Los Vigilantes

Detenido un inspector jefe de la Policía por patrullar borracho en Ceuta De uniforme y en estado de embriaguez chocó contra un bolardo y una farola
Es el coordinador de los servicios de noche de la localidad
 Efe | Ceuta
 Un inspector jefe de la Policía Nacional de Ceuta ha sido detenido por provocar un accidente de tráfico cuando se encontraba de servicio y conducía bebido, por lo que permanece arrestado. Los hechos, según la información publicada hoy por el diario El Faro de Ceuta y confirmada a Efe por fuentes policiales, se produjeron en la madrugada del miércoles cuando el agente se hallaba en el coche policial patrullando por las inmediaciones del Poblado Marinero. El inspector jefe, que es coordinador de los servicios de noche, acudió de uniforme y en estado de embriaguez a la zona en torno a las 03.00 horas, tras lo cual subió a un coche y chocó contra un bolardo y una farola. El inspector, identificado como J.L.G., fue arrestado por la Policía Local y trasladado hasta las dependencias policiales, donde dio una tasa de alcoholemia de 0,90 y en las que permanece en calidad de detenido hasta que en las próximas horas sea puesto a disposición judicial. Las fuentes han asegurado que el inspector jefe es el encargado de coordinar los distintos servicios de noche que llevan a cabo las unidades del Cuerpo Nacional de Policía.
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Los vigilantes

Se filtra el manual personal de actuación en manifestaciones de un mando de los Mossos

La hoja de ruta de David Piqué, con delirios de manuales de guerra de las épocas de las conquistas, habla de esperar a que los actos violentos sean graves o incluso provocarlos "para que la actuación de la policía sea aceptada socialmente"

El semanario catalán destapa la peculiar hoja de ruta del comisario de los Mossos d’Esquadra David Piqué, para acabar con los y las manifestantes antisistema. Toda una demostración de la clase de sujetos autoritarios, psicópatas y semi-nazis (psicópatas en el poder) que forman el mando de la policía catalana...
Este alto mando de la policía autonómica se hizo famoso por su discurso encendido en el marco del Día de las Escuadras de este año (jornada de celebración interna de los mozos), y particularmente por calificar de ’ratas’ los manifestantes de la pasada huelga general, garantizando que las perseguirían y detendrían aunque se escondieran detrás de las sillas de un aula de universidad.
http://www.cadenaser.com/sociedad/a...
Piqué llamó a la alerta social en su discurso filo-fascista, precisamente el día después de los altercados del 29M, con seis manifestantes detenidos y varios mossos infiltrados provocando destrozos y agresiones
http://www.tercerainformacion.es/sp...
Copiamos las principales características de los psicópatas:
"Los psicópatas no pueden empatizar ni sentir remordimiento, por eso interactúan con las demás personas como si fuesen cualquier otro objeto, las utilizan para conseguir sus objetivos, la satisfacción de sus propios intereses. No necesariamente tienen que causar algún mal. La falta de remordimientos radica en la cosificación que hace el psicópata del otro, es decir, el quitarle al otro las características de persona para valorarlo como cosa, es uno de los pilares de la estructura psicopática."
Tal como hacen muchos policías con manifestantes al considerarlos "perroflautas" por ejemplo. Término que ya se usa sin relación con su significado anterior. Lo importante no es que el manifestante sea un "perroflauta" (término que ya no significa nada) sino que para ellos no es una persona y por tanto, según su código mecánico de interpretación, pueden actuar sobre ellos como si no fueran personas. Los psicópatas no tienen sentido común, capacidad de análisis de la realidad, sino que interpretan la realidad como quieren (acorde a lo que quieren hacer) para actuar conforme a ese interpretación. Además por no relacionar el pensar con el sentir, descartan cualquier cosa que no puedan analizar, como la libertad, algo que se siente para poder tenerla en cuenta.
Seguimos leyendo:
"Los psicópatas tienden a crear códigos propios de comportamiento, por lo cual sólo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen nociones sobre la mayoría de los usos sociales, por lo que su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas."
Piqué, a lo largo de 37 páginas de su proyecto final del máster en Políticas Públicas de Seguridad organizado por la UOC-al que se ha tenido acceso-detalla cómo conseguir acabar con las activistas antisistema y, incluso, apunta métodos claramente ilegales.
En este sentido afirma que "quizás habría que aprovechar para dejar que, durante el recorrido, se produzcan suficiente actos vandálicos", en referencia a los disturbios de las manifestaciones que luego los medios de comunicación utilizarán para el fin de desprestigiar a los movimientos sociales.
Esta estrategia, según fuentes jurídicas consultadas, supone delito de prevaricación.
http://www.setmanaridirecta.info/no...
Ver el manual de Piqué en catalán.
http://www.recercat.net/bitstream/h...
Tras destaparse el documento, en menos de 48 horas lo han "privatizado". Ahora ya no se puede acceder a él sin tener autorización.
EXTRACTOS (trad. google)
pág. 28-29 " Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer "redadas" preventivas a los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario.
La ’’redada’’ estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos, si es necesario.
La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial, es que acabará con una "batalla campal".
Además de la estrategia previa, en cuanto algún grupo descontrolado empieza las acciones violentas, las unidades de policía ni se mueven y cuando la violencia empieza a ser generalizada, la actuación policial se retrasa deliberadamente hasta que los daños producidos son socialmente inaceptables. Es entonces cuando se producen las cargas policiales que en ningún momento quieren ser disuasoria, no se disimula.
Se va directamente contra los manifestantes, que ya son considerados vándalos, y se les ataca con suficiente velocidad para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico.
En este estadio, los manifestantes atacan a la policía con todo lo que tienen y que les ha dejado tener, realmente se están defendiendo, pero no lo parece. Han sido acorralados. La violencia entre agentes y manifestantes se desata, se personaliza y se descontrola.
Es lo que se quiere. Comienzan a aparecer víctimas inocentes - daños colaterales se dice ahora- Los que han rehuido el enfrentamiento, se encuentran con el resto de unidades policiales que los cierran el paso y que no hacen detenidos - prisioneros -, la dispersión no es voluntaria , es a golpe de defensa (porra) y cualquier atisbo de resistencia es contestada con contundencia exagerada y detenciones masivas.
En las batallas de la antigüedad, era cuando se envía a la caballería a perseguir a los que huían mientras la infantería extermina a los que se han rendido en el campo de batalla.
Esta táctica no es exclusiva de regímenes totalitarios, también se da con demasiada frecuencia en muchas democracias occidentales. Quizás puede ser debido a dos factores: Una estrategia política que no considera otra opción que no sea la visión del problema como un conflicto de orden público y el otro, en la que se encarga el control de la calle y los manifestantes / activistas a unidades policiales poco disciplinadas, vengativas y provocadoras."
pág. 25-26 "Los grupos antisistema en general, saben que, por diferentes motivos, sus acciones tienen más repercusión social y mediática si se desarrollan en ciertos espacios. Por contra, estos espacios - los más abiertos - son los más desfavorables (para los antisistema) desde el punto de vista de táctica policial. Nos referimos a l’Eixample, parte de Sants o cualquier terreno abierto que permita una rápida movilidad de los efectivos policiales. En la teoría militar clásica, sería la capacidad de movilizar por los flancos la caballería o unidades de infantería ligera.
Como decíamos antes, Sun Tzu era partidario de ganar sin combatir y eso se podía conseguir mediante diversas estrategias y la que siempre ha tenido más éxito, ha sido la de, "quién rodea al enemigo, vence". [...] Los casos más estudiados son los de la batalla de Cannas donde Anibal derrota al ejército romano dirigido por Cayo Teracio Varrón y el de la batalla de Alesia donde Julio César venció a los galos definitivamente e hizo prisionero a Vercingetórix[...]
Volviendo a la táctica policial del primer terreno - abierto - y con fuerza policial suficiente. En este caso, no se quiere reprimir los disturbios ni detener a los infractores, sencillamente se evita. Eso se consigue limitando extraordinariamente la capacidad de movimiento de los manifestantes rodeándolos totalmente.
Eso se realiza en el momento de la concentración que, como se sabe dónde se realizará, ha permitido hacer un filtro de malla fina en los puntos de paso obligado por el punto de encuentro. El objetivo del filtro es el mismo que en el modelo Klausewitz, requisar objetos peligrosos de cualquier tipo - porque después habrá contacto físico - y evitar el anonimato. A partir de ese momento, los concentrados ya saben que la manifestación irá por donde la policía quiera y durará hasta que los manifestantes decidan dispersarse. Esta dispersión se hace lentamente, dejando salir a las personas poco a poco y en grupos muy pequeños para evitar el reagrupamiento fuera del círculo.
En estas situaciones el sentimiento de frustración e impotencia de los manifestantes es muy alto y a menudo generan reacciones violentas de algunos individuos cuando son conscientes que han perdido toda capacidad de iniciativa. Estos momentos son delicados y es necesario que los agentes de primera línea eviten las provocaciones individuales o los intentos colectivos de romper el círculo.
Pensemos que los policías están a menos de un metro de los rodeados. El objetivo no es hacer detenciones, solo inmovilizar. La sensación de derrota entre los manifestantes, es muy alta y moral queda muy "tocada". No ha habido heridos - no tienen mártires - ni tampoco detenidos - héroes -. Incluso han intentado, sin éxito, denunciar a la policía por detención ilegal o violar el derecho de circulación. Si se planifica correctamente, la fiscalía ha de estar avisada de la aplicación de esta táctica para evitar estas denuncias. Si sale bien, se ha vencido sin luchar."
pág. 32 " Las unidades policiales especializadas en órden público comienzan a ser menos permisivas con las manifestaciones y concentraciones, que seguramente se producirán mientras dura el debate político. De todas formas, si el número de manifestantes fuera excesivo, quizás se podría aprovechar para dejar que durante el recorrido, se produzcan suficientes actos vandálicos como para intensificar el debate sobre el comportamiento antisocial del movimiento antisistema y permitir que la opinión pública vincule estos colectivos al fenómeno okupa."
pág. 34 " Se deberá procurar la detención selectiva de los líderes para imputarles delitos comunes y evitar la condición de "martir" . A más protestas, más detenciones, hasta acabar con el poco soporte del que dispongan, sobre todo si comprueban los "privilegios" que se pueden conseguir con una adecuada integración en el sistema, sin renunciar a algunos de los postulados que los inspiran."
Informe de Análisis-Madrid sobre la mentalidad policial
http://www.kaosenlared.net/componen...
El manual completo traducido al castellano puede leerse aquí

