Los vigilantes

Detenidos 8 agentes de la Guardia Civil por quedarse con la droga incautada
 Aprovechaban los registros para quedarse con droga y objetos de maletas
 Europa Press | Palma

 La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a ocho de sus agentes destinados en el aeropuerto de esta isla, como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y tráfico de drogas, después de que aprovecharan los registros que practicaban durante el servicio para quedarse con pequeñas cantidades de droga y otros objetos hallados en maletas de viajeros.
En un comunicado, la Benemérita ha informado de que las investigaciones se iniciaron a raíz de la detención el pasado mes mayo en el aeropuerto de Ibiza de un ciudadano búlgaro que pretendía introducir 490 gramos de cocaína en bolas de 4 gramos cada una.
Así, ha señalado que el detenido denunció en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, la desaparición de 5 de estas bolas (aproximadamente 20 gramos), evidenciándose la posible participación en estos hechos de los guardias civiles que habían actuado.
Ante esta circunstancia, la autoridad judicial ordenó a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares la práctica de investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.
De este modo, en el transcurso de las mismas, quedó evidenciado que los ocho agentes de la Guardia Civil arrestados se habían apropiado indebidamente de diversos efectos de los equipajes de viajeros (prendas de vestir, un dispositivo electrónico y perfume), así como de pequeñas cantidades de droga, falseando posteriormente el acta de denuncia.
Así, este miércoles la Guardia Civil ha explotado la operación y se ha procedido a la detención de los ocho agentes y la compañera de uno de ellos como cómplice, siendo trasladados a dependencias del Cuerpo en Ibiza. Por otro lado, la Benemérita ha revelado que no se contemplan más detenciones.

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Sancionan a seis guardias civiles por cobrar una tasa falsa en la frontera de Ceuta
Tres meses de empleo y sueldo; la sanción más grave que permitía la sentencia
Los agentes hacían creer a los conductores que era un pago oficial
 Efe | Ceuta
Seis guardias civiles han sido sancionados por cobrar desde mayo a septiembre de 2003 dinero de los conductores de los vehículos que cruzaban la frontera entre Marruecos y Ceuta.
Los agentes hicieron creer a los conductores de los vehículos que accedían al puesto fronterizo que debían pagar de manera oficial pequeñas cantidades de dinero para poder acceder a España.
 Según han informado fuentes judiciales y policiales, han sido sancionados con tres meses de empleo y sueldo, que es la sanción más grave acorde a la sentencia que fue dictada por la vía penal. En el caso de uno de ellos, que es sargento, perderá el destino, por lo que tendrá que trasladarse a un puesto de otro punto del país.
 Los agentes fueron acusados por la Fiscalía de un delito de cohecho continuado y otro de prevaricación continuada, y se pedía para ellos cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación, pero finalmente en el juicio se alcanzó una conformidad y se redujo el delito a una falta continuada de estafa que se tradujo en una multa de 3.600 euros sin llevar aparejada la inhabilitación.
 Los agentes admitieron los cargos. link

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Detenido un sargento de la Guardia Civil acusado de narcotráfico en Castellón
Fue interceptado por la propia Benemérita en un control de tráfico en Puçol
Los agentes hallaron 600 gramos de cocaína de una gran pureza y calidad

 Un sargento de la Guardia Civil de la provincia de Castellón fue detenido este pasado fin de semana acusado de narcotráfico por compañeros del propio cuerpo armado fruto de una investigación interna. El agente arrestado, del que no se conocen más datos dado el hermetismo con que la Guardia Civil ha tratado este asunto, fue interceptado el pasado viernes por la propia Benemérita en un control de tráfico cerca de Puçol, en Valencia, donde el vehículo en el que viajaba junto a dos colombianos fue detenido. Durante la inspección del vehículo, los agentes que arrestaron al sargento hallaron 600 gramos de cocaína de una gran pureza y calidad así como 900 gramos de otro producto empleado para la elaboración de mezclas de varias sustancias estupefacientes link

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Prisión para el agente detenido con 100 pastillas de éxtasis El guardia civil ha ingresado en prisión provisional junto a los otros cuatro detenidos de esta operación DIARIODEMALLORCA.ES/EFE.PALMA El juez ha decretado hoy prisión provisional para el guardia civil de Llucmajor que fue detenido durante una operación policial cuando salía de comprar alrededor de 100 pastillas de éxtasis en un chalé de Puigpunyent. También han ingresado en la cárcel con carácter provisional otros cuatro detenidos en esta operación, han concretado las fuentes consultadas, que han señalado que el guardia civil, de 32 años de edad e hijo de un capitán del instituto armado, fue sorprendido con la droga a la salida de la casa el pasado domingo y la policía procedió a su arresto y al de las otras cuatro personas. Los cinco han declarado esta tarde ante el juez de guardia de Palma, que finalmente ha ordenado su traslado a prisión. El agente llevaba alrededor de un año de servicio en la Guardia Civil, según las mismas fuentes, y ya fue expedientado y expulsado al poco de entrar en el cuerpo por posesión de droga, aunque recurrió la decisión y la ganó en un contencioso. link

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Cocaína y corrupción policial
Comienza el juicio a 23 miembros de la ‘banda del puerto’, de los que siete son guardias civiles, por el robo de 400 kilos de droga de un contenedor
Jesús García Barcelona 16 ABR 2012

El teniente coronel Alfonso López Rubio tras declarar en febrero de 2009.

El robo de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona llega a juicio al cabo de siete años. La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy a 23 personas por su presunta participación en un golpe espectacular que fue posible por la colaboración entre policías corruptos y delincuentes comunes. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta 39 años de cárcel para algunos de los procesados, acusados de diversos delitos, como tráfico de drogas, asociación ilícita, detención ilegal, lesiones, blanqueo de capitales, estafa y tráfico de influencias, según los casos.

A finales de 2004, la DEA (la agencia norteamericana antinarcóticos) alertó de la presencia de un alijo de más de 1.000 kilos de cocaína oculto en un contenedor de gambas congeladas que había sido depositado en el puerto por el buque La Hispanota. Un mes después, un grupo de delincuentes asaltaron el contenedor y se llevaron la droga, según el escrito de acusación del fiscal Fernando Bermejo. Los delincuentes supieron de la existencia de la cocaína mediante la información privilegiada que les facilitó un miembro de la unidad de policía judicial del puerto, Antonio Sáenz, alias El Tete.


