Los vigilantes

Cocaína y corrupción policial
Comienza el juicio a 23 miembros de la ‘banda del puerto’, de los que siete son guardias civiles, por el robo de 400 kilos de droga de un contenedor
Jesús García Barcelona 16 ABR 2012

El teniente coronel Alfonso López Rubio tras declarar en febrero de 2009.

El robo de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona llega a juicio al cabo de siete años. La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy a 23 personas por su presunta participación en un golpe espectacular que fue posible por la colaboración entre policías corruptos y delincuentes comunes. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 39 años de cárcel para algunos de los procesados, acusados de diversos delitos, como tráfico de drogas, asociación ilícita, detención ilegal, lesiones, blanqueo de capitales, estafa y tráfico de influencias, según los casos.

A finales de 2004, la DEA (la agencia norteamericana antinarcóticos) alertó de la presencia de un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína oculto en un contenedor de gambas congeladas que había sido depositado en el puerto por el buque La Hispanota. Un mes después, un grupo de delincuentes asaltaron el contenedor y se llevaron la droga, según el escrito de acusación del fiscal Fernando Bermejo. Los delincuentes supieron de la existencia de la cocaína mediante la información privilegiada que les facilitó un miembro de la unidad de policía judicial del puerto, Antonio Sáenz, alias El Tete.


Los delincuentes vendieron la droga, de la que no queda rastro, y dieron su parte a El Tete y a otros guardias civiles imputados en el llamado caso Martorell, por la ciudad donde comenzó la investigación. Las amenazas de muerte a la juez, sin embargo, dejaron paralizada la investigación hasta que, en 2008, fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción. La información aportada por un arrepentido fue clave para desmontar el entramado corrupto. “La faena bien hecha no tiene fronteras”, dijo Javier Segura, que ejercía como jefe de los delincuentes comunes implicados en el robo millonario de la droga. Tras el asalto, Segura, alias El Trapero, llevó a otro hombre a un descampado y le pegó un tiro en la pierna ante la sospecha de que había regresado solo en busca de más droga. La fiscalía pide para él la pena de 39 años de prisión.

Tras celebrar el éxito de la operación, los asaltantes se reunieron con El Tete en un bar de Barcelona para explicarle los pormenores y el reparto de beneficios. Más tarde, el guardia civil aprovechó su posición para averiguar que estaba siendo investigado y que su teléfono había sido intervenido. El robo de la cocaína fue el momento cumbre de un “grupo heterogéneo” que venía operando desde 1999. El fiscal describe en su escrito algunos de los delitos cometidos en esa época, como diversos asaltos a bandas de narcotraficantes. Aunque, como han prescrito, no podrán ser juzgados. Ese es el motivo por el que se archivaron las acusaciones contra el mando de mayor rango, el teniente coronel Alfonso López Rubio. Ese año, López Rubio se dirigió a un local de compraventa de coches de Martorell y obligó a su dueño a sufragar un viaje de sus hijos a Londres, recoge el fiscal.


Además de siete guardias civiles que dieron protección a los delincuentes, también se sientan en el banquillo de los acusados dos exinspectores del Cuerpo Nacional de Policía, hermanos y conocidos con el apelativo de los Cromos. En el verano de 2005, El Trapero entregó a uno de los hermanos 3.000 euros en una marisquería gallega por “la información confidencial y el servicio prestado al colectivo criminal”, recoge el escrito de acusación.

Tras las investigaciones de la Guardia Civil y de Anticorrupción, algunos de los implicados ingresaron en prisión provisional. Fue entonces cuando se descubrió otra derivada de la trama, que afecta a dos abogados y un experiodista del diario El Mundo. El Tete y El Trapero mantuvieron contactos con otro guardia civil acusado, Roberto de Prádena, que estaba en libertad provisional. Todos ellos se dedicaron a confeccionar un dossier para perjudicar la reputación profesional del coronel de la Guardia Civil Miguel Alarcón, que había dirigido la investigación. En 2008, acordaron con el entonces periodista de El Mundo publicar artículos a cambio de dinero para “dificultar la investigación”, según la fiscalía.