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A juicio este lunes en Granada un subinspector de Policía por revelar secretos y conspirar para secuestro La vista estaba previsto que se celebrase en un principio el 3 de octubre del pasado año, pero tuvo que ser suspendida y aplazada hasta este lunes
EUROPA PRESS | GRANADA La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acoge desde este lunes y hasta el próximo 27 de abril el juicio contra un subinspector del Cuerpo Nacional de la Policía, suspendido actualmente de sus funciones, por supuestamente haber revelado secretos a narcotraficantes y haber conspirado para cometer un secuestro, hechos por los que se enfrenta a siete años de cárcel. El subinspector, para el que la Fiscalía pide además el pago de una multa de 7.200 euros e inhabilitación por tiempo de diez años, será enjuiciado junto a otros seis hombres, de entre 25 y 47 años, a los que se les imputa un delito de conspiración para cometer un secuestro, por el que cada uno de ellos se enfrenta a tres años de prisión. La vista estaba previsto que se celebrase en un principio el 3 de octubre del pasado año, pero tuvo que ser suspendida y aplazada hasta este lunes por la ausencia de dos de los siete acusados. Según consta en el escrito de acusación provisional del fiscal, el subinspector, identificado como Antonio M.L. y 54 años, había estado destinado al Grupo Operativo de Estupefacientes hasta noviembre de 2005, fecha en la que pasó al Grupo Operativo de Robos de Vehículos. Pese a eso, durante el año 2006 accedió "en numerosas ocasiones" a diversas bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía utilizando su clave de acceso personal para obtener información sobre personas presuntamente involucradas en el tráfico de estupefacientes. Estas consultas, según la Fiscalía, "carecían de motivación profesional", dado que no afectaban a la labor policial que entonces realizaba en el Grupo de Robo de Vehículos, y tenían como objetivo facilitar información acerca de la situación y los antecedentes de diversas personas y sus bienes a otro de los procesados en esta causa, identificado como Francisco E.V. en su propio beneficio "y especialmente para protegerlo de las investigaciones que la Policía pudiera estar realizando sobre él". Con Francisco E.V. el subinspector se acabó concertando para la comisión de diferentes actos delictivos que tendrían el objetivo el robo de alijo de drogas, dinero o joyas en poder de presuntos narcotraficantes, o el secuestro de estos últimos para exigirles como rescate lo anterior. Concretamente, el mando policial llegó a hacer a lo largo del año 2006 más de 100 consultas sobre diferentes personas en distintas bases de datos de la Policía relativas a controles policiales, antecedentes, requisitorias, reclamaciones o vehículos y sus titulares. Además, en noviembre de 2006, Francisco E.V. y Antonio M.L. decidieron secuestrar a un narcotraficante para después exigirle como rescate dinero, joyas o droga, para lo cual reclutaron al resto de acusados, si bien finalmente no pudo ejecutarse el plan al no aparecer en el lugar previsto la víctima. El plan de secuestro fue ideado, según el fiscal, por el subinspector, que además facilitó los datos necesarios para cometer el delito, como el lugar exacto del domicilio, donde la Policía sospechaba que podía tener droga. link

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Cocaína y corrupción policial
Comienza el juicio a 23 miembros de la ‘banda del puerto’, de los que siete son guardias civiles, por el robo de 400 kilos de droga de un contenedor
Jesús García Barcelona 16 ABR 2012

El teniente coronel Alfonso López Rubio tras declarar en febrero de 2009.

El robo de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona llega a juicio al cabo de siete años. La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy a 23 personas por su presunta participación en un golpe espectacular que fue posible por la colaboración entre policías corruptos y delincuentes comunes. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 39 años de cárcel para algunos de los procesados, acusados de diversos delitos, como tráfico de drogas, asociación ilícita, detención ilegal, lesiones, blanqueo de capitales, estafa y tráfico de influencias, según los casos.

A finales de 2004, la DEA (la agencia norteamericana antinarcóticos) alertó de la presencia de un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína oculto en un contenedor de gambas congeladas que había sido depositado en el puerto por el buque La Hispanota. Un mes después, un grupo de delincuentes asaltaron el contenedor y se llevaron la droga, según el escrito de acusación del fiscal Fernando Bermejo. Los delincuentes supieron de la existencia de la cocaína mediante la información privilegiada que les facilitó un miembro de la unidad de policía judicial del puerto, Antonio Sáenz, alias El Tete.


Los delincuentes vendieron la droga, de la que no queda rastro, y dieron su parte a El Tete y a otros guardias civiles imputados en el llamado caso Martorell, por la ciudad donde comenzó la investigación. Las amenazas de muerte a la juez, sin embargo, dejaron paralizada la investigación hasta que, en 2008, fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción. La información aportada por un arrepentido fue clave para desmontar el entramado corrupto. “La faena bien hecha no tiene fronteras”, dijo Javier Segura, que ejercía como jefe de los delincuentes comunes implicados en el robo millonario de la droga. Tras el asalto, Segura, alias El Trapero, llevó a otro hombre a un descampado y le pegó un tiro en la pierna ante la sospecha de que había regresado solo en busca de más droga. La fiscalía pide para él la pena de 39 años de prisión.