Los delincuentes vendieron la droga, de la que no queda rastro, y dieron su parte a El Tete y a otros guardias civiles imputados en el llamado caso Martorell, por la ciudad donde comenzó la investigación. Las amenazas de muerte a la juez, sin embargo, dejaron paralizada la investigación hasta que, en 2008, fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción. La información aportada por un arrepentido fue clave para desmontar el entramado corrupto. “La faena bien hecha no tiene fronteras”, dijo Javier Segura, que ejercía como jefe de los delincuentes comunes implicados en el robo millonario de la droga. Tras el asalto, Segura, alias El Trapero, llevó a otro hombre a un descampado y le pegó un tiro en la pierna ante la sospecha de que había regresado solo en busca de más droga. La fiscalía pide para él la pena de 39 años de prisión.

Tras celebrar el éxito de la operación, los asaltantes se reunieron con El Tete en un bar de Barcelona para explicarle los pormenores y el reparto de beneficios. Más tarde, el guardia civil aprovechó su posición para averiguar que estaba siendo investigado y que su teléfono había sido intervenido. El robo de la cocaína fue el momento cumbre de un “grupo heterogéneo” que venía operando desde 1999. El fiscal describe en su escrito algunos de los delitos cometidos en esa época, como diversos asaltos a bandas de narcotraficantes. Aunque, como han prescrito, no podrán ser juzgados. Ese es el motivo por el que se archivaron las acusaciones contra el mando de mayor rango, el teniente coronel Alfonso López Rubio. Ese año, López Rubio se dirigió a un local de compraventa de coches de Martorell y obligó a su dueño a sufragar un viaje de sus hijos a Londres, recoge el fiscal.


Además de siete guardias civiles que dieron protección a los delincuentes, también se sientan en el banquillo de los acusados dos exinspectores del Cuerpo Nacional de Policía, hermanos y conocidos con el apelativo de los Cromos. En el verano de 2005, El Trapero entregó a uno de los hermanos 3.000 euros en una marisquería gallega por “la información confidencial y el servicio prestado al colectivo criminal”, recoge el escrito de acusación.

Tras las investigaciones de la Guardia Civil y de Anticorrupción, algunos de los implicados ingresaron en prisión provisional. Fue entonces cuando se descubrió otra derivada de la trama, que afecta a dos abogados y un experiodista del diario El Mundo. El Tete y El Trapero mantuvieron contactos con otro guardia civil acusado, Roberto de Prádena, que estaba en libertad provisional. Todos ellos se dedicaron a confeccionar un dossier para perjudicar la reputación profesional del coronel de la Guardia Civil Miguel Alarcón, que había dirigido la investigación. En 2008, acordaron con el entonces periodista de El Mundo publicar artículos a cambio de dinero para “dificultar la investigación”, según la fiscalía.

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Guardia Civil incendia el monte diez veces

Logran detener, tras una ardua investigación, al supuesto autor de los fuegos que ha sufrido el paraje natural. La jueza le dejó en libertad y esa misma tarde volvió a arder el monte
01.04.12 - 00:32 -
MERCEDES NAVARRETE | LA HERRADURA.


En los últimos seis meses cuando bomberos, Guardia Civil o Protección Civil de Almuñécar recibían la llamada de algún vecino alertándoles de un fuego ya no tenían ni que preguntar dónde, sabían perfectamente que tenían que salir pitando a Cerro Gordo. La obsesión de un pirómano con este paraje natural de La Herradura -los fuegos eran claramente provocados- tenía en vilo a estos profesionales y a los vecinos que residen en las urbanizaciones cercanas al paraje. Desde finales del pasado verano, el pirómano actuaba en la zona causando incendios con métodos de 'profesional', sin dejar rastro, incluso utilizando productos inflamables y retardantes que le permitían alejarse del lugar antes de que comenzasen las llamas. Desde octubre de 2011 se han registrado hasta una decena de incendios en el paraje de La Herradura y el límite de Nerja. Los más importantes que investiga la Guardia Civil han sido seis pero en los días previos a cada fuego 'gordo' solía haber varios intentos.
Así, el pasado mes de febrero, tuvo lugar un fuego importante el día 12, pero en la misma semana se habían contabilizado ya tres pequeños conatos. Por fortuna, ninguno de los diez fuegos registrados desde octubre han tenido consecuencias graves gracias a la rápida actuación de los profesionales que han evitado desastres naturales en todas las ocasiones, pero sí han requerido una importante movilización de medios humanos y materiales. En este tiempo han sido pasto de las llamas miles de metros de monte bajo y pinares, superficies no muy extensas pero de una importancia ambiental extraordinaria ya que se trata de un parque natural.
Por indicios
La amenaza sobre el paraje y la alarma vecinal eran tales que en octubre, cuando se llegaron a registrar cuatro incendios en pocos días, el Seprona montó un dispositivo especial de vigilancia, apoyado por los agentes de Medio Ambiente de la Junta. El Infoca incluso optó por dejar esos días un retén en la zona.
Los agentes del Seprona de la Costa se han tomado como una auténtica cuestión personal dar con el pirómano. Han puesto toda su profesionalidad y largas horas de trabajo, durante meses, al servicio de esta investigación, que finalmente ha dado su fruto.
El pasado lunes 26 de marzo, la Guardia Civil detuvo finalmente al sospechoso. Y después de todo lo que han trabajado en el caso, lo último que esperaban confirmar los agentes es que el supuesto pirómano tiene relación con el Cuerpo. El detenido es un guardia civil de 60 años, ya retirado por prejubilación y vecino de la localidad malagueña que limita con La Herradura, Nerja. La Guardia Civil le ha detenido basándose en indicios. Vamos que nunca le han pillado con un mechero en la mano, pero siempre, en cada fuego, él aparecía en el escenario del 'crimen'. Diversos testigos le situaban en la zona antes de que el monte comenzara a arder en las distintas ocasiones.
Tras prestar declaración en el juzgado de instrucción de Almuñécar, el supuesto pirómano quedó en libertad con cargos, a la espera de juicio. En función del delito imputado, la jueza no consideró procedente la prisión preventiva. Esa misma tarde del 26 de marzo, apenas una hora después de que el detenido saliera a la calle, volvió a arder el monte en La Herradura en la zona de la Cuesta del Marchante.
La Guardia Civil continua por tanto sus investigaciones para demostrar, como todos los indicios parecen apuntar, si el detenido está también detrás de este último fuego. Durante todos los meses de investigación coordinada por el Seprona de Motril, los agentes de Medio Ambiente de la Junta han desempeñado una labor clave, realizando seguimientos y vigilancias en el monte, según confirmaron fuentes de la investigación. Probablemente el imputado por los incendios sea juzgado, como corresponde a este tipo de delitos, por un tribunal popular.
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El sueño ahogado de Sonko
El senegalés que murió por culpa de la Guardia Civil había salido de su país siete meses antes

"Aide-moi, aidemoi... (ayúdame, ayúdame)", gritó Lauding Sonko, senegalés de 29 años, a los guardias civiles que le miraban impasibles desde la lancha mientras él se ahogaba. Sonko intentó desesperadamente agarrarse al borde de la lancha de la Guardia Civil, pero finalmente murió ahogado. Ocurrió la madrugada del 26 de septiembre de 2007.

