ante la convicción de que pertenecían a ETA, procedió a identificarles y registrar sus pertenencias. En la mochila de Portu se encontraron dos revólveres marca Smith & Wesson del calibre 38, por lo que ambos fueron detenidos y engrilletados.
Según el relato del fiscal, ambos fueron introducidos en vehículos oficiales donde fueron golpeados. Por separado, fueron conducidos a un paraje solitario no determinado, donde -siempre esposados a la espalda- fueron obligados a descender de los vehículos entre puñetazos y patadas. Ambos fueron increpados por pertenecer a ETA por parte de los agentes, posiblemente "conmocionados por el asesinato de dos miembros de la Guardia Civil que se había cometido dos semanas antes en la localidad francesa de Capbreton por miembros de esa misma organización terrorista".
Portu fue humillado y golpeado hasta el punto de que padeció un traumatismo torácico con la ruptura de tres costillas, neumotórax izquierdo con colapso parcial del pulmón y derrame pleural. Antes de ser trasladado al hospital, fue conducido a presenciar el registro de su domicilio en la localidad navarra de Lesaca. En total, unos 150 kilómetros por carretera antes de ser ingresado en el Hospital Donostia.
Sarasola, por su parte, fue golpeado por los mismos motivos que su compañero, al tiempo que proferían amenazas de muerte contra él y su hermano, según el fiscal. Tras ser obligado a salir del vehículo policial, esposado por detrás, fue arrojado cuesta abajo por una ladera. Sarasola padeció numerosos hematomas y escoriaciones.
Uno de los agentes llegó a colocarle una pistola en la sien, mientras le decían que le iban a arrojar al río Bidasoa y que se acordase de lo que le "había ocurrido a Zabalza". Mikel Zabalza fue un presunto miembro de ETA que, según papeles del Cesid, resultó muerto por torturas en el cuartel de Intxaurrondo y su cuerpo apareció en el río Bidasoa.
Al señalar que las torturas se produjeron en el trayecto al acuartelamiento, el fiscal parece descartar que las sevicias hubieran sido utilizadas para arrancar una confesión sobre el atentado de la T-4, cuyo proceso está a punto de concluir en el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional. Si son condenados, los guardias deberán indemnizar a Portu con 18.000 euros y a Sarasola, con 6.000.
martes, 13 de octubre de 2009
Los vigilantes

Tres guardias civiles, imputados por torturas a un menor en Vilamarxant
El adolescente y su hermana denunciaron a los integrantes de la Benemérita por golpear al joven, introducirlo a rastras en las dependencias policiales e intimidarle después para que no les denunciara. Por contra, los agentes subrayan el carácter conflictivo del adolescente y aseguran que les agredió e incluso intento quitarle la pistola a uno de ellos.
El peliagudo asunto está actualmente en manos del juzgado de instrucción número tres de Llíria. Su titular ya interrogó a finales de mayo a los tres miembros de la Benemérita, después de que así lo ordenara la Audiencia Provincial de Valencia. La sección cuarta admitió el recurso del abogado del menor contra la decisión del juzgado de dejar el caso en una simple falta de lesiones y ordenó seguir adelante con la instrucción «a fin de deslindar hasta qué punto existió trato vejatorio y la agresión denunciada», tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
Los hechos investigados acontecieron el 29 de mayo, después de que el adolescente fuera denunciado por un grupo de ingleses a los que supuestamente amenazó con un arma blanca. Los agentes llamaron entonces al menor para que acudiera a prestar declaración.
Según los guardias civiles, se presentó él sólo pese a que los imputados le indicaron que fuera con su hermana. Sin embargo, la denuncia del abogado que representa al joven sostiene que se intentó «arrancarle una declaración sin las garantías ni derechos que establece la ley».
Después de llegar a las instalaciones de la Benemérita, el menor se negó a declarar. Tampoco en este punto existe acuerdo. Uno de los agentes imputados en el caso sostiene que el adolescente se encaminó hacia un bar en el que trabaja uno de los extranjeros denunciantes con ánimo no precisamente pacífico.
Agresión o forcejeo
Muy distinta es la versión que aparece en la denuncia. Esta asegura que el adolescente se negó a declarar alegando que ya se había disculpado «ante los ingleses» y que estos le habían dicho que retirarían la denuncia. Entonces, «uno de los agentes le agarró de la capucha, le propinó un puñetazo en un ojo y (entre los tres imputados) lo metieron a rastras en el puesto».
Una vez en el cuartel, los guardias le propinaron supuestamente otro puñetazo, como mantienen los denunciantes. Los agentes niegan toda agresión. En su declaración como imputados ante el juez sostuvieron que fue el joven quien agredió y amenazó a los guardias, que incluso intentó arrebatarle la pistola a uno de ellos y que las lesiones que presentaba (constatadas por un médico del municipio y en la propia Fiscalía) se las hizo durante el forcejeo.
Otro punto resulta especialmente polémico. El sargento pidió a un médico que acudió al cuartel que examinara también a uno de los agentes por unos arañazos en el cuello que el guardia atribuía al menor. Algo tremendamente contradictorio con el informe forense que, horas después de ese mismo día, emitió la Fiscalía de Menores de Valencia al examinar al adolescente. «Examinadas las uñas de sus dedos, están muy cortadas y carecen de aristas susceptibles de causar lesión», relata el parte.
El interrogatorio a los tres guardias civiles no ha sido la única diligencia practicada por el juzgado. Una abogada de oficio que asistió al joven de 16 años prestó también declaración como testigo en su día.
La letrada nada pudo aclarar en torno a la supuesta agresión que relata el menor, pues llegó después. Pero la jurista sí refiere que el sargento supuestamente intimidó al joven. «¿Estás seguro de que quieres que llame al médico?» y «tú si quieres pon denuncia, pero ya te advierto que esto se complicará más para ti» son las dos expresiones que la testigo atribuye al máximo responsable del cuartel.
Los imputados ponen de manifiesto en su declaración el carácter conflictivo del menor de Vilamarxant, con denuncias previas por agresiones y amenazas. Aseguran que incluso ingresó en un centro de menores.
Torturas: Los denunciantes acusan a los agentes de un delito tipificado en el artículo 174 del Código Penal. «Comete tortura la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho, la someta a condiciones que le supongan sufrimiento o de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral».
Pena: La ley establece penas de entre dos o seis años de cárcel, si es un atentado grave, o entre uno o tres años si no lo es.
La Audiencia ordenó al juez que siguiera investigando si hubo trato vejatorio y agresión
«Si denuncias, esto se complicará para ti», dijo un imputado al menor, según una letrada
Un sargento de la Guardia Civil, comandante del cuartel de Vilamarxant, y dos agentes del destacamento han prestado declaración como imputados por un presunto delito de torturas cometido sobre un menor de 16 años.
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jueves, 5 de marzo de 2009
Los vigilantes