Tras celebrar el éxito de la operación, los asaltantes se reunieron con El Tete en un bar de Barcelona para explicarle los pormenores y el reparto de beneficios. Más tarde, el guardia civil aprovechó su posición para averiguar que estaba siendo investigado y que su teléfono había sido intervenido. El robo de la cocaína fue el momento cumbre de un “grupo heterogéneo” que venía operando desde 1999. El fiscal describe en su escrito algunos de los delitos cometidos en esa época, como diversos asaltos a bandas de narcotraficantes. Aunque, como han prescrito, no podrán ser juzgados. Ese es el motivo por el que se archivaron las acusaciones contra el mando de mayor rango, el teniente coronel Alfonso López Rubio. Ese año, López Rubio se dirigió a un local de compraventa de coches de Martorell y obligó a su dueño a sufragar un viaje de sus hijos a Londres, recoge el fiscal.


Además de siete guardias civiles que dieron protección a los delincuentes, también se sientan en el banquillo de los acusados dos exinspectores del Cuerpo Nacional de Policía, hermanos y conocidos con el apelativo de los Cromos. En el verano de 2005, El Trapero entregó a uno de los hermanos 3.000 euros en una marisquería gallega por “la información confidencial y el servicio prestado al colectivo criminal”, recoge el escrito de acusación.

Tras las investigaciones de la Guardia Civil y de Anticorrupción, algunos de los implicados ingresaron en prisión provisional. Fue entonces cuando se descubrió otra derivada de la trama, que afecta a dos abogados y un experiodista del diario El Mundo. El Tete y El Trapero mantuvieron contactos con otro guardia civil acusado, Roberto de Prádena, que estaba en libertad provisional. Todos ellos se dedicaron a confeccionar un dossier para perjudicar la reputación profesional del coronel de la Guardia Civil Miguel Alarcón, que había dirigido la investigación. En 2008, acordaron con el entonces periodista de El Mundo publicar artículos a cambio de dinero para “dificultar la investigación”, según la fiscalía.

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Detienen a un inspector y a un agente de Policía por fugarse tras atropellar a una ciclista

Uno de los arrestados dio positivo en el test de alcoholemia
La fallecida tenía 64 años y circulaba junto su marido en un pelotón
Iban en un coche gris de paisano y fueron detenidos a las 22.30 horas

Lola Sampedro | Palma


Un inspector y un agente de la Policía Nacional han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de darse presuntamente a la fuga tras atropellar ayer a una ciclista alemana, que finalmente murió tras el impacto, según informan fuentes del ELMUNDO.es.

Uno de los detenidos dio positivo en el test de alcoholemia al que fueron sometidos tras ser detenidos sobre las 22.30 horas. Ambos circulaban de paisano en un coche gris de incógnito (y no en uno de patrulla oficial de la Policía Nacional) cuando al parecer atropellaron a la fallecida.

La víctima, Renate D., era una turista que se alojaba junto a su esposo en un hotel de la zona y había viajado a Mallorca para practicar ciclismo. En el momento del suceso, la mujer circulaba por la carretera junto a su marido en un pelotón.

El incidente ocurrió en la mañana de ayer domingo, sobre las 10.25 horas. La mujer, de 64 años, circulaba con su bicicleta por la carretera de Cabo Blanco, Lluchmajor (Mallorca), a la altura de la urbanización de Puig d'en Ros, según informaron desde el servicio de emergencias del 061.

Los arrestados se encuentran desde ayer en dependencias de la Guardia Civil y podrían pasar esta ,misma tarde a disposición judicial.

Hasta el lugar de los hechos acudieron varios agentes de la Guardia Civil, un médico de la zona y una UVI móvil, pero cuando llegaron la víctima ya estaba en parada cardiorespiratoria y los efectivos sanitarios no han podido reanimarla.
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El agente que habría violado a una prostituta en Marconi dice que pagó

Piden 12 años de cárcel para el policía

"Me ponía los dedos en el ano y la vagina, me apretaba mucho los pechos, me pidió una felación y le dije que no lo había hecho nunca antes, que por favor, que no. Lo hizo, pero con un condón que yo tenía. Él me agarraba el cuello muy fuerte. Él se despistó y salí corriendo después de abrir la puerta, gritando. Me recogió un taxista. Le dije: 'Lléveme por favor a mi casa'. Yo estaba totalmente desnuda".

Lo ha declarado hoy, en la Audiencia Provincial, una mujer que se prostituía en 2011 en la Colonia Marconi y que habría sido detenida ilegalmente y agredida sexualmente por el policía nacional Víctor M.G., al que le piden 12 años de cárcel. El hombre ha asegurado que efectivamente tuvo sexo con la mujer, de nombre Nancy Peter, pero de forma consensuada y abonando 15 euros por la prestación.

La mujer, de origen africano y que lleva cuatro años en España, ha declarado entre lloros cómo el agente se dirigió a ella en la Colonia Marconi y cómo el acusado, de paisano entonces, evitó el control de dos policías municipales diciéndoles que era agente de la autoridad.

La Fiscalía mantiene que el agente, que perteneció a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), disuadió a los municipales asegurando que se la llevaba detenida en el curso de una investigación, con la intención de agredirla sexualmente.

Tras zafarse de los municipales, Víctor M. G. maniató a la víctima, siempre según ésta, y la metió en un coche para alejarse de allí. Entonces habría sido cuando el agente abusó de ella.

La mujer ha explicado cómo pudo escapar en un descuido de su presunto agresor, y halló la ayuda de un taxista, que la llevó a su casa de Getafe sin pedirle dinero a cambio.

La mujer ha admitido que vio cómo el agente mostraba su placa reglamentaria a los municipales, y ha admitido que se asustó. "¿No es cierto que ha declarado todo esto para que no la expulsen de España?", le ha preguntado la abogada del acusado. "En absoluto", ha dicho la mujer, que ha asegurado que se irá de España en cuanto termine el proceso.

También ha declarado uno de los municipales, que ha explicado cómo el acusado se dirigió a ellos para que le ayudaran a proceder a la detención de una prostituta irregular en España.

"Nos dijo que le ayudáramos, y al encontrar a la chica, que estaba muy tranquila, dijo que se la llevaría él solo. Hora y media después nos llamaron por una violación allí. Al llegar, nos sorprendió que era la misma chica. Llamamos al agente y nos dijo que la había interrogado y luego puesto en libertad". El municipal ha dicho también que le parecía "peculiar" que el agente acusado trabajara "solo".
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El sueño ahogado de Sonko
El senegalés que murió por culpa de la Guardia Civil había salido de su país siete meses antes

"Aide-moi, aidemoi... (ayúdame, ayúdame)", gritó Lauding Sonko, senegalés de 29 años, a los guardias civiles que le miraban impasibles desde la lancha mientras él se ahogaba. Sonko intentó desesperadamente agarrarse al borde de la lancha de la Guardia Civil, pero finalmente murió ahogado. Ocurrió la madrugada del 26 de septiembre de 2007.

Horas antes, Sonko había salido con otros tres inmigrantes africanos (dos hombres y una mujer) por la costa marroquí entre Belionex y Benzú para intentar alcanzar Ceuta. Iban vestidos con trajes de neopreno y se ayudaron de unos flotadores. La patrulla de la Guardia Civil les interceptó y les subió a la lancha. Los agentes, sin piedad, no tardaron en devolverles al agua, eso sí, con los flotadores pinchados y a una profundidad donde ninguno hacía pie. Soku no sabía nadar. "Los agentes se lo tomaron a broma y se rieron", llegó a decir el fiscal durante la investigación. Sus compañeros sí que lograron alcanzar la costa a nado.

