Los vigilantes

Reportaje sobre la corrupción policial el periódico diagonal

Los vigilantes

Imputado un capitán de la Guardia Civil por un caso de tráfico de drogas

El capitán de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga ha declarado este jueves como imputado por su presunta relación con una operación contra el tráfico de drogas. Se trata del superior directo del jefe de la unidad antidroga de la Benemérita que el pasado 20 de diciembre ingresó en prisión por su presunta relación con dicha operación contra el narcotráfico.

Fuentes judiciales han confirmado a EL MUNDO de Málaga que el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha declarado este jueves por la mañana en el Juzgado número 11 de la capital, que lleva el caso, y lo ha hecho en calidad de imputado.

La referida operación contra el narcotráfico la está llevando a cabo la Unidad de Asuntos Internos dependiente de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y al parecer también habrían sido detenidos otro guardia civil y un ex agente del instituto armado, según se informó en su día, aunque no han trascendido más detalles de dicha investigación.

Asuntos Internos lleva desde principios del año pasado inmerso en una investigación abierta tras la incautación de 1.400 kilos de hachís en una playa de Marbella. En aquel momento se produjeron diferentes arrestos, pero no de todos los que estaban relacionados con el alijo incautado.

link

Los vigilantes

Detienen al jefe antidroga de la Guardia Civil en Málaga en una operación de narcotráfico

Europa Press | Málaga

El teniente responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga y otro agente destinado en la provincia han sido detenidos este jueves en el marco de las investigaciones de Asuntos Internos del instituto armado contra una supuesta trama relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Precisamente, el pasado miércoles fueron detenidos otro guardia civil destinado en el puesto de Mijas (Málaga) y un ex agente, arrestos a los que se unen este jueves los de estos dos efectivos de la Benemérita, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

Asuntos Internos de la Guardia Civil abrió diligencias la pasada primavera para investigar una presunta trama relacionada con el narcotráfico. Las pesquisas permitieron, inicialmente, la intervención de un alijo el pasado mes de septiembre en una playa de Marbella (Málaga), interceptando en torno a 1,4 toneladas de hachís.

Durante este tiempo han sido detenidas varias personas por su supuesta implicación en la trama que investiga Asuntos Internos de la Benemérita, entre ellas agentes de la Guardia Civil, así como abogados.
link

Los vigilantes

El Ayuntamiento de Madrid suspende a cinco policías por posible corrupción

• Anulaban multas en locales y avisaban previamente de las inspecciones.
• 15 empresarios del ocio nocturno han sido acusados de cohecho.
• Los agentes han quedado en libertad con cargos, acusados de revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias.

AGENCIAS. 25.10.2010

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido de sus funciones esta semana a cinco policías municipales después de conocer que agentes de la Comisaría General de Policía Judicial les habían detenido acusados de formar parte de una trama de corrupción en locales de ocio, según fuentes del Consistorio. La operación se ha saldado con cinco agentes detenidos, uno de ellos ya jubilado, de las comisarías de Tetuán y Usera.

Además de la Policía Nacional, miembros de Asuntos Internos de la Policía Municipal tomaron declaración a los acusados, que fueron suspendidos "inmediatamente", y que se encuentran en libertad con cargos, han explicado.

Según recoge este domingo el diario El Mundo, los cinco agentes han quedado en libertad con cargos acusados de revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias, ya que se dedicaban a anular multas y avisar de las horas de las posibles inspecciones en los locales.

Diversos dueños de locales denunciaron ser víctimas de esta presunta red ilegalLa operación policial, en la que también se detuvieron otras quince personas, entre ellos empresarios de la noche madrileña, se inició después de que diversos dueños de locales denunciaran que habían sido víctimas de esta presunta red ilegal.

Las fuentes municipales han destacado que el juez ha decretado el secreto de las actuaciones y que el Ayuntamiento está actuando "con cautela" al ser parte del caso, pero que no hay que olvidar la gran labor de 7.000 agentes municipales por las presuntas irregularidades de cinco personas.

"El Ayuntamiento y la Policía Municipal son los primeros interesados en que todo este asunto se esclarezca", han añadido.

Los empresarios piden "precaución"

El portavoz de la Asociación de Empresarios de Locales de Ocio de la Comunidad de Madrid (Noche-Madrid), Vicente Pizcueta, ha señalado que "la manera de actuar de la Policía, tanto nacional como local, es el caldo de cultivo de tramas de extorsión como la desarticulada por la Comisaría General de Policía Judicial".

La red, que según estas informaciones, se dedicaba supuestamente a extorsionar a locales y discotecas, mayoritariamente latinas, recibía de los empresarios dinero o regalos a cambio de información acerca de cuándo iban a realizarse las inspecciones o el borrado de multas impuestas a esos locales.

Pizcueta ha resaltado que "en primer lugar, hay que tener precaución para abordar estas investigaciones" y ha mostrado "todo el apoyo de la asociación y de los empresarios para colaborar a dilucidar estos casos de extorsión, que no deben existir".

Los sindicatos reivindican la presunción de inocencia

La Sección de Madrid del Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal ha reivindicado el principio constitucional de presunción de inocencia ante la detención de los cinco agentes municipales.

Ante esta trama, el citado sindicato ha recalcado que no se debe "olvidar en ningún momento que el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid está formado por 7.000 componentes, todos ellos con una gran preparación y entrega a su ciudadanía".

Por su parte, UGT pide "respeto" a la presunción de inocencia de los policías detenidos "hasta sentencia judicial en firme". Asimismo, el sindicato ha mostrado su "apoyo sin fisuras" a las actuaciones judiciales tendentes al conocimiento y resolución de lo sucedido, algo que ha pedido que ocurra "en el menor tiempo posible".

