Un jefe de la Policía de Palma es condenado a nueve años y medio por corrupción El inspector se concertó con la narcotraficante 'La Paca', sentenciada a 22 años de cárcel, y recibió pagos de hasta 1,4 millones
ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 27/02/2009
La Audiencia de Palma ha sentenciado hoy con duras penas el caso de las relaciones corruptas entre la narco La paca, el policía Pepote y su novia, la abogada Maria Ángeles. Una trama destapada tras el robo de nueve millones de euros procedentes del narcotráfico y que reveló pagos al jefe del grupo de antiatracos de la Policía Nacional en la isla y a su compañera de hasta 1,4 millones por manipular una causa por secuestro y amenazas.
El ex inspector jefe, José Gómez Navarro, Pepote, ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel y dos años de inhabilitación así como al pago de una multa de 1.450.000 euros por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y falso testimonio. Además, la novia del policía, la abogada María Ángeles López, ha recibido una pena de siete años de cárcel por cohecho, blanqueo y falso testimonio, más una multa de 1.300.000 euros. El tribunal considera probado que ambos se concertaron con la narcotraficante y que recibieron pagos de hasta 1,4 millones.
Por su parte, la jefa de la banda de narcos del poblado de Son Banya, Francisca Cortés la Paca ha sido condenada a 22 años de cárcel por cuatro delitos de detención ilegal, blanqueo de capitales, cohecho pasivo, inducción al falso testimonio y amenazas, más una multa de 1.500.000 euros tras un macrojuicio por el que han pasado más de 27 acusados. link
Cárcel para dos jefes de la Guardia Civil 26.02.09 - / EFE
Los dos mandos principales de la Zona de la Guardia Civil de Baleares en 2005 han sido condenados a tres años de prisión por manipular los documentos de un supuesto gasto en albañiles y desviar los fondos a compar muebles de las dependencias oficiales.
La Policía denuncia a una pareja que denunció la detención de un 'mantero'
Efe | Madrid
Una joven pareja asegura haber sido denunciada esta noche por un agente de la policía por "desorden público" y "desacato a la autoridad" al acudir a una comisaría del barrio de Tetuán para denunciar la actuación de la policía en la detención de un 'mantero'.
Según ha relatado Beltrán W. Gutiérrez, una de las personas supuestamente denunciadas, poco antes de las 20:30 horas su pareja y él fueron testigos de cómo dos agentes de paisano detenían a un 'mantero' en la calle Orense.
"Vimos a dos policías encima del 'mantero', que estaba en el suelo, boca abajo. Uno de los policías tenía la rodilla sobre el cuello del chico. Estaba echando sangre", ha relatado Beltrán.
Posteriormente, llegó a la zona una patrulla de la Policía Municipal con tres agentes que -según este testigo- "se echaron encima" del detenido.
"Lo que le hacían era inhumano", ha lamentado Beltrán, quien, tras presenciar los hechos, decidió acudir a una comisaría para denunciar la actuación de los agentes que detuvieron al 'mantero'.
La pareja se trasladó entonces a la comisaría madrileña de Tetuán, en la plaza Remonta, donde explicaron que querían denunciar la actuación de los agentes que habían participado en la detención del inmigrante. 'Nos echaron de la comisaría'
"Un policía nos dijo que primero tenían que destruir los CD's y tomar declaración a los policías y al acusado y que volviésemos en una hora y media", ha indicado Beltrán. "Luego nos echaron de la comisaría".
Al salir a la calle, uno de los policías de paisano que participó en la detención del 'mantero' se dirigió a ellos y les preguntó si eran los que habían denunciado.
Tras contestarle, el policía -según relata Beltrán- les pidió los DNI a ambos, a lo que la pareja se resistió, y más tarde el agente les anunció que iban a ser denunciados por "desorden público" y "desacato a la autoridad".