Sonko no sabía nadar. Los agentes pincharon su flotador y le echaron al mar

E l caso fue denunciado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) ante la justicia española, que decidió archivar el caso al considerar que había ocurrido en aguas jurisdiccionales marroquíes. Pero Alberto Revuelta, abogado que trabaja de manera desinteresada para Cear, no dejó su empeño y llevó el caso hasta el Comité de Tortura de Naciones Unidas, que finalmente ha declarado que España violó el artículo 16 de la convención internacional por malos tratos. "Ocurrió en una lancha española, y la víctima fue tirada al mar por unos funcionarios españoles", reiteró Revuelta a este diario.

La resolución de Naciones Unidas no deja lugar a la duda: "El señor Sonko se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar". Para reconstruir lo ocurrido, el trabajo de investigación de Revuelta y de Cear fue tremendamente complejo. "Logramos localizar a uno de los inmigrantes que viajaban con él, su testimonio fue fundamental", señaló el abogado.

La historia de Sonko no es diferente de la de otros inmigrantes que salen de sus países para buscarse la vida en Europa. El emprendió el camino unos siete meses antes de la tragedia, a principios de 2007, y desde su aldea en Senegal, cerca de la Casamance. En su país trabajó en lo que pudo, agricultura y construcción principalmente. "De allí partió a Marruecos, donde estuvo varios meses, malviviendo entre los bosques junto a otros compañeros, en algún campamento", explicó ayer el letrado Alberto Revuelta. "Un día consiguió por fin reunir el dinero para pagar a los pasadores y, junto con otros tres inmigrantes, se echó al mar para intentar llegar con la ayuda de un flotador a Ceuta", continuó Revuelta.

Salió de Senegal y en Marruecos estuvo en el bosque con otros compañeros

El Comité de Tortura de Naciones Unidas recrimina que el Estado español tardarse 16 meses en notificar a un familiar de la víctima el inicio de la investigación. Este familiar es una mujer, "una hermana de clan", como la llama Revuelta. Es decir, la víctima y ella no son hermanos de sangre pero sí que tienen un vínculo social muy fuerte. Ella, Fatou Sonko, se casó en España y trabaja en el servicio doméstico . El padre de Sonko reside en una aldea de Senegal. Más de cuatro años después de lo ocurrido, aún no ha podido visitar la tumba de su hijo, enterrado en Ceuta, en el cementerio de Santa Catalina.
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La Policía critica la denuncia de un herido de bala por un agente
La víctima ha lamentado las "desafortunadas e injustas expresiones" de la Policía Local de Madrid después de que el agente que disparó haya sido absuelto

Ocurrió en mayo de 2010 en la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol. A. C estaba paseando cuando fue alcanzado por un disparo que provenía del arma de un agente de la policía. El lunes el autor del disparo fue absuelto en el juicio. Ahora, la víctima ha lamentado las críticas realizadas por el Colectivo Profesional de la Policía de Madrid (CPPM) sobre su actuación a la hora de denunciar los hechos y ha recordado las secuelas tanto físicas como psíquicas que va a tener de por vida por las heridas que sufrió.

El pasado lunes el CPPM manifestó su "más profunda satisfacción" por la sentencia absolutoria y señaló que se "ha hecho justicia" con su compañero, y lamentó "la utilización de la vía penal en vez de la reclamación por responsabilidad patrimonial por parte del viandante que resultó lesionado de forma fortuita".

El herido ha lamentado estas "desafortunadas e injustas expresiones formuladas por el Colectivo Profesonal de la Policía de Madrid", en referencia también a la declaración del sindicato sobre el "auténtico calvario" que han vivido el policía y su familia.

El Colectivo de Policías cree que el agente que disparó ha sufrido un "aunténtico calvario"

En un comunicado, ha destacado que no duda que el agente haya sufrido por los hechos ocurridos pero, "sin duda, la persona que más ha sufrido por los hechos ocurridos" ha sido, en su opinión, él, pues va "a padecer determinadas secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo", durante el resto de su vida.

"Mientras tanto, además de sufrir los padecimientos físicos propios de las lesiones causadas y de varias intervenciones quirúrgicas no puedo trabajar y he de pagar todos los gastos originados por los constantes viajes que tengo que realizar a Madrid para acudir a las consultas de los diversos especialistas que me tratan", ha apuntado.
"El sufrimiento no es comparable"

En este sentido, A C. ha destacado que, por el contrario, el agente que le hirió "durante todo este tiempo ha estado en una oficina y cobrando su sueldo" por lo que, para el viandante herido, "es evidente que el sufrimiento de ambos no es comparable".

Por otro lado, ha aclarado que el procedimiento penal contra el Policía Municipal no fue iniciado por él sino que, "lógicamente, se inició de oficio pues era necesario comprobar si el agente había actuado con negligencia". "En este procedimiento penal el Ministerio Fiscal formuló asimismo acusación contra el Policía Municipal ya que consideraba que había actuado desproporcionadamente y con desprecio a la vida de los otros", ha recordado.

La víctima reclama una indemnización por las conescuencias psíquicas y físicas y los gastos médicos

Así, reconoce que no ha utilizado la vía de la responsabilidad patrimonial pero explica que es porque "tras diversos contactos con el Ayuntamiento y atendiendo a sus indicaciones el día 5 de mayo de 2011 (cuando todavía no estaba señalado ni juicio oral en el procedimiento penal)" tuvo que presentar la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial "sin que hasta la fecha se haya resuelto la misma habiendo transcurrido sobradamente los seis meses en que debía dictarse resolución al respecto".

Por tanto, a su juicio, "queda acreditado que el Ayuntamiento tuvo desde el día 5 de mayo de 2011 hasta el 28 de noviembre de 2011, día de la primera sesión del juicio oral", para indemnizarle y considera que si no lo hizo fue porque "estimaron pertinente agotar la vía penal".

En este sentido, aunque la Sentencia de fecha 3 de febrero de 2012 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid absuelva al Policía Municipal "lo cierto es que declara tajantemente" que el hombre fue "alcanzado por arma de fuego a causa de una actuación policial" en la que no tuvo "culpa alguna".

Por ello, "lógicamente" tiene derecho a "una indemnización para intentar compensar de algún modo los gravísimos daños y perjuicios" que se le han causado. "Es evidente que utilizar las expresiones hirientes anteriormente señaladas está de más, razón por la que espero una disculpa pública por parte del referido sindicato de la Policía", ha sentenciado.

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Detenidos un policía y un guardia civil por narcotráfico

La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la introducción de hachís a gran escala por las costas del litoral malagueño. En la operación, iniciada a principios de 2011 y bautizada con el nombre de Pancho, han sido arrestadas 14 personas, entre ellas un policía nacional y un miembro de propio instituto armado. En los siete registros domiciliarios practicados se han intervenido un total de 3,2 toneladas de hachís, 13.500 euros en metálico, ocho vehículos y una embarcación. Además, los jueces han bloqueado activos financieros por valor de 98.000 euros e inmuebles tasados en más de 600.000.

Según informó ayer la Guardia Civil en un comunicado, la primera fase se desarrolló en el mes de junio. En esa ocasión fueron detenidas cinco personas en una vivienda usada como "guardería", es decir, un lugar de custodia de los estupefacientes antes de su entrega al receptor final. En la vivienda, los agentes hallaron un total de 1,7 toneladas de droga.

En otra fase de la operación fueron detenidas otras nueve personas, entre ellas los tres máximos responsables de la organización, cuando trataban de desembarcar 1,4 toneladas más de droga en una playa de la Costa del Sol.