Horas antes, Sonko había salido con otros tres inmigrantes africanos (dos hombres y una mujer) por la costa marroquí entre Belionex y Benzú para intentar alcanzar Ceuta. Iban vestidos con trajes de neopreno y se ayudaron de unos flotadores. La patrulla de la Guardia Civil les interceptó y les subió a la lancha. Los agentes, sin piedad, no tardaron en devolverles al agua, eso sí, con los flotadores pinchados y a una profundidad donde ninguno hacía pie. Soku no sabía nadar. "Los agentes se lo tomaron a broma y se rieron", llegó a decir el fiscal durante la investigación. Sus compañeros sí que lograron alcanzar la costa a nado.

Sonko no sabía nadar. Los agentes pincharon su flotador y le echaron al mar

E l caso fue denunciado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) ante la justicia española, que decidió archivar el caso al considerar que había ocurrido en aguas jurisdiccionales marroquíes. Pero Alberto Revuelta, abogado que trabaja de manera desinteresada para Cear, no dejó su empeño y llevó el caso hasta el Comité de Tortura de Naciones Unidas, que finalmente ha declarado que España violó el artículo 16 de la convención internacional por malos tratos. "Ocurrió en una lancha española, y la víctima fue tirada al mar por unos funcionarios españoles", reiteró Revuelta a este diario.

La resolución de Naciones Unidas no deja lugar a la duda: "El señor Sonko se agarró fuertemente a la barandilla de la embarcación, repitiendo que no sabía nadar, pero los guardias emplearon la fuerza para soltarlo y echarlo al mar". Para reconstruir lo ocurrido, el trabajo de investigación de Revuelta y de Cear fue tremendamente complejo. "Logramos localizar a uno de los inmigrantes que viajaban con él, su testimonio fue fundamental", señaló el abogado.

La historia de Sonko no es diferente de la de otros inmigrantes que salen de sus países para buscarse la vida en Europa. El emprendió el camino unos siete meses antes de la tragedia, a principios de 2007, y desde su aldea en Senegal, cerca de la Casamance. En su país trabajó en lo que pudo, agricultura y construcción principalmente. "De allí partió a Marruecos, donde estuvo varios meses, malviviendo entre los bosques junto a otros compañeros, en algún campamento", explicó ayer el letrado Alberto Revuelta. "Un día consiguió por fin reunir el dinero para pagar a los pasadores y, junto con otros tres inmigrantes, se echó al mar para intentar llegar con la ayuda de un flotador a Ceuta", continuó Revuelta.

Salió de Senegal y en Marruecos estuvo en el bosque con otros compañeros

El Comité de Tortura de Naciones Unidas recrimina que el Estado español tardarse 16 meses en notificar a un familiar de la víctima el inicio de la investigación. Este familiar es una mujer, "una hermana de clan", como la llama Revuelta. Es decir, la víctima y ella no son hermanos de sangre pero sí que tienen un vínculo social muy fuerte. Ella, Fatou Sonko, se casó en España y trabaja en el servicio doméstico . El padre de Sonko reside en una aldea de Senegal. Más de cuatro años después de lo ocurrido, aún no ha podido visitar la tumba de su hijo, enterrado en Ceuta, en el cementerio de Santa Catalina.
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La Policía critica la denuncia de un herido de bala por un agente
La víctima ha lamentado las "desafortunadas e injustas expresiones" de la Policía Local de Madrid después de que el agente que disparó haya sido absuelto

Ocurrió en mayo de 2010 en la céntrica plaza madrileña de la Puerta del Sol. A. C estaba paseando cuando fue alcanzado por un disparo que provenía del arma de un agente de la policía. El lunes el autor del disparo fue absuelto en el juicio. Ahora, la víctima ha lamentado las críticas realizadas por el Colectivo Profesional de la Policía de Madrid (CPPM) sobre su actuación a la hora de denunciar los hechos y ha recordado las secuelas tanto físicas como psíquicas que va a tener de por vida por las heridas que sufrió.

El pasado lunes el CPPM manifestó su "más profunda satisfacción" por la sentencia absolutoria y señaló que se "ha hecho justicia" con su compañero, y lamentó "la utilización de la vía penal en vez de la reclamación por responsabilidad patrimonial por parte del viandante que resultó lesionado de forma fortuita".

El herido ha lamentado estas "desafortunadas e injustas expresiones formuladas por el Colectivo Profesonal de la Policía de Madrid", en referencia también a la declaración del sindicato sobre el "auténtico calvario" que han vivido el policía y su familia.

El Colectivo de Policías cree que el agente que disparó ha sufrido un "aunténtico calvario"

En un comunicado, ha destacado que no duda que el agente haya sufrido por los hechos ocurridos pero, "sin duda, la persona que más ha sufrido por los hechos ocurridos" ha sido, en su opinión, él, pues va "a padecer determinadas secuelas, entre ellas la pérdida de un ojo", durante el resto de su vida.

"Mientras tanto, además de sufrir los padecimientos físicos propios de las lesiones causadas y de varias intervenciones quirúrgicas no puedo trabajar y he de pagar todos los gastos originados por los constantes viajes que tengo que realizar a Madrid para acudir a las consultas de los diversos especialistas que me tratan", ha apuntado.
"El sufrimiento no es comparable"

En este sentido, A C. ha destacado que, por el contrario, el agente que le hirió "durante todo este tiempo ha estado en una oficina y cobrando su sueldo" por lo que, para el viandante herido, "es evidente que el sufrimiento de ambos no es comparable".

Por otro lado, ha aclarado que el procedimiento penal contra el Policía Municipal no fue iniciado por él sino que, "lógicamente, se inició de oficio pues era necesario comprobar si el agente había actuado con negligencia". "En este procedimiento penal el Ministerio Fiscal formuló asimismo acusación contra el Policía Municipal ya que consideraba que había actuado desproporcionadamente y con desprecio a la vida de los otros", ha recordado.