"Un mosso me dijo: Como me denuncies, voy a tu casa y me follo a tu mujer"
* Asegura un hombre detenido ilegalmente y golpeado por agentes.
* La Audiencia de Barcelona juzga a los tres mossos acusados.
* La fiscalía pide penas de hasta cuatro años y medio de prisión.
Los Mossos d'Esquadra acusados de detener ilegalmente y pegar a un hombre, tras una discusión en una discoteca de Barcelona cuando estaban fuera de servicio, han acusado a la víctima de agredirles con "suma violencia" sabiendo que eran policías, mientras han negado que ellos le pusieran la mano encima.
Uno de los policías le advirtió de que iría a su casa y violaría a su mujer porque él también "era de un barrio chungo"
La Audiencia de Barcelona ha juzgado hoy a los agentes Mónica F., Alberto F. y Juan D., para quienes la fiscalía pide penas de hasta cuatro años y medio de prisión por detener ilegalmente y pegar a José Antonio M., quien llegó a estar 24 horas en comisaría acusado de atentado a la autoridad, a raíz de una pelea ocurrida en la sala "Bikini" en junio de 2006, cuando estaban fuera servicio.
El ministerio público pide también penas de multa para José Antonio M. por pegar a los dos policías en la discoteca. Según la versión expuesta por José Antonio y un amigo, ambos estibadores del puerto, los agentes masculinos se enfrentaron a ellos en la pista de baile para recriminarles que hubieran manoseado a su compañera.
Una vez en comisaría lo golpearon por todo el cuerpo mientras elaboraban un atestado policial
José Antonio M. ha admitido que agarró por el cuello a uno de los agentes, lo que motivó la intervención de los vigilantes de seguridad. A las puertas de la discoteca, según su versión, los mossos se identificaron como tales y ordenaron la detención de José Antonio M., al que, una vez en comisaría, golpearon por todo el cuerpo mientras elaboraban un atestado policial donde le acusaban de atentado a la autoridad.
La paliza ocurrió bajo la mirada impasible de otros cinco agentes, ha añadido José Antonio M., que ha insistido en que sintió humillación, impotencia y "mucho miedo", especialmente cuando uno de los policías le advirtió de que iría a su casa y violaría a su mujer porque él también "era de un barrio chungo".
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lunes, 2 de marzo de 2009
Los vigilantes

Imputados 15 guardias civiles por posibles torturas a dos etarras
Son Portu y Sarasola, detenidos en enero de 2008 e implicados en el atentado de la T4
JAVIER RIVAS - Bilbao - 02/03/2009
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha hallado indicios de comisión de un delito de tortura a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola por parte de 15 agentes de la Guardia Civil que intervinieron en su detención y custodia a los que imputa un posible delito de tortura en concurso con otro delito o falta de lesiones. Entre los imputados, se encuentran el director del operativo policial y el agente custodio en calabozos.
El juez de San Sebastián encargado del caso, en un auto con fecha 27 de febrero, ha transformado las diligencias previas sobre posibles malos tratos en procedimiento abreviado y acuerda, por tanto, que se continúe la causa penal. Los etarras, implicados en el atentado de la T4, declararon ante el magistrado en junio y ratificaron los supuestos malos tratos que sufrieron tras ser detenidos el 6 de enero de 2008 en Mondragón (Guipúzcoa).
La madrugada siguiente a su detención, Portu fue ingresado en un hospital con una costilla rota y diversas contusiones y hematomas, a pesar, según declaró, de no haber opuesto resistencia durante su arresto. Según el miembro de ETA, los agentes de la Guardia Civil lo golpearon desde el momento de la detención hasta que lo llevaron a Lesaka (Navarra) para participar en varios registros. El ministro Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo entonces que las heridas eran consecuencia de la "sujeción y retención" a la que fue sometido Portu, que trataba de huir.
El testimonio de los dos etarras sobre supuestos malos tratos sufridos por parte de la Guardia Civil tras su arresto está bajo investigación judicial. Durante su detención, los agentes se incautaron de un auténtico manual de funcionamiento de un comando de ETA en el que se indicaba claramente qué hacer ante una detención: "No declarar", "negar todas las acusaciones" y "denunciar torturas". El hallazgo hacía sospechar que las denuncias por torturas de Portu y Sarasola fueran falsas.
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