El grupo desmantelado se dedicaba a recoger la droga en las playas y ponerla a buen recaudo antes de entregarla a otra célula con la que no tenían contacto alguno como medida de seguridad. Los traficantes debían dejar abandonado el vehículo con el que transportaban el estupefaciente para que los compradores se hicieran con él.

Según la investigación, los delincuentes disponían de "un sofisticado sistema de comunicación con lenguaje en clave" y realizaban vigilancias de las distintas fuerzas de seguridad para evitar su presencia en los lugares de desembarco del hachís. La vigilancia llegaba al extremo de seguir a a distancia a las patrullas en servicio.

Los principales cabecillas de la organización han ingresado en prisión por orden judicial. Otros han quedado en libertad con cargos.

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Grupos de encapuchados piden impunidad para poder reventar violentamente próximas concentraciones pacíficas
La Confederación Española de la Policía (CEP) ha solicitado al Ministerio del Interior que los agentes antidisturbios puedan llevar pasamontañas cuando tengan que desempeñar actuaciones especialmente violentas o conflictivas.


MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de la Policía (CEP) ha solicitado al Ministerio del Interior que los agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) puedan llevar 'verduguillos' o pasamontañas --una prenda con la que ocultar su rostro-- cuando tengan que desempeñar actuaciones especialmente violentas o conflictivas. Esta iniciativa surge después de comprobar que sectores violentos de los indignados acostumbran a grabar primeros planos de los agentes en las manifestaciones para luego ser señalados y amenazados en distintos sitios de Internet.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, este sindicato ha trasladado a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil que esta prenda "resulta esencial para salvaguardar la seguridad e integridad de los funcionarios de Policía que prestan servicio en especialidad" y piden que se tenga como parte del uniforme. "Nos referimos al 'verduguillo' como prenda que ciñe la cabeza y el cuello, dejando descubiertos los ojos, la nariz y la boca", indica la CEP.

Alegan que, al igual que los agentes dedicados a la lucha antiterrorista ocultan sus rostros para evitar ser identificados, "las UIP deben hacer frente, al mismo tiempo, a alteraciones del orden público en las que el señalamiento y persecución de los integrantes de la especialidad ha adquirido una importancia inédita, facilitada por las nuevas tecnologías".

Denuncian que en los últimos dos años se ha experimentado un aumento de la violencia contra la Policía, según los datos recogidos en las Memorias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"El número de Diligencias Previas incoadas por Atentado (contra la autoridad) ha alcanzado en 2010 el valor más elevado de los últimos siete años y supone que Madrid acapara el 18,22 por ciento del total de delitos de este tipo que se producen en España", explica el escrito en el que se recuerda que las unidades de la Guardia Civil y las policías autonómicas que realizan funciones similares a las de la UIP si llevan prendas que ocultan su rostro.

CASI 7.000 ATENTADOS CONTRA LA AUTORIDAD EN 2010

La CEP acompaña sus argumentos con una gráfica en la que se indica que en ese año 2010 se produjeron 6.952 casos de atentado contra la autoridad de los cuales 1.267 ocurrieron en Madrid. En 2004 la cifra en la región madrileña fue de 379 atentados contra la autoridad.

Por todo ello, el sindicato ha elevado esta "propuesta formal" al Jefe de la División de Coordinación Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, en su calidad de presidente de la Comisión Técnica de Uniformidad , Vestuario y Equipamiento para que proceda a "iniciar el proceso de introducción del pasamontañas o 'verduguillo' como prenda de la uniformidad de Unidad de Intervención Policial (UIP).

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Un comisario, condenado a siete meses por acoso sexual a otra policía

• Inhabilitado para el ejercicio de su empleo durante el tiempo de la condena
• No podrá comunicarse con su víctima en tres años

Fernando Lázaro | Efe | Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete meses de prisión al ex jefe de la Unidad de Coordinación Internacional de la Policía, Mauricio M.L., por un delito de acoso sexual a una compañera, a la que deberá indemnizar con 20.000 euros por daños morales.

El comisario, que ha sido absuelto del delito de acoso del que le acusaba otra policía y de los de lesiones y trato degradante que le imputaban ambas, también ha quedado inhabilitado para el ejercicio de su empleo durante el tiempo de la condena y no podrá comunicarse por ningún medio con su víctima durante tres años.

Según la sentencia, Mauricio M.L., ex jefe de la Unidad de Coordinación y Cooperación Internacional, realizó en los años 2004 y 2005 propuestas de mantener relaciones afectivas y sexuales a sus compañeras "aprovechándose de su superioridad jerárquica sobre las inspectoras que allí trabajaban", si bien uno de los delitos ha sido declarado prescrito porque la mujer no lo denunció en su día.

Los mandos de Asuntos Internos encargados de investigar las denuncias contra el ex comisario comprobaron que en al menos uno de los casos detectados se produjo la destitución de una de las policías acosadas.

Una larga lista de funcionarias declararon en el juicio en calidad de testigos y confirmaron que habían sido víctimas de situaciones parecidas a las que sufrieron las agentes denuncinantes.

La investigación se inició a petición del Director Adjunto Operativo (DAO), Fernández Chico, y del subdirector de personal de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario García Cantos, tras unas publicaciones en la red que apuntaban a una conducta incorrecta del acusado.

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Reportaje sobre la corrupción policial el periódico diagonal

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A más de una semana de la Huelga General del 29S todavía queda gente detenida por los incidentes provocados por los piquetes de la patronal.
En todo el estado policia nacional, guardia civil , municipal, mossos etc provocaron multitud de incidentes atacando con saña (que para eso les pagan) todo lo que se movia.Hay multitud de videos que lo demuestran, atacando a la gente a base de porrazos y pelotazos, incluso tiros pegaron: Getafe, Madrid, Valencia, Sevilla,Malaga, Vigo, Barcelona donde se puede ver las violentas actuaciones de estos perros del poder.
Además los mossos aprovecharon el día para desalojar el banco okupado en Barcelona al mentir al juez diciendo que habia delito flagrante.
Esta es su paz social.
Para quien quiera vomitar leyendo lo que dicen los distintos maderos sobre el 29S aqui esta el foro de los ciervos

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«El Mundo» asegura que el PSOE pagó 35 millones a Amedo para que se retractara
El rotativo madrileño afirmó ayer contar en su poder con grabaciones que demuestran que el ex policía José Amedo acordó en 1996 con el PSOE retractarse de sus declaraciones a cambio de 600 millones. Aún se encuentra pendiente que se celebre el último juicio sobre los GAL.

GARA |

Casi dos meses después de conocerse que el ex-subcomisario José Amedo, condenado a más de 108 años de prisión por su participación en varios atentados del GAL, depositó el 29 de julio varios documentos en la Audiencia Nacional española para que sean utilizados en el último juicio pendiente -varias veces retrasado- de la trama de la guerra sucia con los GAL, ayer, el diario «El Mundo» aseguró tener conversaciones grabadas que prueban que el PSOE pagó a Amedo 35 millones -con promesa de ascender hasta los 600- a cambio de que cambiara su declaración y perjudicara así al juez Garzón y a Pedro J. Ramírez, director del citado diario.

El rotativo español publicó ayer que tiene en su poder grabaciones telefónicas que prueban cómo entre enero y febrero de 1996 Txiki Benegas, secretario de Relaciones Políticas e Institucionales del PSOE por aquél entonces, abonó al ex policía José Amedo 35 millones de pesetas como adelanto del acuerdo que supuestamente alcanzó con el dirigente del PSOE para que se retractase de todas sus declaraciones en las que implicaba al PSOE en la trama de los GAL.

Ante las elecciones de 1996

Según afirma «El Mundo», uno de los puntos de ese supuesto acuerdo era que Amedo recibiría 600 millones de pesetas, después de que manifestara en una comparecencia pública que sus declaraciones habían sido consecuencia de haber sido coaacionado por el juez Garzón -que reabrió el caso de los GAL tras abandonar su periplo político de la mano del PSOE- y por el director del rotativo «El Mundo», Pedro J. Ramírez.