Los vigilantes

Gomorra abre sucursal en Lugo
Cincuenta personas, entre ellas guardias civiles, policías, empresarios y un político están incursos en la Operación Carioca abierta para investigar una turbia red de prostitución en Galicia

JESÚS DUVA 27/06/2010

Lugo parece una sucursal de Gomorra. No solo por el ambiente viciado que se supone que dominaba en la legendaria ciudad bíblica, sino por la corrupción que devora a la Gomorra inventada por el periodista Roberto Saviano para describir a la temible Camorra napolitana. Esa es la impresión resultante de la Operación Carioca, un ya voluminoso sumario que lleva desde hace dos años la juez María Pilar de Lara Cifuentes. Las indagaciones revelan el abyecto submundo que bulle en torno a cuatro clubes de prostitución lucenses: más de un centenar de mujeres brasileñas coaccionadas, guardias civiles y policías corruptos, empresarios sin escrúpulos y hasta algún político salpicado por el fango de la explotación sexual.

La juez indaga si una brasileña fue asesinada, mientras el sumario revela que hubo mujeres obligadas a abortar

La Operación Carioca ha conmocionado a los vecinos de Lugo -una ciudad de 100.00 almas- y ha "puesto de los nervios a un montón de gente", según fuentes de la investigación. Y no es para menos teniendo en cuenta que aquí hay mujeres vejadas y maltratadas, enganchadas a la droga, obligadas a abortar e incluso una posible víctima de un crimen. Los muros del barrio de Tolda amanecieron un día con pintadas en las que una mano anónima preguntaba "¿Dónde está Ana?", en referencia a una brasileña, madre de un niño, que se esfumó en 2007. Hay prostitutas que creen que fue asesinada.

La conmoción social no solo obedece a la podredumbre generada por los sórdidos negocios de la prostitución, sino también a la existencia de grabaciones con cámara oculta en las que se dice que aparecen empresarios, policías y políticos locales manteniendo relaciones sexuales. En la capital lucense y sus alrededores hay 42 prostíbulos.

La investigación comenzó en 2008 a raíz de una denuncia contra un guardia civil de la unidad de Policía Judicial de Lugo por supuesta complicidad con una red de tráfico y casi esclavitud de prostitutas.

El 26 de diciembre de 2008, la juez Lara ordenó ahondar en la denuncia recogida en las diligencias previas 4449/2008. En ellas había información sobre las actividades del cabo primero Armando Lorenzo Torre, quien atribuyéndose el cargo de jefe de Extranjería, supuestamente solicitaba favores carnales a meretrices bajo la amenaza de echarlas de España. A la vez, existían sospechas de que este agente había influido sobre otros policías para legalizar y dar permisos de trabajo y residencia a las suramericanas.

A partir de este hilo, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil se puso manos a la obra y se centró en varios clubes de alterne de Lugo o sus proximidades. En concreto, en los locales Eros, Queens y Volvoreta de la capital y en los denominados La Colina, en Otero de Rei, y Eclipse, en la costa lucense. En estos establecimientos trabajaban decenas de mujeres sometidas a un rígido y prolongado horario de trabajo y que eran castigadas con "multas" arbitrarias si se ausentaban o se retrasaban en su jornada laboral. "La inmensa mayoría son extranjeras y se encuentran en España en situación irregular, careciendo de permiso de trabajo y residencia, por lo que tienen un temor generalizado a las actuaciones y redadas policiales", según un informe confidencial.

Asuntos Internos constató que tras el turbio entramado había diversas organizaciones de inmigración clandestina de mujeres. Esta red se encargaba de organizar el viaje de las brasileñas a España, comprar el billete de avión y enviarles dinero para mostrarlo en los controles fronterizos, además de darles recomendaciones sobre cómo aparentar que eran simples turistas. Al llegar a España, las prostitutas eran recogidas en el aeropuerto madrileño y trasladadas a los diferentes clubes. Y, a partir de ese momento, quedaban obligadas a saldar la deuda con los proxenetas alquilando lo único que tenían -su propio cuerpo- en tanto que quienes se beneficiaban de esta actividad disfrutaban de un "elevado nivel de vida".

En concomitancia con toda esta oscura estructura, los agentes descubrieron la existencia de "comportamientos corruptos" por parte de integrantes de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y policías locales, así como otros funcionarios de la Administración del Estado, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Lugo. José Manuel García Adán, presunto responsable de los clubes Queens y La Colina, aparecía como uno de los que disponían de una guardia pretoriana policial más sólida y extensa, según los responsables de las indagaciones.

Tras meses de seguimientos y pinchazos telefónicos, el caso estalló a mediados de octubre del año pasado, cuando la juez ordenó detener a los principales implicados y el precintado de los clubes (unos locales bastante cutres, de color rojo o azulón). Más tarde, la juez dispuso la entrada y registro en la Comandancia de la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería de Lugo, donde se incautó de numerosos expedientes.

El tema ha saltado ahora a la opinión pública nacional y ha traspasado la muralla romana de Lugo, después de que la cadena SER e Interviú difundieran hace unos días nuevos datos. Por ejemplo, que el policía Francisco Javier Fernández Becerra, destinado en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas supuestamente cobraba 300 euros cada vez que hacía la vista gorda y dejaba pasar a una brasileña destinada a la prostitución. O, por ejemplo, que Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno en Lugo, imputado por prevaricación, omisión del deber de perseguir un delito y tráfico de influencias, había hablado por teléfono el 8 de mayo de 2009 con un policía para pedirle que no expulsara de España a "una tal Nidia" que planeaba casarse con el hijo de un concejal de Monterroso.

