La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha identificado 45 casos de “tortura” en Andalucía por parte de policías (locales o nacionales), guardias civiles y funcionarios de prisiones.
Estos 45 casos han acarreado 81 denuncias -la mayoría de ellas por parte de las víctimas-, según se extrae del ‘Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2009′, y que ha sido elaborado por las tres asociaciones que integran CPDT en la comunidad (la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación Enlace y el Grupo 17 de Marzo).El documento se ha elaborado a partir de entrevistas personales con los denunciantes o de información facilitada por sus abogados, así como de resoluciones judiciales, informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos o noticias “contrastadas” publicadas en medios de comunicación.
El Cuerpo Nacional de Policía es el que más denuncias registradas por la CPDT tuvo en 2009 en Andalucía, seguido de la Guardia Civil, Policías Municipales y funcionarios de prisiones.
Por provincias, Sevilla fue la que más denuncias por tortura han identificado las organizaciones citadas (18 casos y 44 denunciantes), seguida de Cádiz (16 y 24); Córdoba (5 y 5); Málaga (3 y 4); Huelva (2 y 2) y Almería (1 y 2).
La CPDT carece de datos sobre las denuncias producidas por estos motivos en las provincias de Jaén y Granada debido a que las asociaciones andaluzas responsables del informe carecen de recursos en estas zonas, según ha explicado la portavoz de la Federación Enlace, Carmen Martínez.A pesar de estas cifras, de los 45 casos apuntados en el informe sólo en uno de ellos se concreta que los agentes denunciados fueron imputados (por lesiones y detención ilegal del denunciado), mientras que en el resto o se indica que está siendo investigado por algún Juzgado de la comunidad andaluza (en cinco casos) o no se especifica a qué altura del proceso se encuentra la denuncia (en 31).
A este respecto, Martínez ha asegurado que en estos 31 casos la investigación -que según ella tarda entre tres y cinco años-, continúa en curso, y ha asegurado que la coordinadora estudia la posibilidad de realizar en un futuro un nuevo informe de seguimiento de los casos presentados.
Asimismo, en dos de los 45 episodios de supuesta tortura los agentes implicados quedaron absueltos, y otros cinco aluden a suicidios, sobredosis o muertes por enfermedad de presos en el interior de las distintas cárceles andaluzas.
La portavoz de Enlace ha explicado que estos casos se documentan como “torturas” por representar “una situación de maltrato”, ya que al encontrarse en prisión “estas personas depende al cien por cien de la institución penitenciaria, que no ha cumplido lo suficiente con su deber de custodia”, ha apostillado.
El informe también señala dos casos de fallecimiento en circunstancias extrañas, como el de un marroquí preso en el Centro Penitenciario Puerto II -en El Puerto de Santa María (Cádiz)-, que tras denunciar su mujer y él mismo que había sido agredido por funcionarios de la prisión, en octubre del año pasado, acabó muerto aplastado por la puerta mecánica de su celda, controlada a distancia.
Martínez ha expresado la “preocupación” de las asociaciones de Derechos Humanos que investigan este tipo de casos respecto a la “criminalización” que en su opinión se está produciendo sobre estos colectivos.
“Cada vez que un abogado se mete en estos berenjenales y lucha contra un posible caso de tortura o abuso sale mal parado, contradenunciado o coartado”,
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