««Cambias tu declaración, te cargas a Garzón y Pedro J., te damos el indulto y te resolvemos la vida», le dijo Benegas a Amedo en Villanueva de la Cañada», recogía ayer, entre otras frases, el rotativo español, como botón de muestra del contenido de las grabaciones que el rotativo de Pedro J. Ramírez afirma tener en su poder. El diario español, además, asegura que el entonces presidente español Felipe González y otros altos cargos del PSOE estaría detrás de este supuesto plan que, según lo publicado ayer, pretendía dar la vuelta a la intención de voto para los comicios españoles de 1996.

Cabe recordar que fue mediante el diario «El Mundo» como se destapó gran parte de la trama de los GAL, y quien informó de que Amedo entregó en julio en la Audiencia Nacional documentación que estaría relacionada con sendos atentados ocurridos en 1986 en el Bar Batzoki de Baiona y en el bar Consolation de Donibane Lohizune.
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“El domingo 19 de septiembre de 2010 recibo la llamada de un inmigrante alrededor de las 17:15 horas. Se trataba de un ecuatoriano que conocí por mi trabajo fotográfico en Plaza Elíptica (lugar de reunión de extranjeros que buscan trabajo). Este hombre me avisa de que en la Casa de Campo la policía estaba desalojando violentamente a los vendedores de comida. Llamo a Olmo Calvo Rodríguez, fotógrafo y compañero del diario Diagonal, donde colaboro, y me informa de que otro fotógrafo, Sylvain Cherkaoui, está allí. Llamo a Sylvain y él me dice que todo está acabando, que lo más violento del desalojo terminó.

Yo decido ir junto a mi compañera y periodista Soraya Constante. Saliendo del metro Lago, yo me adelanto a Soraya para comenzar a sacar fotos. Habría hecho unas siete fotos cuando me para un policía municipal para preguntarme si estoy haciendo fotos, luego me pide mi acreditación. Le digo que mi acreditación la tiene mi pareja, Soraya, que estaba a unos 100 metros de donde yo estaba. La llamo. Otros policías se acercan.

De repente un antidisturbio de la policía local con casco se acerca, me empuja, me da un golpe en la cara y me quita la bolsa de fotografía. Le digo que es mi herramienta de trabajo, que la traten con cuidado. Me vuelve a empujar contra otro agente. Llega Soraya, les da mi acreditación pero como ve que me agreden, ella se queja y pide que no me agredan. Entonces, la agarran tres policías de los brazos, le dicen que se acredite y ella dice que necesita sus manos para acreditarse. Le dicen “¿qué haces aquí? ¡Vete a tu puto país!” Ella dice que es periodista. Le tiran del bolso y le dan continuos golpes en el pecho y los insultos xenófobos continúan.

En eso, otro policía se acerca y dice, refiriéndose a mí: “A éste lo conozco, es el fotógrafo de Lavapiés que siempre nos está jodiendo”. Se avalancha sobre mí y me agarra del cuello sofocándome como 30 segundos. Pensé que iba a perder el conocimiento. Yo no pongo ninguna resistencia pero les digo que los voy a denunciar y que me den su número de placa. Repito esto varias veces. El que me agarra del cuello dice que en vez de placa me van a dar dos hostias.

Luego el policía municipal que me estaba identificando inicialmente me pone contra la pared y me dice que abra las piernas. Lo hago. Dice que las abra más y más hasta dejarme dolido y estirado muy cerca del suelo. Me cachea vejatoriamente: me agarra de los testículos con fuerza, me tira del pelo y me hace sacar los zapatos. Me dice: “Las próximas fotos van a ser de ti con la cara partida en comisaría”. Me meten descalzo en el coche.

Durante todo este tiempo mi mujer reclama que paren. Se acerca un policía que parecía jefe y le pregunto si es el jefe del operativo y le pido que paren los abusos. El oficial responde que no hay ningún operativo y me llevan a la comisaría de Moncloa Aravaca donde ya están hace más de una hora los tres detenidos ecuatorianos de Casa de Campo. Eran una mujer y dos hombres. La mujer tenía moratones en la cara y me contó que le pegaron en la patrulla de la policía.

Después de dos horas me devuelven mis zapatos para llevarme al médico. Yo tenía marcas en el cuello y en la cara, que refleja mi parte médico. A los tres ecuatorianos y a mi nos pusieron en una celda esposados durante cinco horas sin decirme el porqué estoy detenido. Cuando me quejé de estar con las esposas tanto tiempo apagaron la luz de la habitación donde estábamos. Mas tarde entran, leen los derechos a los ecuatorianos. A mi no me los leen, me dan un papel y me dicen que si estoy de acuerdo que firme, también me dan un papel con la lista de mis pertenencias pero esta inexacto porque figuraban “dos objetivos marca Canon” y yo tenía tres y figuraba “dos tarjetas de memoria” y yo tenía cinco. Un documento no lo firmo y otro pongo “no conforme” y lo firmo. No me acuerdo cual firmé y cual no.

Luego entra un policía nacional y dice “yo creía que los cuatro eran guachupitos.” Le pregunto que dijo y lo repite, y le digo que es un comentario racista y le pido el número de placa. Él dice “te voy a dar tres números y una hostia en la calle sin uniforme”. Otro policía me dice “perro flauta.” Pido el Habeas Corpus por detención ilegal. Me dan un papel y yo escribo la petición del amparo del juez. Y espero que me lleven a los juzgados de Plaza Castilla hasta la una de la madrugada del lunes 20 de septiembre. El juez que recibe el Habeas Corpus lo desestima y me devuelven a la comisaría. Mi abogado que llega el lunes por la mañana me dice que un policía le dijo que me van a tener lo más posible encerrado porque es “un caso complicado”.

El lunes por la noche me llevan junto a los ecuatorianos a la comisaría de Moratalaz. El martes 21 de septiembre a las dos de la tarde me ve la jueza en Plaza Castilla. Me lee el atestado: me acusan de “iniciar los disturbios”. La policía dice que me reconocen tirando piedras “porque entre todos los latinos hay un hombre alto, rubio y con coleta y una hora después me intentan documentar y agredo a tres policias”. Luego le digo a la jueza lo que en verdad sucedió y me libera con un parte de “resistencia a la autoridad”. En noviembre tenego que volver a al juzgado a declarar nuevamente.

Al salir del juzgado me devuelven mis pertenencias. Todo menos mi equipo de trabajo. Curiosamente me devuelven objetos pequeños que tenía en mi bolso de fotografía como un estuche de limpieza de cámara y un cristal de un lente, pero falta: una cámara Canon 5D, una lente Canon 70-200mm f/2.8, una lente Canon 18-40mm f /4, una lente Canon 50mm f/1.8 y cinco tarjetas compact flash de memoria: 1 una tarjeta de 8GB, tres tarjetas de 4GB, y una tarjeta de 1GB. La jueza me dijo que si mi equipo fotográfico no estaba en el juzgado, que presente un escrito. Mi abogado presentará un escrito para recuperarla así como también presentaré una querella por lo arriba mencionado. 

Tampoco me devolvieron las fotos que hice en Casa de Campo, entre las que estaban las fotos del bautismo de mi primera sobrina que fotografié el sábado 18 de septiembre, un día antes a ser detenido.

Hay que añadir que la policía viene perjudicando mi labor profesional reiteradamente. La primera vez que la policía me paró fue el 22 de junio, cuando fotografié a un inmigrante que era golpeado en el metro de Lavapiés. La segunda fue el 24 de julio, cuando intenté fotografiar una redada de inmigrantes en el metro de Legazpi. En ambas ocasiones fui llevado a la Comisaría de Sol, donde he tenido que entregar primero la tarjeta de memoria y luego la cámara.

