Vigilantes

una de brutos:

La Fiscalía de Granada pide una pena de cuatro años de prisión para dos agentes de la Policía Local , identificados como Manuel J.M. y Jesús M.E., acusados de agredir a un joven al que supuestamente rompieron la clavícula tras detenerle y esposarle después de que les dijera que no poesía documentación. El juicio será el 9 de septiembre en la Audiencia.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan al pasado 30 de diciembre de 2006, cuando los agentes se personaron en la Plaza de la Cruz de la capital donde había un grupo de jóvenes con motos consumiendo alcohol que al percatarse de la presencia policial se marcharon, a excepción de la víctima, Daniel C. V., a quien pidieron que se identificase.

Al no poseer documentación y poner reparos en ir a la Comisaría, los agentes le esposaron y le golpearon, «empujándolo fuertemente dentro del vehículo policial». Como los agentes vieron que Daniel gritaba y se quejaba de que le habían roto el brazo volvieron a golpearle reiteradamente con la puerta del coche hasta que intervinieron terceras personas ajenas al incidente que recriminaron a los policías su actuación.

El fiscal considera que los acusados «abusaron» de su superioridad como agentes de la Policía y de la indefensión de la víctima que estaba esposada, a la que provocaron una fractura desplazada de tercio externo de la clavícula izquierda.

La acusación pública considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad, por lo que pide una pena de dos años de prisión para cada uno de los agentes y el pago de una multa global de 6.700 euros por los días que estuvo impedida la víctima, así como por el tiempo de curación y secuelas, cantidad de la que deberá responder subsidiariamente el Ayuntamiento de Granada .
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dicen que no es para preocuparse:

Madrid, Sevilla, Vizcaya o Melilla. Los casos de corrupción no discriminan localidad ni cuerpos de seguridad. En los últimos siete meses, se han desvelado nueve tramas y unos cincuenta agentes han sido detenidos. Los sindicatos creen que no hay motivo para la alarma porque se trata de casos aislados, aunque discrepan en su valoración sobre los controles existentes.

En el municipio gaditano de Conil de la Frontera se produjo la primera detención del año. El 8 de enero, el jefe de la policía local, Luis González, fue arrestado por su presunta vinculación en la falsificación de documentos y en el robo de vehículos. El pasado mayo, el jefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez Buendía, alías 'el Sheriff', y 25 agentes fueron detenidos por su presunta vinculación con extorsiones a dueños de bares, comerciantes y prostitutas.

Tomás Felipe Boto, 'el Calabaza', corrió igual suerte hace dos semanas. El jefe de la policía local de El Molar fue arrestado en el marco de una investigación por menudeo de droga. De momento, está en libertad con cargos. Y hace escasos días, la alarma volvió a sonar: en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla se produjo un robo de 100 kilos de droga. El valioso botín fue sustraído con un método muy sencillo: lo remplazaron por azúcar o talco. Asuntos Internos busca a los responsables.

Juan Luis Amaro, secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), destaca que «la mayoría de casos de corrupción son de jefes de plantilla». Las recientes operaciones realizadas en Madrid, al igual que la de Cádiz, parecen darle la razón.

Pero los casos de corrupción no son exclusivos de la policía local. El aeropuerto de Barajas, en Madrid; el puerto de Ciudad Condal, en Barcelona, y los puestos fronterizos en Melilla han sido los escenarios en los que seis guardias civiles, un subinspector, un ex inspector jefe y cuatro agentes de la policía presuntamente incurrieron en narcotráfico, sobornos o tráfico de personas.

Comité de ética

La portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, SUP, Begoña Romero, no cree que estos casos sean la punta de un iceberg o que encierren un problema generalizado de corrupción. Para Romero los cerca de 140 mil funcionarios que componen los cuerpos de seguridad del Estado no pueden ser cuestionados por las acciones de unos pocos.

En esa misma línea, Lorenzo Nebrera, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), señala que «los casos no suelen ser habituales», y desde la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) José Francisco Cano, secretario general, abunda en que son «rotundamente hechos aislados», incluso el de Coslada, al que considera «sencillamente irrepetible».

Ironías como la registrada el pasado marzo en la Costa del Sol, en Málaga, cuando el jefe de la Unidad de Lucha Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco), fue detenido junto a tres agentes, se tratan de evitar con el trabajo de Asuntos Internos. Sin embargo, las opiniones discrepan a la hora de determinar la mejor manera de controlar a los cuerpos municipales.

Juan José Santos Alario, que acaba de ser elegido secretario general de la Confederación de Seguridad Local (CSL), dice que no son necesarios más controles. Los que existen «vienen de cuerpos externos y eso es más eficiente que si los hicieran los mismos miembros de la policía local».

José Francisco Cano, de Unijepol, propone mejoras. Entre ellas crear un comité de ética que impulse las buenas prácticas y una inspección general de policías locales en las comunidades autónomas.

Para la portavoz del SUP, un organismo parecido al régimen interno de la Guardia Civil sería pertinente para los municipales.

Desde la Secretaria General del Sppme lo que se pide es que los alcaldes apliquen los controles actuales ante el más mínimo atisbo de irregularidad.

El coordinador de policía local del Sindicato Independiente de la Policía Vasca, José Ángel Bogajo, centra su atención en otro aspecto. «Cuando hay un policía implicado en un caso de corrupción se magnifica todo. A veces se olvida que son personas como todas las demás».
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