En el sumario, que abarca ya más de 40 tomos, han prestado declaración unas 300 prostitutas, muchas bajo el marchamo de testigos protegidas y nombradas como Alfa, Beta, Gamma, Delta, etcétera. Las pesquisas se han saldado con la imputación de medio centenar de personas (policías, guardias civiles, abogados, dueños y encargados de puticlubes, un ginecólogo y el ex delegado del Gobierno). En prisión solo hay nueve de los acusados. "Pero hay mucha gente que ha dejado de hablar por teléfono por miedo a tenerlo pinchado", comenta una fuente próxima al caso.

La juez Lara necesitará toda su fortaleza para afrontar las amenazas anónimas y, por otra parte, el previsible contraataque jurídico de los implicados. Algunos de estos han solicitado la anulación de las actuaciones y otros han denunciado haber sido víctimas de detención ilegal por parte de agentes adscritos a la Operación Carioca. Además, hay una auténtica guerra entre los guardias civiles que llevan el peso de las pesquisas y buena parte de sus compañeros de Lugo.

La magistrada, que frisa los 40 años, murciana de Cartagena recriada en Asturias, hija de un militar, trabajadora hasta la extenuación, está volcada en este sumario. Un caso con el que cualquier alumno de derecho podría estudiar buena parte de los artículos del Código Penal: agresión sexual, inducción a la prostitución, inmigración irregular, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales revelación de secretos, tenencia ilícita de armas, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la intimidad, contra la salud pública e inducción al aborto. Por el momento... Porque habrá que esperar al levantamiento del secreto que pesa sobre miles de folios para ver si la ponzoña se extiende a otras personas e instituciones.
link

Los vigilantes

La fiscal de Valladolid investiga una posible mafia en el Seprona
Los agentes cobraban por asesorar a empresas, según su jefe

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 12/05/2010


La Unión de Oficiales ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por los supuestos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y cohecho.

Recibían dinero por ayudar a compañías a evitar sanciones, según la denuncia

"Algunos agentes se reunían con los empresarios en la comandancia"

La denuncia incorpora un informe de más de 100 folios elaborado por el jefe del Seprona de Valladolid, quien al llegar a su puesto, en 2007, según relata, detectó irregularidades en una decena de agentes que se ofrecían como asesores medioambientales a las empresas que debían inspeccionar, aconsejándoles, por ejemplo, sobre cómo evitar costosas sanciones medioambientales a cambio de dinero.

"Iban a inspeccionar una empresa, le decían que habían cometido alguna irregularidad sancionable con 30.000 o 40.000 euros y, acto seguido, se ofrecían a solucionarles el problema facilitándoles la documentación que les hacía falta a cambio de dinero", aseguran fuentes de la Guardia Civil.

La práctica estaba tan instaurada, según las mismas fuentes, que los agentes recibían a las empresas a las que iban a asesorar a cambio de un sobresueldo, en la misma comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. También utilizaban sus correos electrónicos corporativos para hacerles llegar informes medioambientales o consejos para evitar o recurrir sanciones.

Una patrulla de la Guardia Civil ajena al Seprona detectó las irregularidades al presentarse a inspeccionar una empresa que, cuando les vio, según fuentes de la Guardia Civil, les increpó que para qué estaban pagando entonces a la Guardia Civil si iban a inspeccionarles de todos modos.

Los hechos fueron denunciados a nivel interno y se abrió expediente disciplinario por falta muy grave a varios agentes aunque hasta ayer, ninguno había sido apartado de su puesto, según las mismas fuentes.

Uno de los agentes se desplaza a su lugar de trabajo en una motocicleta que está a nombre de una de las empresas que les contrataron y otro de ellos en una furgoneta con el logo de una compañía de gestión de residuos.

En total, según consta en la denuncia, los agentes de los equipos de investigación del Seprona cobraron por prestar asesoramiento medioambiental de al menos 14 empresas y siete Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, como Tudela de Duero, Quintanilla de Arriba y Venta de Baños.

El jefe del Seprona asegura en su informe que los agentes implicados utilizaban una fundación sin ánimo de lucro, Proyecto Árbol, para canalizar sus trabajos de asesoramiento hasta el punto que dos agentes del Seprona y la mujer de uno de ellos ocupan cargos en la dirección de la fundación. El Ayuntamiento de Venta de Baños ha cedido a la entidad las instalaciones que utilizan como sede.

Según su página web, esta fundación pone "a disposición de empresas y entidades una serie de servicios, que aplicados al desarrollo de su actividad, tiendan a conseguir reducir costes, impactos en el entorno ambiental y mejora de métodos".

El jefe del Seprona que ha denunciado estas presuntas irregularidades ha sido denunciado a su vez por varios agentes, que le acusan de acoso. La baja psicológica de uno de ellos, según el jefe del Seprona, la firma un abogado vinculado a la Fundación Proyecto Árbol, médico de formación. La Unión de Oficiales vincula la denuncia con las irregularidades destapadas y describe lo ocurrido como "una infundada campaña de descrédito" inmediata a la "alerta por conducto reglamentario" que dio el jefe del Seprona de Valladolid sobre los hechos denunciados.

De momento, no existe una estimación sobre el dinero que los agentes habrían podido reunir con estos trabajos extra, pero el jefe del Seprona que denunció los hechos cree que sin duda, "estaríamos hablando de decenas de miles de euros".

La Unión de Oficiales ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil a que intervenga en este asunto y "evite que se pretendan ocultar responsabilidades graves vilipendiando infundadamente a un oficial que se ha limitado a cumplir escrupulosamente con su deber". Hoy se reúnen con el vicepresidente de la Comisión de Interior en el Congreso, Juan Luis Rascón, del Grupo Socialista, para hablar del asunto.
link

Los vigilantes

La supuesta trama de corrupción policial de los burdeles de Castelldefels llega a Majadahonda
El fiscal Anticorrupción pide a los juzgados de Madrid que se investiguen las conversaciones entre el propietario de un prostíbulo y varios policías

PERE RÍOS - Barcelona - 08/03/2010

El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Fernando Bermejo, ha solicitado de los juzgados de Majadahonda que investigue las conversaciones que mantiene el propietario dos prostíbulos del área metropolitana de Madrid con agentes de diversos cuerpos policiales para que sus locales no sean clausurados o no se detengan a las mujeres que ejercen la prostitución y que pudieran estar en España en situación irregular.