La víctima reclama una indemnización por las conescuencias psíquicas y físicas y los gastos médicos

Así, reconoce que no ha utilizado la vía de la responsabilidad patrimonial pero explica que es porque "tras diversos contactos con el Ayuntamiento y atendiendo a sus indicaciones el día 5 de mayo de 2011 (cuando todavía no estaba señalado ni juicio oral en el procedimiento penal)" tuvo que presentar la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial "sin que hasta la fecha se haya resuelto la misma habiendo transcurrido sobradamente los seis meses en que debía dictarse resolución al respecto".

Por tanto, a su juicio, "queda acreditado que el Ayuntamiento tuvo desde el día 5 de mayo de 2011 hasta el 28 de noviembre de 2011, día de la primera sesión del juicio oral", para indemnizarle y considera que si no lo hizo fue porque "estimaron pertinente agotar la vía penal".

En este sentido, aunque la Sentencia de fecha 3 de febrero de 2012 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid absuelva al Policía Municipal "lo cierto es que declara tajantemente" que el hombre fue "alcanzado por arma de fuego a causa de una actuación policial" en la que no tuvo "culpa alguna".

Por ello, "lógicamente" tiene derecho a "una indemnización para intentar compensar de algún modo los gravísimos daños y perjuicios" que se le han causado. "Es evidente que utilizar las expresiones hirientes anteriormente señaladas está de más, razón por la que espero una disculpa pública por parte del referido sindicato de la Policía", ha sentenciado.

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Detenidos un policía y un guardia civil por narcotráfico

La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la introducción de hachís a gran escala por las costas del litoral malagueño. En la operación, iniciada a principios de 2011 y bautizada con el nombre de Pancho, han sido arrestadas 14 personas, entre ellas un policía nacional y un miembro de propio instituto armado. En los siete registros domiciliarios practicados se han intervenido un total de 3,2 toneladas de hachís, 13.500 euros en metálico, ocho vehículos y una embarcación. Además, los jueces han bloqueado activos financieros por valor de 98.000 euros e inmuebles tasados en más de 600.000.

Según informó ayer la Guardia Civil en un comunicado, la primera fase se desarrolló en el mes de junio. En esa ocasión fueron detenidas cinco personas en una vivienda usada como "guardería", es decir, un lugar de custodia de los estupefacientes antes de su entrega al receptor final. En la vivienda, los agentes hallaron un total de 1,7 toneladas de droga.

En otra fase de la operación fueron detenidas otras nueve personas, entre ellas los tres máximos responsables de la organización, cuando trataban de desembarcar 1,4 toneladas más de droga en una playa de la Costa del Sol.

El grupo desmantelado se dedicaba a recoger la droga en las playas y ponerla a buen recaudo antes de entregarla a otra célula con la que no tenían contacto alguno como medida de seguridad. Los traficantes debían dejar abandonado el vehículo con el que transportaban el estupefaciente para que los compradores se hicieran con él.

Según la investigación, los delincuentes disponían de "un sofisticado sistema de comunicación con lenguaje en clave" y realizaban vigilancias de las distintas fuerzas de seguridad para evitar su presencia en los lugares de desembarco del hachís. La vigilancia llegaba al extremo de seguir a a distancia a las patrullas en servicio.

Los principales cabecillas de la organización han ingresado en prisión por orden judicial. Otros han quedado en libertad con cargos.

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Detenidos cinco guardias civiles en una operación contra un grupo de ladrones de autopistas

Presuntamente facilitaban información contenida en ficheros policiales

Europa Press | Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco guardias civiles en una operación contra una organización criminal de ladrones de autopistas en la que se han arrestado a cinco integrantes de la banda, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.

Los arrestos de los agentes de la Guardia Civil que formaban parte del Grupo Operativo de Autopistas en Catalunya tuvieron lugar la semana pasada y han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, según publica este viernes 'El Periódico'.

Según el rotativo, la banda de ladrones indicaba a los guardias civiles dónde podían recoger algunos de los coches que previamente habían robado, a cambio de la cual los agentes presuntamente facilitaban información contenida en ficheros policiales sobre si estaban siendo investigados.

En la investigación de Mossos, según el diario, no se hace referencia a la posibilidad de que los ladrones sobornaran a los guardia civiles ni que estos cooperaran en los robos.

En la operación del Área Central de Patrimonio de los Mossos se ha detenido a un total de diez personas -entre ellos los guardias civiles- en Terrassa, Barcelona, Sant Boi de Llobregat y L'Hospitalet.

Los Mossos investigaban a un grupo de ladrones de autopistas que operaba principalmente en la autopista AP-7.

La policía catalana imputa a este grupo de ladrones más de un centenar de robos y ha recuperado una veintena de coches de alta gama.
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Más pikoletos corruptos.
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Imputado un capitán de la Guardia Civil por un caso de tráfico de drogas

El capitán de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga ha declarado este jueves como imputado por su presunta relación con una operación contra el tráfico de drogas. Se trata del superior directo del jefe de la unidad antidroga de la Benemérita que el pasado 20 de diciembre ingresó en prisión por su presunta relación con dicha operación contra el narcotráfico.

Fuentes judiciales han confirmado a EL MUNDO de Málaga que el capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha declarado este jueves por la mañana en el Juzgado número 11 de la capital, que lleva el caso, y lo ha hecho en calidad de imputado.

La referida operación contra el narcotráfico la está llevando a cabo la Unidad de Asuntos Internos dependiente de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y al parecer también habrían sido detenidos otro guardia civil y un ex agente del instituto armado, según se informó en su día, aunque no han trascendido más detalles de dicha investigación.

Asuntos Internos lleva desde principios del año pasado inmerso en una investigación abierta tras la incautación de 1.400 kilos de hachís en una playa de Marbella. En aquel momento se produjeron diferentes arrestos, pero no de todos los que estaban relacionados con el alijo incautado.

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Condenados cuatro guardias civiles por torturar a los etarras de la T-4

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa considera que Portu y Sarasola sufrieron "insultos y golpes" tras su detención

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha condenado a cuatro de los 15 guardias civiles juzgados por un delito de torturas a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, tras su arresto en 2008.