"Aunque me tenga que quedar aquí toda la noche pienso denunciar el trato vejatorio que ha recibido ese chaval", aseguró Beltrán poco antes de formalizar finalmente la denuncia. "Lo que yo quiero es que gente como esa no lleve una placa de policía", ha señalado.
La agencia Efe ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con la Jefatura Superior de Policía. En la comisaría de Tetuán, por su parte, han declinado hacer comentario alguno sobre este asunto. link
Guardias civiles y policías, implicados en un grupo mafioso que robó 400 kilos de cocaína en Barcelona
JESÚS DUVA - Madrid - 21/02/2009
El robo de unos 400 kilos de cocaína, en enero de 2005, que estaban en el interior de un contenedor depositado en el puerto de Barcelona ha dejado al descubierto una organización criminal. En ella no sólo están integrados delincuentes, sino también guardias civiles, policías y abogados, según las investigaciones realizadas por la VII Zona de la Guardia Civil (Barcelona) y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
La banda delictiva se formó a mediados de los años 90 del siglo pasado, liderada supuestamente por Javier S., quien logró aglutinar a amigos, compañeros del hampa y expresidiarios en torno al narcotráfico y el comercio de coches robados.
A partir de 1999, según fuentes de la investigación, se unieron a la trama un grupo de guardias civiles y policías, unos como dirigentes y otros como "soldados". Esta simbiosis entre narcotraficantes y agentes de la ley se basó inicialmente en "la vidriosa relación" entre éstos y sus confidentes. Pero con el tiempo, los uniformados rompieron esa barrera y pasaron a orientar el trabajo de los delincuentes. Los guardias civiles poseían información sobre controles de carretera, pinchazos telefónicos, investigaciones en curso, etc.
A partir del robo de los 400 kilos de cocaína en el puerto barcelonés, la Unidad de Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil se volcó en el esclarecimiento del caso. A principios de 2008 las investigaciones cobraron un fuerte impulso a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces se han registrado sucesivas operaciones policiales que se han saldado con el arresto y puesta a disposición judicial de numerosos delincuentes, policías y guardias civiles. También ha quedado al descubierto las relaciones del grupo delictivo con Fernando García, un redactor de El Mundo de Barcelona.
En relación a este caso, el pasado fin de semana una juez de Martorell decretó una orden de prisión contra el teniente coronel Alfonso López Rubio, ex jefe de la Comandancia de Manresa y actualmente destinado en la Intervención de Armas. El alto oficial quedó en libertar tras depositar una fianza de 12.000 euros. link
Imputado el jefe de prensa de los Mossos por un chivatazo Avisó a un periodista de que la policía autonómica le seguía
PERE RÍOS - Barcelona - 19/02/2009
El caso de la desaparición de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona en enero de 2005 añadió ayer un nuevo ingrediente a la trama. A la lista de imputados encabezada por el teniente coronel de la Guadia Civil Alfonso López Rubio, un capitán, varios delincuentes confesos y que implica también al periodista de El Mundo Nando García, se ha unido Marc Homedes, el todavía jefe de prensa de los Mossos d'Esquadra, que declaró el pasado lunes como imputado en el juzgado de Martorell que investiga los hechos.
El supuesto delito por el que fue llamado a declarar Homedes fue revelación de secretos, supuestamente cometido precisamente por advertir a Nando García que la policía autonómica le estaba investigando.
Fuentes judiciales explicaron ayer que en los pinchazos telefónicos y la intervención del correo informático que realizaron los Mossos d'Esquadra al periodista de El Mundo aparecen varias advertencias al periodista por parte de Homedes, quién declinó ayer confirmar o desmentir ese extremo. El gabinete de prensa de los Mossos d'Esquadra también se negó a realizar cualquier comentario argumentando que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. La restricción sobre los 19 tomos de la causa ha estado vigente durante unos meses, pero fue levantada ayer. Cargo en un hospital
Marc Homedes Moradell cesará mañana como coordinador de la Oficina del Portavoz de los Mossos d'Esquadra, como se denomina oficialmente su cargo. Sin embargo, ya ha trascendido que ha sido recolocado por la Generalitat como jefe de prensa del Hospital de Vall d'Hebron de Barcelona. Una portavoz del Departamento de Interior explicó ayer que Homedes solicitó hace dos meses ser relevado en el cargo y que, por tanto, no existe relación entre este hecho y su imputación judicial.