Hasta la fecha no he recuperado ninguno de estos objetos que son en verdad mi herramienta de trabajo. Por el primer caso tengo una citación judicial para octubre y el segundo ya ha sido desestimado y el fiscal está localizando mi equipo fotográfico para devolvérmelo. También por el segundo caso yo presenté una denuncia por retención ilegal a los juzgados y al Defensor del Pueblo y este ultimo me ha informado ha dado trámite a mi denuncia y pedirá explicación de la policía. Desde julio he estado trabajando con cámaras que me han dejado otros compañeros y para un reportaje que hice recientemente en Francia tuve que alquilar una cámara, que es la que ahora está retenida y trato de recuperar.”

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Procesados cinco policías de Málaga por abusos a inmigrantes en un centro de extranjería Agencias Las mujeres han relatado ante la juez instructora cómo los policías se les insinuaban, les hacían caricias y las insultaban si se negaban a mantener relaciones.

Favores sexuales a cambio de llamadas a familiares, comida, perfumes o tabaco. Cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía han sido procesados y tendrán que responder por un supuesto delito de abuso sexual en 2006 a inmigrantes detenidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga. Los policías pueden enfrentarse a penas de hasta diez años de cárcel.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga señala en el auto de procesamiento, adelantado ayer por los periódicos del grupo Joly, que los agentes organizaron varias fiestas nocturnas en el centro entre junio y julio de 2006 en las que, haciendo prevalecer su situación de superioridad, se produjeron los abusos.

Las mujeres han relatado ante la juez instructora cómo los policías se les insinuaban, les hacían caricias y las insultaban si se negaban a mantener relaciones. Para coaccionarlas les permitían usar el teléfono móvil y les daban regalos.

Una limpiadora del centro ha testificado que tras las fiestas encontró botellas de bebidas alcohólicas y preservativos. Además, las grabaciones de las cámaras de seguridad han corroborado el trasiego de gente que hubo aquellas noches. Incluso uno de los agentes procesados no trabajaba en el centro y sólo acudía a las celebraciones.

Otras cinco personas, cuatro policías y un abogado, han quedado fuera del auto procesal ya que no se ha probado que mantuvieran relaciones con las mujeres.

La mayoría de las inmigrantes que denunciaron los hechos han sido expulsadas de España por su situación irregular, pero sus testimonios se leerán en el juicio.

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Juzgan a un subinspector por tráfico de influencias

A.F.G.
Las Palmas de Gran Canaria

El fiscal pide 9 meses de cárcel y 4 años de inhabilitación para un subinspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acusado de tráfico de influencias y amenazas. Supuestamente, intentó que dos agentes no le hicieran la prueba de alcoholemia a un conocido suyo, y les amenazó al ver que persistían en cumplir con su deber.
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Gomorra abre sucursal en Lugo
Cincuenta personas, entre ellas guardias civiles, policías, empresarios y un político están incursos en la Operación Carioca abierta para investigar una turbia red de prostitución en Galicia

JESÚS DUVA 27/06/2010

Lugo parece una sucursal de Gomorra. No solo por el ambiente viciado que se supone que dominaba en la legendaria ciudad bíblica, sino por la corrupción que devora a la Gomorra inventada por el periodista Roberto Saviano para describir a la temible Camorra napolitana. Esa es la impresión resultante de la Operación Carioca, un ya voluminoso sumario que lleva desde hace dos años la juez María Pilar de Lara Cifuentes. Las indagaciones revelan el abyecto submundo que bulle en torno a cuatro clubes de prostitución lucenses: más de un centenar de mujeres brasileñas coaccionadas, guardias civiles y policías corruptos, empresarios sin escrúpulos y hasta algún político salpicado por el fango de la explotación sexual.

La juez indaga si una brasileña fue asesinada, mientras el sumario revela que hubo mujeres obligadas a abortar

La Operación Carioca ha conmocionado a los vecinos de Lugo -una ciudad de 100.00 almas- y ha "puesto de los nervios a un montón de gente", según fuentes de la investigación. Y no es para menos teniendo en cuenta que aquí hay mujeres vejadas y maltratadas, enganchadas a la droga, obligadas a abortar e incluso una posible víctima de un crimen. Los muros del barrio de Tolda amanecieron un día con pintadas en las que una mano anónima preguntaba "¿Dónde está Ana?", en referencia a una brasileña, madre de un niño, que se esfumó en 2007. Hay prostitutas que creen que fue asesinada.

La conmoción social no solo obedece a la podredumbre generada por los sórdidos negocios de la prostitución, sino también a la existencia de grabaciones con cámara oculta en las que se dice que aparecen empresarios, policías y políticos locales manteniendo relaciones sexuales. En la capital lucense y sus alrededores hay 42 prostíbulos.

La investigación comenzó en 2008 a raíz de una denuncia contra un guardia civil de la unidad de Policía Judicial de Lugo por supuesta complicidad con una red de tráfico y casi esclavitud de prostitutas.

El 26 de diciembre de 2008, la juez Lara ordenó ahondar en la denuncia recogida en las diligencias previas 4449/2008. En ellas había información sobre las actividades del cabo primero Armando Lorenzo Torre, quien atribuyéndose el cargo de jefe de Extranjería, supuestamente solicitaba favores carnales a meretrices bajo la amenaza de echarlas de España. A la vez, existían sospechas de que este agente había influido sobre otros policías para legalizar y dar permisos de trabajo y residencia a las suramericanas.

A partir de este hilo, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil se puso manos a la obra y se centró en varios clubes de alterne de Lugo o sus proximidades. En concreto, en los locales Eros, Queens y Volvoreta de la capital y en los denominados La Colina, en Otero de Rei, y Eclipse, en la costa lucense. En estos establecimientos trabajaban decenas de mujeres sometidas a un rígido y prolongado horario de trabajo y que eran castigadas con "multas" arbitrarias si se ausentaban o se retrasaban en su jornada laboral. "La inmensa mayoría son extranjeras y se encuentran en España en situación irregular, careciendo de permiso de trabajo y residencia, por lo que tienen un temor generalizado a las actuaciones y redadas policiales", según un informe confidencial.

Asuntos Internos constató que tras el turbio entramado había diversas organizaciones de inmigración clandestina de mujeres. Esta red se encargaba de organizar el viaje de las brasileñas a España, comprar el billete de avión y enviarles dinero para mostrarlo en los controles fronterizos, además de darles recomendaciones sobre cómo aparentar que eran simples turistas. Al llegar a España, las prostitutas eran recogidas en el aeropuerto madrileño y trasladadas a los diferentes clubes. Y, a partir de ese momento, quedaban obligadas a saldar la deuda con los proxenetas alquilando lo único que tenían -su propio cuerpo- en tanto que quienes se beneficiaban de esta actividad disfrutaban de un "elevado nivel de vida".

En concomitancia con toda esta oscura estructura, los agentes descubrieron la existencia de "comportamientos corruptos" por parte de integrantes de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y policías locales, así como otros funcionarios de la Administración del Estado, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Lugo. José Manuel García Adán, presunto responsable de los clubes Queens y La Colina, aparecía como uno de los que disponían de una guardia pretoriana policial más sólida y extensa, según los responsables de las indagaciones.

Tras meses de seguimientos y pinchazos telefónicos, el caso estalló a mediados de octubre del año pasado, cuando la juez ordenó detener a los principales implicados y el precintado de los clubes (unos locales bastante cutres, de color rojo o azulón). Más tarde, la juez dispuso la entrada y registro en la Comandancia de la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería de Lugo, donde se incautó de numerosos expedientes.