El juicio, celebrado en octubre, fue ya excepcional, ya que la mayor parte de este tipo de denuncias es archivada. En casi una década, esta es la primera condena, contra la que cabe recurso de casación. En la sentencia, hecha pública el jueves, la magistrada ponente, María José Barbarin, señala que la resolución "contiene un mensaje inequívoco de desaprobación", así como de ratificación de la ley penal que "prohíbe torturar" como "pauta rectora de la policía" en un Estado de derecho.Fuentes de la Guardia Civil señalaron que esta sentencia no cuestiona la lucha antiterrorista, ya que determina que los cuatro agentes condenados actuaron con ánimo de "venganza" y no con el fin de obtener información sobre ETA: "El fallo dice que se produjo una violencia excesiva tras la detención por parte de los agentes que intervinieron en ella, pero no en el periodo de incomunicación ni por parte de los agentes que participaron en la investigación".

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa determina, en esta causa, que la "conclusión lógica" es la "validación" de la acusación del ministerio fiscal, que solicitó penas de dos a tres años de cárcel para cuatro de los quince encausados. La acusación particular que ejercen Portu y Sarasola -condenados por el atentado de la T-4, en el que fallecieron dos personas y que significó la ruptura de la anterior tregua de ETA-, pedía de 6 a 17 años de prisión para todos los agentes.

Los cuatro condenados

En la resolución final, el tribunal condena por delitos de torturas y lesiones al sargento de la Guardia Civil Juan Jesús Casas García a cuatro años y seis meses de prisión; al agente José Manuel Escamilla Martín, a dos años y seis meses; y a los guardias Sergio García Andrade y Sergio Martínez Tomé, a dos años de cárcel. El fallo inhabilita además al sargento por un periodo de 16 años y a sus tres compañeros, por ocho. Los condenados pertenecen al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR).La Audiencia Provincial considera probada su participación en los malos tratos a los miembros de ETA tras su detención en Arrasate, el 6 de enero de 2008, y antes de su traslado al cuartel de Intxaurrondo. Según el tribunal, los cuatro guardias civiles amenazaron a los miembros de ETA y los trasladaron por separado a un río, del municipio de Aramaio, para buscar un lugar que, "facilitando su impunidad, les permitiera humillar, castigar y vengarse de los detenidos, física y moralmente, por su pertenencia a ETA. A Sarasola le colocaron una
pistola en la sien con la que hicieron el ademán o gesto de dispararle, y le tiraron explanada abajo, momento en que aprovecharon para golpearle". Según el tribunal, los agentes le subieron después hasta donde estaban los patrol, cuyas puertas utilizaron para golpearle en el hemitórax: "El castigo físico gratuito a quien ya estaba detenido".
Según la sentencia, Portu también fue conducido "a empujones, fuera del vehículo, hasta llegar a la altura del río, donde, en dos ocasiones al menos, le sumergieron la cabeza en el agua (...) Este episodio tuvo una duración prolongada de media hora más o menos, sólo destinada a agredirle, física y psicológicamente, en clara venganza o castigo por su pertenencia a ETA".

Las versiones en el juicio

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa cree que la versión ofrecida por los miembros de ETA sobre tales hechos coincide con las pruebas recogidas y también con la declaración de diversos testigos. El tribunal dice ser consciente de que la "sistemática denuncia de torturas" forma parte de la "estrategia" de la banda armada, pero matiza que una cosa es eso "y otra realidad bien distinta es negar la posibilidad, al menos hipotética, e indeseable en un Estado de derecho, de que tales torturas a los miembros de la banda puedan existir".En este caso, según recoge el fallo, por parte de la defensa de los guardias civiles "nada se ha acreditado" para demostrar una kantada (denuncia falsa preparada antes de la detención) de Portu y Sarasola.La Audiencia Provincial de Guipúzcoa estima, por el contrario, que la versión de los hechos sostenida en el juicio por los guardias civiles, que atribuían las lesiones de Portu y Sarasola a un supuesto intento de huida, "no ha sido avalada por las pruebas practicadas". "El intento de huida que se nos ha representado por los cuatros agentes señalados se antoja inviable", señala el fallo.

Respecto a los informes periciales sobre las lesiones, la Sala acoge como válidas las consideraciones del estudio de los dos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal, los doctores Valle y Goenaga, que concluyeron que las heridas sufridas por Portu y Sarasola eran compatibles con su relato de los hechos.La Audiencia Provincial de Guipúzcoa también acoge las consideraciones del informe pericial emitido por los Médicos Forenses Doctores del Valle y Goenaga, que concluyeron que las lesiones de Portu y Sarasola eran compatibles con su relato de los hechos sobre cómo se produjeron las torturas.

Por el contrario, el tribunal se muestra muy crítico con los informes presentados por los peritos de la defensa de los agentes, los doctores Villanueva y Resines. Les reprocha por ejemplo que no tuvieran en consideración las características del lugar donde se produjo la detención y, en cambio, ofrecieran un "estudio teórico o conceptual sobre la compatibilidad de las lesiones" con otras producidas en algunos deportes para explicar los golpes de Portu y Sarasola. "En el caso específico del doctor Villanueva", agrega, "con una ligereza metodológica censurable pues, sin ambages y ayuno de una mínima comprobación, afirma en su dictamen que las fotografías del cuero cabelludo de Portu habían sido alteradas, extremo que quedó totalmente refutado en el juicio". La Audiencia Provincial limita la veracidad de los malos tratos al tiempo posterior a la detención, pero considera que no pueden probarse las supuestas torturas que, según Portu y Sarasola, sufrieron en los calabozos de Intxaurrondo o en los traslados en coche desde Lesaka hasta San Sebastián y Madrid.

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Los vigilantes

Detienen al jefe antidroga de la Guardia Civil en Málaga en una operación de narcotráfico

Europa Press | Málaga

El teniente responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga y otro agente destinado en la provincia han sido detenidos este jueves en el marco de las investigaciones de Asuntos Internos del instituto armado contra una supuesta trama relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Precisamente, el pasado miércoles fueron detenidos otro guardia civil destinado en el puesto de Mijas (Málaga) y un ex agente, arrestos a los que se unen este jueves los de estos dos efectivos de la Benemérita, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

Asuntos Internos de la Guardia Civil abrió diligencias la pasada primavera para investigar una presunta trama relacionada con el narcotráfico. Las pesquisas permitieron, inicialmente, la intervención de un alijo el pasado mes de septiembre en una playa de Marbella (Málaga), interceptando en torno a 1,4 toneladas de hachís.