En conversación con este diario, Homedes explicó que quedó exculpado tras prestar declaración y concluyó: "No hay nada contra mí". Sin embargo, fuentes judiciales recordaron que a día de ayer no existía ninguna resolución judicial exculpatoria.
Lo habitual en una investigación penal es que el juzgado de instrucción no exculpe a un imputado al cabo de unas horas de declarar, sino, en todo caso, cuando vayan avanzando las investigaciones y se valoren si son suficientes o no los indicios y pruebas que sirvieron para inculparlo.
El periodista Nando García declaró como imputado el pasado día 13 y se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros que inicialmente se fijó en 18.000. Esa misma fianza es la que ha pagado López Rubio para seguir en libertad. García está acusado de los supuestos delitos de estafa, asociación ilícita y calumnias.
Las pruebas que, según fuentes judiciales, existen contra él son los correos electrónicos y las conversaciones telefónicas en las que supuestamente pidió dinero a una fuente de información. García reconoció ante la juez que cobró 5.000 euros, pero precisó que fue como préstamo. link
Una juez imputa a dos mandos de la Guardia Civil por su presunta implicación con una red de narcotraficantes La investigación nació tras el robo, el 24 de enero de 2005, de más de 400 kilos de cocaína de un contenedor de mercancías depositado en el puerto de Barcelona
JESÚS DUVA - Madrid - 13/02/2009
Una juez de Martorell ha citado a declarar para esta tarde a un teniente coronel de la Guardia Civil, un capitán, un ex inspector de policía de Barcelona, dos abogados y a un periodista del diario El Mundo a los que relaciona con un presunto delito de asociación ilícita para delinquir. Las declaraciones son una nueva fase de las pesquisas iniciadas en 2006 por la Guardia Civil tras el robo, el 24 de enero de 2005, de más de 400 kilos de cocaína de un contenedor de mercancías depositado en el puerto de Barcelona que estaba sometido a control policial, según fuentes de la investigación.
El teniente coronel citado por la magistrada fue años atrás jefe de una comandancia de Barcelona, mientras que el capitán desempeñó cargos de responsabilidad en el puerto de la capital, en tanto que el ex inspector del Cuerpo Nacional de Policía trabajó en un grupo antidroga de la Jefatura Superior de Policía de la misma ciudad. La fiscalía les acusa de formar parte supuestamente de una amplia trama delictiva con raíces en Cataluña. Las pesquisas realizadas desde que se produjo el robo han dejado al descubierto la existencia de una trama delincuencial que ha supuesto hasta el momentro el encarcelamiento de once personas, entre ellas varios agentes de la Guardia Civil que tenían relación con el servicio de resguardo fiscal del puerto, así como cinco delincuentes.