El caso se ha destapado a partir de la trama de corrupción policial que investiga desde hace un año el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona, que ordenó en marzo de 2009 la clausura de los prostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels y cuyo cierre ha sido prorrogado. Durante esa investigación policial se intervino, entre otros, el teléfono de Antonio Herrero, propietario del local Riviera. Herrero también lo es del club Flowers, situado en la localidad madrileña de Las Matas y del club Factory.

En esas conversaciones, Herrero habla con un agente del Cuerpo Nacional de Policía sobre las inspecciones que se van a realizar en el club Factory, y con otro ex agente de la policía autónoma vasca "sobre un incendio en el club Flowers", en el que se alude también a un guardia civil y "las intervenciones de ambos en las inspecciones llevadas a cabo en dichos locales".

En una conversación grabada el 19 de mayo de 2008, Herrero es informado por un agente del Cuerpo Nacional de Policía de las inspecciones que van a realizarse en el club Factory. Unos días después, el 16 de junio, Herrero telefonea a un ertzaina para informarle de un incendio en el Floers y le comunica que ha telefoneado a un guardia civil "para que no les cierren el hotel". Ese mismo día Herrero llama al otro policía y "le informa del incendio y que ahora va para allí gente de extranjería, que lo sepa".
link

Los vigilantes

Cuatro policias locales de Gijón juzgados
La Sección Octava de la Audiencia Provincial acogerá el 25 de febrero el juicio a cuatro efectivos de la Policía Local acusados de falsedad documental. Supuestamente, falsificaron una sanción de tráfico en enero de 2006.
El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de ellos tres años de cárcel. Los hechos fueron denunciados por un joven gijonés al que le llegó a su domicilio una sanción administrativa en la que se le imponía una multa por haberse saltado un semáforo en rojo en la calle de Munuza. El papel venía ratificado por dos agentes que ese día tenían su ámbito de actuación en La Calzada. El denunciante asegura que se cruzó con dos agentes en el Náutico con los que había tenido «algún problema anterior».
Por su parte, la defensa de los agentes policiales solicita la libre absolución.
link

Los vigilantes

Condenados dos policías por vender señales de tráfico

Redacción
La Audiencia de Barcelona ha suspendido dos años de empleo a dos agentes de la Guardia Urbana que, a través de una empresa de instalación, montaje y mantenimiento de señales de tráfico de obra, realizaban trabajos utilizando la información a la que tenían acceso por su profesión pública.

Los dos procesados ya fueron condenados por el Juzgado Penal número 14 de Barcelona a un año de suspensión y a una multa de 1.080 euros por un delito contra la Administración Pública, pero ahora la Audiencia ha aumentado la pena, imponiendo una multa de 1.620 euros.

Los dos condenados, Eduardo C.H. y José Antonio M.S., crearon, “sin ignorar las incompatibilidades derivadas de su función pública”, la empresa Instasenyal, haciendo aparecer formalmente como socios a sus familiares pero siendo ellos los administradores reales.

Eduardo C.H., como miembro del comité permanente de la Comisión de Obras y Circulación, tenía la función de comunicar las incidencias de las obras públicas a realizar en la ciudad y establecer la señalización necesaria para informar a los usuarios de los desvíos y cortes de tráfico. Por lo tanto, tenía conocimiento inmediato, no solo de las obras, sino también de la identidad de los contratistas a quienes se les había adjudicado.

Eduardo transmitía la información al otro imputado, José Antonio M.S., que tenía la función de inspección de las obras y la facultad para denunciar a los adjudicatarios en caso de que incumplieran las normas de señalización, que encomendaba directamente a la empresa Instasenyal, haciéndole llegar la información a su secretaria, María Pilar T.R., que también fue condenada a una multa de 180 euros.

Los acusados recurrieron la sentencia a la Audiencia, por considerar, entre otros, que las intervenciones telefónicas, de las que derivan las pruebas, no eran necesarias ni proporcionadas. Por su parte, el ayuntamiento también recurrió para solicitar un aumento de la pena.

El alto tribunal considera en su sentencia que las intervenciones telefónicas estaban suficientemente fundadas y fueron necesarias para la investigación.

Además estima parte del recurso del Ayuntamiento, al considerar que el hecho de que la actividad empresarial de los acusados coincida con “el núcleo central de las funciones públicas” que ejercían, “agrava la responsabilidad de éstos”.
link

Los vigilantes

La amenazó con presentar informes desfavorables para su divorcio si no le entregaba 18.000 euros

EUROPA PRESS - Madrid - 30/01/2010 11:59

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 10 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Almería al inspector jefe de Policía Enrique de Miguel Alonso, responsable de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a Víctimas de Violencia de Género (U.P.A.P.) de la Comisaría de esta ciudad en 2004, por amenazar a una de las mujeres acogidas a este programa con presentar informes desfavorables para su divorcio si no le entregaba dinero.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, la mujer formuló una denuncia de malos tratos contra su marido, se dictó contra él una orden de alejamiento y entró en el programa de protección a cargo del inspector. Al cabo de unas semanas, De Miguel comenzó a propiciar "cierta familiaridad" con la mujer, que continuó una vez extinta la orden de protección al resultar el marido absuelto de los malos tratos. El Policía no comunicó a la mujer el cese de la orden y a lo largo de 2005 comenzó a pedirle prestadas diversas cantidades de dinero, que ella le entregaba voluntariamente.