Durante este tiempo han sido detenidas varias personas por su supuesta implicación en la trama que investiga Asuntos Internos de la Benemérita, entre ellas agentes de la Guardia Civil, así como abogados.
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A más de una semana de la Huelga General del 29S todavía queda gente detenida por los incidentes provocados por los piquetes de la patronal.
En todo el estado policia nacional, guardia civil , municipal, mossos etc provocaron multitud de incidentes atacando con saña (que para eso les pagan) todo lo que se movia.Hay multitud de videos que lo demuestran, atacando a la gente a base de porrazos y pelotazos, incluso tiros pegaron: Getafe, Madrid, Valencia, Sevilla,Malaga, Vigo, Barcelona donde se puede ver las violentas actuaciones de estos perros del poder.
Además los mossos aprovecharon el día para desalojar el banco okupado en Barcelona al mentir al juez diciendo que habia delito flagrante.
Esta es su paz social.
Para quien quiera vomitar leyendo lo que dicen los distintos maderos sobre el 29S aqui esta el foro de los ciervos

Los vigilantes

Juzgan a dos guardias civiles acusados de venderse por una caja de gambas

No comunicaron a Aduanas la llegada de un barco argelino al puerto de Carboneras
Europa Press / Almería

La Audiencia Provincial acoge el juicio con tribunal de jurado contra dos agentes de la Guardia Civil destinados en el puerto de Carboneras que se enfrentan una petición fiscal de tres años de inhabilitación cada uno, acusados de no comunicar a las autoridades aduaneras la llegada de un barco con bandera de Argelia a cambio de apropiarse de dos de las cajas de gambas que transportaba, valoradas en un total de 300 euros.

El escrito del Ministerio Público considera a ambos funcionarios autores de un delito de cohecho en una causa por la que está acusado un tercero en calidad de cooperador necesario ya que ideó de "común acuerdo con los agentes" tomar en beneficio propio parte de la carga del buque bajo la amenaza de dar cuenta de su presencia en puerto y precintar la mercancía.

Según el relato del fiscal, el 9 de enero de 2007 arribó al puerto de Carboneras el barco 'Sar Abadis' con una cantidad no determinada en su bodega de cajas de crustáceos que tacha de "susceptibles de ser vendidas fuera de los cauces reglamentarios en territorio español". Ese día, los agentes J.M.G.L. y J.S.G., destinados en el Resguardo Fiscal, acordaron, con "omisión de sus obligaciones", destaca, el plan a través del tercer acusado, P. E. C.

A las 12:10 horas del 10 de enero, se personaron en el barco los dos guardias civiles acompañados de un mecánico empleado de P. E. C. y, "en lugar de cumplir con sus obligaciones", instaron a la tripulación del buque a que le entregasen dos cajas de gambas a cambio de no comunicar su presencia a las autoridades aduaneras y precintar la mercancía.

Tras conseguir lo que pretendían, el empleado recogió las cajas y las transportó hasta una furgoneta propiedad del tercer acusado, de donde, poco después, fueron recogidas por los agentes, que se las repartieron entre ambos.

En las actuaciones, que han derivado en un juicio con tribunal de jurado en la Sección Segunda, se incluyen varias conversaciones telefónicas que uno de los agentes mantiene con P. E. C. a bordo del barco para comunicarle que la tripulación es reticente al entregarle las cajas de gamas.
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Una guardia civil abre fuego en una gasolinera de Madrid y hiere a uno de los clientes

Los servicios de Emergencia tienen que atender a la agente, que pudo sufrir un brote psicótico o una crisis de ansiedad

12.09.10 - 13:20 -

EFE | MADRID

Una agente de la Guardia Civil de paisano ha efectuado esta madrugada varios disparos en una gasolinera del municipio madrileño de Villaviciosa de Odón y ha herido a un hombre que se encontraba en el lugar. Según ha informado un portavoz de la Comandancia de Madrid, los hechos han ocurrido alrededor de las 02.00 horas en la estación de servicio La Atalaya, situada en el kilómetro 67 de la carretera M-50.

Por causas que aún se están investigando, la agente realizó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a un varón de 42 años que se encontraba en la gasolinera. Al lugar se desplazó una UVI del SUMMA-112, cuyo personal sanitario atendió al hombre que presentaba una herida por arma de fuego en la región lumbar, según ha precisado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

Tras ser estabilizado en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital 12 de Octubre donde ha quedado ingresado aunque no se teme por su vida. También ha sido hospitalizada la guardia civil ya que no se descarta que su actuación se debiera a una crisis de ansiedad o un brote psiquiátrico.

Un testigo de los hechos ha explicado que cuando la agente llegó a la gasolinera "empezó a disparar sin motivo aparente", y ha asegurado que a primera hora de la mañana todavía era visible el impacto de bala en un coche aparcado en la gasolinera.
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Gomorra abre sucursal en Lugo
Cincuenta personas, entre ellas guardias civiles, policías, empresarios y un político están incursos en la Operación Carioca abierta para investigar una turbia red de prostitución en Galicia

JESÚS DUVA 27/06/2010

Lugo parece una sucursal de Gomorra. No solo por el ambiente viciado que se supone que dominaba en la legendaria ciudad bíblica, sino por la corrupción que devora a la Gomorra inventada por el periodista Roberto Saviano para describir a la temible Camorra napolitana. Esa es la impresión resultante de la Operación Carioca, un ya voluminoso sumario que lleva desde hace dos años la juez María Pilar de Lara Cifuentes. Las indagaciones revelan el abyecto submundo que bulle en torno a cuatro clubes de prostitución lucenses: más de un centenar de mujeres brasileñas coaccionadas, guardias civiles y policías corruptos, empresarios sin escrúpulos y hasta algún político salpicado por el fango de la explotación sexual.

La juez indaga si una brasileña fue asesinada, mientras el sumario revela que hubo mujeres obligadas a abortar

La Operación Carioca ha conmocionado a los vecinos de Lugo -una ciudad de 100.00 almas- y ha "puesto de los nervios a un montón de gente", según fuentes de la investigación. Y no es para menos teniendo en cuenta que aquí hay mujeres vejadas y maltratadas, enganchadas a la droga, obligadas a abortar e incluso una posible víctima de un crimen. Los muros del barrio de Tolda amanecieron un día con pintadas en las que una mano anónima preguntaba "¿Dónde está Ana?", en referencia a una brasileña, madre de un niño, que se esfumó en 2007. Hay prostitutas que creen que fue asesinada.

La conmoción social no solo obedece a la podredumbre generada por los sórdidos negocios de la prostitución, sino también a la existencia de grabaciones con cámara oculta en las que se dice que aparecen empresarios, policías y políticos locales manteniendo relaciones sexuales. En la capital lucense y sus alrededores hay 42 prostíbulos.

La investigación comenzó en 2008 a raíz de una denuncia contra un guardia civil de la unidad de Policía Judicial de Lugo por supuesta complicidad con una red de tráfico y casi esclavitud de prostitutas.

