Los vigilantes

Expulsado un guardia civil que usó la tarjeta de un muerto en accidente

El agente, de la oficina de atestados, cogió el documento de uno de los fallecidos en un siniestro en la A-52, y efectuó pagos en 68 ocasiones hasta gastar 1.323 euros

Autor:
López Penide
Fecha de publicación:
27/10/2009


Un agente del subsector de Tráfico de Pontevedra ha sido separado del cuerpo después de que se haya acreditado que el 11 de octubre del 2002 se apropió de la tarjeta de crédito de un fallecido en una colisión ocurrida en la A-52 en la que murieron tres personas. La decisión del Ministerio de Defensa, que ha sido refrendada por los tribunales militares, fue tomada tras ser firme la condena impuesta al funcionario por un juzgado de lo penal de Pontevedra por un delito continuado de estafa, en concurso con otro de falsedad en documento mercantil.

En su día, y ante la Justicia civil, el agente, que padecía «un trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo con alto grado de esquizotipia de carácter crónico, el cual le hizo actuar sin capacidad volitiva plena», asumió una condena de un año y medio de prisión y 2.880 euros de multa. El guardia reconoció que horas después de producirse el accidente que segó las vidas de un matrimonio madrileño y de un niño vigués que viajaba con su familia, se apropió de la tarjeta de crédito que estaba a nombre del fallecido.

El agente, que prestaba servicio en la oficina del equipo de atestados del destacamento de Tráfico de O Porriño, se hizo con la tarjeta bancaria aprovechando la ausencia de los dos compañeros que estaban confeccionando el atestado y reseñando los objetos hallados en el lugar del siniestro.

No pasó mucho tiempo hasta que, «en su provecho económico», comenzó a utilizar la tarjeta. Entre el 19 de octubre del 2002 y el 24 de abril del 2003, llegó a pagar con ella hasta en 68 ocasiones y sumó gastos por un importe de 1.323,13 euros, dinero que ya fue reintegrado antes de la condena penal por el propio acusado.

En la resolución del juzgado de lo penal pontevedrés se precisa que para poder llevar a cabo estas operaciones el agente incluso «firmaba los tiques a nombre del fallecido [...], cuando se lo requerían».

Posteriormente, el Gobierno conmutó la pena de prisión por una multa, circunstancia que no modificó la decisión de separarlo del servicio.
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