Poco después, sabiendo que la mujer se disponía a vender su piso, el policía le pidió 18.000 euros aduciendo que los necesitaba para pagar una deuda que tenía pendiente en Galicia. Ella se negó, y como la negativa proseguía pese a la insistencia del agente, le dijo que declararía contra ella en el juicio de divorcio que se tramitase entre ella y su marido y que se quedaría sin sus hijos, ya que las medidas que se adoptaran en dicho procedimiento dependerían de lo que él informara.

El alto tribunal confirma la condena por delito de extorsión en grado de tentativa, con la concurrencia de la circunstancia agravante de prevalimiento de carácter público, al entender que quedó acreditada prueba suficiente de lo sucedido. Descarta además que el delito pudiera calificarse de amenazas "confirmada la existencia de coacciones con ánimo lucrativo".

Los vigilantes

La fiscal pide cárcel para dos guardias civiles por torturas

Sus compañeros seguían a un agente por narcotráfico y grabaron la paliza

LYDIA GARRIDO - Valencia - 26/12/2009

Los guardias civiles Carlos Palomo y Antonio Cano torturaron a un inmigrante cubano, le humillaron y le amenazaron con hacerle "mear sangre" porque supuestamente robó una cartera en un centro comercial de Alboraia (Valencia), según el vigilante de seguridad del hipermercado. Así lo considera la fiscal del caso, quien en su escrito de acusación solicita para los dos agentes del instituto armado dos años de cárcel y diez de inhabilitación profesional. Para el vigilante de seguridad, al que considera cómplice de los hechos, nueve meses de prisión y siete de inhabilitación.

Las torturas se conocieron por la vigilancia a la que estaba sometido Carlos Palomo, destinado en Tavernes Blanques (Valencia), por su supuesta vinculación en una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales, hechos por los que está en prisión provisional en Castellón. Otro guardia civil del mismo puesto declarará como testigo, pues a él le contaron lo ocurrido, pero no hizo nada.

El cabo Palomo, tras detener al inmigrante en el centro comercial, lo introdujo en un coche y "comenzó a golpearle con la porra al tiempo que le humillaba diciéndole que era una mujer o una maricona y le amedrentaba con darle una paliza que le haría mear sangre". Así relata la fiscal lo ocurrido el 26 de enero de 2008. Dice más. Cuenta que el otro guardia "le golpeaba y le decía que dejara de llorar o le pegaría una paliza, que si quería otra somanta, llamándole payaso y mentiroso de mierda e insistiéndole para que respondiera diciéndole que no mintiera o le meterían la porra por el culo y se la sacarían por la garganta". Incluso, según conversaciones grabadas a Palomo, uno de los guardias le llega a decir al inmigrante, mientras éste aúlla de dolor y se escuchan los golpes: "No te voy a cobrar el walky que hemos roto cuando te hemos roto las costillas".

link

Los vigilantes

Roban una tonelada de hachís, de nuevo en la Jefatura de Policía de Sevilla
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía investiga el robo de 1.000 kilos de hachís que se encontraban almacenados en el interior de dos camiones de la Policia, aparcados en el interior de la Jefatura Superior de Policia de Blas Infante.

* "Acoso" desde Madrid a la Policía encargada de investigar el robo de droga

2009-11-26

Pedro de Tena

Toda la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Sevilla se encuentra bajo sospecha, si bien de momento no se ha practicado ninguna detención. Este robo se produce después de que el año pasado sustrajeran 115 kilos de cocaína y heroína de los calabozos policiales. Esta semana, otros dos agentes de la Policia han sido detenidos por otros casos relacionados con narcotráfico. El Sindicato Unificado de la Policia lamenta la "erosión" en la imagen de la policia sevillana

El juzgado de instrucción 11 de Sevilla ha dejado este jueves en libertad, pero acusado de un presunto delito de tráfico de drogas, a un agente del Grupo VII de la Policía de Sevilla, dedicado a la lucha contra el pequeño tráfico de drogas, y que supuestamente favoreció a un clan de narcotraficantes.

Fuentes del caso han informado a Efe de que una tercera persona ha sido detenida este jueves por este caso y durante toda la tarde ha prestado declaración en la Jefatura de Policía de Sevilla, con lo que se une al agente que ha quedado en libertad y al jefe del grupo policial, que declaró ayer martes como imputado ante sus compañeros de Asuntos Internos y quedó en libertad sin necesidad de comparecer este jueves ante el juez.

En cuanto al agente puesto en libertad, identificado como S.O., un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado a Efe de que prestó declaración esta tarde ante la juez de instrucción 11 de Sevilla, que lo dejó en libertad pero acusado de presuntos delitos de tráfico de drogas y otros.

Estas últimas detenciones han sido practicadas por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía de Sevilla y no guardan relación con la causa judicial que instruye otro juzgado por el robo de 150 kilos de cocaína y heroína de los depósitos de la Jefatura de Policía de Sevilla, en la que están imputados un agente de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) como autor material y tres jefes del cuerpo como encubridores.

Fuentes del caso han precisado a Efe que el agente S.O. fue imputado en septiembre pasado por los mismos hechos que ahora pero en el juzgado de instrucción 8, que investiga un tráfico de 1.500 kilos de hachís por el que está encarcelado un policía local de Sevilla.

En dicha causa, el agente quedó en libertad sin fianza ni obligación de personarse en el juzgado, pero ahora el juzgado de instrucción 11 ha abierto unas nuevas diligencias contra él al disponer de un análisis que demuestra que unos gramos de hachís incautados a un socio suyo tienen la misma composición que un alijo de 11.500 kilos de hachís intervenidos por su unidad y depositados en la Jefatura de Sevilla.

Dicho alijo fue incautado en un garaje del Edificio Hércules de la barriada de Sevilla Este y a principios de 2009 permaneció durante meses custodiado en dos furgonetas de la Unidad de Caballería en el patio de un cuartel policial, al carecer de un depósito oficial para la droga.