Cocaína entre las gambas
El caso empezó a investigarse después de que el buque Hispanota depositara el contenedor, procedente de Venezuela, en el puerto de Barcelona en enero de 2005. La Guardia Civil, que sabía de la llegada de la droga tras haber sido alertada por la DEA norteamericana, montó un dispositivo de vigilancia. Pero la madrugada del 24 de enero de 2005, un grupo de 12 delincuentes rompió la valla del muelle, entró en dos coches y una furgoneta en un recinto restringido, y forzó dos contenedores; primero, violentó por error uno que transportaba pan de molde; y después, el que iba repleto de cocaína entre una partida de gambas congeladas
Según las fuentes informantes, los investigadores han recopilado numerosos indicios que confirmarían la existencia de una organización de narcotraficantes que contaba con apoyo y colaboración de agentes de los cuerpos de seguridad para garantizarse la impunidad. link
Ocho años después comienza el juicio contra los policías que agredieron a manifestantes contra la deuda externa
Del 9 al 20 de febrero, comienzan las vistas del juicio a cinco policías, que en noviembre del año 2000 reprimieron a un grupo de manifestantes en las escaleras del Congreso de los Diputados
Del 9 al 20 de febrero, comienzan las vistas del juicio (Audiencia Provincial de Madrid, C/Santiago de Compostela nº 96/98; Sección 3ª; 5ª Planta; 10 Horas) a cinco policías, dos de ellos mandos, que en noviembre del año 2000, bajo las órdenes del entonces delegado del Gobierno Francisco Javier Ansuátegui, reprimieron brutalmente a un grupo de manifestantes que realizaba una sentada pacífica en las escaleras del Congreso de los Diputados; desplegando una pancarta para pedir la abolición de la Deuda Externa de los países empobrecidos. La policía reprimió duramente a las personas sentadas frente a la Cámara Baja, con resultado de 59 personas lesionadas, 14 de ellos graves y 45 leves además de 7 detenidos.
La inexplicable actuación policial contra los manifestantes a base de porrazos, patadas, insultos y pelotas de goma a corta distancia, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, y cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien, en una comparecencia en el Congreso y ante varias preguntas parlamentarias, reconoció que hubo un comportamiento “excesivo” por parte de la policía.
Ocho años después, cinco policías se sentarán en el banquillo para responder a las acusaciones de lesiones y detención ilegal que les presentan más de 40 personas de todo el Estado. Los denunciantes manifestamos el deseo de:
Recordar de nuevo el motivo de aquel acto, e instar al Gobierno español a abolir la Deuda Externa que tienen con nosotros contraída los países empobrecidos (http://www.quiendebeaquien.org/).
Hacer pública la tardanza en el proceso judicial de la denuncia planteada por los manifestantes agredidos.
Evitar la impunidad de la policía nacional que se extralimitó y ensañó contra manifestantes pacíficos.
Exigir la responsabilidad política de quienes ordenaron dicha represión contra los ciudadanos.
Denunciar la criminalización sistemática de los movimientos sociales.
Podéis recordar algunos instantes de la acción policial en este vídeo: Video RCADE: http://www.youtube.com/watch?v=cVIe1CDrbLU
Iremos informando de los resultados de las vistas a medida que se vayan sucediendo. Antecedentes: Una crónica de represión policial, ninguneo del ejecutivo, y dificultades judiciales
12 de marzo de 2000. Jornada de participación ciudadana
La Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa, que se llevó en numerosas provincias de todo el Estado español, recogió (pese a la represión) más de un millón de votos ciudadanos a favor de la abolición de la Deuda Externa de los países más empobrecidos. Organizó esta Consulta la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), un movimiento social comprometido con la abolición de la deuda externa y el fomento de la democracia participativa.
Ver enlace
Los poderes políticos ningunean los resultados de esta consulta durante varios meses, por lo que:
26 de noviembre de 2000. Jornada de participación ciudadana, represión policial
La RCADE, convoca una manifestación el 26 de noviembre de 2000, fecha en que se producen los hechos que ahora se juzgan. La marcha, que transcurrió entre Cibeles y Atocha, y a la que asistieron miles de personas procedentes de todo el Estado español reclamaba el reconocimiento parlamentario de los más de un millón de votos recogidos durante la Consulta; e incluía una acción consistente en desplegar una pancarta frente a la Cámara Baja, como institución que representa la voz del pueblo.
La policía reprimió duramente a las personas sentadas pacíficamente frente a la Cámara Baja, con resultado de cientos de apaleados, 59 personas con lesiones de diversa consideración (fracturas, esguinces, traumatismos craneoencefálicos, contusiones, hematomas...) y 7 detenidos.
