Los vigilantes

Tres guardias civiles, imputados por torturas a un menor en Vilamarxant


El adolescente y su hermana denunciaron a los integrantes de la Benemérita por golpear al joven, introducirlo a rastras en las dependencias policiales e intimidarle después para que no les denunciara. Por contra, los agentes subrayan el carácter conflictivo del adolescente y aseguran que les agredió e incluso intento quitarle la pistola a uno de ellos.
El peliagudo asunto está actualmente en manos del juzgado de instrucción número tres de Llíria. Su titular ya interrogó a finales de mayo a los tres miembros de la Benemérita, después de que así lo ordenara la Audiencia Provincial de Valencia. La sección cuarta admitió el recurso del abogado del menor contra la decisión del juzgado de dejar el caso en una simple falta de lesiones y ordenó seguir adelante con la instrucción «a fin de deslindar hasta qué punto existió trato vejatorio y la agresión denunciada», tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
Los hechos investigados acontecieron el 29 de mayo, después de que el adolescente fuera denunciado por un grupo de ingleses a los que supuestamente amenazó con un arma blanca. Los agentes llamaron entonces al menor para que acudiera a prestar declaración.
Según los guardias civiles, se presentó él sólo pese a que los imputados le indicaron que fuera con su hermana. Sin embargo, la denuncia del abogado que representa al joven sostiene que se intentó «arrancarle una declaración sin las garantías ni derechos que establece la ley».
Después de llegar a las instalaciones de la Benemérita, el menor se negó a declarar. Tampoco en este punto existe acuerdo. Uno de los agentes imputados en el caso sostiene que el adolescente se encaminó hacia un bar en el que trabaja uno de los extranjeros denunciantes con ánimo no precisamente pacífico.
Agresión o forcejeo
Muy distinta es la versión que aparece en la denuncia. Esta asegura que el adolescente se negó a declarar alegando que ya se había disculpado «ante los ingleses» y que estos le habían dicho que retirarían la denuncia. Entonces, «uno de los agentes le agarró de la capucha, le propinó un puñetazo en un ojo y (entre los tres imputados) lo metieron a rastras en el puesto».
Una vez en el cuartel, los guardias le propinaron supuestamente otro puñetazo, como mantienen los denunciantes. Los agentes niegan toda agresión. En su declaración como imputados ante el juez sostuvieron que fue el joven quien agredió y amenazó a los guardias, que incluso intentó arrebatarle la pistola a uno de ellos y que las lesiones que presentaba (constatadas por un médico del municipio y en la propia Fiscalía) se las hizo durante el forcejeo.
Otro punto resulta especialmente polémico. El sargento pidió a un médico que acudió al cuartel que examinara también a uno de los agentes por unos arañazos en el cuello que el guardia atribuía al menor. Algo tremendamente contradictorio con el informe forense que, horas después de ese mismo día, emitió la Fiscalía de Menores de Valencia al examinar al adolescente. «Examinadas las uñas de sus dedos, están muy cortadas y carecen de aristas susceptibles de causar lesión», relata el parte.
El interrogatorio a los tres guardias civiles no ha sido la única diligencia practicada por el juzgado. Una abogada de oficio que asistió al joven de 16 años prestó también declaración como testigo en su día.
La letrada nada pudo aclarar en torno a la supuesta agresión que relata el menor, pues llegó después. Pero la jurista sí refiere que el sargento supuestamente intimidó al joven. «¿Estás seguro de que quieres que llame al médico?» y «tú si quieres pon denuncia, pero ya te advierto que esto se complicará más para ti» son las dos expresiones que la testigo atribuye al máximo responsable del cuartel.
Los imputados ponen de manifiesto en su declaración el carácter conflictivo del menor de Vilamarxant, con denuncias previas por agresiones y amenazas. Aseguran que incluso ingresó en un centro de menores.

Torturas: Los denunciantes acusan a los agentes de un delito tipificado en el artículo 174 del Código Penal. «Comete tortura la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho, la someta a condiciones que le supongan sufrimiento o de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral».
Pena: La ley establece penas de entre dos o seis años de cárcel, si es un atentado grave, o entre uno o tres años si no lo es.
La Audiencia ordenó al juez que siguiera investigando si hubo trato vejatorio y agresión
«Si denuncias, esto se complicará para ti», dijo un imputado al menor, según una letrada
Un sargento de la Guardia Civil, comandante del cuartel de Vilamarxant, y dos agentes del destacamento han prestado declaración como imputados por un presunto delito de torturas cometido sobre un menor de 16 años.

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