Las citadas fuentes han explicado que la Policía imputa además a S.O. un presunto delito de cohecho por haberse apoderado de unos pantalones de marca incautados en una operación policial.

Además, presenta como indicios contra él que dispone de varios vehículos , entre ellos un Tuareg y una moto BMW, aunque alegó que son de segunda mano, y negó tener un nivel de vida superior a su sueldo como policía, pues su mujer es maestra y disponen de dos ingresos.

El atestado policial le imputa además haber acudido a Portugal como testigo en el juicio contra un narcotraficante.

La defensa del agente ha alegado que el alijo de 11.500 kilos de hachís formaba parte de uno más amplio de 20.500 kilos, por lo que la droga incautada a su socio puede ser parte de los 9.000 kilos que los traficantes lograron poner en el mercado.

En cuanto al jefe policial, está acusado de conocer y permitir las actividades del agente bajo sus órdenes.
link

Los vigilantes

Detenidos cuatro policías de Mijas por tráfico de drogas

Tienen entre 30 y 34 años - La Benemérita requisó un coche patrulla utilizado por los implicados

Dependencias de la Policía Local de Mijas, ayer, mientras los agentes de la Guardia Civil efectuaban la investigación. María Albarral

Málaga

M. ALBARRAL/ J. V. R. / M. G. MÁLAGA La operación contra el tráfico de drogas iniciada ayer en Mijas (Málaga) suma cinco detenidos, cuatro de ellos policías locales, aunque no se descartan nuevos arrestos por este caso en el que la Guardia Civil se ha incautado de 15 kilogramos de hachís en un coche patrulla de los agentes. Así, varios agentes de la Guardia Civil de paisano detuvieron sobre las 13.00 horas de ayer en el entorno del centro comercial Miramar, en Las Lagunas, a estos cuatro policías locales de Mijas de entre 30 y 34 años que estaban de servicio y se los llevaron esposados. Se les atribuye un presunto delito contra la salud pública (por tráfico de drogas), cohecho y revelación de secreto, según fuentes de la investigación.

A los agentes se les retiró el arma y se les detuvo estando de servicio, según indicaron fuentes de la propia Policía, la Guardia Civil y del Ayuntamiento de la localidad. Los agentes locales a última hora de la tarde de ayer permanecían detenidos en el cuartelillo de la Guardia Civil de la localidad. La Benemérita requisó un coche patrulla utilizado por estos agentes para analizarlo a fondo y realizaron diversos registros en las dependencias de la Policía Local.

El cabecilla de esta supuesta trama, conocido como ´Jackie´, se daba de baja de forma frecuente, y trabajaba además junto con otro de los agentes detenidos, F. C., de portero en el bar de copas ´Max Beach´ en Riviera del Sol, una urbanización de Mijas costa, una actividad al parecer incompatible con la de policía. Éstos formaban pareja policial, al igual que los otros dos detenidos. Los cuatro agentes pertenecían al mismo grupo, ya que la policía de esta localidad se divide en grupos bajo las órdenes de un oficial.

Fuentes de la investigación barajan la posibilidad de apurar el tiempo máximo de detención, 72 horas, antes de pasar a los detenidos a disposición judicial.

En el momento del arresto un ciudadano alertó al servicio 112 al pensar que los agentes eran víctimas de una agresión, ya que los guardias civiles iban vestidos de paisano.

El Ayuntamiento de la localidad emitió ayer un comunicado al respecto para reseñar que "el comportamiento aislado de algunos individuos no puede empañar la labor del resto del cuerpo", que sigue sirviendo a los ciudadanos con "honradez y eficacia". El Ayuntamiento de Mijas aseguró que seguirá colaborando al máximo con la investigación que ha llevado a la detención de cuatro policías locales, como primer interesado en que se aclaren cuanto antes todas las circunstancias. "Como no puede ser de otra manera, a la luz del pronunciamiento de la Justicia se aplicarían con total contundencia las medidas a que hubiese lugar", afirmó.
link

Los vigilantes

Expulsado un guardia civil que usó la tarjeta de un muerto en accidente

El agente, de la oficina de atestados, cogió el documento de uno de los fallecidos en un siniestro en la A-52, y efectuó pagos en 68 ocasiones hasta gastar 1.323 euros

Autor:
López Penide
Fecha de publicación:
27/10/2009


Un agente del subsector de Tráfico de Pontevedra ha sido separado del cuerpo después de que se haya acreditado que el 11 de octubre del 2002 se apropió de la tarjeta de crédito de un fallecido en una colisión ocurrida en la A-52 en la que murieron tres personas. La decisión del Ministerio de Defensa, que ha sido refrendada por los tribunales militares, fue tomada tras ser firme la condena impuesta al funcionario por un juzgado de lo penal de Pontevedra por un delito continuado de estafa, en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.

En su día, y ante la Justicia civil, el agente, que padecía «un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo con alto grado de esquizotipia de carácter crónico, el cual le hizo actuar sin capacidad volitiva plena», asumió una condena de un año y medio de prisión y 2.880 euros de multa. El guardia reconoció que horas después de producirse el accidente que segó las vidas de un matrimonio madrileño y de un niño vigués que viajaba con su familia, se apropió de la tarjeta de crédito que estaba a nombre del fallecido.

El agente, que prestaba servicio en la oficina del equipo de atestados del destacamento de Tráfico de O Porriño, se hizo con la tarjeta bancaria aprovechando la ausencia de los dos compañeros que estaban confeccionando el atestado y reseñando los objetos hallados en el lugar del siniestro.