La injustificada actuación policial contra los manifestantes, a base de porrazos, patadas, insultos y lanzamiento de pelotas de goma a corta distancia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien reconoció que hubo comportamiento “excesivo” por parte de la Policía Nacional (publicado en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 46, del 29 de noviembre de 2000), y cuya consecuencia más inmediata fue el cese del mando policial responsable de aquella operación.
Dificultades judiciales y asimetrías
Resulta llamativo que la única persona acusada de agredir a un policía, y que finalmente fue absuelta, fuese llamada a juicio apenas dos años después de la sentada frente al Congreso, mientras que la policía se sienta en el banquillo ocho años después. Este caso pone de manifiesto el agravio comparativo que sufren a la hora de recibir justicia los ciudadanos pacíficos que ejercen su derecho a manifestarse, frente a las “fuerzas del orden” que se extralimitaron en sus funciones, incluso en presencia de cientos de testigos y medios de comunicación. Ocho años después
Las demandas de la RCADE respaldadas por más de un millón de votos siguen sin ser escuchadas
Años después, en el 2006, en ese mismo Congreso, se aprobó una ley para la gestión de la Deuda Externa (BOE, Ley 38/2006, del 7 de diciembre de 2006, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa) que recoge una parte de las demandas de la sociedad civil, pero que sigue siendo insuficiente para responder a la voluntad manifestada en la Consulta Social y a los reclamos que han seguido haciendo organizaciones sociales del norte y del sur.
Ver enlace
En este momento se gestan dos nuevas leyes que regularán los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), mecanismos generadores de la Deuda Externa.
Un vecino de Dénia denuncia a 5 policías por insultarle tras hablar en valenciano 20MINUTOS.ES. 04.02.2009 Un vecino de Dénia denuncia a 5 policías por insultarle tras hablar en valenciano Policías nacionales
* Alega "vejaciones" por querer hacer un trámite en esta lengua. * El Gobierno ordena a las comisarías que cumplan la normativa.
Un ciudadano de la localidad alicantina de Dénia, Ferran Giménez, ha denunciado a cinco policías nacionales de esta localidad por insultos y vejaciones por dirigirse a ellos en valenciano cuando fue a presentar una denuncia. Sucedió tras un incidente en una discoteca, momento en el que el afectado decidió interponer la denuncia. Algunos agentes están recibiendo cursos voluntarios de valenciano
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno sostiene que tanto la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Subdelegaciones del Gobierno, Jefatura Superior de Policía y Zona de la Guardia Civil imparten instrucciones para el cumplimiento de la normativa vigente relativa a la utilización de la lengua valenciana en la comunidad autónoma. Además, cita los cursos de capacitación de valenciano dirigidos a estos cuerpos policiales.
El Ejecutivo también alega que no se tiene constancia "ni de la presentación de la misma ni de los hechos que pudieran haber dado lugar a ello", por lo que no se ha incoado ningún expediente disciplinario. El Gobierno reconoce otros dos casos similares
Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que en la provincia de Valencia se abrieron dos informaciones reservadas, por cuestiones similares a las ahora planteadas, concretamente el 18 de abril de 2005 y 16 de enero de 2006, a funcionarios de las localidades de Algemesí y Xàtiva, que fueron archivadas al no apreciarse indicios de responsabilidad disciplinaria alguna.
En el ámbito de la Guardia Civil, "no se tiene constancia de que se haya instruido expedientes contra miembros del cuerpo por no respetar los derechos lingüísticos" de los ciudadanos. link
Juicio a varios guardias civiles por amañar exámenes
02/02/2009
La Audiencia Provincial juzgará a partir de hoy a un total de 16 personas, incluidos varios guardias civiles, acusadas de beneficiarse de las preguntas de los exámenes de acceso y promoción interna de la Benemérita, que eran facilitadas entre familiares y amigos, supuestamente a través de un alto mando. También juzgará al director de un centro educativo acusado de falsificar títulos académicos.