El tema ha saltado ahora a la opinión pública nacional y ha traspasado la muralla romana de Lugo, después de que la cadena SER e Interviú difundieran hace unos días nuevos datos. Por ejemplo, que el policía Francisco Javier Fernández Becerra, destinado en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas supuestamente cobraba 300 euros cada vez que hacía la vista gorda y dejaba pasar a una brasileña destinada a la prostitución. O, por ejemplo, que Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno en Lugo, imputado por prevaricación, omisión del deber de perseguir un delito y tráfico de influencias, había hablado por teléfono el 8 de mayo de 2009 con un policía para pedirle que no expulsara de España a "una tal Nidia" que planeaba casarse con el hijo de un concejal de Monterroso.

En el sumario, que abarca ya más de 40 tomos, han prestado declaración unas 300 prostitutas, muchas bajo el marchamo de testigos protegidas y nombradas como Alfa, Beta, Gamma, Delta, etcétera. Las pesquisas se han saldado con la imputación de medio centenar de personas (policías, guardias civiles, abogados, dueños y encargados de puticlubes, un ginecólogo y el ex delegado del Gobierno). En prisión solo hay nueve de los acusados. "Pero hay mucha gente que ha dejado de hablar por teléfono por miedo a tenerlo pinchado", comenta una fuente próxima al caso.

La juez Lara necesitará toda su fortaleza para afrontar las amenazas anónimas y, por otra parte, el previsible contraataque jurídico de los implicados. Algunos de estos han solicitado la anulación de las actuaciones y otros han denunciado haber sido víctimas de detención ilegal por parte de agentes adscritos a la Operación Carioca. Además, hay una auténtica guerra entre los guardias civiles que llevan el peso de las pesquisas y buena parte de sus compañeros de Lugo.

La magistrada, que frisa los 40 años, murciana de Cartagena recriada en Asturias, hija de un militar, trabajadora hasta la extenuación, está volcada en este sumario. Un caso con el que cualquier alumno de derecho podría estudiar buena parte de los artículos del Código Penal: agresión sexual, inducción a la prostitución, inmigración irregular, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales revelación de secretos, tenencia ilícita de armas, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la intimidad, contra la salud pública e inducción al aborto. Por el momento... Porque habrá que esperar al levantamiento del secreto que pesa sobre miles de folios para ver si la ponzoña se extiende a otras personas e instituciones.
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Todas las personas deben tener el derecho a poder comunicarse, al uso y disfrute de las nuevas tecnologías y los avances sociales no deben depender de su capacidad económica, ni de su sexo, su raza, ni su país de procedencia.

Por eso hace casi dos años y medio, en la calle Acuerdo, decidimos arrancar un experimento tecnológico. Instalar una cabina gratuita que, mediante el uso de nuestra conexión a internet y utilizando material reciclado, permitiera hacer llamadas nacionales e internacionales sin ningún coste. De momento son más de 10.000 llamadas realizadas habitualmente por vecinos (con y sin techo), estudiantes, turistas, asociaciones vecinales y un sinfín de personas a título individual.

Por eso decidimos volver a instalarla en Pez 21. Sin embargo, antes de que pudiéramos arrancar el servicio de llamadas internacionales, tres miembros del cuerpo nacional de policía se presentaron el lunes 14 de Junio a las 18h ante la cabina telefónica vecinal. Asustados ante tan peligroso artefacto gratuito, decidieron arrancarla violentamente de la pared con sus propias manos produciendo numerosos daños para, posteriormente, tirarla en un contenedor de escombros.

No contentos con los destrozos exteriores y bajo amenazas, los agentes entraron en el edificio para dañar el resto de la infraestructura, arrancando parte del cableado ante la imposibilidad de acceder a la centralita (un viejo ordenador casero reciclado de la basura al que se le instaló un software libre llamado “Asterisk” que sirve para hacer centralitas telefónicas).

Sin embargo la cabina vuelve a estar operativa porque, en cuestión de horas y con bastante trabajo, varios vecinos arreglaron los destrozos en las paredes y volvieron a colocarla en su sitio, reparando también los daños interiores. Una buena oportunidad para activar el servicio de llamadas internacionales, que ahora vuelven a estar disponibles para todos los vecinos y curiosos. Si vuelven a destruirla, la volveremos a montar. Si 1000 veces la rompen, 1000 la reconstruiremos. Porque aunque algunos no quieran escuchar, otros seguirán hablando. Y gratis.
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La policía no espiaba a Rita, sino a activistas propalestinos
Los organizadores del acto desmontan la última teoría conspirativa del PP.

Jueves 10 de junio a las siete de la tarde. Calle del Quart, número 80, en Valencia. En una sala del Jardín Botánico, un centenar de personas asiste a la presentación del documental Mes enllà del mur, sobre un viaje que una serie de músicos hizo el verano pasado a Palestina. Unos cuantos números más abajo, en la misma calle, el PP de Valencia celebra un acto para presentar la página web de la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá. Los participantes en uno y otro acto (gente de izquierdas, activistas por un lado, y políticos conservadores por otro) se cruzan en la acera.

Mientras se desarrolla el acto del PP, los escoltas de Rita Barberá advierten de que en las inmediaciones de la calle hay aparcada una furgoneta Citroën Berlingo "sospechosa" y con "movimientos extraños". Los escoltas piden la identificación al conductor y éste señala que es policía y que está haciendo labores de vigilancia en un acto en el cercano Jardín Botánico, versión reiterada después por el propio delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.


El PP ha denunciado que una furgoneta policial vigiló un acto del partido

El PP no acepta la versión policial porque, dicen, en el Jardín Botánico no hay nada. Sólo árboles. Así que el partido que preside Francisco Camps afirma públicamente que la policía nacional estaba espiando a Barberá e interpone una denuncia en el juzgado por un "presunto delito de grabaciones y escuchas ilegales".

Pero el Jardín Botánico no estaba vacío. En el recinto, que gestiona la Universitat de Valencia, la productora de vídeo La Taca Productions presentaba su documental sobre Palestina. La policía vigilaba de manera secreta el acto, en el que participaron entre otros, David Segarra, el activista valenciano que viajaba en la flotilla que fue atacada por Israel.

El director del documental, y profesor de la Universitat de Valencia, Josep Pitarch, está "sorprendido e indignado" por lo sucedido. "En el Jardín Botánico estábamos nosotros, gente proPalestina y de izquierdas, o los participantes en un acto sobre el bosque mediterráneo. Hemos pedido explicaciones al delegado del Gobierno de por qué tenía que estar controlándonos", señaló Pitarch.

"¿Qué esperaban, encontrar, a gente de Hamás?", dice unactivista espiado

Para Miquel Ramos, periodista y uno de los músicos que participan en el documental, lo ocurrido es de Mortadelo y Filemón. "¿Qué pensaba Delegación del Gobierno? ¿Que como los participantes éramos propalestinos iban a encontrar allí gente de Hamás?", ironiza Ramos, que como el resto de participantes no se percató de la furgoneta hasta que después leyó la polémica en la prensa. "Es todo ridículo. No era necesaria tanta tecnología, la policía podía haber entrado. El acto era público", incide.

Los responsables del documental aseguran que, si las explicaciones de Delegación del Gobierno no les convencen, presentarán una denuncia ante el juzgado y, esta vez, dicen que con razón, "por presunto delito de grabaciones y escuchas ilegales".
Comentario:
Esto es por todos sabido, la policía está infiltrada en la mayoría de los movimientos de izquierda, hace seguimientos, fotos... y no sólo eso, controla las páginas de contrainformación, foros, IPs y demás.

Eso es lo que hay. ¿Qué les preocupa? De momento nada. Eso no es más que para saber quién se mueve, para cuando venga la tormenta saber proteger los intereses de la oligarquía de forma eficaz.
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