El 26 de diciembre de 2008, la juez Lara ordenó ahondar en la denuncia recogida en las diligencias previas 4449/2008. En ellas había información sobre las actividades del cabo primero Armando Lorenzo Torre, quien atribuyéndose el cargo de jefe de Extranjería, supuestamente solicitaba favores carnales a meretrices bajo la amenaza de echarlas de España. A la vez, existían sospechas de que este agente había influido sobre otros policías para legalizar y dar permisos de trabajo y residencia a las suramericanas.

A partir de este hilo, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil se puso manos a la obra y se centró en varios clubes de alterne de Lugo o sus proximidades. En concreto, en los locales Eros, Queens y Volvoreta de la capital y en los denominados La Colina, en Otero de Rei, y Eclipse, en la costa lucense. En estos establecimientos trabajaban decenas de mujeres sometidas a un rígido y prolongado horario de trabajo y que eran castigadas con "multas" arbitrarias si se ausentaban o se retrasaban en su jornada laboral. "La inmensa mayoría son extranjeras y se encuentran en España en situación irregular, careciendo de permiso de trabajo y residencia, por lo que tienen un temor generalizado a las actuaciones y redadas policiales", según un informe confidencial.

Asuntos Internos constató que tras el turbio entramado había diversas organizaciones de inmigración clandestina de mujeres. Esta red se encargaba de organizar el viaje de las brasileñas a España, comprar el billete de avión y enviarles dinero para mostrarlo en los controles fronterizos, además de darles recomendaciones sobre cómo aparentar que eran simples turistas. Al llegar a España, las prostitutas eran recogidas en el aeropuerto madrileño y trasladadas a los diferentes clubes. Y, a partir de ese momento, quedaban obligadas a saldar la deuda con los proxenetas alquilando lo único que tenían -su propio cuerpo- en tanto que quienes se beneficiaban de esta actividad disfrutaban de un "elevado nivel de vida".

En concomitancia con toda esta oscura estructura, los agentes descubrieron la existencia de "comportamientos corruptos" por parte de integrantes de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y policías locales, así como otros funcionarios de la Administración del Estado, el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en Lugo. José Manuel García Adán, presunto responsable de los clubes Queens y La Colina, aparecía como uno de los que disponían de una guardia pretoriana policial más sólida y extensa, según los responsables de las indagaciones.

Tras meses de seguimientos y pinchazos telefónicos, el caso estalló a mediados de octubre del año pasado, cuando la juez ordenó detener a los principales implicados y el precintado de los clubes (unos locales bastante cutres, de color rojo o azulón). Más tarde, la juez dispuso la entrada y registro en la Comandancia de la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería de Lugo, donde se incautó de numerosos expedientes.

El tema ha saltado ahora a la opinión pública nacional y ha traspasado la muralla romana de Lugo, después de que la cadena SER e Interviú difundieran hace unos días nuevos datos. Por ejemplo, que el policía Francisco Javier Fernández Becerra, destinado en el puesto fronterizo de Madrid-Barajas supuestamente cobraba 300 euros cada vez que hacía la vista gorda y dejaba pasar a una brasileña destinada a la prostitución. O, por ejemplo, que Jesús Otero, ex subdelegado del Gobierno en Lugo, imputado por prevaricación, omisión del deber de perseguir un delito y tráfico de influencias, había hablado por teléfono el 8 de mayo de 2009 con un policía para pedirle que no expulsara de España a "una tal Nidia" que planeaba casarse con el hijo de un concejal de Monterroso.

En el sumario, que abarca ya más de 40 tomos, han prestado declaración unas 300 prostitutas, muchas bajo el marchamo de testigos protegidas y nombradas como Alfa, Beta, Gamma, Delta, etcétera. Las pesquisas se han saldado con la imputación de medio centenar de personas (policías, guardias civiles, abogados, dueños y encargados de puticlubes, un ginecólogo y el ex delegado del Gobierno). En prisión solo hay nueve de los acusados. "Pero hay mucha gente que ha dejado de hablar por teléfono por miedo a tenerlo pinchado", comenta una fuente próxima al caso.

La juez Lara necesitará toda su fortaleza para afrontar las amenazas anónimas y, por otra parte, el previsible contraataque jurídico de los implicados. Algunos de estos han solicitado la anulación de las actuaciones y otros han denunciado haber sido víctimas de detención ilegal por parte de agentes adscritos a la Operación Carioca. Además, hay una auténtica guerra entre los guardias civiles que llevan el peso de las pesquisas y buena parte de sus compañeros de Lugo.

La magistrada, que frisa los 40 años, murciana de Cartagena recriada en Asturias, hija de un militar, trabajadora hasta la extenuación, está volcada en este sumario. Un caso con el que cualquier alumno de derecho podría estudiar buena parte de los artículos del Código Penal: agresión sexual, inducción a la prostitución, inmigración irregular, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales revelación de secretos, tenencia ilícita de armas, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la intimidad, contra la salud pública e inducción al aborto. Por el momento... Porque habrá que esperar al levantamiento del secreto que pesa sobre miles de folios para ver si la ponzoña se extiende a otras personas e instituciones.
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Arturo Germán Gilabert es un agente de la Guardia Civil que estaba adscrito al puesto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y que tendrá que ingresar hoy domingo en prisión. La Audiencia Provincial lo condenó en 2007 a seis años de cárcel y tres de inhabilitación por dos delitos de falsedad documental en documento oficial, al considerar que dos multas que puso en 2004 a la ex novia de su hermano eran falsas. El agente pidió el indulto al Consejo de Ministros, que se lo denegó. La mujer del condenado, Vicenta Sellés, ha asegurado que "han ido a por él" y ha calificado los hechos de "algo surrealista".

Cárcel por dos multas falsas

Sallés sostiene que su marido cuenta con una hoja de servicio "intacta, sin un correctivo ni un arresto". "Ha estado 20 años en el cuerpo de la Guardia Civil, trabajando para su país, se ha jugado la vida por los españoles y ahora le piden seis años de cárcel por dos multas de tráfico. Es vergonzoso, simplemente han ido a por él", ha sentenciado, indignada.

Una mujer y un hijo

Asimismo, ha lamentado "el calvario" que están pasando y que ahora se queda "sola" con su hijo, con 421 euros de ayuda familiar y teniendo encima una "enfermedad crónica que a raíz de todo esto ha empeorado". "A mi hijo le van a quitar a su padre, a sus padres -haciendo referencia a los progenitores del Guardia Civil- le van a quitar a su hijo y a mí me van a quitar a mi esposo. Me voy a quedar sola, con una enfermedad crónica que tengo. Me van a quitar una parte muy, muy querida de mi vida", ha dicho, visiblemente afectada.