No pasó mucho tiempo hasta que, «en su provecho económico», comenzó a utilizar la tarjeta. Entre el 19 de octubre del 2002 y el 24 de abril del 2003, llegó a pagar con ella hasta en 68 ocasiones y sumó gastos por un importe de 1.323,13 euros, dinero que ya fue reintegrado antes de la condena penal por el propio acusado.

En la resolución del juzgado de lo penal pontevedrés se precisa que para poder llevar a cabo estas operaciones el agente incluso «firmaba los tiques a nombre del fallecido [...], cuando se lo requerían».

Posteriormente, el Gobierno conmutó la pena de prisión por una multa, circunstancia que no modificó la decisión de separarlo del servicio.
link

Los vigilantes

La juez imputa a tres mandos policiales por el robo de droga en la Jefatura de Policía de Sevilla
El sumario revela que un agente dio el cambiazo a 170 paquetes de cocaína y heroína que salió de los calabozos entre 2006 y 2008

J MARTÍN ARROYO - Sevilla - 23/10/2009


La juez que investiga el robo de 154 kilos de heroína y cocaína en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ha imputado a tres mandos policiales por el delito de encubrimiento. Los tres agentes están declarando ante la magistrada Ana Escribano para aclarar las acusaciones en su contra sobre la investigación que leva a cabo la Brigada de Asuntos Internos y que se mantiene bajo secreto de sumario.


Tras 15 meses de investigación, el pasado septiembre fueron detenidos un policía de la UDYCO, su mujer y un hombre y su pareja, amigos de ambos, como presuntos autores del robo.

El sumario de la investigación revela que este policía dio el cambiazo a 170 paquetes de droga que salió de los calabozos de la Jefatura superior de Policía entre 2006 y 2008.
link

Los vigilantes

Se arrestó a dos agentes de Almuñécar, dos de Nerja y al menos a seis personas más
Asuntos internos del cuerpo sorprendió el desembarco en una playa malagueña
mvcobo@ideal.es
En la operación se han realizado numerosos registros domiciliarios en Málaga y Granada
Dos agentes de la Guardia Civil de Almuñécar han sido detenidos en el marco de una operación contra el narcotráfico, en la que se arrestó a otros dos agentes de la localidad malagueña de Nerja y a un mínimo de seis personas más. La investigación la han llevado a cabo desde asuntos internos de la Benemérita, que venía siguiendo los pasos de los cuatro miembros del cuerpo desde hace tiempo.
Agentes desplazados desde Madrid a principios de semana lograron sorprender un desembarco de droga en una playa de Torrox, en Málaga, donde comenzaron las detenciones. Sin embargo, los cuatro agentes no fueron detenidos en ese momento, sino posteriormente.
En el marco de esta operación policial, que sigue abierta, se han producido también numerosos registros domiciliarios en puntos del litoral de las provincias de Málaga y Granada. Fuentes de la investigación señalaron que se esperan nuevas detenciones en las próximas horas.
link

Los vigilantes

Detenido un policía local por colaborar con una banda de narcotraficantes

La Policía Nacional arresta al agente en el curso de una operación que se salda con 11 detenidos y 1.500 kilos de hachís intervenidos · El funcionario, instructor de tiro, pertenece a la unidad de motoristas
Fernando Pérez Ávila
Sede de la Policía Local en la Isla de la Cartuja.



Un policía local de Sevilla permanece detenido en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía, en la avenida de Blas Infante, por su presunta colaboración con una banda de narcotraficantes. Este agente municipal fue arrestado a las seis de la tarde del pasado miércoles en el curso de una operación antidroga que se ha saldado por el momento con la intervención de 1.500 kilos de hachís y con las detenciones de al menos 11 personas. A la hora de cierre de esta edición, los miembros de la la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, que han realizado la operación, continuaba practicando registros en algunas viviendas y no se descarta que la cifra de detenidos se eleve en las próximas horas.

Los agentes antidroga de la Policía Nacional encontraron el hachís intervenido en un almacén de La Rinconada, donde el cabecilla reside y tiene un negocio dedicado a la venta de pollos. Los responsables de esta investigación llevan aproximadamente un año investigando a este presunto traficante y a su círculo de amistades y sus contactos, hasta que el miércoles decidieron realizar las detenciones y los registros.

Entre estas pruebas está la inspección de la taquilla personal del policía local en la Jefatura de este cuerpo en la Isla de la Cartuja. La Policía Nacional solicitó al Ayuntamiento de Sevilla permiso para poder acceder a la taquilla del agente. En el registro de estas dependencias se han encontrado varios boletines de denuncia, con los que la Policía sospecha que este agente podría haber prestado algún tipo de cobertura a los narcotraficantes. También apareció un arma no reglamentaria, que este agente municipal puede manejar legalmente por su condición de instructor de tiro. Además, la Udyco ha registrado la vivienda del policía, ubicada en el distrito Macarena.

En principio, según se desprende de los primeros avances de la investigación, la participación del policía local es secundaria y se podría haber limitado a colaborar con los traficantes facilitándoles cierta información y proporcionándoles cobertura con algunos documentos. Los primeros datos apuntan a que el policía no estuvo en contacto con la droga ni se dedicó a traficar con ella. El nombre del agente municipal habría aparecido en las escuchas telefónicas practicadas a los responsables de la organización y con otros detenidos, con los que sí podría haber mantenido un contacto frecuente.

Por el momento no ha trascendido mucho más debido a que la juez encargada del caso ha decretado el secreto sobre las actuaciones. Sí se sabe que la operación no tiene relación alguna con el caso de los 150 kilos de droga desaparecidos de la Jefatura Superior de Sevilla, que esta semana se ha esclarecido con el arresto del policía nacional en excedencia Lars Sepúlveda y otras tres personas más.