El fiscal solicita penas de entre uno y diez años de cárcel por los presuntos delitos continuados de revelación de secretos con grave daño a la causa pública y falsedad en documento oficial
La Fiscalía pide 24 años para un guardia civil por abusar durante trece años de su hija 20MINUTOS.ES. 01.02.2009
* El guardia civil está acusado de abusar de su hija desde los 8 años. * Según el escrito de acusación, la obligó a ver películas pornográficas para que repitiese los comportamientos que mostraban.
Un guardia civil se enfrentará en Málaga a una petición de 24 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija durante trece años, tiempo en el que le exhibió películas pornográficas "para que aprendiera" y, en alguna ocasión, la esposó para conseguir sus propósitos.
De "calvario" es como califica el sufrimiento de la niña el fiscal, que destaca que empezó a sufrir las agresiones desde los 8 años y que los padecía dos ó tres veces por semana, según el escrito acusatorio al que ha tenido acceso Efe.
Le hacía ver películas pornográficas con el fin de que aprendiese los actos y sonidos que se veían
El agresor "abusaba" de su autoridad y del "respeto que a su hija le inspiraba la figura paternal" y, para conseguir sus propósitos generó "un terrible miedo".
Debido a ello, la chica intentó suicidarse varias veces sufriendo cuatro intentos de autolesiones y estando ingresada por ello, hasta que a los 21 años se marchó de casa e inició un tratamiento como víctima de delitos sexuales y violación.
La vista oral empezará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Málaga, y está previsto que declaren varios especialistas que han tratado a la joven, que sufre un síndrome ansioso depresivo.
El fiscal también pide que el acusado, que se enfrentará a los delitos de abusos y agresión sexual continuados, indemnice a la víctima con 60.000 euros.
Según el escrito acusatorio, cuando la niña tenía 8 años el padre presuntamente comenzó a realizarle tocamientos en la zona genital mientras dormía.
Desde entonces, el acusado supuestamente comenzó una macabra progresión en sus abusos, obligando a su hija a masturbarle, a visionar películas pornográficas "con el fin de que ella aprendiese de ellas los actos y sonidos que se veían", y a dejarse ser penetrada analmente, todo ello antes de cumplir 12 años. Una vez cumplidos los 21 años, su padre comenzó a intentar penetrarla vaginalmente, pero no lo consiguió nunca debido a la oposición de su hija, que finamente abandonó el domicilio e inició un tratamiento como víctima de delitos sexuales y violación. link
"Vejaciones" en la academia policial Acusados 12 'ertzainas' de simular un coito anal a dos aspirantes de la 19ª
AITOR GUENAGA - Bilbao - 01/02/2009
Son 14 segundos de una grabación realizada desde un móvil en uno de los dormitorios de la Academia de Policía vasca en Arkaute. Los gritos de "no, no" de la víctima, Iñaki G. M., aspirante a ertzaina de la promoción 19º que cursó estudios entre octubre de 2005 y junio de 2006, evidencian que el denominado cucharón es algo más que una broma pesada. Mientras uno de sus compañeros le hunde la cabeza en la cama, otro supuestamente le baja los pantalones y calzoncillos. Inmovilizado por varios aspirantes a ertzainas más - participan hasta siete personas en la agresión grabada - y sin posibilidad de escapar, todo queda preparado para que supuestamente Eneko, hoy ertzaina en activo, simule un coito anal.
Si se sube el volumen de la grabación, realizada a escondidas por la segunda persona que ha denunciado haber sido objeto en dos ocasiones del cucharón (Luis Miguel H. C.), se escuchan las risas del resto de agentes. Risas frente a los gritos desgarradores de la víctima. "No, no", repite, mientras el supuesto agresor empuja su cuerpo desnudo de cintura para abajo contra el culo de la víctima simulando un coito anal. "Me bajaron los pantalones y el compañero Eneko Enrique L. de V. se bajó los suyos y empezó a empujar friccionando contra mi zona anal como si me estuviera dando por el culo", explica en su denuncia una de las víctimas.