La esposa del Guardia Civil condenado ha tildado el juicio celebrado en 2007 contra su marido "de vergüenza y bochornoso" y ha señalado que la ex novia del hermano "no presentó testigos ni pruebas y fue sin abogado". De hecho, ha afirmado que lo único que alegó es que hacía "muchos años" que no iba a Sanlúcar de Barrameda y no cogía por esa carretera, si bien no ha justificado ni siquiera con un papel el no haber estado en esas dos ocasiones que la multaron en otro sitio diferente. Asimismo, ha manifestado que el indulto le iba ser concedido, "pero la Guardia Civil ha mandado una hoja lo más desfavorable posible", por lo que ha insistido en que "han ido a por él". Además, ha considerado desproporcionada la condena, ya que ha recordado que hay otro tipo de delitos, incluso de sangre, en donde las condenas son menores. Esta madre de familia, "indignada", ha pedido "justicia" para su marido, ya que "no ha cometido ningún delito, no ha matado ni violado, no ha traficado con drogas, no ha hecho nada, simplemente cumplir con su trabajo". "¿Qué Justicia hay en España?", se pregunta.

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La fiscal de Valladolid investiga una posible mafia en el Seprona
Los agentes cobraban por asesorar a empresas, según su jefe

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 12/05/2010


La Unión de Oficiales ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid a agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por los supuestos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y cohecho.

Recibían dinero por ayudar a compañías a evitar sanciones, según la denuncia

"Algunos agentes se reunían con los empresarios en la comandancia"

La denuncia incorpora un informe de más de 100 folios elaborado por el jefe del Seprona de Valladolid, quien al llegar a su puesto, en 2007, según relata, detectó irregularidades en una decena de agentes que se ofrecían como asesores medioambientales a las empresas que debían inspeccionar, aconsejándoles, por ejemplo, sobre cómo evitar costosas sanciones medioambientales a cambio de dinero.

"Iban a inspeccionar una empresa, le decían que habían cometido alguna irregularidad sancionable con 30.000 o 40.000 euros y, acto seguido, se ofrecían a solucionarles el problema facilitándoles la documentación que les hacía falta a cambio de dinero", aseguran fuentes de la Guardia Civil.

La práctica estaba tan instaurada, según las mismas fuentes, que los agentes recibían a las empresas a las que iban a asesorar a cambio de un sobresueldo, en la misma comandancia de la Guardia Civil de Valladolid. También utilizaban sus correos electrónicos corporativos para hacerles llegar informes medioambientales o consejos para evitar o recurrir sanciones.

Una patrulla de la Guardia Civil ajena al Seprona detectó las irregularidades al presentarse a inspeccionar una empresa que, cuando les vio, según fuentes de la Guardia Civil, les increpó que para qué estaban pagando entonces a la Guardia Civil si iban a inspeccionarles de todos modos.

Los hechos fueron denunciados a nivel interno y se abrió expediente disciplinario por falta muy grave a varios agentes aunque hasta ayer, ninguno había sido apartado de su puesto, según las mismas fuentes.

Uno de los agentes se desplaza a su lugar de trabajo en una motocicleta que está a nombre de una de las empresas que les contrataron y otro de ellos en una furgoneta con el logo de una compañía de gestión de residuos.

En total, según consta en la denuncia, los agentes de los equipos de investigación del Seprona cobraron por prestar asesoramiento medioambiental de al menos 14 empresas y siete Ayuntamientos de Valladolid y Palencia, como Tudela de Duero, Quintanilla de Arriba y Venta de Baños.

El jefe del Seprona asegura en su informe que los agentes implicados utilizaban una fundación sin ánimo de lucro, Proyecto Árbol, para canalizar sus trabajos de asesoramiento hasta el punto que dos agentes del Seprona y la mujer de uno de ellos ocupan cargos en la dirección de la fundación. El Ayuntamiento de Venta de Baños ha cedido a la entidad las instalaciones que utilizan como sede.

Según su página web, esta fundación pone "a disposición de empresas y entidades una serie de servicios, que aplicados al desarrollo de su actividad, tiendan a conseguir reducir costes, impactos en el entorno ambiental y mejora de métodos".

El jefe del Seprona que ha denunciado estas presuntas irregularidades ha sido denunciado a su vez por varios agentes, que le acusan de acoso. La baja psicológica de uno de ellos, según el jefe del Seprona, la firma un abogado vinculado a la Fundación Proyecto Árbol, médico de formación. La Unión de Oficiales vincula la denuncia con las irregularidades destapadas y describe lo ocurrido como "una infundada campaña de descrédito" inmediata a la "alerta por conducto reglamentario" que dio el jefe del Seprona de Valladolid sobre los hechos denunciados.

De momento, no existe una estimación sobre el dinero que los agentes habrían podido reunir con estos trabajos extra, pero el jefe del Seprona que denunció los hechos cree que sin duda, "estaríamos hablando de decenas de miles de euros".

La Unión de Oficiales ha instado a la Dirección General de la Guardia Civil a que intervenga en este asunto y "evite que se pretendan ocultar responsabilidades graves vilipendiando infundadamente a un oficial que se ha limitado a cumplir escrupulosamente con su deber". Hoy se reúnen con el vicepresidente de la Comisión de Interior en el Congreso, Juan Luis Rascón, del Grupo Socialista, para hablar del asunto.
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Hay muchísimos casos de filtraciones. Si no, no se entendería la extensión de estos grupos. Por ejemplo, en la operación Panzer, en Valencia, en 2005, la policía tuvo que adelantar los registros de la sede del Frente Anti Sistema (FAS) y de las casas de algunos de los detenidos porque, debido a las filtraciones, la investigación empezaba a hacer agua por todos lados. Es algo muy habitual. Los propios guardias civiles constataron esto al intervenir las conversaciones telefónicas y se enteraron además de que otros compañeros de su mismo cuerpo eran señalados como informadores de los ultras, según consta de modo literal en el informe aportado por los investigadores al juzgado. Incluso en una de las conversaciones telefónicas intervenidas, la Guardia Civil constató que alguien de la Delegación de Gobierno de Valencia alertaba a los neonazis de un registro inminente en su local. Siempre hay alguien cercano que les filtra la información, no son muchas personas, pero están en lugares claves. Aunque es muy difícil de comprobar, son confidencias de café o compartidas en algunos foros.
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