El policía local detenido pertenece a la unidad de Motoristas, especializado en la regulación del tráfico. Es, además, miembro de la sección de Armamento de este cuerpo y profesor de tiro en la Academia de la Policía. En su haber tiene numerosas condecoraciones y se trata de un agente muy conocido entre sus compañeros porque pertenece a una saga de policías locales encabezada por su padre. La mayoría de los agentes de este cuerpo consultados por este periódico expresaron ayer su sorpresa por la detención de un compañero al que definen como un policía intachable con una extensa hoja de servicios.
link

Los vigilantes

Tres detenidos por el robo de droga en la Jefatura de Sevilla

Uno de los arrestados es un ex agente de la Udyco de Sevilla actualmente en excedencia. Los otros dos individuos, vecinos de Coria del Río, fueron apresados en Islantilla.
efe, sevilla | Actualizado 12.09.2009 - 17:24



La policía ha detenido a tres personas, entre ellas un ex policía de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, por su presunta participación en el robo de más de cien kilos de cocaína y heroína del depósito de la Jefatura de Policía de Sevilla, descubierto el 5 de junio de 2008.

Según ha informado en un comunicado la dirección general de la Policía y la Guardia Civil, el ex policía L.S.M., de la escala básica, que estuvo destinado en la Udyco de Sevilla, está en excedencia tras haber abandonado el Cuerpo para dedicarse a la compraventa de barcos de recreo, y actualmente regenta, junto con un socio, un negocio de compraventa de motos y embarcaciones de recreo en Sevilla.

Los otros detenidos son M.A.N. y su compañera sentimental M.V.S.G., y lo han sido en su residencia de verano en Islantilla (Lepe -Huelva-), que fue adquirida por ambos en junio de 2008 por 240.000 euros, aunque su residencia habitual está en la localidad sevillana de Coria del Río. La pareja carece de actividad regular y el hombre se dedica a labores de intermediación en la compraventa de coches fuera del circuito oficial, según la nota.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, coordinada por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, ha efectuado las tres detenciones de los dos hombres y la mujer, a los que se les acusa de haber participado activamente en el citado robo de droga y su posterior distribución y comercialización.

El juzgado de instrucción número 19 de Sevilla investiga desde junio de 2008 el robo de más de cien kilos de heroína y cocaína de los depósitos de la Jefatura Superior, en la avenida Blas Infante de Sevilla, a los que sólo tenían acceso los agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado.

Los ladrones sustituyeron la heroína y cocaína por polvo de similares características, en un robo que hasta el pasado mes de julio había motivado la puesta en libertad por orden judicial de siete presuntos traficantes que fueron detenidos con varios kilos de droga cada uno, pero los análisis posteriores mostraron que se trataba de harina y yeso.

El robo de la droga se descubrió por causalidad en junio de 2008 cuando un juzgado ordenó realizar el contra-análisis de un alijo, a petición de un abogado defensor, y la Policía descubrió que la droga había desaparecido o había sido sustituida.

El departamento de Asuntos Internos de la Policía se hizo cargo de la investigación del robo y las pesquisas se centraron en los propios agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), que son los encargados de custodiar los alijos en la Jefatura de Policía de Sevilla. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
link

Los vigilantes

Cuatro años de cárcel para un mosso que estafó a decenas chinos prometiéndoles papeles
Les prometía conseguirles el permiso de residencia a cambio de 3.000 euros por persona


EFE - Berlín - 31/08/2009 13:31

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años de prisión a Gaietà Martínez, un agente de los Mossos d'Esquadra que estafó a decenas de inmigrantes chinos, a los que prometió conseguirles el permiso de residencia a cambio de 3.000 euros por persona cuando estaba de excedencia del cuerpo, en 2007.

En la sentencia, la sección séptima de la Audiencia de Barcelona condena al mosso d'esquadra por un delito continuado de estafa, por el que también le impone una multa de 1.800 euros y el pago de 103.500 euros a las víctimas de la estafa.

El tribunal considera probado que el acusado, que cuando ocurrieron los hechos estaba en excedencia, aprovechó los contactos que había hecho con los inmigrantes chinos gracias a su labor como sargento en la comisaría de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para engatusar a sus víctimas prometiéndoles que les conseguiría los papeles.

De esta manera, el agente consiguió que una intermediaria de los inmigrantes sin papeles le entregara 103.500 euros como un anticipo para obtener la documentación, que los estafados nunca recibieron.
link

Los vigilantes

Detenido un policía de Orihuela por calumniar a 11 compañeros en un blog

* Decía que el cuerpo era "sectario y corrupto".
* También había opiniones calumniosas e injuriosas.
* CONSULTA MÁS NOTICIAS DE ALICANTE.

EUROPA PRESS. 26.08.2009

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han detenido a un policía local de Orihuela como presunto autor de un delito de injurias y calumnias graves cometido contra 11 compañeros de este cuerpo, a través de internet, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las autoridades bloquearon el acceso al blog y borraron todos sus contenidos

Los agentes se encargaron de la investigación a raíz de una denuncia interpuesta por 11 miembros de la Policía Local de Orihuela en el juzgado de instrucción número tres, en la que manifestaban haber sido víctimas de un presunto delito de injurias y calumnias graves, por escrito y con publicidad, contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus respectivos cargos y realizadas en un blog por una persona o personas desconocidas.

Según la denuncia, las opiniones calumniosas e injuriosas se referían unas de forma personal a los denunciantes y otras de forma genérica al Cuerpo de Policía Local de Orihuela, al que tachaban de funcionamiento "sectario y corrupto".

Las expresiones, según explica el comunicado, fueron vertidas por un usuario y divulgadas a través de un mismo servidor, por lo que, las investigaciones se centraron en localizar la dirección IP del autor de los hechos, el bloqueo o cierre inmediato del blog, el borrado de todos sus contenidos y su localización.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo y concluyeron ayer con la detención de J.R.C., acusado de un delito contra el honor y la intimidad y que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
link