Tuvieron que pasar 17 meses para que los dos alumnos agredidos - que finalmente no sacaron la plaza - vencieran el "bloqueo mental", la "vergüenza", el "miedo" y "la indignación" que les supuso esa vejación para acudir a la vía penal. Durante muchos meses sólo un profesor del colegio Salesianos de Barakaldo estaba en el secreto de la vejación. "Me dijo que le hicieron una putada, que le engancharon entre varios, le bajaron los pantalones y otros se los bajaron e hicieron ademán de darle por el culo", reveló ante el tribunal de lo Contencioso.
Las dos denuncias penales se formalizaron el 17 y el 25 de enero de 2008. Una agresión que fue calificada por el magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia vasco José Antonio Alberdi de "broma" que con independencia de "lo denigrante e impropio para la institución" [la Academia] "no es expresiva por sí misma de una situación de acoso moral", aunque sí de una "humillación puntual". Haciéndose eco de esa sentencia, dictada en julio de 2008, la juez de Instrucción número 1 de Vitoria, Susana Junquera Bajo, que ha investigado las denuncias penales, ha sobreseído provisionalmente la causa abierta contra el presunto agresor y otros once ertzainas (todos en activo) acusados de participar en las tres agresiones, ocurridas en febrero de 2006 y el 20 y 23 de junio.
Puede efectivamente darse por válido que los denunciantes fueron sometidos a la broma denominada del cucharón (...) y que se tratara de una humillación puntual, pero en ningún caso puede entenderse que ese comportamiento se reiterara de manera persistente en el tiempo de forma que los denunciantes fueran desprovistos de su dignidad de un modo tan grave que constituya un delito contra la integridad moral", dice la juez en el auto de sobreseimiento notificado el 5 de enero. La juez, que no constata "ningún ánimo libidinoso", reconoce que en el caso de que los hechos pudieran constituir una "falta de vejaciones injustas", la misma habría prescrito porque transcurrieron más de seis meses entre la agresión y la denuncia. El auto fue recurrido ante la Audiencia alavesa.
El caso Arkaute se ventila en dos tribunales. En lo Contencioso, donde los dos aspirantes a ertzaina recurrieron su exclusión de la policía aduciendo que una de las pruebas, en la que sacaron un cero (el sociograma) y por la que finalmente no alcanzaron la puntuación mínima, estaba "viciada de raíz" por la situación de "acoso moral" a la que fueron sometidos por una "camarilla dominante" liderada supuestamente por el principal agresor. El Tribunal Superior rechazó en julio una de las demandas (la de Luis Miguel), recurrida ante el Supremo. La de Iñaki está pendiente de sentencia.
En la vía penal, el fiscal Fernando Gómez Recio informó que no había elementos para acusar porque "no existen pruebas gráficas de los hechos denunciados, pues la grabación aportada es de escasa visibilidad" y los testigos no han corroborado "las versiones de los denunciantes". Pero como apunta la acusación en su recurso "los delincuentes, al mismo tiempo que coinciden en negar su imputación en los hechos, suelen oponerse a que se filmen sus fechorías". Y pese a todo, Luis Miguel se arriesgó para grabar la agresión de Iñaki. En la instrucción se han denegado pruebas: careos, que la Policía Científica identifique a los ertzainas que aparecen en la grabación y las declaraciones de la directora de la academia y del profesor de Salesianos. Todos los acusados, que niegan con rotundidad los hechos, definen el cucharón como una "montonera", en la que "participaban también los denunciantes", sin connotación sexual. Todos niegan animadversión a los denunciantes, ni que existiera tal camarilla. link
